STC1822-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC1822-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 05001-22-03-000-2023-00035-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 8 de febrero de 2023 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, en la tutela que Gerardo Alonso Herrera Hoyos instaur\u00f3 contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de la misma sede, extensiva a la Notaria D\u00e9cima de esa capital y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2021-00308. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, en nombre propio, exigi\u00f3 la protecci\u00f3n de las prerrogativas al \u00abdebido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, para que, i) \u00abse ordene inmediatamente nulidad del auto fechado 25 de enero de 2023\u00bb; ii) \u00abse ordene respetar la jurisdicci\u00f3n perpetua, m\u00e1xime que la sentencia ya est\u00e1 en firme sobre la acci\u00f3n popular\u00bb; iii) \u00abse ordene dejar en firme la sentencia de acci\u00f3n popular 2021 308 00, ya que nunca fue apelada en derecho\u00bb; iv) \u00abse ordene a la procuradora general naci\u00f3n (sic), que se pronuncie de mi tutela y presente recursos en derecho a mi nombre a fin que me garantice art 29 CN, ya que no soy abogado\u00bb. <\/p>\n
En compendio sostuvo que el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Medell\u00edn acogi\u00f3 las pretensiones de la acci\u00f3n popular que le promovi\u00f3 a la Notaria D\u00e9cima de Medell\u00edn y reconoci\u00f3 agencias en derecho a su favor (22 ag. 2022); no obstante, luego, declar\u00f3 la nulidad de lo actuado y envi\u00f3 las diligencias por competencia a los iudex administrativos (25 en. 2023), omitiendo el veredicto que se encontraba en firme. <\/p>\n
2.- El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Medell\u00edn dijo que reconoci\u00f3 la trasgresi\u00f3n de las garant\u00edas colectivas de la poblaci\u00f3n aludida en la Ley 982 de 2005 (22 ag. 2022), pero, en virtud a que la Notar\u00eda demandada pidi\u00f3 la invalidez de lo rituado y el actor guard\u00f3 silencio cuando se le corri\u00f3 traslado de la misma, la decret\u00f3 de oficio \u00abpor falta de jurisdicci\u00f3n\u00bb y envi\u00f3 el sumario al \u00abjuez administrativo\u00bb, en tanto se estaba quebrantando el art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00abpor ser una nulidad insaneable dejando de lado una regla de decisi\u00f3n adoptada por la H. Corte Constitucional, en su calidad de m\u00e1xima autoridad en esa materia, al resolver conflictos de competencia por acciones populares en contra de notarios por la misma presunta vulneraci\u00f3n de derechos colectivos\u00bb. <\/p>\n
La Notaria D\u00e9cima de Medell\u00edn se opuso al resguardo, por cuanto la Corte Constitucional estableci\u00f3 que las \u00abacciones populares\u00bb que se presenten en su contra, deber\u00e1n ser dirimidas por el \u00abJuez Administrativo\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El Tribunal Superior de Medell\u00edn desestim\u00f3 el ruego, porque \u00abno se advierte que con la providencia en cuesti\u00f3n se hubiese incurrido en ninguno de los defectos que hace procedente materialmente el amparo, en tanto se advierte que, bajo el criterio del juez que se avizora razonable, s\u00ed estar\u00eda comprometida la validez de la sentencia y, por tanto, no se estima caprichosa o arbitraria la anulaci\u00f3n de la sentencia y la remisi\u00f3n del expediente, no considera que la decisi\u00f3n del 25 de enero de 2023 hubiese vulnerado los derechos fundamentales del actor popular, por cuanto la decisi\u00f3n est\u00e1 cimentada en un criterio sustentado en consideraciones expuestas por la Corte Constitucional y, en ese escenario, se presentar\u00eda una nulidad insanable respecto a la sentencia debe recordarse que el juez de tutela no debe imponer su criterio, menos cuando el mismo es razonable y sustentado como en el presente caso\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, porque \u00abfrente a la providencia del 25 de enero de 2023 proced\u00eda el recurso de reposici\u00f3n tal y como lo dispone el art\u00edculo 36 de la Ley 472 de 1998; el actor popular pas\u00f3 por alto la interposici\u00f3n de este medio impugnativo\u00bb. <\/p>\n
2.- Recurri\u00f3 el precursor, esgrimiendo que \u00abla reposici\u00f3n no es absoluta y debe ser examinada en cada caso, al punto que se da cuando se advierte la vulneraci\u00f3n, pues de no conceder el amparo se consumar\u00eda un da\u00f1o irreparable, pues aparentemente se incurre en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto y la acci\u00f3n se tramit\u00f3 sim cumplimiento de t\u00e9rminos perentorios de tiempo que le impone la ley 472 de 1998 y por ello pidi\u00f3 se de aplicaci\u00f3n ART 84\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Liminarmente, se anuncia el decaimiento del amparo y, por ende, la convalidaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n de primer grado, por observase una conducta negligente y desidiosa del impulsor, que desperdicio las herramientas con que contaba en el juicio combatido para ventilar el descontento que trae a este escenario especial. <\/p>\n
Se afirma lo anterior, porque no formul\u00f3 reparo alguno frente al auto de 25 de enero de 2023 emitido por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Medell\u00edn, mediante el recurso de reposici\u00f3n que resultaba viable al tenor del canon 36 de la Ley 472 de 1998, dejando fenecer la oportunidad con que contaba para alegar las inconformidades que ahora exhibe en sede tutelar. <\/p>\n
Frente a dicho t\u00f3pico, esta Sala ha reiterado que, <\/p>\n
(\u2026.) el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales, impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria (STC6663-2018, citada en STC6916-2020 y STC13745-2022). <\/p>\n
Ello, en virtud, a que <\/p>\n
(\u2026) [e]ste mecanismo, por lo excepcional, am\u00e9n de su naturaleza subsidiaria, no deviene como un recurso alterno o suplementario y su invocaci\u00f3n resulta leg\u00edtima en la medida en que el afectado no cuente con recursos legales para evitar la vulneraci\u00f3n de la que se duele. Contrario a ello, esto es, si existen tales medios surge inane la utilizaci\u00f3n de la tutela; consecuencia similar emerge cuando el interesado teniendo dichos recursos los ha menospreciado o no ha hecho uso de ellos, dado que en tal hip\u00f3tesis culmina invocando su propia negligencia o incuria, lo que no es permitido y menos a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala (STC7966-2018, STC10541-2018 citada en STC6916-2020 y STC13745-2022). <\/p>\n
2.- En lo que concierne con las aspiraciones del gestor, tendientes a que \u00abse ordene respetar la jurisdicci\u00f3n perpetua, m\u00e1xime que la sentencia ya est\u00e1 en firme sobre la acci\u00f3n popular\u00bb y, \u00abse ordene dejar en firme la sentencia de acci\u00f3n popular 2021 308 00, ya que nunca fue apelada en derecho\u00bb, resultan extra\u00f1as a los fines de este instrumento, cuyo objetivo es conjurar la violaci\u00f3n o amenaza de los privilegios b\u00e1sicos de los ciudadanos, de manera que cualquier otra \u00abpretensi\u00f3n\u00bb le es ajena y, por tanto, no puede salir avante; m\u00e1xime, cuando el \u00abjuez administrativo\u00bb a\u00fan no se ha pronunciado, bien para avocar el conocimiento del asunto o provocar un \u00abconflicto negativo de competencia\u00bb, sin que sea dable al \u00abjuez de tutela\u00bb invadir \u00f3rbitas que no son de su resorte. <\/p>\n
3.- La s\u00faplica de Herrera Hoyos encaminada a que se llame a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n para que \u00abse pronuncie de mi tutela y presente recursos en derecho a mi nombre a fin que me garantice art 29 CN, ya que no soy abogado\u00bb, escapa del \u00e1mbito supralegal, siendo a \u00e9l a quien incumbe formular directamente ante dicho organismo, los pedimentos y\/o inquietudes que aqu\u00ed trae, para que, en el marco de sus funciones analice y emprenda, de ser viables, las gestiones correspondientes (CSJ STC1423-2020 y STC14451-2022). <\/p>\n
4.- Lo expuesto por el quejoso en el escrito de impugnaci\u00f3n, en el sentido que \u00abla acci\u00f3n se tramit\u00f3 sin cumplimiento alguno de t\u00e9rminos perentorios de tiempo que le impone la ley 442 de 1998 y por ello pido se d\u00e9 aplicaci\u00f3n ART 84\u00bb, constituye nuevos hechos de los que no tuvieron conocimiento la primera instancia ni los llamados a este tr\u00e1mite, por tanto, no pueden ser analizados ya que afectar\u00eda \u00abel derecho de defensa\u00bb de quien no tuvo la posibilidad de controvertir concretamente dichos aspectos. <\/p>\n
Esta Magistratura, al respecto, ha esbozado que: <\/p>\n
(\u2026) [E]s cierto que, en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petitta cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores (\u2026). Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corzo cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa (\u2026). STC 10 may. 2011, exp. 00416-01, reiterada STC175-2017, 19 en. 2017, rad. 2016-02054-01, STC8838-2021 y STC10013-2022. <\/p>\n
5.- Ergo, se mantendr\u00e1 inc\u00f3lume la determinaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s \u00e1gil a los interesados y, oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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