STC1809-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1809-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-02567-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., primero (1\u00ba) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Juan Pablo Lozano Atara frente a la sentencia de 12 de enero de 2023, proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, en la tutela que le instaur\u00f3 a la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 4 de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, extensiva a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial y el Juzgado Treinta y Siete Laboral del Circuito, ambos de esta ciudad, Avianca S.A., Servicopava, partes autoridades y dem\u00e1s intervinientes en el juicio n\u00b0 11001-31-05-037-2017-00293-00 (rad. Corte 85750). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El libelista pidi\u00f3 se disponga dejar sin efectos la sentencia CSJ SL1899-2022 (7 jun.) y, en consecuencia, se ordene emitir una nueva decisi\u00f3n que colme sus expectativas. <\/p>\n
En sustento, adujo que promovi\u00f3 demanda ordinaria contra Avianca S.A. y la Cooperativa de Trabajo Asociado Servicopava para que se declarara la existencia del contrato de trabajo a t\u00e9rmino indefinido con la primera empresa desde el 22 de mayo de 2012 hasta el 21 de noviembre de 2016 y que finaliz\u00f3 sin justa causa por decisi\u00f3n de Avianca S.A., no obstante que gozaba de fuero de estabilidad laboral reforzada, as\u00ed como que la segunda empresa fue un intermediario irregular en ese nexo, as\u00ed como se condenara a Avianca a reintegrarlo sin soluci\u00f3n de continuidad y solidariamente a las demandadas pagarle las acreencias que ten\u00eda derecho. El asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Treinta y Siete Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 que accedi\u00f3 parcialmente a las pretensiones (27 sep. 2018), apelaron los litigantes y el Tribunal revoc\u00f3 lo as\u00ed resuelto (14 nov. 2018), postul\u00f3 casaci\u00f3n y la Corte no cas\u00f3 el veredicto de segunda instancia (CSJ SL1899-2022, 7 jun.). <\/p>\n
Se doli\u00f3 de que la magistratura de casaci\u00f3n desconoci\u00f3 el precedente de la sala permanente sobre la aplicabilidad de la presunci\u00f3n establecida en el art\u00edculo 24 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, los precedentes CSJ STL3145-2021 y STL2944-2022 y el salvamento de voto del funcionario disidente. <\/p>\n
2. La colegiatura encartada defendi\u00f3 su prove\u00eddo. Avianca S.A. alert\u00f3 sobre el incumplimiento del presupuesto tempestivo y se opuso a los anhelos. Quien fungi\u00f3 como apoderado del actor coadyuv\u00f3 en las aspiraciones. <\/p>\n
3. El a quo deneg\u00f3 el amparo con sustento en que la determinaci\u00f3n confutada evidencia argumentos razonables, con una postura fundada en la ponderaci\u00f3n jur\u00eddica y probatoria y en cuanto al supuesto desobedecimiento de los precedentes \u00ab(\u2026) no tienen aplicabilidad en el presente asunto, b\u00e1sicamente, porque en esos procesos pudo determinarse que las autoridades accionadas desconocieron la presunci\u00f3n contenida en el art\u00edculo 24 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, imponiendo al trabajador una carga probatoria que no le correspond\u00eda, evento que, precisamente, fue descartado en el caso sub examine (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4. El gestor impugn\u00f3 la anterior decisi\u00f3n, para lo cual insisti\u00f3 en los reparos expuestos en el escrito de tutela. El coadyuvante tambi\u00e9n recurri\u00f3, sin exponer las razones de su intervenci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Frente a las quejas expuestas en el escrito de tutela y la impugnaci\u00f3n en punto al reproche contra el prove\u00eddo de la Sala de Descongesti\u00f3n que no cas\u00f3 la sentencia del Tribunal que absolvi\u00f3 a las all\u00e1 demandadas de las pretensiones dirigidas a que se declare la existencia de la relaci\u00f3n laboral con el aqu\u00ed actor y que su terminaci\u00f3n fue sin justa causa, pronto se advierte la denegaci\u00f3n del resguardo porque esa decisi\u00f3n, no solo, no luce descabellada, sino acorde a la legislaci\u00f3n adjetiva que gobierna el litigio criticado. <\/p>\n
Se afirma lo anterior, por cuanto revisado el fallo objeto de escrutinio, el juez colegiado de cierre en materia del trabajo, al adentrarse en el an\u00e1lisis de los cargos enrostrados, se ocup\u00f3 del estudio de los tres primeros ataques enfilados a cuestionar la valoraci\u00f3n que hizo el Tribunal en lo atinente al cumplimiento de la carga probatoria relacionada con el elemento de subordinaci\u00f3n, y en ese sentido expres\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) lo que se observa es que el fallo en controversia es coherente con el entendimiento que se le ha dado al art\u00edculo 24 del CST, pues el juez de apelaciones reconoci\u00f3 la prestaci\u00f3n personal del servicio a favor de dicha empresa, pero la raz\u00f3n para entender que no existi\u00f3 dicho nexo laboral difiere de la que alega el actor, seg\u00fan consta en esta cita del pronunciamiento: <\/p>\n
El juez de primera instancia deriv\u00f3 la existencia del contrato de trabajo porque el contrato asociativo se realiz\u00f3 en fecha posterior a la vigencia de la Ley 1429 de 2010, pero no porque se hubiese acreditado el requisito de la subordinaci\u00f3n, de tal manera que se debe verificar si las actividades que ejecutaba el demandante son misionales, permanentes y se incurri\u00f3 en una prohibici\u00f3n legal. <\/p>\n
[\u2026] <\/p>\n
En ese orden de ideas, le asiste raz\u00f3n a la demandada, que en el presente proceso se desvirtu\u00f3 la subordinaci\u00f3n respecto de la demandada Avianca <\/p>\n
Como puede verse, la alusi\u00f3n a la subordinaci\u00f3n en el primer p\u00e1rrafo transcrito proviene del resumen que hizo el Tribunal del contenido del fallo de primer grado, luego, no es un argumento del juez de apelaciones; ah\u00ed tambi\u00e9n se reconoce que el actor ejecutaba unas actividades, es decir un servicio personal. Luego, en la conclusi\u00f3n que aparece en el \u00faltimo aparte extractado se observa que el fallador de segunda instancia manifiesta que se desvirtu\u00f3 la subordinaci\u00f3n con la prueba analizada, lo que implica que no vari\u00f3 ninguna carga probatoria, pues lo que encontr\u00f3 fue que la parte demandada fue capaz de destruir la presunci\u00f3n que hizo operar a favor del laborante. <\/p>\n
As\u00ed, fundamentada en la sentencia CSJ SL3986-2021, en donde fij\u00f3 los lineamientos de entendimiento de la presunci\u00f3n contenida en el art\u00edculo 24 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, rese\u00f1\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) en este caso la responsabilidad de la parte pasiva de la litis era demostrar que entre ella y Juan Pablo Lozano Atara no hubo actuaci\u00f3n subordinada hacia este, que fue lo que concluy\u00f3 el Tribunal. De esta forma, no se identifica error en el abordaje que se dio en la sentencia recurrida al art\u00edculo 24 del CST, pues se atuvo al expreso alcance de la presunci\u00f3n all\u00ed anotada, ya que reconoci\u00f3 la existencia de una prestaci\u00f3n personal del servicio y, despu\u00e9s, concluy\u00f3 que la actividad fue realizada en el marco de un convenio asociativo v\u00e1lido, no en condiciones de subordinaci\u00f3n por parte de la aerol\u00ednea, de manera que tuvo por desvirtuado, con \u00e9xito, el car\u00e1cter laboral de la relaci\u00f3n. <\/p>\n
Ante la improsperidad del primer cuestionamiento, se ocup\u00f3 la Sala cuestionada del aspecto f\u00e1ctico formulado en los cargos dos y tres, para en ese contexto resaltar que, <\/p>\n
(\u2026) como la sentencia dijo que \u00abse tiene en cuenta la totalidad de la prueba documental que obra en el expediente\u00bb, no puede aceptarse que algunos elementos documentales \u2014sin importar que consten en medios digitales\u2014 no hayan sido analizados (CSJ SL4455-2021). De esa manera, se sabe que el juez de la alzada se bas\u00f3 en el an\u00e1lisis conjunto de toda la documental, por tanto, para arribar a la conclusi\u00f3n absolutoria, tambi\u00e9n apreci\u00f3 las pruebas que el casacionista dice que no fueron objeto de valoraci\u00f3n. <\/p>\n
Ahora, tras repetir que el Tribunal alter\u00f3 la carga probatoria, al asignarle al operario la responsabilidad de demostrar la subordinaci\u00f3n \u2014argumento que ya se rebati\u00f3\u2014, el censor afirma que, en todo caso, ese elemento del contrato de trabajo s\u00ed qued\u00f3 probado a trav\u00e9s de abundante prueba documental, que solo desarrolla parcialmente en su sustentaci\u00f3n. Sin embargo, aunque se hace referencia en el embate a algunos elementos documentales, su ataque olvida que el objeto del recurso extraordinario es la derrota plena de la presunci\u00f3n de legalidad y acierto que caracteriza a las sentencias de los jueces. Por lo tanto, el ataque debe ser completo, abarcando todos los elementos f\u00e1cticos, en este caso, que sirvieron al juez para convencerse de la conclusi\u00f3n a la que lleg\u00f3. Ello no ocurre en este caso, pues, como bien lo dice la oposici\u00f3n, el cargo no tuvo en cuenta que la base probatoria de la sentencia fueron los testimonios, sobre los cuales no pesa ning\u00fan comentario. <\/p>\n
Para apalancar lo dicho, t\u00e9ngase presente que el Tribunal hizo esta advertencia: <\/p>\n
[\u2026] si bien se acredita un servicio que favoreci\u00f3 a Avianca, no se observa que esta empresa haya realizado actos de subordinaci\u00f3n frente al demandante, dado que, de las pruebas recaudadas \u2014los testimonios\u2014 se infiere que las directrices eran impartidas desde la Gerencia de la Cooperativa a los coordinadores, que tambi\u00e9n eran trabajadores asociados de la cooperativa y estos, a su vez, la transmit\u00edan a las personas vinculadas a la cooperativa, aunado a que el objeto social de la cooperativa se refiere a las actividades realizadas por el demandante. <\/p>\n
As\u00ed, lo que emerge de este contenido es que, si no hubo subordinaci\u00f3n a cargo de Avianca, seg\u00fan el dicho de los testigos, sino de otros trabajadores asociados a Servicopava, el contrato de trabajo no pod\u00eda declararse en relaci\u00f3n con la primera persona jur\u00eddica mencionada. Por lo expuesto, era esa conclusi\u00f3n la que deb\u00eda abordarse en los cargos, pero el actor la pas\u00f3 por alto, de manera que la dej\u00f3 en pie y, con ello, la sentencia no puede ser casada. <\/p>\n
Desde otra arista, el ataque que se echa de menos deb\u00eda empezar por delimitar el argumento del Tribunal, como ya se hizo al traer a memoria el aparte \u00faltimamente transcrito. Luego, hab\u00eda que determinar qu\u00e9 prueba fund\u00f3 esa conclusi\u00f3n, pero como en este evento el resultado surgi\u00f3 del an\u00e1lisis que hizo el ad quem de unos testigos, debe recordarse que esta prueba no es h\u00e1bil en casaci\u00f3n, a la luz del art\u00edculo 87 del CTPSS. Fuera de ello, si se hubiera demostrado otra falencia por v\u00eda del an\u00e1lisis de pruebas aptas en esta sede, con posterioridad y necesariamente, la parte interesada deb\u00eda alegar este aspecto, pero, como se dijo, lo dej\u00f3 inc\u00f3lume. (\u2026). <\/p>\n
As\u00ed luego de pormenorizar en el escrutinio de los medios suasorios concluy\u00f3 que, <\/p>\n
Aplicado ese par\u00e1metro a este caso, si queda en firme la conclusi\u00f3n acerca de que la subordinaci\u00f3n no proven\u00eda de Avianca, sino de Servicopava, no puede concluirse que el empleador del trabajador Lozano Atara fuese aquella sociedad, sino que lo era la CTA, pero este no fue el resultado que se proclam\u00f3 por la parte activa, a\u00fan desde los albores del proceso. <\/p>\n
De otra parte, en lo concerniente a las acusaciones cuarta y quinta enfiladas por la v\u00eda indirecta y en la modalidad de aplicaci\u00f3n indebida concluy\u00f3 que, <\/p>\n
Por no estar demostrada la existencia del contrato realidad frente a Avianca, que es el objeto principal del proceso, no hay lugar a estudiar si se dio la violaci\u00f3n del fuero por estabilidad laboral reforzada, lo que solo ser\u00eda posible si, hipot\u00e9ticamente, se pudiera verificar que esa supuesta empleadora despidi\u00f3 a un laborante aforado \u2014lo que, por efecto de la primera decisi\u00f3n atacada ha quedado descartado, pues se debe dejar vigente la conclusi\u00f3n en torno a la existencia de la relaci\u00f3n contractual cooperativa que se desarroll\u00f3 frente a Servicopava\u2014. As\u00ed las cosas, la Corte se abstendr\u00e1 de hacer consideraciones sobre el tema. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, puede afirmarse que el prove\u00eddo refutado est\u00e1 soportado en una interpretaci\u00f3n razonable que la autoridad convocada desarroll\u00f3 sobre la situaci\u00f3n f\u00e1ctica sometida a su consideraci\u00f3n, donde aun cuando la Corte proh\u00edje o no los motivos expuestos para no casar la sentencia de segundo grado, se advierte que por una parte, por la formulaci\u00f3n de los cargos y la falta de t\u00e9cnica procesal del casacionista, se desaprovech\u00f3 el mecanismo extraordinario con el que se contaba, sin que sea este el escenario propicio para rehacer un estudio sobre esas mismas inconformidades, y por la otra, en ella se expuso de forma clara el alcance de los medios de prueba recaudados, las normas aplicables, las que permitieron concluir que era inexistente la relaci\u00f3n laboral perseguida. <\/p>\n
En este orden de ideas, se concluye que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto y la hermen\u00e9utica judicial desplegada, lo que torna inviable el ruego en tanto no se puede \u00abimponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC10939-2021 memorada en STC15992-2022). <\/p>\n
Ahora bien, en cuanto a supuesta desatenci\u00f3n de los precedentes de la sala permanente CSJ STL3145-2021 y STL2944-2022, cada uno de esos casos tienen unas particularidades que lo diferencian de los dem\u00e1s y de \u00e9ste, luego no conducen a resolver de manera id\u00e9ntica, a\u00fan m\u00e1s cuando las sentencias proferidas dentro de estos asuntos generan efecto inter partes, seg\u00fan el art\u00edculo 48, numeral 2\u00b0, de la Ley 270 de 1996 que prev\u00e9: \u00ablas decisiones judiciales adoptadas en ejercicio de la acci\u00f3n de tutela tienen car\u00e1cter obligatorio \u00fanicamente para las partes. Su motivaci\u00f3n s\u00f3lo constituye criterio auxiliar para la actividad de los jueces\u00bb (CSJ STC 13360-2021, reiterada en STC165785). <\/p>\n
Finalmente, frente a la solicitud para que se acojan los razonamientos expuestos en el salvamento de voto en sede de casaci\u00f3n, impone se\u00f1alarle al actor que las aclaraciones y\/o salvamentos de voto que realizan los magistrados en el marco de las decisiones que adoptan los \u00f3rganos judiciales no tienen fuerza vinculante y, por tanto, no son obligatorios en su aplicaci\u00f3n, pues, si bien hipot\u00e9ticamente pueden asumirse como v\u00e1lidos, apenas representan la marginal postura que frente a los hechos y las pruebas asume el funcionario. <\/p>\n
Corolario de lo anterior, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC1809-2023 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC1809-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-02567-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del primero de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., primero (1\u00ba) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Juan Pablo Lozano Atara frente a […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-71537","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71537","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71537"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71537\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71537"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71537"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71537"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}