STC1831-2023<\/p>\n
<\/p>\n
F <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1831-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 50001-22-14-000-2023-00005-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
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Bogot\u00e1 D.C., primero (1\u00ba) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el Acuerdo n\u00b0 034 de 16 de diciembre de 2020 de esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos destinados a proteger la intimidad y bienestar de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en providencia paralela a esta los nombres de las partes involucradas en el presente asunto ser\u00e1n reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgaci\u00f3n real de sus datos. <\/p>\n
Advertido lo anterior, se dirimen las impugnaciones que promovieron, de un lado, Marcela Patricia L\u00f3pez Jaramillo, en calidad de Procuradora 24 Judicial para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la adolescencia y la Familia con funciones en Villavicencio, y de otro, Laura Mar\u00eda Pardo Aguirre quien act\u00faa en representaci\u00f3n de su sobrina Lucy Mar\u00eda Pardo Delgado contra el fallo de 26 de enero de 2023, proferido por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio en la acci\u00f3n de tutela que esta \u00faltima instaur\u00f3 contra el Juzgado 4\u00ba de Familia de la misma ciudad, extensiva a las autoridades, partes e intervinientes en el proceso de homologaci\u00f3n No. 500013110004 2022 00368 00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La gestora pretende que se deje sin valor y efecto todo lo actuado en el proceso de homologaci\u00f3n en comento, para que, en su lugar, se ordene al Juzgado 4\u00ba de Familia de esa ciudad que rehaga la actuaci\u00f3n con el fin que d\u00e9 prevalencia al inter\u00e9s superior de la menor y garantice el debido proceso de ella y de su cuidadora. <\/p>\n
En sustento indic\u00f3 que es t\u00eda de la menor cuyos derechos agencia. Precis\u00f3 que, mediante el proceso administrativo de restablecimiento de derechos, la Comisar\u00eda 1\u00ba de Familia Villavicencio le entreg\u00f3 la custodia temporal de la ni\u00f1a mencionada (13 septiembre 2022) en raz\u00f3n a la inestabilidad emocional, psicol\u00f3gica y psiqui\u00e1trica de la madre, lo que puso en riesgo la vida de la infante, habida cuenta que ella amenaz\u00f3 con lanzarla desde el balc\u00f3n de su casa si el padre de la menor, hermano de la que accionante, no regresaba con ella. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que ante dicha determinaci\u00f3n, la madre de la menor promovi\u00f3 acci\u00f3n de homologaci\u00f3n, asunto que le correspondi\u00f3 al Juzgado 4 de Familia de Villavicencio. En dicho tr\u00e1mite, seg\u00fan la actora, la madre indujo a error a la Juez, pues falt\u00f3 a la verdad al decir que no pudo participar en el proceso administrativo que se adelant\u00f3. Se\u00f1al\u00f3 tambi\u00e9n que no fue vinculada al proceso de homologaci\u00f3n pese a tener la custodia temporal de la ni\u00f1a, proceder con el cual se lesionaron los derechos de la menor y sus garant\u00edas de debido proceso y acceso a la justicia. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado 4\u00ba de Familia de Villavicencio inform\u00f3 que mediante auto del 14 de octubre de 2022 le orden\u00f3 a la Comisar\u00eda 1\u00ba de Villavicencio que, en el t\u00e9rmino de dos d\u00edas, allegara el expediente completo del proceso administrativo de restablecimiento de derechos adelantado en favor de la menor mencionada. Precis\u00f3 que, ante el incumplimiento de la autoridad administrativa, decidi\u00f3 de fondo el asunto con los documentos aportados y en consecuencia dispuso no homologar la decisi\u00f3n proferida por la Comisar\u00eda de Familia. Se\u00f1al\u00f3 que el art\u00edculo 100 del C\u00f3digo de la Infancia y Adolescencia no estableci\u00f3 que dentro de ese tr\u00e1mite de homologaci\u00f3n deb\u00eda vincularse a persona determinada, toda vez que no se trata de una acci\u00f3n constitucional, sino que es un tr\u00e1mite regulado por la ley 1098 de 2006. <\/p>\n
La Defensora de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar designada para los diferentes Juzgados de Familia de Villavicencio adujo que el Juzgado accionado no vulner\u00f3 el derecho al debido proceso de Laura Pardo y de la menor a la que representa. <\/p>\n
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar \u2013 Regional Meta solicit\u00f3 que se declare improcedente el amparo solicitado respecto de la entidad por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva; adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 que no ha vulnerado derecho fundamental alguno a la accionante. <\/p>\n
el Juzgado err\u00f3 al no tener en cuenta los yerros advertidos que viciaron de nulidad la decisi\u00f3n de la Comisar\u00eda de Familia. <\/p>\n
3. La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Villavicencio neg\u00f3 el resguardo por considerar que el Juzgado accionado no incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho, toda vez que la autoridad judicial \u00abno resolvi\u00f3 a quien correspond\u00eda el cuidado de ASND, ni tampoco modific\u00f3 la declaratoria de vulneraci\u00f3n de los derechos de la menor, la decisi\u00f3n se enfoc\u00f3 en permitirle a las partes aportar las pruebas necesarias para que la decisi\u00f3n de la Comisar\u00eda estuviera debidamente fundamentada\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
4. La gestora impugn\u00f3. Reiter\u00f3 los argumentos aducidos en el escrito de tutela; adem\u00e1s, insisti\u00f3 en que el Juzgado accionado no valor\u00f3 \u00edntegramente las pruebas, lo que le impidi\u00f3 advertir la inestabilidad emocional de la madre de la menor, la amenaza que representa para su vida y el uso que ella ha hecho de maniobras jur\u00eddicas para evadir su responsabilidad, como denunciar falsamente al padre de la menor. <\/p>\n
La Procuradora 24 Judicial II para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia tambi\u00e9n impugn\u00f3. Se\u00f1al\u00f3 que si la autoridad judicial accionada advirti\u00f3 la configuraci\u00f3n de una nulidad, debi\u00f3 decretarla, para que una vez fuera superada la misma, resolviera sobre la homologaci\u00f3n, o en su defecto, en caso de que la autoridad administrativa estuviera dentro de los 6 meses para decidir, al no homologar la decisi\u00f3n, debi\u00f3 remitir las diligencias a la autoridad administrativa para que resolviera las irregularidades sin que pudiera definir de fondo el asunto, para lo cual debi\u00f3 atender lo previsto en el par\u00e1grafo 2\u00ba del art\u00edculo 100 de la ley 1098 de 2006. <\/p>\n
En suma, se\u00f1al\u00f3 que \u00abpreocupa que el Juzgado accionado decidir\u00e1 (sic) no homologar la decisi\u00f3n de la Comisar\u00eda de Familia por la afectaci\u00f3n de las garant\u00edas procesales de las partes y ordenara a la autoridad a la autoridad administrativa se\u00f1alar nueva fecha para realizar audiencia de pruebas y fallo, sin tomar decisi\u00f3n ante lo yerros advertidos que afectaron de nulidad la decisi\u00f3n de la comisar\u00eda de familia (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
La decisi\u00f3n impugnada ser\u00e1 revocada toda vez que el Juzgado 4\u00ba de Familia de Villavicencio incurri\u00f3 en defecto procedimental por desconocimiento del tr\u00e1mite previsto en el art\u00edculo 100 de la ley 1098 de 2006. <\/p>\n
Sobre la existencia de nulidades y su respectiva subsanaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de homologaci\u00f3n de los procedimientos administrativos de restablecimiento de derecho de menores, la Sala ha precisado que las reglas procesales que deben atenderse para tal fin son las siguientes: <\/p>\n
(\u2026) en armon\u00eda con los art\u00edculos 100 y 119 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia, esta Sala indic\u00f3 las reglas que deben seguirse en caso de que dentro o fuera del tiempo que dure la actuaci\u00f3n administrativa se advierta una nulidad; as\u00ed: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) cuando se tipifica una nulidad y el Defensor de Familia perdi\u00f3 competencia por superarse el semestre indicado, quien debe declararla y reanudar la actuaci\u00f3n correspondiente hasta su finalizaci\u00f3n, es el juez, quien por ende deber\u00e1 adelantarla en \u00fanica instancia. <\/p>\n
Ocurre otra cosa cuando el Defensor decide tempestivamente el asunto, ya que, en tal evento, el procedimiento se agota en dos fases, la administrativa y la judicial. En la \u00faltima el juez de familia revisa la resoluci\u00f3n del citado funcionario; de modo que, si al examinarla invalida total o parcialmente la causa, le se\u00f1alar\u00e1 al Defensor \u201cla actuaci\u00f3n que debe renovarse\u201d, por ser \u00e9l quien la adelant\u00f3 (inciso final del art\u00edculo 138 del C. G. del P.). No de otra forma podr\u00e1n enmendarse los yerros cometidos en el curso del \u201cprocedimiento administrativo\u201d, a fin de que la resoluci\u00f3n que le ponga fin se adopte con respeto al debido proceso de los interesados. De lo contrario, de subsanarse el tr\u00e1mite por el propio juez, se pretermitir\u00eda, sin sustento legal alguno, la \u201cinstancia administrativa\u201d, y se incurrir\u00eda en \u201cnulidad por falta de competencia funcional\u201d. <\/p>\n
Bajo estos lineamientos, deben distinguirse tres hip\u00f3tesis: <\/p>\n
La primera, cuando el Defensor de Familia advierte una nulidad antes del vencimiento para definir la situaci\u00f3n jur\u00eddica del menor en sede administrativa, caso en el cual estar\u00e1 habilitado para declararla. <\/p>\n
La segunda, cuando dicho plazo ha fenecido, evento en el que el Defensor, por haber perdido competencia, no podr\u00e1 invalidar lo actuado, y tendr\u00e1 que remitir el caso al servidor judicial, quien, de considerarlo pertinente, invalidar\u00e1 el procedimiento, pero lo tendr\u00e1 que reanudar hasta desatarlo, en \u00fanica instancia, eso s\u00ed, en el plazo de dos (2) meses. <\/p>\n
Por \u00faltimo, puede ocurrir que el Defensor de Familia sin advertir anomal\u00eda, dentro del semestre comentado dicte la decisi\u00f3n correspondiente; en tal caso si el juez al hacer el control de legalidad advierte alguna nulidad, la declarar\u00e1, pero dispondr\u00e1 que las diligencias retornen al Defensor para que conjure la irregularidad\u00bb. (Radicaci\u00f3n n\u00b0E-41001-22-14-000-2020-00054-01, 7 de mayo de 2020). <\/p>\n
Bajo ese marco encuentra la Sala que aunque el Juzgado accionado advirti\u00f3 algunas irregularidades que podr\u00edan configurar causal de nulidad toda vez que, seg\u00fan lo consign\u00f3 en la sentencia, \u00abal no concederse la oportunidad a las partes a ser escuchadas en la audiencia en interrogatorio, como tampoco se escucharon con anterioridad a la diligencia, seg\u00fan lo que se evidencia en el expediente allegado por la Comisar\u00eda, se puede determinar que desde el punto de vista procesal, no se respetaron las garant\u00edas constitucionales, legales y procesales, toda vez que la se\u00f1ora Comisaria omiti\u00f3 en la etapa probatoria escuchar a las partes, quienes no tuvieron la oportunidad de intervenir y ser escuchadas en el proceso, teniendo la facultad la autoridad administrativa de decretar y practicar las pruebas necesarias para tener los elementos probatorios suficientes para resolver de fondo el asunto\u00bb, lo cierto es que la autoridad judicial desatendi\u00f3 el procedimiento previsto en el art\u00edculo 100 de la ley 1098 de 2006 para conjurar tales irregularidades, habida cuenta que: i) no estableci\u00f3 si la autoridad administrativa emiti\u00f3 su decisi\u00f3n antes del cumplimiento de los seis (6) meses que prev\u00e9 la ley de infancia y adolescencia, lo que le impidi\u00f3 determinar la forma en que deb\u00eda reanudarse el tr\u00e1mite procesal y ii) profiri\u00f3 sentencia \u00fanicamente para resolver la irregularidad procesal, cuando lo procedente, de existir causal de nulidad, era el decreto de la misma a trav\u00e9s de auto y bajo las reglas del par\u00e1grafo 2\u00ba del art\u00edculo 100 de la ley 1098 de 2006 que a su tenor literal consagra: <\/p>\n
PAR\u00c1GRAFO 2o. La subsanaci\u00f3n de los yerros que se produzcan en el tr\u00e1mite administrativo, podr\u00e1n hacerse mediante auto que decrete la nulidad de la actuaci\u00f3n espec\u00edfica, siempre y cuando se evidencien antes del vencimiento del t\u00e9rmino para definir la situaci\u00f3n jur\u00eddica; en caso de haberse superado este t\u00e9rmino, la autoridad administrativa competente no podr\u00e1 subsanar la actuaci\u00f3n y deber\u00e1 remitir el expediente al Juez de Familia para su revisi\u00f3n, quien determinar\u00e1 si hay lugar a decretar la nulidad de lo actuado y en estos casos, resolver de fondo la situaci\u00f3n jur\u00eddica del ni\u00f1o, ni\u00f1a y adolescente conforme los t\u00e9rminos establecidos en esta ley e informar\u00e1 a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
Por lo anterior se revocar\u00e1 la decisi\u00f3n de primera instancia, se conceder\u00e1 la protecci\u00f3n reclamada por la Procuradora 24 Judicial II para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia de Villavicencio y, en consecuencia, se dejar\u00e1 sin valor y efecto la sentencia mencionada (21 octubre 2022), para que el Juzgado 4\u00ba de Familia de Villavicencio rehaga la actuaci\u00f3n conforme a lo aqu\u00ed expuesto. Aunado a lo anterior y ante lo manifestado por el Juzgado referente a que la Comisar\u00eda 1\u00ba de Familia de Villavicencio no le remiti\u00f3 el expediente de la actuaci\u00f3n administrativa a la que se ha aludido, se le ordenar\u00e1 que en el menor tiempo posible remita las diligencias a la autoridad judicial para lo de su competencia. <\/p>\n
De otro lado, en lo referente a las quejas presentadas en la impugnaci\u00f3n que efectu\u00f3 la promotora del amparo, es preciso se\u00f1alar que hasta tanto no se reanude la actuaci\u00f3n bajo el procedimiento que prev\u00e9 la ley, no hay lugar a establecer si en el caso concreto se configur\u00f3 una nulidad o no, pues la resoluci\u00f3n de dicho asunto, en el estado de cosas descrito, est\u00e1 a cargo del Juez de Familia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley REVOCA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida y en su lugar se CONCEDE la protecci\u00f3n reclamada por la Procuradora 24 Judicial II para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia de Villavicencio. <\/p>\n
En consecuencia, se DEJA SIN VALOR Y EFECTO la sentencia emitida por el Juzgado 4\u00ba de Familia de Villavicencio en el proceso de homologaci\u00f3n No. 500013110004 2022 00368 00, para que, en su lugar y en el t\u00e9rmino de los 7 d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, rehaga la actuaci\u00f3n conforme a lo expuesto en esta providencia. <\/p>\n
Adem\u00e1s, se ORDENA a la Comisar\u00eda 1\u00ba de Familia de Villavicencio que, sin dilaci\u00f3n alguna, remita el expediente de la actuaci\u00f3n administrativa que adelant\u00f3 en el proceso en comento al Juzgado 4\u00ba de Familia de dicha ciudad. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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