STC1826-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC1826-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-00632-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., \u001f\u001f\u001f\u001f\u001fprimero (1) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Sebasti\u00e1n Colorado L\u00f3pez contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, el Consejo Superior de la Judicatura, el Ministerio de la Justicia y el Derecho, y citadas las partes e intervinientes en la acci\u00f3n popular No. 2020-00214-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El accionante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n al derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por el Tribunal accionado. <\/p>\n
Como sustento de su petici\u00f3n, dijo que \u00abEl MAGISTRADO TUTELADO INAPLICA art 29 CN, y desconoce la jurisdicci\u00f3n perpetua, manifestando que de cumplirse los t\u00e9rminos perentorios de tiempo que le impone la ley 472 de 1998, habr\u00eda fallado la acci\u00f3n sin reparo alguno en derecho, sin embargo, nunca cumple t\u00e9rminos perentorios de tiempo que le impone la ley 472 de 1998, y nunca se da aplicaci\u00f3n art 84 ley 472 de 1998 como hoy lo pido nuevamente\u00bb. <\/p>\n
2. Por lo anterior solicit\u00f3, se ordene: \u00abi) al magistrado tutelado aporte constancia secretarial de todas las etapas procesales realizadas, consignando dia, mes y a\u00f1o a fin de pedir aplicaci\u00f3n art 84 ley 472 de 1998. <\/p>\n
ii) fallar inmediatamente sin desconocer jurisdicci\u00f3n perpetua, <\/p>\n
iii) CUMPLIR LOS T\u00c9RMINOS PERENTORIOS DE TIEMPO PARA TRAMITAR LA ACCI\u00d3N POPULAR QUE LE IMPONE LA LEY 472 DE 1998 Y SE DE APLICACI\u00d3N DEL ART 84 LEY 472 DE 1998 AL DILATAR EL TR\u00c1MITE CONSTITUCIONAL, POR MESES, <\/p>\n
iv) AL CONSEJO SUPERIOR JUDICATURA, SALA DISCIPLINARIA que aporte copia de todas las quejas presentadas en acciones populares contra el acciono hoy, y consigne las resultas de todas y cada una de ellas, a fin de probar que la vulneraci\u00f3n es sistem\u00e1tica por el tutelado, y <\/p>\n
3. Una vez asumido su conocimiento, se admiti\u00f3 la tutela, y orden\u00f3 el traslado a los involucrados, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en el asunto para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
<\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y Regional de instrucci\u00f3n Risaralda, contestaron que en la acci\u00f3n popular no se trata de un asunto en el que sea obligatoria su intervenci\u00f3n como \u00f3rgano de control, y agreg\u00f3 que no puede ejercer un derecho de postulaci\u00f3n a favor de un ciudadano particular cuando la constituci\u00f3n pol\u00edtica no lo exige. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Unidad de Desarrollo y An\u00e1lisis Estad\u00edstico del Consejo Superior de la Judicatura, pidi\u00f3 se niegue la tutela porque no se evidencia que la entidad haya actuado de manera arbitraria o caprichosa, adem\u00e1s el accionante cuenta con otros mecanismos ordinarios de defensa para obtener la protecci\u00f3n al derecho al debido proceso. <\/p>\n
3. Al momento de presentar el proyecto de sentencia, no se hab\u00edan recibido pronunciamientos del accionado e intervinientes. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Revisado el enlace que contiene la acci\u00f3n popular No. 001-2020-00214-00 promovida por Sebasti\u00e1n Colorado contra la Notar\u00eda \u00danica del C\u00edrculo de Quinch\u00eda -Risaralda, se observa que el Tribunal cuestionado en auto de 23 de noviembre de 2022, dispuso admitir el recurso de apelaci\u00f3n y orden\u00f3 correr el t\u00e9rmino de traslado del art\u00edculo 12 del Decreto 2213 de 2022. <\/p>\n
1.1 En providencia de 18 de enero de 2023 efectu\u00f3 control de legalidad, y resolvi\u00f3, i) declarar la falta de jurisdicci\u00f3n para seguir conociendo del asunto, ii) decretar la nulidad de lo actuado en segunda instancia y de la sentencia proferida el 6 de julio de 2022 por el a-quo, y iii) remitir el expediente a los Juzgados Administrativos de Pereira, por conducto de la Oficina de Reparto. <\/p>\n
Para arribar a esa conclusi\u00f3n explic\u00f3 que, <\/p>\n
[P]ara la Corte, la adecuaci\u00f3n de la infraestructura y los ajustes razonables que permiten el acceso efectivo de las personas en situaci\u00f3n de discapacidad a la funci\u00f3n notarial no es un asunto que se limita a las reparaciones locativas que debe efectuar un particular en un inmueble privado. Por el contrario, este tipo de modificaciones se relaciona con el servicio que prestan los notarios en el desarrollo de la funci\u00f3n p\u00fablica que les fue delegada. De este modo, las adecuaciones y ajustes necesarios para que las personas en situaci\u00f3n de discapacidad puedan acceder a los servicios notariales previstos en el art\u00edculo 3\u00b0 del Decreto 960 de 1970 se vinculan estrechamente con el desempe\u00f1o de dicha funci\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, se trata del desarrollo de la obligaci\u00f3n, tanto de servidores p\u00fablicos como de los particulares en ejercicio de funciones p\u00fablicas, de proveer a estos sujetos de especial protecci\u00f3n (incluidas las personas sordas y sordociegas) el acceso a la edificaci\u00f3n y las condiciones de posibilidad en las que se prestan los servicios notariales. Adicionalmente, el incumplimiento de las obligaciones asociadas a la accesibilidad dificulta el acceso efectivo al servicio p\u00fablico que prestan los notarios, en aquello que constituye una funci\u00f3n administrativa. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que esa postura fue reiterada por esa Corporaci\u00f3n en auto 1212 de 2022, en el que insisti\u00f3 que la competencia para conocer de un asunto relacionado con una notar\u00eda, espec\u00edficamente rampas para el acceso al establecimiento, radica en cabeza de la jurisdicci\u00f3n administrativa. <\/p>\n
Finalmente dijo que, ese criterio fue acogido por el Tribunal, pues ofrece una mayor claridad sobre los aspectos que hacen parte integral del acceso a la funci\u00f3n notarial, porque integran las cuestiones de log\u00edstica con lo administrativo, como deb\u00eda ser, y acorde con lo dispuesto en el art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, la falta de jurisdicci\u00f3n era improrrogable, motivo por el cual correspond\u00eda declarar la nulidad de lo actuado en esa instancia. <\/p>\n
2. As\u00ed las cosas, advierte la Sala que la solicitud de amparo es improcedente, como quiera que, ante la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n dispuesta por el Tribunal accionado; providencia que es motivo de reproche por parte del accionante, resulta prematuro implorar cualquier tipo de pronunciamiento al respecto, hasta tanto no sea revisada la actuaci\u00f3n por el juez administrativo, quien eventualmente podr\u00eda plantear el conflicto de competencia como lo dispone el art\u00edculo 139 del C\u00f3digo General del Proceso, o asumir el conocimiento para desatar la instancia. <\/p>\n
Por tanto, la solicitud para que se garantice el debido proceso, y se ordene al Tribunal resolver inmediatamente el recurso de apelaci\u00f3n no son procedentes, toda vez que esa decisi\u00f3n debe ser emitida por el juez natural; y no puede acudir a este mecanismo excepcional pues no \u00able es dable reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, (\u2026) por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) pues, reit\u00e9rese, no es este un t del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley\u00bb (Ver CSJ. STC, 14 ene. 2003, rad. 23023, reiterada en STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citada en STC6853-2018, STC10863-2020, STC10225-2021, STC12874-2021, STC784-2022, STC2296-2022, STC6013-2022 y, STC-9285-2022, STC11069-2022 entre otras). <\/p>\n
Y, si lo anterior, no fuera suficiente, tampoco se advierte la amenaza al derecho fundamental al \u00abdebido proceso\u00bb, porque en la acci\u00f3n popular la sentencia neg\u00f3 las pretensiones del demandante por la inexistencia de la vulneraci\u00f3n a derechos e intereses colectivos, y el \u00fanico motivo de apelaci\u00f3n del accionante, no es obtener una sentencia favorable para la comunidad de persona a nombre de quien act\u00faan, ya que su inconformidad solo se refiera a aspectos netamente econ\u00f3micos, como lo es, obtener en su favor una condena en costas en primera y segunda instancia. <\/p>\n
3. En cuanto a la petici\u00f3n encaminada a que se ordene a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y al Ministerio de la Justicia y el Derecho, \u00abpresentar acciones legales a mi nombre\u00bb, tambi\u00e9n es improcedente, porque las citadas autoridades no tienen asignadas funciones de representaci\u00f3n judicial del actor popular. <\/p>\n
4. Por \u00faltimo, en relaci\u00f3n con el requerimiento dirigido al Consejo Superior de la Judicatura, se advierte que el mismo escapa al \u00e1mbito de protecci\u00f3n del amparo constitucional, y no se evidencia que el actor acudiera de manera directa ante dicha autoridad para reclamar lo que aqu\u00ed pretende. <\/p>\n
5. En consecuencia, se declarar\u00e1 improcedente el amparo implorado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve Declarar improcedente la tutela promovida por Sebasti\u00e1n Colorado L\u00f3pez contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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