STC1835-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1835-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-02451-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., primero (1\u00b0) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Penal de esta Corporaci\u00f3n el 15 de diciembre de 2022, con la cual se neg\u00f3 el amparo promovido por Jhon Jairo y Cesar Augusto Ram\u00edrez Valencia contra la Sala Penal y de Conjueces del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, la Presidencia de la Rep\u00fablica, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Defensor\u00eda del Pueblo, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el Departamento Administrativo de la Presidencia de La Rep\u00fablica, la Sociedad de Activos Especiales, la Unidad Nacional de Protecci\u00f3n, la Fiscal\u00eda Novena Seccional de Duitama, la Fiscal\u00eda Octava y Doce Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, los Juzgados Promiscuo Municipal y del Circuito de Santa Rosa de Viterbo y el Establecimiento Carcelario de C\u00f3mbita. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a los intervinientes en los procesos penales de radicados 2018-00044-00, 2021-00012-00, 2021-00013-00, 2021-54957-00, 2022-00010-00, 2022-29073-00, 2022-00075-00 y 2022-51666-00. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES. <\/p>\n
1. Los promotores reclamaron la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, libertad, y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
2. Del escrito impetrado, no se evidencia una exposici\u00f3n clara sobre los hechos materia de queja. Sin embargo, se advierte que los actores cuestionaron distintas actuaciones de las autoridades acusadas. A saber: (i) Lo surtido por el Tribunal de Santa Rosa de Viterbo y su Sala de Conjueces -en el radicado 15693 22 08 003 2018 00044 00-, en el cual, los aqu\u00ed actores interpusieron denuncia por el delito de prevaricato contra el Fiscal Noveno Seccional de Duitama. Frente a ello, estimaron que el estrado colegiado debe declararse impedido dado el \u00abaccionar criminal de [esos] magistrados [\u2026] que est\u00e1 plegado de abuso de poder y de abuso de funciones p\u00fablicas, lavan sus delitos en su toga [\u2026] escogiendo procesos seg\u00fan el valor y el dinero que tengan los clientes [\u2026]\u00bb. Adem\u00e1s, resaltaron que esos funcionarios judiciales impetraron en su contra \u00ab2 procesos nuevos, uno por fraude procesal sin dolo, sin v\u00edctima determinada, pero con abuso de autoridad y una clara persecuci\u00f3n pol\u00edtica y judicial\u00bb. Asimismo, indicaron que su caso no ha sido registrado en el Sistema Penal Oral Acusatorio \u2013SPOA- y, que el fiscal a cargo de ese asunto \u00abha tratado de precluir varias veces a espalda de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
(ii) Manifestaron que el Fiscal Segundo Delegado ante el Tribunal no \u00abhizo investigaci\u00f3n profunda en contra del Fiscal 9\u00b0 Seccional de Duitama\u00bb, por lo que presentaron penal en su contra -2022-29073-00 y requirieron \u00abque se acelere la investigaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
(iii) De igual forma, alegaron que la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Direcci\u00f3n de Fiscal\u00edas de Boyac\u00e1 han soslayado las irregularidades expuestas, la cuales fueron denunciadas previamente, sin que se hayan adoptado medidas administrativas y disciplinarias frente a los fiscales mencionados. <\/p>\n
(iv) Refirieron que han requerido informaci\u00f3n sobre las \u00abactuaciones puntuales en el proceso en hechos de derechos sustanciales constitucionales [\u2026]\u00bb. De igual forma, solicitaron a la Sala \u00danica del Tribunal de Santa Rosa de Viterbo \u00abel expediente\u00bb, sin que se haya brindado respuesta sobre el particular. Y alegaron que interpusieron \u00abdenuncia penal y queja disciplinaria en contra de la Fiscal 6\u00b0 Seccional de Santa Rosa de Viterbo [\u2026] y en contra de la juez 1\u00b0 Promiscua Municipal de Santa Rosa de Viterbo [\u2026]\u00bb, a la cual, se le corri\u00f3 traslado ante la Fiscal\u00eda Segunda Delegada ante el Tribunal Superior de Tunja el 30 de noviembre de 2022. <\/p>\n
(v) Mencionaron que han elevado distintas solicitudes ante la Unidad Nacional de Protecci\u00f3n, con el fin de salvaguardar su \u00abvida y [su] integridad f\u00edsica, moral y psicol\u00f3gica [\u2026] y [la] de sus familias\u00bb, sin embargo, indicaron que no se han tenido en cuenta sus s\u00faplicas. <\/p>\n
(vi) Por \u00faltimo, anotaron que instan al gobierno nacional, al Departamento Administrativo de la Presidencia de la Rep\u00fablica, al Ministerio P\u00fablico, a la Defensor\u00eda del Pueblo y a la Sociedad de Activos Especiales para que intervengan en sus casos como garantes en la protecci\u00f3n de sus prerrogativas fundamentales. <\/p>\n
3. Por lo expuesto, solicitaron que se adopten las medidas necesarias en defensa de sus amparos. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, la Oficina de Control Disciplinario de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, la Sociedad de Activos Especiales, el Ministerio del Trabajo, la Unidad Nacional de Protecci\u00f3n y la Direcci\u00f3n General del INPEC, solicitaron su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite al considerar su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
2. La Coordinaci\u00f3n de la Comisi\u00f3n de Derechos Humanos y Audiencias del Senado de la Rep\u00fablica manifest\u00f3 que ha remitido \u2013por competencia- ante las distintas autoridades administrativas, judiciales y disciplinarias las distintas solicitudes expuestas por los censores, dentro de los t\u00e9rminos estipulados. <\/p>\n
3. Elkin Torres Tobo mencion\u00f3 que los accionantes \u00abconfunden este instrumento jur\u00eddico, para peticionar asuntos inconducentes, que nada tienen que ver con la vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
4. Mar\u00eda Isabel P\u00e9rez Ram\u00edrez, como defensora p\u00fablica, refiri\u00f3 que no ha actuado en \u00abninguna de las diligencias programadas ya que [\u2026] ellos hacen valer su derecho de postulaci\u00f3n manifestando que tienen sus abogados que los representan\u00bb. <\/p>\n
5. La Fiscal\u00eda Octava delegada ante la Corte Suprema de Justicia anot\u00f3 que conoce de \u00abla noticia criminal [\u2026] 2022-29073\u00bb y que la misma se encuentra en etapa de indagaci\u00f3n. Por su parte, la Fiscal\u00eda 12 delegada ante la Corte Suprema de Justicia manifest\u00f3 que le correspondi\u00f3 la noticia de radicado 2022-00010-00 y, frente a la misma \u00abha sido diligente en el impulso procesal de esta indagaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA. <\/p>\n
La Sala constitucional a quo neg\u00f3 el amparo. Consider\u00f3 su improcedencia ante la existencia de proceso en curso frente a los \u00abderechos reclamados por el actor en lo relacionado con el asunto penal [\u2026] 2018 00044 00 [\u2026]. Tambi\u00e9n, por insatisfacci\u00f3n de la subsidiariedad en lo tocante a las reclamaciones que hace a las distintas autoridades ejecutivas y de control, para hacerse cargo del presunto entramado de corrupci\u00f3n en Santa Rosa de Viterbo, comoquiera que puede promover los mecanismos legales para ello; adem\u00e1s, se niega el derecho al debido proceso en lo atinente con la noticia criminal 110016000050202229073, comoquiera que no se ha desbordado el t\u00e9rmino para adelantar la indagaci\u00f3n; y se niega el amparo en lo relacionado con las solicitudes de informaci\u00f3n, ante la no demostraci\u00f3n de un hecho concreto vulnerador\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N. <\/p>\n
Los actores impetraron la impugnaci\u00f3n sin exponer cuestionamiento particular frente al prove\u00eddo cuestionado. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES. <\/p>\n
1. En el caso en concreto, corresponde a la Sala establecer si las autoridades cuestionadas vulneraron los derechos fundamentales alegados por los tutelantes, con ocasi\u00f3n de los procesos penales en los que son denunciantes, en la medida que, adujeron actuaciones ilegales por parte de los funcionarios judiciales de Santa Rosa de Viterbo. <\/p>\n
2. Esta Corporaci\u00f3n advierte la confirmaci\u00f3n de lo decidido por el Tribunal a quo. En primer lugar, se descarta una posible temeridad frente a la tutela decidida \u2013STP15850-2022 del 17 de noviembre de 2022- pues no cumple con los presupuestos de identidad de objeto, causa y partes con lo que ahora se ventila. Ello pues, en el presente amparo se cuestion\u00f3, puntualmente, lo surtido por parte de los fiscales en la causa 2018-00044-00 y en la indagaci\u00f3n 2022-29073-00. Adicionalmente, se elevan quejas frente a la Sociedad de Activos Especiales y la Direcci\u00f3n Administrativa de la Presidencia de la Rep\u00fablica. Asuntos que no fueron planteados en la anterior acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
3. En segundo lugar, de cara a lo rebatido contra lo cumplido en el juicio penal 2018-00044-00 \u2013en el que los aqu\u00ed actores fungen como denunciantes-, pues estimaron que tanto los magistrados y conjueces de la Sala Penal del Tribunal de Santa Rosa de Viterbo no se declararon impedidos, pues hacen parte del \u00abcartel de la toga\u00bb de esa regi\u00f3n. Adem\u00e1s, adujeron su caso no aparece registrado en el Sistema Penal Oral Acusatorio \u2013SPOA- y, que el fiscal a cargo de ese asunto \u00abha tratado de precluir\u00bb dicho tr\u00e1mite. la Corte avizora la improcedencia del ruego incoado por cuanto resulta prematuro1. En efecto, se constata que la actuaci\u00f3n penal sub examine se encuentra en curso y a\u00fan no se ha adoptado determinaci\u00f3n definitiva al respecto. Situaci\u00f3n que no puede ser soslayada. De lo contrario, equivaldr\u00eda a sustituir la competencia atribuida a los jueces del proceso para resolver las inconformidades planteadas. Adem\u00e1s, los motivos invocados por los actores no resultan suficientes para acudir directamente a este mecanismo eminentemente subsidiario y residual. <\/p>\n
4. En tercer lugar, tocante con la presunta mora judicial endilgada a la Fiscal\u00eda Octava Delegada ante la Sala Penal de la Corte Suprema \u2013al interior de la indagaci\u00f3n 2022-029073-, se advierte que el asunto cuestionado fue repartido a dicha autoridad el 24 de octubre de 2022. En seguida, procedi\u00f3 a elaborar el programa metodol\u00f3gico y a proferir las \u00f3rdenes de polic\u00eda judicial, tr\u00e1mite que se encuentra en etapa de indagaci\u00f3n \u2013en cumplimiento de los t\u00e9rminos del par\u00e1grafo 1\u00b0 del art\u00edculo 175 de la Ley 906 de 2004-. En ese orden, es preciso indicar que no todo retraso en la resoluci\u00f3n de una causa judicial es vulneradora de derechos fundamentales. Por tanto, la salvaguarda no puede proceder autom\u00e1ticamente ante el incumplimiento de los t\u00e9rminos legales por parte del juez o la autoridad de conocimiento2. En el punto, esta Sala encuentra que la autoridad atacada no ha incurrido en comportamiento negligente, ni mucho menos ha actuado con desidia. Por el contrario, lo acontecido obedece a circunstancias objetivas y razonablemente justificadas3. <\/p>\n
5. En cuarto lugar, frente a los cuestionamientos dirigidos contra los Magistrados del Tribunal querellado, se advierte tambi\u00e9n la improcedencia del amparo ante la desatenci\u00f3n del presupuesto de subsidiariedad. ciertamente, lo alegado debi\u00f3 plantearse \u2013a trav\u00e9s de denuncia o queja disciplinaria- ante las entidades establecidas para ello, previo a la interposici\u00f3n del presente resguardo, para que estos se manifiesten al respecto y adopten las medidas necesarias para remediar la situaci\u00f3n propuesta, y no pretender que a trav\u00e9s de mecanismo excepcional se le brinde soluci\u00f3n. En ese orden de ideas, tal omisi\u00f3n imposibilita el uso de esta senda constitucional si se tiene en cuenta que este es un mecanismo subsidiario y residual, que no puede ser usado por las partes como proceso paralelo para subsanar el descuido en el ejercicio de las acciones ordinarias. <\/p>\n
6. Por lo dem\u00e1s, frente a las solicitudes de informaci\u00f3n elevadas por los actores, se avizora que lo requerido, en su mayor\u00eda, fue resuelto por las entidades acusadas. Y, en otros supuestos, como son el presentado ante el Tribunal de Santa Rosa de Viterbo con el fin de que se le expida copia del expediente, y el de la Unidad Nacional de Protecci\u00f3n por amenazas contra su integridad, se advierte que los gestores no aportaron evidencia clara de haber radicado esas solicitudes ante dichas corporaciones. <\/p>\n
Inclusive, de la respuesta brindada por la Comisi\u00f3n de Derechos Humanos y Audiencias del Senado de la Rep\u00fablica se observa que \u2013de la petici\u00f3n recibida el 28 de octubre de 2022- al estimar no ser la competente para resolver lo planteado \u2013denuncia penal y la suspensi\u00f3n provisional de audiencia-, remiti\u00f3 a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, la Defensor\u00eda del Pueblo y al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Santa Rosa de Viterbo, dichas peticiones. <\/p>\n
7. As\u00ed las cosas, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Sobre el car\u00e1cter prematuro de este mecanismo supra legal, la Corte expres\u00f3 en pret\u00e9rita ocasi\u00f3n que: [\u2026] el juez del resguardo no puede arrogarse facultades que le corresponde decidir al ordinario, y mientras haya posibilidad de que al interior del proceso se discuta y resuelvan los puntos tra\u00eddos en sede excepcional, la acci\u00f3n incoada deviene improcedente ya que \u00e9sta no puede reemplazar los senderos legales debidamente establecidos, y no se ha estatuido como una instancia alterna a la ordinaria, ni el juez del amparo puede tenerse como un funcionario adicional de la actividad a cargo de quien est\u00e1 llamado a resolver el juicio, conforme a las competencias se\u00f1aladas por el legislador. (CSJ STC912-2020 5 feb.2020 rad.2019-00171-00, reiterado en STC1739-2021). <\/p>\n
2\u0002 Sobre esta tem\u00e1tica, la Sala, en reiteradas oportunidades ha expresado que: (\u2026) la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuanto la mora judicial es injustificada\u00bb (CSJ SC, 19 de septiembre de 2008, exp. 001138-00, 15 feb. 2017, rad. 2016-02250-01, citada en STC195-2021 entre otras). <\/p>\n
3\u0002 En ese orden, la jurisprudencia ha se\u00f1alado que los escenarios de \u00abmora judicial\u00bb o \u00abmora administrativa\u00bb que abren paso a este excepcional medio de defensa constitucional son aquellos que denotan una abierta y ostensible par\u00e1lisis. Esto es, los que sean producto de \u00abun comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u00bb (CSJ STC abr. 29 de 2011, rad. 00094-01, reiterado, entre otros, en CSJ STP6648-2022). <\/p>\n
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