STC1816-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1816-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2023-00083-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulneradas por la autoridad judicial acusada. <\/p>\n
En consecuencia, solicit\u00f3 \u00abque el Juzgado Cuarenta Civil del Circuito [l]e de una pronta soluci\u00f3n a todas [sus] solicitudes y medidas cautelares a\u00fan pendientes para la aprobaci\u00f3n del juzgado\u00bb. <\/p>\n
2. Para la definici\u00f3n del presente asunto el aqu\u00ed accionante narr\u00f3 que present\u00f3 en el a\u00f1o 2019 demanda ejecutiva para cobrar los honorarios que le fueron fijados por la elaboraci\u00f3n de un dictamen pericial ordenado por la Corte Suprema de Justicia dentro del proceso 11001310304020090053800, no obstante, pese a haber elevado varias solicitudes y recursos, no ha logrado que se decreten unas medidas cautelares, se imprima tr\u00e1mite al proceso, y en \u00faltimas, se obtenga el recaudo pretendido. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que dentro del precitado juicio dict\u00f3 dos autos el 18 de enero de 2023, con que resolvi\u00f3 lo requerido por el accionante, pues lo requiri\u00f3 para que presente la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito y decret\u00f3 la medida cautelar de embargo, lo impone negar la protecci\u00f3n por carencia actual de objeto por hecho superado. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que sus labores han sido dificultadas por problemas de red presentados en el edificio donde funciona el juzgado y la intermitencia en el servicio de internet, adem\u00e1s de la alta carga de trabajo, todo lo cual ha generado demoras en el tr\u00e1mite de los asuntos a su cargo. <\/p>\n
2. El gestor alleg\u00f3 escrito con que se manifest\u00f3 frente a lo informado por el estrado accionado, reiter\u00f3 solicitudes que ha elevado dentro del decurso criticado y cuestion\u00f3 otras actuaciones all\u00ed emitidas. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 hizo un recuento de varias solicitudes presentadas por el actor dentro de la referida ejecuci\u00f3n y resalt\u00f3 que frente a las mismas el estrado convocado emiti\u00f3 decisi\u00f3n el 18 de enero del presente a\u00f1o, donde, de un lado, previo a continuar con el tr\u00e1mite requiri\u00f3 a aquel para que allegara la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito y del otro, decret\u00f3 la medida cautelar de embargo de un inmueble y neg\u00f3 las dem\u00e1s, \u00absin perjuicio de ser decretadas m\u00e1s adelante si hay lugar a ello\u00bb, proceder \u00e9ste por el cual concluy\u00f3 que se impuls\u00f3 el decurso y por ende, neg\u00f3 la protecci\u00f3n por carencia actual de objeto por hecho superado. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el gestor del resguardo reiterando que existen a\u00fan solicitudes que no han obtenido respuesta. Agreg\u00f3 que se debe ordenar realizar las \u00abcorrecciones a que haya lugar\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente alleg\u00f3 nuevamente el escrito que hab\u00eda aportado en respuesta a la manifestaci\u00f3n que dentro de la tutela efectu\u00f3 el juzgado accionado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es una herramienta jur\u00eddica subsidiaria y residual, establecida para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Siguiendo los criterios jurisprudenciales, este instrumento no procede contra las providencias judiciales, no obstante, en los precisos casos en los cuales el funcionario incurre en una decisi\u00f3n desviada por completo, sin objetividad, se abre paso la intervenci\u00f3n del juez constitucional, para modificar o cambiar las determinaciones y restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas, claro est\u00e1, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa. <\/p>\n
2. Pues bien, analizados los reparos formulados por el accionante, se advierte que su reclamo se circunscribi\u00f3, en esencia, a que el juzgado accionado no emite pronunciamiento frente a las solicitudes que ha elevado dentro del proceso ejecuto que adelanta contra Fernando Espitia Beltr\u00e1n. <\/p>\n
Bajo tal \u00f3ptica, advierte la Corte que, tal y como lo concluy\u00f3 el a quo, se configura lo que la doctrina constitucional denomina hecho superado, comoquiera que el 18 de enero de 2023 la oficina judicial enjuiciada emiti\u00f3 prove\u00eddo donde resolvi\u00f3 que, \u00abdecreta el embargo de los inmuebles identificados con folio de matr\u00edcula inmobiliaria Nos. 176-167748 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos correspondiente\u2026 De conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del Art. 599 del C.G.P., considerando suficientes las medidas decretadas para el pago de las obligaciones, se niegan las dem\u00e1s cautelas solicitadas, sin perjuicio de ser decretadas m\u00e1s adelante si hay lugar a ello. <\/p>\n
En la misma fecha profiri\u00f3 otra decisi\u00f3n donde dispuso que, \u00abprevio a continuar con el tr\u00e1mite, se requiere a la parte ejecutante, de cumplimiento al numeral tercero del auto calendado 28 de septiembre de 2021, en el cual se dispuso seguir adelante con la ejecuci\u00f3n\u00bb, refiri\u00e9ndose a que debe aportarse la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito. <\/p>\n
3. Ahora, si exist\u00eda alg\u00fan desacuerdo con las decisiones en que se finc\u00f3 la superaci\u00f3n de la vulneraci\u00f3n alegada, el promotor tuvo la posibilidad de exponerlo mediante el recurso de reposici\u00f3n, y en cuanto a la negativa de decretar una de las cautelas, tambi\u00e9n el de apelaci\u00f3n, de modo que, si no acudi\u00f3 a tales mecanismos, qued\u00f3 vinculado a las consecuencias adversas que pudiera irrogarle lo definido, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si el gestor del amparo \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante este instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, -pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil-, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela\u2026 (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; reiterado en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01; STC, 6 oct. 2016; rad. 2016-00208-01; y STC15463, 28 oct. 2016, rad. 2016-00865-01). <\/p>\n
4. Finalmente, las quejas expuestas por el gestor en el escrito que present\u00f3 ante el juez constitucional a quo despu\u00e9s de la intervenci\u00f3n del accionado, y que volvi\u00f3 a traer luego de radicada la impugnaci\u00f3n, constituyen hechos nuevos no expuestos en la demanda de tutela, o cuando menos antes de que el estrado convocado se manifestara frente a la misma, situaciones que, por lo tanto, no pudieron ser controvertidas por dicha autoridad, raz\u00f3n por la cual un pronunciamiento de esta instancia frente a las mismas implicar\u00eda la vulneraci\u00f3n del debido proceso y del derecho de defensa de la enjuiciada. <\/p>\n
Sobre el particular la Sala ha indicado que: <\/p>\n
\u2026es cierto que en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores\u2026 Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa (CSJ STC, 15 mar. 2011, rad. 00003-01; ratificada el 5 feb. 2015, rad. STC800) (CSJ STC6999-2016, 27 may. 2016, rad. 2016-00436-01). <\/p>\n
5. En consecuencia, se confirmar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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