STC1833-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1833-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 41001-22-14-000-2022-00284-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., primero (1\u00b0) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva el 12 de diciembre de 2022, con la cual se neg\u00f3 el amparo promovido por Fabio Urrea Uyab\u00e1n contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa urbe y el Despacho Octavo de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples de la misma ciudad1. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a los intervinientes e interesados en el proceso ejecutivo de radicado 2014-00327-00. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES. <\/p>\n
1. El promotor -a trav\u00e9s de apoderado judicial- reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. De conformidad con el escrito inicial y las pruebas allegadas, se resalta lo que viene. <\/p>\n
2.1. Surtido el tr\u00e1mite de rigor, el Despacho \u2013con fallo del 31 de enero de 2022- resolvi\u00f3 \u00abnegar todas las excepciones de m\u00e9rito propuestas [\u2026]\u00bb. Asimismo, \u00abordenar seguir adelante la [\u2026] ejecuci\u00f3n, conforme al mandamiento de pago\u00bb y, \u00abordenar el aval\u00fao y remate de los bienes embargados y secuestrados y de los que con posterioridad se llegaren a embargar y secuestrar\u00bb5. Inconforme con lo determinado, el ejecutado impetr\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n6, el cual fue admitido en el efecto devolutivo7. <\/p>\n
2.2. El Juez Primero Civil del Circuito de Neiva \u2013con providencia del 13 de mayo de 2022- dispuso \u00abconfirmar el fallo proferido el 31 de enero de 2022\u00bb8. <\/p>\n
2.3. As\u00ed las cosas, el actor anot\u00f3 que los juzgadores de instancia incurrieron en \u00aberrores en el an\u00e1lisis de las pruebas allegadas al expediente, fallas estas que indudablemente condujeron a [\u2026] proferir una decisi\u00f3n que no se encuentra acorde con la realidad probatoria [\u2026]\u00bb. Ello pues, consider\u00f3 que todas las excepciones de m\u00e9rito planteadas en el juicio se encontraban plenamente acreditas, lo que fue soslayado por los jueces ordinarios. <\/p>\n
3. Por lo expuesto, solicit\u00f3 que se ordene \u00abproferir una nueva sentencia dentro del juicio ejecutivo\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. El Juzgado Octavo de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples de Neiva mencion\u00f3 que no comparte lo aducido por el censor, \u00abpor cuanto considera que en el fallo emitido [\u2026] se valor\u00f3 correctamente la prueba obrante en el proceso\u00bb. <\/p>\n
2. Carlos Alberto Ram\u00edrez Perdomo solicit\u00f3 que se declare improcedente la acci\u00f3n constitucional \u00abpor cuanto al accionante se le han garantizado y brindado todas y cada una de las etapas procesales\u00bb. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA. <\/p>\n
La Sala constitucional a quo neg\u00f3 el amparo. Para ello, consider\u00f3 que \u00abla determinaci\u00f3n judicial que tuvo por desestimadas las excepciones planteadas por el ejecutado aqu\u00ed accionante, no obedecieron a un juicio de interpretaci\u00f3n caprichoso del funcionario judicial que intervino en su emisi\u00f3n, por el contrario, tuvo lugar, luego de un ejercicio de an\u00e1lisis del caso, de argumentaci\u00f3n jur\u00eddica, principalmente de aplicaci\u00f3n de las normas vigentes y precedentes jurisprudenciales que oportunamente cit\u00f3 para sustentar su pronunciamiento\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N. <\/p>\n
El actor fund\u00f3 su impugnaci\u00f3n con base en los argumentos del escrito inicial. Agreg\u00f3 que \u00abno existi\u00f3 un an\u00e1lisis minucioso de la prueba allegada, y que m\u00e1s bien se ocup\u00f3 la Corporaci\u00f3n de la aplicaci\u00f3n literal de una norma en concreto como lo es el art\u00edculo 784 del C\u00f3digo de Comercio\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES. <\/p>\n
1. En el caso en concreto, corresponde a la Sala establecer si las autoridades cuestionadas vulneraron los derechos fundamentales alegados por el tutelante, con ocasi\u00f3n del fallo dictado el 13 de mayo de 2022 que confirm\u00f3 el de primera instancia. Ello pues, estim\u00f3 que no se realiz\u00f3 una debida valoraci\u00f3n probatoria frente a las excepciones de m\u00e9rito planteadas. <\/p>\n
2. Sobre el particular, se observa que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Neiva -con providencia del 13 de mayo de 2022-9 expres\u00f3 los motivos para confirmar la determinaci\u00f3n de primer grado. Para ello, luego de relacionar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica y el problema jur\u00eddico a resolver, referenci\u00f3 los art\u00edculos 712, 720 del C\u00f3digo de Comercio \u2013relativo a los cheques- y la sentencia SC1697-2019 de esta Corporaci\u00f3n \u2013tocante con el contrato de cuenta corriente bancaria y cheque-. Asimismo, indic\u00f3 que -conforme a lo previsto en el canon 7\u00b0 de la Ley 80 de 1993 y el Concepto 41848 de 2003 de la DIAN- la responsabilidad de cada uno de los integrantes de consorcios o uniones temporales es individual, por tanto, el recurrente, \u00abde conformidad con el documento consorcial, [\u2026] fue designado como representante del consorcio, esa delegaci\u00f3n no lo exime de su responsabilidad frente al cheque que gir\u00f3, pues en interrogatorio de parte no desconoci\u00f3 su firma y mucho menos su participaci\u00f3n en el consorcio, que se reitera no lo exime de responsabilidad en el pago del cheque\u00bb. Incluso, se\u00f1al\u00f3 que \u00absi se admitiera el argumento del demandado, que firm\u00f3 el cheque ejecutado pero la cuenta a la que pertenece el t\u00edtulo valor no le pertenece, resulta sorprendente por qu\u00e9 no obra en el expediente denuncia o reclamaci\u00f3n alguna de parte del CONSORCIO relacionada con la firma del cheque materia de ejecuci\u00f3n, pues a todas luces, se advierte un abuso de confianza o una conducta punible similar en el actuar del demandado\u00bb. <\/p>\n
De acuerdo con el otro reparo esbozado, el despacho enjuiciado con base en jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n \u2013CSJ SC 19 de abril de 1993- y de la Corte Constitucional \u2013T310-2009-, concluy\u00f3 que \u00abla mala fe del tenedor de leg\u00edtimo del t\u00edtulo valor no se acredit\u00f3, adicional a que, si la intenci\u00f3n del demandado era hacerle oponible las condiciones del negocio jur\u00eddico que dio origen al t\u00edtulo valor, debi\u00f3 acreditar suficientemente que el derecho de cr\u00e9dito y la literalidad del t\u00edtulo se afectaron por el negocio subyacente, situaci\u00f3n que tampoco gestion\u00f3 el demandado\u00bb. <\/p>\n
3. De lo transcrito, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Y, por tanto, la providencia impugnada ser\u00e1 confirmada. En efecto, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del juzgado atacado, para esta Corporaci\u00f3n, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda recibirse como irrazonable. Lo anterior, pues fue proferida por el juzgador natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo y jurisprudencial del tema y de una valoraci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n aportados. Descant\u00e1ndose, adem\u00e1s, un ostensible v\u00eda de hecho. <\/p>\n
3.1. Para esta Sala Civil, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de autoridad de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para imponer una interpretaci\u00f3n frente a las normas relativas al caso y la situaci\u00f3n f\u00e1ctica objeto de litigio, por encima de la efectuada por el juez de la causa ordinaria. Mucho menos, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. <\/p>\n
3.2. Aunado a lo anterior, esta Sala ha sostenido reiteradamente10 que el juez constitucional, en principio, no se ocupa de la valoraci\u00f3n y apreciaci\u00f3n de las probanzas pues, se insiste, ello ata\u00f1e al juez natural -con su respectiva independencia-11. Sumado a que en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el actor. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad natural del asunto12. <\/p>\n
4. En definitiva, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Antes Juzgado Quinto Civil Municipal de Neiva. <\/p>\n
2\u0002 Folios 6 a 7 del archivo PDF \u00ab01DemandayAnexos\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 Archivo PDF \u00ab09RevocaAutoyLibraMandamientoPago\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 Archivo PDF \u00ab01ExcepcionesMerito\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 Archivo PDF \u00ab44Sentencia\u00bb. <\/p>\n
7\u0002 Archivo PDF \u00ab46AutoConcedeRecurso\u00bb. <\/p>\n
8\u0002 Archivo PDF \u00abSentencia 2 Instancia\u00bb. <\/p>\n
9\u0002 Por ser la determinaci\u00f3n que finaliz\u00f3 la controversia objeto de cuestionamiento constitucional. <\/p>\n
10\u0002 CSJ STC 12201-2021, CSJ STC 11453-2021, CSJ STC 1218-2021, CSJ STC 9218-2021, CSJ STC2870-2021, CSJ STC 1551-2021, CSJ STC 492-2021, CSJ STC 6617-2021, CSJ STC 5632-2021, CSJ STC 11453-2021, CSJ STC 10575-2021, CSJ STC 8446-2021, CSJ STC 8187-2021, CSJ STC 7607-2021, CSJ STC 7609-2021, CSJ STC 7076-2021, CSJ STC 6617-2021, CSJ STC 6529-2021, CSJ STC 6398-2021, CSJ STC 6402-2021, CSJ STC 2870-2021, CSJ STC 11365-2020, CSJ STC 071-2021, CSJ STC 3903-2021, CSJ STC 942-2021, CSJ STC 7663-2020, CSJ STC 7483-2020, CSJ STC 7520-2021, CSJ STC 5668-2021, CSJ STC 5379-2021, CSJ STC 3980-2021, CSJ STC 10673-2021, CSJ STC 1453-2021, CSJ STC 10575-2021. <\/p>\n
11\u0002 Al respecto, \u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 7065-2019, 5 jun., rad. 2019-01590-00, reiterada en STC8884-2020, 22 oct., rad. 2020-02553-00, STC 2462-2021, 12 de marzo de 2021, entre otras). <\/p>\n
12\u0002 Sobre el particular, la Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC2462-2021, 12 de marzo de 2021). <\/p>\n
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