STC1804-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC1804-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-00752-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Gerardo Alonso Herrera Hoyos, contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, tr\u00e1mite al que se orden\u00f3 vincular a las partes e intervinientes en la acci\u00f3n popular con radicado n\u00famero 2021-00213-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades judiciales accionadas en el asunto referido. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que, ante el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, promovi\u00f3 acci\u00f3n popular de radicado 2021-00213-01, que fue conocida en segunda instancia por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira. <\/p>\n
Explic\u00f3 que, en ese tr\u00e1mite solicit\u00f3 vincular al municipio de Santa Rosa de Cabal, por considerarlo responsable de vulneraci\u00f3n de derechos colectivos, y para el efecto, formul\u00f3 pretensi\u00f3n en su contra en el escrito de demanda. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, en las acciones populares de radicado 2021-00166, 00167, 00168, 00169, 00170 y 00172, en las que tambi\u00e9n se orden\u00f3 citar al mencionado municipio, este interpuso reposici\u00f3n contra el auto admisorio, con fundamento en que deb\u00eda tenerse como demandado y no como vinculado y, por tanto, se deb\u00eda remitir la actuaci\u00f3n ante el juez de lo contencioso administrativo. <\/p>\n
Denunci\u00f3 que, el accionado se abstuvo de dar tr\u00e1mite a ese recurso, con fundamento en que constitu\u00eda una excepci\u00f3n previa y por tanto, debi\u00f3 interponerse de esa manera, tesis que mantuvo frente a otros medios de impugnaci\u00f3n interpuestos. <\/p>\n
Reproch\u00f3 que, como el mencionado municipio tiene la calidad de demandado, as\u00ed el actor popular hubiese referido que se trata de un vinculado, atendiendo que es el encargado de garantizar los derechos colectivos, los accionados no ten\u00edan competencia para resolver. <\/p>\n
2. En consecuencia de lo narrado, solicit\u00f3 ordenar que se decrete la nulidad de todo lo actuado, y declarar la falta de competencia remitiendo la actuaci\u00f3n a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, adem\u00e1s \u00abse ordene a la procuradora general de la naci\u00f3n (\u2026), que presente acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa a mi nombre por aparente falla en la prestaci\u00f3n del servicio, contra la administraci\u00f3n de justicia al negar y desconocer art 29 CN, cambiando mi pretensi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. Admitida la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado a las autoridades accionadas para que ejercieran su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en proceso cuestionado. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, y el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, remitieron enlace para consultar el expediente relacionado con este tr\u00e1mite. <\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n refiri\u00f3 que no tiene competencia para representar al accionante, y solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
3. El titular de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, luego de relatar algunos pormenores de la actuaci\u00f3n de la acci\u00f3n popular en referencia, adujo que no se incurri\u00f3 en violaci\u00f3n de los derechos fundamentales reclamados. <\/p>\n
4. El titular del Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, manifest\u00f3 en particular que la falta de jurisdicci\u00f3n se plante\u00f3 como excepci\u00f3n por parte del municipio y fue resuelta desfavorablemente en sentencia de primera instancia, y que el actor popular nunca reclam\u00f3 dicha defensa. <\/p>\n
5. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n refiri\u00f3 que no tiene competencia para representar al accionante, y solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
6. La Procuradur\u00eda Delegada Mixta para Asuntos Civiles, sostuvo que, no se acredit\u00f3 solicitud en el sentido que se pide en este tr\u00e1mite y a su cargo. <\/p>\n
7. Al momento de presentar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan recibido pronunciamientos de los dem\u00e1s involucrados, en la presente queja. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. S\u00f3lo las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto y acuda a esta jurisdicci\u00f3n oportunamente. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, el se\u00f1or Gerardo Alonso Herrera Hoyos, solicit\u00f3 ordenar a los accionados decretar la nulidad de todo lo actuado en la acci\u00f3n popular de radicado 2021-00213-01, y declarar su falta de competencia remitiendo la actuaci\u00f3n a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, adem\u00e1s pidi\u00f3 que se ordene a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, presentar en su nombre acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa contra la administraci\u00f3n de justicia, pretensiones que no tienen vocaci\u00f3n de prosperar, atendiendo que revisada la queja constitucional y las piezas digitales allegadas respecto de esos pedimentos, no se satisface el requisito de subsidiariedad, como pasa a verse, <\/p>\n
2.1. Mediante auto de 8 de junio de 2021, entre otras determinaciones se admiti\u00f3 la acci\u00f3n popular planteada por el accionante, contra Droguer\u00eda Superdescuentos No. 1, y se orden\u00f3 vincular al Municipio de Santa Rosa de Cabal (05 Auto Admisi\u00f3n). <\/p>\n
Contra esa determinaci\u00f3n, la convocada interpuso reposici\u00f3n por considerar que el competente para adelantar el tr\u00e1mite era la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo (09. Recurso de reposici\u00f3n admisi\u00f3n municipio), recurso al que no se imparti\u00f3 tr\u00e1mite porque los hechos alegados deb\u00edan reclamarse mediante excepci\u00f3n previa dentro del t\u00e9rmino de traslado de la demanda, decisi\u00f3n contra la que no se interpuso recurso (12 Auto Reconoce Personer\u00eda). <\/p>\n
2.2. En sentencia de 15 de diciembre de 2021, emitida por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, se puso fin a la primera instancia acogiendo parcialmente las pretensiones de la acci\u00f3n popular (50 Sentencia), y frente a la excepci\u00f3n de falta de jurisdicci\u00f3n formulada por el accionado, se concluy\u00f3 en particular que, <\/p>\n
[P]or disposici\u00f3n legal en todas las acciones populares, independientemente de la jurisdicci\u00f3n donde cursen, es necesario vincular a una entidad administrativa y no por ello cambia la competencia para su tr\u00e1mite, si ello fuera as\u00ed, todas las acciones populares ser\u00edan del resorte de la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa am\u00e9n de la vinculaci\u00f3n de la entidad administrativa encargada de proteger el derecho afectado (\u2026). [E]l art\u00edculo 27 del CGP dispone que la competencia no var\u00eda \u201cpor la intervenci\u00f3n sobreviniente de personas que tengan fuero especial\u201d en este caso, en el auto admisorio de la demanda qued\u00f3 claro que la intervenci\u00f3n del Municipio de Santa Rosa a trav\u00e9s de la Secretar\u00eda de Planeaci\u00f3n es en calidad de \u201cvinculado\u201d tal como lo solicit\u00f3 el accionante y como lo regula la ley 472 de 1998. <\/p>\n
Contra esa determinaci\u00f3n el accionante interpuso recurso de apelaci\u00f3n en el que, entre otros pedimentos, solicit\u00f3 decretar la nulidad por haberse omitido comunicar la existencia de la acci\u00f3n popular al propietario del inmueble, adem\u00e1s porque al estar vinculado el ente territorial, la competencia para el conocimiento del asunto era del juez de lo contencioso administrativo (51Apelaci\u00f3n Nulidad). <\/p>\n
2.3. Mediante auto de 13 de enero de 2021, el despacho accionado concedi\u00f3 en el efecto devolutivo el recurso de apelaci\u00f3n adem\u00e1s resolvi\u00f3 que, \u00abcon referencia a la inconformidad por la no condena en costas en contra del alcalde, la falta de competencia del Despacho y la p\u00f3liza, se tratan de desacuerdos frente a la sentencia propios de la apelaci\u00f3n y que son del resorte de nuestro Superior\u00bb (53 Auto concede recurso), decisi\u00f3n contra la que tampoco se interpuso recurso alguno. <\/p>\n
En providencia de 23 de noviembre de 2022, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, se confirm\u00f3 el fallo de 15 de diciembre de 2021, emitido por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, y se adicionaron dos numerales, sin que se avizore una resoluci\u00f3n concreta en relaci\u00f3n con la falta de competencia (18 sentencia). <\/p>\n
No obstante, el accionante no solicit\u00f3 adici\u00f3n de esa providencia en ese sentido, instrumento dise\u00f1ado por el legislador y que, de conformidad con el art\u00edculo 287 del C\u00f3digo General del Proceso, procede \u00abCuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley deb\u00eda ser objeto de pronunciamiento\u00bb. <\/p>\n
Como el interesado desaprovech\u00f3 los mecanismos id\u00f3neos con los que contaba para la protecci\u00f3n de sus derechos, no puede valerse de esta acci\u00f3n de tutela como paliativo para resarcir su incuria, atendiendo que la oportunidad en la que deb\u00eda exponer sus argumentos era en el curso de la litis y no en el escenario constitucional, debido al car\u00e1cter subsidiario y residual, tema sobre el que la Sala ha explicado que, <\/p>\n
[E]l descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales, impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria (\u2026). (STC6663-2018, citada en STC6916-2020 y STC11968-2021). <\/p>\n
Igual suerte corre la petici\u00f3n alusiva a que se ordene a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n presentar acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa, dado que no se advierte que, previo a acudir ante el juez constitucional, se hubiese elevado solicitud en ese sentido ante dicha entidad, cerrando el paso a esta acci\u00f3n atendiendo su car\u00e1cter residual y especial, tema sobre el que esta Sala ha dicho que, <\/p>\n
\u00ab[s]i no se ha realizado la solicitud a la autoridad correspondiente, la acci\u00f3n de tutela no est\u00e1 llamada a prosperar, pues la acci\u00f3n de tutela no se instituy\u00f3 para inmiscuirse en las actuaciones a cargo de las otras autoridades, ni de los particulares, sino para impedir o desterrar las acciones u omisiones que causen quebranto en los derechos b\u00e1sicos, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial\u00bb (CSJ STC 30 en. 2013, rad. 2012-00275-01, reiterada entre otras, en STC1119-2019STC547-2022, STC605-2022, reiterada STC3093-2022). <\/p>\n
Las circunstancias descritas enmarcan esta tutela en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, donde se determina que a este especial\u00edsimo mecanismo solamente puede acudirse previo agotamiento de todos los instrumentos de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico pone a disposici\u00f3n de los interesados, ya que de otra manera se convertir\u00eda en un medio para usurpar las funciones que la ley tiene asignadas a determinadas autoridades. <\/p>\n
3. En consecuencia, se declarar\u00e1 improcedente el amparo solicitado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve declarar improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida por Gerardo Alonso Herrera Hoyos, contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC1804-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC1804-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-00752-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., primero (1) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Gerardo Alonso Herrera […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-71532","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71532","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71532"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71532\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71532"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71532"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71532"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}