STC1811-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC1811-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-00763-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Restrepo contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en la acci\u00f3n popular No. 2022-00477-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El accionante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n al derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por el Tribunal accionado. <\/p>\n
En apoyo de su queja manifest\u00f3 que, en el proceso de la referencia se incumplieron los t\u00e9rminos del art\u00edculo 37 de la Ley 472 de 1998, al no proferir un veredicto final en los plazos perentorios de tiempo que le ordena la citada norma. <\/p>\n
Considera que, es abundante la jurisprudencia de esta Corte en la que destac\u00f3 la importancia que tiene la observancia de los t\u00e9rminos procesales, y el accionado incumple ese tiempo, pero exige su cumplimiento al actor popular. <\/p>\n
2. Por lo anterior solicit\u00f3, se \u00abi) Inste al tutelado aplicar art 37 ley especial y aut\u00f3noma 472 de 1998, <\/p>\n
ii) SE DE APLICACI\u00d3N SENTENCIA C-367 DE 2014, <\/p>\n
iii) se sancione por temeridad y mala fe al apoderado de la coadyuvante quien dilata la acci\u00f3n con sus torpes y farragosos recursos, pese a ser profesional del derecho, y <\/p>\n
iv) SE ORDENE CONSTANCIA SECRETARIAL DE TODAS LAS ETAPAS PROCESALES REALIZADAS EN 2 INSTANCIA, CONSIGNANDO DIA, MES Y A\u00d1O A FIN DE QUE SE DE APLICACI\u00d3N ART 84 LEY 472 DE 1998\u00bb (may\u00fascula fija en texto). <\/p>\n
3. Una vez asumido su conocimiento, se admiti\u00f3 la tutela, y orden\u00f3 el traslado a los involucrados, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en el asunto para que ejercieran su derecho a la defensa.\u202f <\/p>\n
<\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Tribunal Superior de Pereira respondi\u00f3 que, en la providencia de 18 de octubre de 2022 se encuentra anotadas el an\u00e1lisis, y las conclusiones finales a las que se arrib\u00f3 para para decretar la nulidad de la acci\u00f3n popular No. 2022-00477. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En l\u00ednea de principio, la tutela no procede contra las providencias o actuaciones jurisdiccionales, pues ello ir\u00eda en desmedro de los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, sin embargo, cuando los funcionarios judiciales incurren en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento jur\u00eddico de forma arbitraria o caprichosa y los interesados no cuentan con otro medio de defensa judicial y acuden a esta acci\u00f3n oportunamente, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir, en aras de conjurar o evitar la lesi\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales involucradas. <\/p>\n
De igual manera, la jurisprudencia estableci\u00f3 unos requisitos de orden general que se deben examinar desde un comienzo, en aras de determinar si la acci\u00f3n de tutela procede como mecanismo de protecci\u00f3n frente a la decisi\u00f3n adoptada por otra autoridad judicial, siento estos: <\/p>\n
(\u2026) \u00abi) Que, la cuesti\u00f3n que se discuta tenga una evidente relevancia constitucional, y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; <\/p>\n
ii) Que, se hayan agotado todos los medios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; <\/p>\n
iii) Que, se cumpla con el requisito de la inmediatez; <\/p>\n
iv) Que, trat\u00e1ndose de una irregularidad procesal, quede claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. <\/p>\n
v) Que, la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados, y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible, y vi) Que, no se trate de sentencias de tutela1\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Examinado el link que contiene el citado proceso, promovido por Mario Restrepo contra ARQ Project, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 al Edificio Torre Axxis Centro de Negocios PH, se observa que el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal el 18 de octubre de 2022, dict\u00f3 sentencia en el que orden\u00f3 a la sociedad demandada \u00abgarantizar el adecuado y seguro de las personas que se movilicen en silla de ruedas hacia el interior de sus instalaciones ubicadas en la calle 12 No. 12-37 de ese municipio, con una rampa que cumpla la norma t\u00e9cnica\u00bb e inst\u00f3 al propietario del edificio autorizar, as\u00ed como prestar la colaboraci\u00f3n necesaria para dar cumplimiento a esa orden, y decret\u00f3 la condena en costas en favor del actor popular, decisi\u00f3n apelada por la demandada. <\/p>\n
2.2 El Tribunal accionado el 22 de noviembre de 2022 admiti\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n y orden\u00f3 correr traslado del art\u00edculo 12 de la Ley 2213 de ese a\u00f1o. <\/p>\n
2.3 El 28 de noviembre y 15 de diciembre de 2022, el apoderado judicial de Cotty Morales Caama\u00f1o quien dijo actuar como coadyuvante del actor popular, present\u00f3 memorial y recurso de reposici\u00f3n en el que solicit\u00f3 se reformara el fallo, \u00aben relaci\u00f3n con el reconocimiento dentro de la liquidaci\u00f3n de costas (cu\u00e1nto, para qui\u00e9nes, en ambas instancias), y aclarara en que porcentaje ser\u00edan distribuidas entre el \u00abaccionante, coadyuvantes con y sin apoderado judicial\u00bb. <\/p>\n
2.4 El 20 de enero de 2023 se dispuso, i) decretar una prueba de oficio, y ii) respecto a las recurrentes solicitudes del actor popular y Cotty Morales precis\u00f3 que, el primero no apel\u00f3 la providencia por tanto la sustentaci\u00f3n es una carga que el corresponde al impugnante, y la segunda no fue reconocida como coadyuvante en el asunto. <\/p>\n
2.5 El 15 de febrero de 2023 se decret\u00f3 la nulidad de lo actuado en segunda y primera instancia, inclusive el fallo del a-quo, porque en el proceso como lo evidenci\u00f3 la notificaci\u00f3n del auto que orden\u00f3 la vinculaci\u00f3n del Edificio Torre Axxis Eje de Negocios PH, y dispuso que se integrara el contradictorio con la citada persona jur\u00eddica. <\/p>\n
3. Efectuado ese recuento, no advierte la Sala que el Tribunal accionado haya incurrido en un comportamiento negligente o arbitrario, pues contrario a lo afirmado, se observ\u00f3 que cumpli\u00f3 los \u00abt\u00e9rminos procesales\u00bb, pues admiti\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n, orden\u00f3 correr el traslado para la sustentaci\u00f3n, decret\u00f3 una prueba de oficio porque es una de las facultades conferidas por el legislador al juez como director del proceso, y resolvi\u00f3 decretar la nulidad lo actuado al advertir una irregularidad procesal, pues no se hab\u00eda integrado en debida forma el contradictorio. <\/p>\n
De tal suerte, que no pod\u00eda emitir ning\u00fan fallo en segunda instancia hasta tanto no se rehiciera la actuaci\u00f3n, y como lo ha reiterado la jurisprudencia, \u00abno basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que los derechos fundamentales que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (CSJ. STC sep. 5 de 2012, exp. 00630-014, reiterada en STC131 de 2018, STC12717-2019, STC7254 de 2021, STC2726-2022, STC10725-2022 y, 12173-2022 entre otras). <\/p>\n
Adem\u00e1s, si el accionante, no estaba de acuerdo con esa decisi\u00f3n, bien pudo interponer el recurso que legalmente proced\u00eda, pero no lo hizo, y lo que se evidencia es que el expediente se devolvi\u00f3 al juzgado de origen, sin manifestaci\u00f3n alguna de su parte. <\/p>\n
4. En cuanto a la petici\u00f3n encaminada a que se \u00absancione por temeridad y mala fe al apoderado de la coadyuvante quien dilata la acci\u00f3n con sus torpes y farragosos recursos, pese a ser profesional del derecho\u00bb, resulta igualmente improcedente pues si considera que el abogado de Cotty Morales Caama\u00f1o incurri\u00f3 en alguna falta que deba ser sancionada, debe solicitar al juez que adopte las medidas correctiva a que haya lugar o iniciar la acci\u00f3n disciplinaria, ya que las decisiones que deban adoptarse le corresponde proferirlas al juez natural y no al constitucional. <\/p>\n
5. Por otro parte, en cuanto a la \u00abconstancia secretarial de todas las etapas procesales realizadas, consignando d\u00eda, mes y a\u00f1o, a fin de probar la mora judicial y se de aplicaci\u00f3n al art 84 Ley 472 de 1998\u00bb, el amparo tampoco prospera, toda vez que, si desea obtener esa constancia debe proceder en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 115 del estatuto procesal vigente. <\/p>\n
6. En consecuencia, se declarar\u00e1 improcedente el amparo implorado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve Declarar improcedente la tutela promovida por Mario Restrepo contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Manizales. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Corte Constitucional C-590\/05, SU184\/19. <\/p>\n
<\/p>\n
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