STC1814-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1814-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-02608-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., primero (1\u00ba) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo de 31 de enero de 2023, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Mauricio Jim\u00e9nez Rodr\u00edguez le instaur\u00f3 a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial y al Juzgado Sexto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad, ambos de Ibagu\u00e9. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor solicit\u00f3, en suma, se le conceda la libertad condicional en el proceso n\u00b0 73001-31-07-001-2006-00288-00. <\/p>\n
Del compendio factual adosado se extrae que el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Ibagu\u00e9 lo conden\u00f3 a la pena principal de 14 a\u00f1os de prisi\u00f3n por el delito de secuestro extorsivo agravado (30 nov. 2006 rad. 2006-00288-00), el asunto se envi\u00f3 al Juzgado Sexto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de la capital del Tolima, funcionario que le otorg\u00f3 el beneficio administrativo de permiso hasta por 72 horas, sin embargo, Jim\u00e9nez Rodr\u00edguez no regres\u00f3 al centro de reclusi\u00f3n (18 feb. 2012). Aunado a lo anterior el Juzgado Once Penal del Circuito de Conocimiento Adjunto de Bogot\u00e1 (rad. 2012-06866), por hechos acaecidos el 26 de marzo de 2012 lo conden\u00f3 a 96 meses de prisi\u00f3n al hallarlo responsable del injusto de extorsi\u00f3n agravada. Cont\u00f3 que al considerar que cumpl\u00eda con los requisitos para ser beneficiario del subrogado inst\u00f3 ante el Juzgado Sexto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagu\u00e9 la concesi\u00f3n de libertad condicional en el proceso 2006-00288-00, pero le fue negado (8 sep. 2022), apel\u00f3 y el Tribunal confirm\u00f3 lo as\u00ed resuelto (25 nov. 2022). <\/p>\n
Se doli\u00f3 de que los funcionarios querellados en sus determinaciones solo tuvieron en cuenta la gravedad de la conducta, sin tener en cuenta su desempe\u00f1o como persona privada de la libertad, cumplir con el presupuesto objetivo y haber \u00abindemnizado de manera integral a la v\u00edctima del injusto penal\u00bb. <\/p>\n
2. Los convocados defendieron sus prove\u00eddos. <\/p>\n
3. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia desestim\u00f3 el ruego tras inferir la razonabilidad de la determinaci\u00f3n de la alzada. <\/p>\n
4. Recurri\u00f3 el actor e insisti\u00f3 en los argumentos del libelo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Como aspecto preliminar es importante anunciar que el examen de la presunta lesi\u00f3n de las prerrogativas de Mauricio Jim\u00e9nez Rodr\u00edguez recaer\u00e1 de forma exclusiva en el pronunciamiento de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 (25 nov. 2022), pues la determinaci\u00f3n del Juzgado Sexto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad ya fue sometida al escrutinio de la colegiatura antes aludida, a trav\u00e9s del recurso de alzada, de suerte que no resulta admisible una confrontaci\u00f3n similar, \u00abso pena de convertir este escenario [constitucional] en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC14012-2015, STC2377-2018, rSTC11805-2021, memoradas en STC13648-2022 entre muchas otras). <\/p>\n
Aclarado lo anterior, desde ya se anuncia que el desenlace objetado debe respaldarse, pues, en efecto, la negativa a concederle la libertad condicional no es arbitraria, caprichosa y menos a\u00fan irrazonable, al margen de que se comparta o no. <\/p>\n
Es as\u00ed como, en el interlocutorio objeto de escrutinio, el juez plural se centr\u00f3 en la valoraci\u00f3n de las conductas punibles por las que result\u00f3 condenado Jim\u00e9nez Rodr\u00edguez y por ello estableci\u00f3 como marco normativo el art\u00edculo 64 del C\u00f3digo Penal, modificado por el art\u00edculo 30 de la Ley 1709 de 2014, toda vez que se cumpl\u00eda en ese caso con el requisito objetivo, esto es, haber cumplido con las 3\/5 partes del castigo impuesto, el buen comportamiento intramural desde cuando fue nuevamente aprehendido (4 feb. 2019). Sin embargo, centr\u00f3 su estudio en el proceso de resocializaci\u00f3n y en ese escenario con fundamento en el precedente de la hom\u00f3loga en lo penal (STP864-2017, 24 ene., rad. 89755) sostuvo: <\/p>\n
(\u2026) Si bien, durante el tiempo que el sentenciado ha estado privado nuevamente de la liberad por este proceso, ha presentado cambios positivos en su conducta al participar en diferentes actividades para ello, al punto que seg\u00fan lo sostuvo se encuentra en fase de confianza, lo es tambi\u00e9n que, no ha desarrollado de manera adecuada el proceso de resocializaci\u00f3n, ya que, se reitera, al otorg\u00e1rsele el permiso administrativo de 72 horas, no regres\u00f3 e incurri\u00f3 en el delito de extorsi\u00f3n agravada, siendo condenado a 96 meses de prisi\u00f3n en el proceso 11001 60 00 013 2012 06866 00, a pesar de que ya llevaba privado de la libertad m\u00e1s de 5 a\u00f1os. <\/p>\n
Aunque el apelante expuso que no hay norma que establezca que a las personas que infringen un beneficio administrativo y cometen otra conducta delictual, se les deba negar la libertad condicional, lo cierto es que, que uno de los requisitos para acceder al citado sustituto es el adecuado comportamiento durante el tratamiento penitenciario, tal como lo establece el numeral 2o del art\u00edculo 64 de la Ley 599 de 2000. <\/p>\n
Si bien, desde el 4 de marzo de 2020, data en el que se analiz\u00f3 la procedencia de la libertad condicional, el sentenciado a exteriorizado un adecuado proceso de resocializaci\u00f3n, seg\u00fan las certificaciones aportadas en la solicitud, lo cierto es que, el comportamiento debe ser observado en integridad desde que se comenz\u00f3 la vigilancia de la condena impuesta. <\/p>\n
A la vez, el sentenciado tampoco cumple con el requisito subjetivo relacionado con la valoraci\u00f3n de la conducta, tal como lo indica el art\u00edculo 30 de la Ley 1709 de 2014, aspecto al que, igualmente se hizo menci\u00f3n en el auto emitido el 4 de marzo de 2020. <\/p>\n
Providencia en la que se indic\u00f3 que: \u201cDel an\u00e1lisis realizado en la sentencia condenatoria, respecto de las conductas de secuestro extorsivo agravado en que incurri\u00f3 el se\u00f1or Mauricio Jim\u00e9nez Rodr\u00edguez y los dem\u00e1s elementos y circunstancias, se colige que esa acci\u00f3n fue de suma gravedad, no solo porque atent\u00f3 contra la libertad individual de un menor de edad y contra el patrimonio econ\u00f3mico de su progenitor, por ello se conden\u00f3 al pago de perjuicios a favor de este \u00faltimo\u201d. <\/p>\n
Igualmente, se le aclar\u00f3 que \u201cDebe se\u00f1alarse que no se trata de hacer un nuevo estudio sobre el punible en el que incurri\u00f3 el sentenciado, sino que debe tenerse en cuenta las consideraciones que sobre ese aspecto expuso el fallador, ya que, de lo contrario, se transgrede el principio de non bis in \u00eddem\u201d <\/p>\n
Para concluir que: <\/p>\n
(\u2026) la gravedad de la conducta es un factor a tener en cuenta para determinar si la persona tiene derecho a la libertad condicional, y la acci\u00f3n delictiva realizada por el apelante fue de tal magnitud, como se analiz\u00f3 en p\u00e1rrafos anteriores, por lo que no se cumple tampoco con el citado requisito subjetivo. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, como el se\u00f1or Mauricio Rodr\u00edguez Jim\u00e9nez no cumple con las exigencias se\u00f1aladas en el art\u00edculo 64 del C\u00f3digo Penal, con la modificaci\u00f3n incluida por el canon 30 de la Ley 1709 de 2014, no es procedente concederle la libertad condicional, por lo que debe confirmarse el auto apelado. <\/p>\n
En este orden de ideas el otorgamiento del subrogado no pod\u00eda tener \u00e9xito porque, si bien cumpl\u00eda algunos de los presupuestos, esto es, el cumplimiento intramural de m\u00e1s de las tres quintas partes del castigo y su actual buen desempe\u00f1o como recluso, no fue ajeno para los funcionarios acusados las conductas punibles por las que fue condenado en dos oportunidades y el da\u00f1o ocasionado a la sociedad, lo que hac\u00edan inviable la concesi\u00f3n del beneficio. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, independientemente de que se acojan o no las anteriores conclusiones, lo cierto es que no se les puede atribuir defecto alguno y, menos, calificarlas de arbitrarias o caprichosas, toda vez que, como se dijo, fueron fruto de una ex\u00e9gesis respetable del marco normativo que lo regula; labor en la que no es viable interferir, en virtud de la autonom\u00eda propia de los funcionarios (CSJ SC, sentencia de 5 de abril de 2010, exp. 00006-01, STC4613-2021 reiterada en STC076-2013). <\/p>\n
En consecuencia, se respaldar\u00e1 el veredicto revisado. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotadas. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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