STC1827-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC1827-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-02632-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 24 de enero de 2023 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesant\u00edas Porvenir S.A. le instaur\u00f3 a la Sala n\u00b0 3 de Descongesti\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, extensiva al Tribunal Superior y al Juzgado Segundo Laboral del Circuito, ambos del Distrito Judicial de Pasto, y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2018-00216. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista, a trav\u00e9s de su representante legal judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia e igualdad\u00bb, para que se dejara sin efectos \u00abla sentencia de fecha 22 de junio de 2022\u00bb y, en consecuencia, se ordenara a la Magistratura accionada \u00abemitir nueva providencia acatando el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional en sentencia de unificaci\u00f3n SU-313 de 2020 y confirmada (\u2026) en sentencia T- 045\/22\u00bb, en el litigio de la referencia. <\/p>\n
\u00abPRIMERO: DECLARAR que la demandante MAR\u00cdA MERCEDES GUERRERO DELGADO (\u2026), tiene derecho al reconocimiento de la pensi\u00f3n de invalidez de origen com\u00fan causada a partir del 16 de octubre de 2003 y disfrute desde el 1 de enero de 2018, de conformidad a la parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
SEGUNDO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES \u2013 COLPENSIONES (\u2026), a pagar dentro de los 6 d\u00edas siguientes a la ejecutoria de esta providencia la pensi\u00f3n de invalidez de origen com\u00fan a que tiene derecho Mar\u00eda Mercedes Guerrero Delgado, de anotaciones civiles ya expuestas, a partir del 1 de enero de 2018, con todos los derechos que tal situaci\u00f3n comporta, incluidos los reajustes de ley, as\u00ed como las mesadas adicionales de cada anualidad, lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el art\u00edculo 44 de la Ley 100 de 1993. En consecuencia, la condena por el valor total indexado de las mesadas comprendidas entre el 1 de enero de 2018 y el mes de octubre de 2019 es igual a la cantidad de $20.584.247,53. A partir del mes de noviembre de 2019, la mesada pensional ser\u00e1 equivalente a $828.116 y de all\u00ed en adelante con los ajustes de rigor. La administradora antes se\u00f1alada se encuentra habilitada para deducir el porcentaje legal con destino al Sistema de Seguridad Social en Salud de la demandante. <\/p>\n
TERCERO: ORDENAR a la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANT\u00cdAS PORVENIR SA (\u2026), para que dentro de los 6 d\u00edas siguientes a la ejecutoria de esta sentencia traslade los valores percibidos a nombre de Mar\u00eda Mercedes Guerrero Delgado, de notas civiles rese\u00f1adas, las cotizaciones, bonos pensionales, si hubiere lugar a ellos, con los frutos, intereses o rendimientos correspondientes a las cotizaciones efectuadas por la demandante con anterioridad al 16 de octubre de 2003, inclusive, a favor de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES \u2013 COLPENSIONES (\u2026), quien por esta decisi\u00f3n se encuentra obligada a percibir las cantidades de dinero por los conceptos ya se\u00f1alados, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
CUARTO: ABSOLVER a la accionada PORVENIR SA de las pretensiones principales de la demanda, por lo antes expuesto. <\/p>\n
QUINTO: ABSOLVER a la accionada COLPENSIONES de la restante pretensi\u00f3n de la demanda, por lo antes expuesto\u2026\u00bb. (1\u00b0 nov. 2019). <\/p>\n
Indic\u00f3 que dicha decisi\u00f3n fue apelada por la demandante y Colpensiones, remedio que el Superior dirimi\u00f3 junto con el grado jurisdiccional de consulta que proced\u00eda, as\u00ed: <\/p>\n
\u00abPRIMERO: MODIFICAR EL NUMERAL SEGUNDO de la parte resolutiva de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pasto, dentro de la audiencia p\u00fablica llevada a cabo el 1 de noviembre de 2019 objeto del grado jurisdiccional de consulta y de apelaci\u00f3n, de conformidad con los razonamientos jur\u00eddicos expuestos en la parte motiva de esta decisi\u00f3n, el cual quedar\u00e1 de la siguiente forma: <\/p>\n
\u201cSEGUNDO: CONDENAR a PORVENIR SA a pagar a favor de la demandante MAR\u00cdA MERCEDES GUERRERO DELGADO la pensi\u00f3n de invalidez por riesgo com\u00fan, a partir del 1 de enero de 2018 y en adelante, con los incrementos a que haya lugar, en raz\u00f3n de 14 mesadas anuales, las que en ning\u00fan caso podr\u00e1n ser inferiores al salario m\u00ednimo legal mensual vigente, previos los descuentos que por concepto de salud se hagan en favor de la demandante. En consecuencia, Porvenir SA debe pagar en favor de la demandante MAR\u00cdA MERCEDES GUERRERO DELGADO las mesadas pensionales causadas desde el 1 de junio de 2018 hasta el 31 de octubre de 2019, retroactivo que indexado asciende a la suma de $16.512.935 sin perjuicio de las que se sigan causando, monto del cual se autorizar\u00e1 a PORVENIR SA a efectuar el descuento que corresponda con destino al sistema integral de seguridad social en salud\u201d. <\/p>\n
SEGUNDO: REVOCAR EL NUMERAL TERCERO de la parte resolutiva de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pasto, dentro de la audiencia p\u00fablica llevada a cabo el 1 de noviembre de 2019, objeto del grado jurisdiccional de consulta y de apelaci\u00f3n de conformidad con los razonamientos jur\u00eddicos expuestos en la parte motiva de esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
TERCERO: MODIFICAR LOS NUMERALES CUARTO, QUINTO, SEXTO Y S\u00c9PTIMO de la parte resolutiva de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pasto, dentro de la audiencia p\u00fablica llevada a cabo el 1 de noviembre de 2019, objeto del grado jurisdiccional de consulta y de apelaci\u00f3n de conformidad con los razonamientos jur\u00eddicos expuestos en la parte motiva de esta decisi\u00f3n, los cuales quedar\u00e1n de la siguiente forma: <\/p>\n
\u201cCUARTO: ABSOLVER a PORVENIR SA de las dem\u00e1s pretensiones incoadas por la demandante. <\/p>\n
QUINTO: ABSOLVER a COLPENSIONES de todas las pretensiones formuladas por la demandante (\u2026). <\/p>\n
S\u00c9PTIMO: CONDENAR en costas a PORVENIR SA y en favor de la parte demandante. Se fijan como agencias en derecho la suma de $1.656.232, liqu\u00eddense en la forma ordenada por el CGP.\u201d. <\/p>\n
CUARTO: CONFIRMAR en lo restante la sentencia proferida dentro del presente proceso, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pasto, el 1 de noviembre de 2019 objeto del grado jurisdiccional de consulta y de apelaci\u00f3n, conforme se expuso\u2026\u00bb (29 may. 2020). <\/p>\n
Asever\u00f3 que al rebatir dicha directriz a trav\u00e9s del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, la Corporaci\u00f3n acusada no la quebr\u00f3 (SL2092-2022, 22 jun.), tras incurrir en \u00abdesconocimiento del precedente\u00bb, en la medida que ignor\u00f3 la regla interpretativa consignada en los \u00abfallos SU-313 de 2020 y T-045 de 2022\u00bb, referente a que \u00ab[e]l R\u00e9gimen responsable por el pago de una pensi\u00f3n de invalidez, ser\u00e1 aquel en donde estaba afiliado un ciudadano para el momento en que se estructur\u00f3 su PCL. La fecha de estructuraci\u00f3n ser\u00e1 el elemento que resuelva cualquier conflicto de competencias que se suscite entre administradoras del RAIS y del RPM\u00bb. <\/p>\n
2.- La Sala n\u00b0 3 de Descongesti\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral se opuso al auxilio, porque \u00ablos motivos de la decisi\u00f3n [cuestionada] se encuentran ajustados al derecho constitucional del debido proceso, a las reglas procedimentales generales y especiales que son de obligatorio cumplimiento para esta jurisdicci\u00f3n y al precedente jurisprudencial que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Estatutaria 1781 de 2016, el Acuerdo 980 de 2017 y la sentencia CC C-154-2016, debe ser respetado por esta Sala de Descongesti\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
El Tribunal de Pasto defendi\u00f3 la legalidad de su proceder. <\/p>\n
El P.A.R.I.S.S. pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, \u00abtoda vez que, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2011 de 28 de septiembre de 2012, COLPENSIONES debe resolver las solicitudes de reconocimiento de derechos pensionales, incluyendo aquellas que, habiendo sido presentadas ante el ISS, no se hubieren resuelto a la entrada en vigencia del citado Decreto\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el ruego, porque \u00abla autoridad judicial accionada actu\u00f3 en derecho, y la acci\u00f3n de amparo constitucional, solo se fundamenta en las discrepancias de criterios frente a interpretaciones normativas o valoraciones probatorias realizadas por el juez natural en el proceso de referencia\u00bb. <\/p>\n
2.- Replic\u00f3 la gestora iterando los raciocinios inaugurales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De la evidencia allegada al plenario, muy pronto se anuncia que la salvaguarda no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad y, por ende, la convalidaci\u00f3n de lo resuelto en primera fase, porque el pronunciamiento refutado no fue producto de criterios subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento jur\u00eddico o de la realidad procesal. <\/p>\n
2.- En efecto, al escrutar el veredicto de la Sala n\u00b0 3 de Descongesti\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, se aprecia que \u00e9sta realiz\u00f3 un sensato estudio de las disposiciones que disciplinan el asunto con apoyo en la jurisprudencia vinculante al caso, de las cuales concluy\u00f3 en paralelo con los medios de convicci\u00f3n arrimados al pleito, que el ad quem no se equivoc\u00f3 en \u00abCONDENAR a PORVENIR S.A. a pagar a favor de la demandante MAR\u00cdA MERCEDES GUERRERO DELGADO la pensi\u00f3n de invalidez por riesgo com\u00fan, a partir del 1 de enero de 2018 y en adelante, con los incrementos a que haya lugar, en raz\u00f3n de 14 mesadas anuales\u00bb y, por ende, un \u00abretroactivo que indexado asciende a la suma de $16.512.935 sin perjuicio de las que se sigan causando\u00bb, toda vez que no se demostr\u00f3 el yerro enrostrado a aquel. <\/p>\n
Para arribar a dicha inferencia, comenz\u00f3 por acotar, dada la v\u00eda escogida en el \u00fanico cargo planteado (directa), que: <\/p>\n
(\u2026) no existe controversia en torno a los siguientes supuestos f\u00e1cticos: i) que la demandante es beneficiaria de la pensi\u00f3n de invalidez por tener una p\u00e9rdida de la capacidad laboral del 74.22%; ii) que la fecha de estructuraci\u00f3n fue el 16 de octubre de 2003 y su calificaci\u00f3n por la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez lo fue el 3 de mayo de 2017; iii) que Guerrero Delgado estuvo vinculada al r\u00e9gimen de prima media con prestaci\u00f3n definida del 2 de abril de 1990 al 31 de diciembre de 2005; iv) que se traslad\u00f3 v\u00e1lidamente al r\u00e9gimen de ahorro individual con solidaridad a partir del 1 de enero de 2006 en el que realiz\u00f3 aportes hasta el mes de agosto de 2017 y, v) que por haber estado incapacitada hasta el 31 de diciembre de 2017, el pago de la prestaci\u00f3n pensional procede desde el 1 de enero de 2018. <\/p>\n
Luego, memor\u00f3 el argumento central del fallador de segundo grado y el cimiento del embate, seg\u00fan sigue: <\/p>\n
El fundamento del Tribunal para revocar la decisi\u00f3n de primer grado, consisti\u00f3 en que la demandante no obstante haber estado vinculada al r\u00e9gimen de prima media, solicit\u00f3 el traslado al de ahorro individual, el que fue aceptado sin que se presentara reparo sobre la validez del mismo, por lo que, <\/p>\n
\u201c[\u2026] solo hasta la fecha en que se efect\u00fao la calificaci\u00f3n se hizo exigible la obligaci\u00f3n, por lo tanto no resulta acertado que sea Colpensiones a quien se le impute una obligaci\u00f3n que no le era exigible, pues se reitera, solo lo fue con la calificaci\u00f3n adelantada en el a\u00f1o 2016 (sic), en consecuencia, es Porvenir SA como \u00faltimo fondo administrador de pensiones al que se encontraba afiliada la actora a quien le corresponde asumir el reconocimiento de la pensi\u00f3n de invalidez (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Por su parte, la censura controvierte la decisi\u00f3n de segunda instancia para lo cual sostiene que como la demandante a la fecha de la estructuraci\u00f3n del estado de invalidez, esto es, el 16 de octubre de 2003, se encontraba aun vinculada al r\u00e9gimen de prima media con prestaci\u00f3n definida, es Colpensiones la encargada de reconocer el derecho reclamado, pues Mar\u00eda Mercedes Guerrero Delgado se traslad\u00f3 al de ahorro individual con solidaridad tiempo despu\u00e9s de que se invalidara, sin que el hecho de que el cambio de r\u00e9gimen constituyera raz\u00f3n suficiente para que Porvenir SA asumiera el pago de la pensi\u00f3n reclamada. <\/p>\n
Premisas a partir de las cuales, apreci\u00f3 \u00abestablecer si err\u00f3 el ad quem al condenar a Porvenir SA a pagar la prestaci\u00f3n pensional de invalidez reclamada a partir del 1 de enero de 2018, d\u00eda siguiente al del vencimiento de las incapacidades a ella concedidas, no obstante que la fecha de estructuraci\u00f3n del estado se remonta al momento en que se encontraba afiliada a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones\u00bb, problema jur\u00eddico que solvent\u00f3 bajo los t\u00e9rminos que a continuaci\u00f3n se extraen: <\/p>\n
El asunto que se somete a escrutinio de la Sala fue recientemente analizado por esta Corporaci\u00f3n, en sentencia CSJ SL1397-2022 que rememor\u00f3 la CSJ SL5183-2021, en la que se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
<\/p>\n
1. An\u00e1lisis del art\u00edculo 42 del Decreto 1406 de 1999 <\/p>\n
La norma en menci\u00f3n establece: <\/p>\n
Ahora, el Tribunal aludi\u00f3 al citado art\u00edculo 42 del Decreto 1406 de 1999, compilado por el art\u00edculo 3.2.1.12 del Decreto 780 de 2016, que consagra que validada la afiliaci\u00f3n pensional y una vez cobre plenos efectos de ley en los t\u00e9rminos all\u00ed se\u00f1alados, surge para el nuevo ente administrador la obligaci\u00f3n de reconocer las prestaciones econ\u00f3micas que correspondan. <\/p>\n
Para la Sala, es razonable acudir a esa regla general de competencia en el reconocimiento de las prestaciones econ\u00f3micas del sistema pensional, pues este precepto concuerda con el imperativo de eficiencia del sistema, toda vez que: (i) pretende evitar los conflictos entre entidades administradoras y la tardanza que esto puede generar en el reconocimiento de las prestaciones respectivas, as\u00ed como (ii) retornos a reg\u00edmenes pensionales antiguos sin justificaci\u00f3n legal. <\/p>\n
Este \u00faltimo aspecto es relevante, pues imponerle el reconocimiento pensional al fondo antiguo o al que estaba vinculado el afiliado cuando la invalidez se estructur\u00f3 y se caus\u00f3 la pensi\u00f3n que ampara el riesgo, y no al fondo nuevo o en el que la situaci\u00f3n de invalidez se declar\u00f3 formalmente, implica la anulaci\u00f3n de la decisi\u00f3n libre y voluntaria de la persona en torno a permanecer en un r\u00e9gimen de pensiones determinado, lo que no puede ser desconocido por circunstancias no previstas en la ley y que tampoco les son atribuibles a los afiliados (CSJ SL5183-2021). <\/p>\n
Y, a rengl\u00f3n seguido en la misma providencia, se indic\u00f3: <\/p>\n
\u201cEn esa perspectiva, tal como lo adujera el ad quem, si una persona en situaci\u00f3n de invalidez se traslada a un r\u00e9gimen pensional y en el decurso de la afiliaci\u00f3n se declara formalmente el riesgo, se entiende que el fondo que administra la afiliaci\u00f3n cuenta con el respaldo financiero para responder por la prestaci\u00f3n que corresponda, incluso si la estructuraci\u00f3n del riesgo y la causaci\u00f3n del derecho pensional ocurre en una afiliaci\u00f3n anterior, puesto que la declaraci\u00f3n del mismo es la que hace surgir el derecho. <\/p>\n
Y es que el afiliado no puede quedar sometido a que se determine el momento de causaci\u00f3n del derecho pensional a fin de tener claridad acerca de si permanece en un ente pensional o se anula su afiliaci\u00f3n, escenario que, sin duda, atentar\u00eda contra la referida garant\u00eda m\u00ednima de elegir y permanecer en un fondo o r\u00e9gimen pensional. <\/p>\n
Entonces, a juicio de la Corte, es la declaraci\u00f3n formal y en firme de la situaci\u00f3n de invalidez, bien sea en sede administrativa o, si se demanda, ante la jurisdicci\u00f3n ordina laboral, lo que marca el aseguramiento y la entidad responsable de la obligaci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed tambi\u00e9n lo establece, espec\u00edficamente para las pensiones de invalidez del RAIS, el art\u00edculo 6.\u00ba del Decreto 1889 de 1994 – compilado por el art\u00edculo 2.2.5.8.1 del Decreto 1833 de 2016-, al se\u00f1alar que el capital necesario es el valor actual esperado de la pensi\u00f3n de referencia de invalidez que se genere desde el \u00abmomento en que el dictamen de invalidez quede en firme, y hasta la extinci\u00f3n del derecho a la pensi\u00f3n en su favor\u00bb. <\/p>\n
Cabe destacar que esta unidad de procedimientos y prestaciones econ\u00f3micas ya ha sido analizada por la Corte en otras esferas. Por ejemplo, en materia de riesgos laborales, es la administradora en la que el afiliado requiera la prestaci\u00f3n por enfermedad laboral la que debe realizar el reconocimiento respectivo, es decir, el \u00faltimo ente asegurador. Ello, pese a que la exposici\u00f3n del riesgo ocurra durante la afiliaci\u00f3n a diferentes administradoras e incluso cuando las contingencias sean de diverso orden -comunes y laborales-. Y como en esta situaci\u00f3n no existe traslado de recursos financieros, se prev\u00e9 la posibilidad de repetir proporcionalmente el valor pagado – art\u00edculo 1.\u00ba par\u00e1grafo 2.\u00ba de la Ley 776 de 2002, CSJ SL, 24 jun. 2012, rad. 38614. <\/p>\n
As\u00ed, el reconocimiento prestacional est\u00e1 al margen de que en su formaci\u00f3n existan hechos que vinculen a administradoras anteriores. Se garantiza una unidad prestacional y de articulaci\u00f3n de procedimientos y recursos, a fin de evitar tardanzas y tr\u00e1mites innecesarios en la protecci\u00f3n de las contingencias -art\u00edculo 2.\u00ba de la Ley 100 de 1993. <\/p>\n
Con base en ese derrotero, concluy\u00f3: <\/p>\n
De conformidad con el precedente jurisprudencial citado, se tiene que como la demandante se traslad\u00f3 v\u00e1lidamente de r\u00e9gimen pensional el 1 de noviembre de 2005 y se hizo efectivo el 1 de enero 2006 y, en vigencia de esta afiliaci\u00f3n a la AFP Porvenir SA, se concret\u00f3 y se conoci\u00f3 el dictamen de la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez de Pasto que determin\u00f3 su situaci\u00f3n de invalidez – 3 de mayo de 2017-, no se trat\u00f3 de un hecho acaecido o que exist\u00eda al momento del cambio de r\u00e9gimen por lo que la solicitud de reconocimiento pensional se dio cuando ya estaba afiliada a Porvenir SA, lo que conlleva a que sea \u00e9sta a quien le corresponda su pago, por lo que, ning\u00fan yerro jur\u00eddico cometi\u00f3 el Tribunal en la decisi\u00f3n impugnada en sede extraordinaria. (CSJ SL2092-2022). <\/p>\n
3.- As\u00ed las cosas, no cabe duda de que el iudex plural criticado, al no desautorizar lo que defini\u00f3 el Tribunal de Pasto, lo hizo con fundamento en la \u00abnormatividad\u00bb y la \u00abjurisprudencia\u00bb relacionada con el t\u00f3pico tratado, destacando las razones de \u00edndole \u00abjur\u00eddico\u00bb por las cuales no es factible conceder lo implorado, sin que pueda darse por cierto el \u00abdesconocimiento del precedente\u00bb denunciado, comoquiera que, si bien en la \u00absentencia\u00bb SL5183-2021 que transcribi\u00f3 no est\u00e1n expuestas las razones para apartarse de la ratio decidendi de la SU-313 de 2020, si aparecen exhibidas en la SL1397-2022, que cit\u00f3 y reiter\u00f3 aquella. <\/p>\n
Por consiguiente, para la Corte no emerge defecto alguno que estructure una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como busca la querellante, quien aspira imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la controversia, sin que tal designio acompase con la finalidad de la v\u00eda superlativa, cuyo objetivo no es servir de tercera \u00abinstancia\u00bb con el fin de discutir los argumentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos de la \u00abautoridad judicial\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, Rad. 00829-00; reiterada, entre otras, en STC055-2023 y STC376-2023). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s \u00e1gil y, oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC1827-2023 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC1827-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-02632-01 (Aprobado en Sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 24 de enero de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-71555","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71555","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71555"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71555\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71555"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71555"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71555"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}