STC1818-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
STC1818-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2022-01523-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de marzo dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., primero (1\u00ba) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 9 de agosto de 2022 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 2 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, que neg\u00f3, por improcedente, el amparo reclamado por Haiden Pava Murcia contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Juzgado 15 de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular al Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas de Bogot\u00e1. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor reclam\u00f3 la salvaguarda de su garant\u00eda fundamental al debido proceso. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y de las pruebas allegadas se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El actor fue condenado el 22 de noviembre de 2010 por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Carre\u00f1o, por el delito de homicidio, en concurso heterog\u00e9neo con el de fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico y porte ilegal de armas de fuego, a 168 meses de prisi\u00f3n, la inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas por el mismo lapso y al pago de 20 s.m.l.m.v., por concepto de perjuicios, al tiempo que se le neg\u00f3 la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena y la prisi\u00f3n domiciliaria, decisi\u00f3n que fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de San Gil el 29 de septiembre de 2011. <\/p>\n
2.2. El 15 de febrero de 2021, el Juzgado 15 de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1 neg\u00f3 el beneficio de la libertad condicional solicitado, por no haber acreditado el pago de los perjuicios a los que fue condenado, en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 64 de la Ley 599 de 2000, providencia que fue ratificada el 29 de septiembre de 2021 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, porque no encontr\u00f3 yerro alguno en la norma escogida como favorable a los intereses del condenado y por incumplimiento del pago de los perjuicios a la v\u00edctima o, en su defecto, la demostraci\u00f3n de insolvencia. <\/p>\n
2.3. El 11 de octubre de 2021, el Juzgado 15 de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1 neg\u00f3 la petici\u00f3n de libertad, por la gravedad de las conductas por las que fue condenado y por falta de pago de los perjuicios causados, decisi\u00f3n que fue recurrida en apelaci\u00f3n, tr\u00e1mite concedido el 18 de julio de 2022, siendo radicado ante el Tribunal el 8 de agosto siguiente1. <\/p>\n
2.4. El tutelante cuestiona las determinaciones adoptadas por las autoridades judiciales accionadas, en cuanto negaron su solicitud de libertad condicional, toda vez que, en su sentir, cumpli\u00f3 con \u00abla parte objetiva y subjetiva\u00bb, conforme a lo indicado por la ley, citando para el efecto varios fallos de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, los cuales, seg\u00fan su criterio, para el otorgamiento del referido subrogado, deben estudiarse todos los requisitos legales y no solo la gravedad de la conducta. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 defendi\u00f3 la legalidad de su determinaci\u00f3n y pidi\u00f3 no acceder al amparo invocado. <\/p>\n
2. El Juzgado 15 de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 que su decisi\u00f3n se ajust\u00f3 a derecho, m\u00e1xime teniendo en cuenta que se concedi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n formulado por el sentenciado, para garantizar que el debate se surtiera por la v\u00eda ordinaria. <\/p>\n
3. El Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas de Bogot\u00e1 se\u00f1al\u00f3 que los memoriales radicados en el proceso han sido tramitados oportunamente, por lo que debe ser desvinculado de la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3, por improcedente, el amparo invocado, al encontrar que, frente a los prove\u00eddos del 15 de febrero y del 29 de septiembre de 2021, no se cumpli\u00f3 con el principio de la subsidiariedad, dado que el actor no demostr\u00f3 que hubiera adelantado ante el juez natural el tr\u00e1mite para la declaraci\u00f3n de insolvencia econ\u00f3mica, con el que podr\u00eda aspirar a exonerarse de la obligaci\u00f3n resarcitoria impuesta. En cuanto al auto del 11 de octubre de 2021, dijo que fue apelado por el se\u00f1or Pava Murcia y se encuentra en tr\u00e1mite ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El gestor reiter\u00f3 lo dicho en su escrito inicial y destac\u00f3 que lleva 2 a\u00f1os pidiendo la libertad condicional, pues considera que cumple con \u00abla parte objetiva y subjetiva de la pena\u00bb, dado que est\u00e1 en prisi\u00f3n domiciliaria desde el 2019, tiene arraigo familiar y social y ha cumplido m\u00e1s del 80% de la pena. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
cho impetrado, por error de hehco y derecho, en el exica saldidad a la fecha de <\/p>\n
1. En el sub examine, de lo alegado por el actor se puede inferir que cuestiona los autos del 15 de febrero y del 29 de septiembre de 2021, proferidos por el Juzgado 15 de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1 y por la Sala Penal del Tribunal Superior de la misma ciudad, as\u00ed como el emitido el 11 de octubre de 2021 por dicho Juzgado, providencias que le negaron la libertad condicional. <\/p>\n
2. Al respecto, esta Sala advierte que, en lo atinente a los cuestionamientos dirigidos contra los autos del 15 de febrero y del 29 de septiembre de 2021, la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, en tanto no se cumple con el presupuesto de la inmediatez, dado que a la fecha de presentaci\u00f3n de la tutela -15 de julio de 2022-, se hab\u00eda superado el t\u00e9rmino de seis meses que se ha considerado razonable para promover esta acci\u00f3n2. <\/p>\n
Ahora bien, este t\u00e9rmino puede ampliarse por razones excepcionales que justifiquen la inactividad del tutelante para instaurar la s\u00faplica, como la incapacidad f\u00edsica o la minor\u00eda de edad, entre otras; sin embargo, la Corte Constitucional ha considerado que, en los asuntos referentes a quejas constitucionales contra providencias judiciales, el examen de inmediatez debe ser m\u00e1s estricto, con el fin de no trastocar el principio de seguridad jur\u00eddica, pues \u00abla firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente\u00bb3. Bajo ese contexto, la Sala no evidencia la concurrencia de alguna de las causas que se han se\u00f1alado para conjurar la desidia en la interposici\u00f3n tempestiva de esta especial v\u00eda. <\/p>\n
3. En cuanto a los reproches contra el auto proferido el 11 de octubre de 2021 por el Juzgado 15 de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1, revisado el sistema de consulta de procesos se observa que, como bien lo indic\u00f3 el a quo constitucional, la apelaci\u00f3n instaurada est\u00e1 en curso, pues el asunto fue radicado para tr\u00e1mite ante la Sala Penal del Tribunal Superior de esta ciudad el 8 de agosto de 2022, por lo cual la tutela deviene prematura. <\/p>\n
Lo anterior, porque corresponde al operador judicial natural, en este caso al Tribunal, decidir lo pertinente, sin que pueda acudirse a la tutela, para reclamar un pronunciamiento prematuro y anticipado del juez constitucional, en virtud del car\u00e1cter subsidiario de esta acci\u00f3n (CSJ STC11209-2020). En ese sentido, la Sala ha se\u00f1alado que es apresurado acudir a la acci\u00f3n tutela sin conocer la postura final del examinador natural, pues con ello se desconoce la naturaleza residual de la petici\u00f3n de amparo, dado que es el juez ordinario el llamado a decidir los asuntos de su competencia (CSJ STC5325-2019), de manera que la tutela es improcedente. <\/p>\n
4. Por lo referido, se confirmar\u00e1 el fallo atacado, que neg\u00f3 la salvaguarda propuesta, por improcedente, pero por las razones aqu\u00ed esbozadas. <\/p>\n
<\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Seg\u00fan la informaci\u00f3n verificada en el sistema de consulta de procesos de la Rama Judicial. <\/p>\n
2\u0002 CSJ STC, 29 Abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterada en CSJ STC2283-2022. <\/p>\n
3\u0002 Sentencias CC T-410\/2013 y CC T- 206\/2014. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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