STC1841-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC1841-2023 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Doris Cecilia Sep\u00falveda Ortiz contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn y el Juzgado Primero Civil del Circuito de Envigado, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo con radicado No. 2020-00040-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La apoderada judicial de la convocante reclama la protecci\u00f3n a los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y \u00abseguridad jur\u00eddica\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
En sustento de lo pretendido relat\u00f3 que, en el proceso ejecutivo de la referencia promovido en su contra por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia SA, que por reparto le correspondi\u00f3 conocer al Juzgado Primero Civil del Circuito de Envigado, su apoderada judicial present\u00f3 incidente de nulidad por indebida notificaci\u00f3n, porque el demandante desatendi\u00f3 los deberes de los sujetos procesales en relaci\u00f3n con las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y las comunicaciones. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que, el Juzgado no constat\u00f3 si la notificaci\u00f3n fue entregada, pues como prueba solo aport\u00f3 una certificaci\u00f3n que da cuenta que se remiti\u00f3 \u00abun acta de envi\u00f3 y entrega de correo electr\u00f3nico del Servicio e-entrega\u00bb, y en el expediente obra un memorial que da cuenta que \u00abaporta la constancia de entrega de la comunicaci\u00f3n enviada a la demandada DORIS CECILIA SEP\u00daLVEDA ORTIZ, a su correo electr\u00f3nico docema64@hotmail.com\u00bb, sin fecha de presentaci\u00f3n, ni de recepci\u00f3n al despacho. <\/p>\n
Expres\u00f3 que, el Juzgado el 21 de agosto de 2021 con ese mensaje la tuvo por notificada, y el 24 de septiembre de ese a\u00f1o, profiri\u00f3 auto que orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, sin tener en cuenta que el mismo fue dirigido por el ejecutante desde el e-mail daniela escobar11151@elpoli.edu.co que no correspond\u00eda al anotado en la demanda como el canal digital elegido para tal fin. <\/p>\n
Dijo que, inform\u00f3 a los jueces de primera y segunda instancia que ese hecho constitu\u00eda un quebranto al principio de legalidad que deb\u00eda revestir ese acto procesal; sin embargo, el juez desatendi\u00f3 la obligatoriedad de observar los preceptos del Decreto 806 de 2020, valid\u00f3 el resultado de la notificaci\u00f3n y deneg\u00f3 la solicitud; ya en sede de apelaci\u00f3n, sin analizar sus argumentos el Tribunal ratific\u00f3 la decisi\u00f3n de primera instancia. <\/p>\n
Consider\u00f3 que, el Juzgado de conocimiento y el Tribunal incurrieron en un defecto sustantivo porque la conclusi\u00f3n de negar la nulidad desconoci\u00f3 lo dispuesto en el art\u00edculo 8\u00ba del Decreto 806 de 2020, pues no pod\u00eda pasar por alto que la notificaci\u00f3n deb\u00eda ser realizada desde los canales digitales elegidos e informados al proceso. <\/p>\n
2. Con fundamento en esos hechos solicit\u00f3, \u00abse declare la nulidad de todo actuado incluida la sentencia, atendiendo a la regla contenida en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 133 y el art\u00edculo 134, ambos del del C.G. del P. siendo la causal para ello la indebida notificaci\u00f3n del auto mediante el cual se profiri\u00f3 el mandamiento de pago a la demandada, fechado el 18 de febrero de 2020, por haberse entendido notificada la demandante, proviniendo tal notificaci\u00f3n del canal o correo Emisor: daniela escobar11151@elpoli.edu.co., en fecha 2020\/08\/21.08:36:22 correo no informado ni autorizado para los efectos procesales perseguidos de conformidad con lo normado en el Art\u00edculo 3\u00ba del Decreto legislativo 806 de 2020. Disponiendo lo pertinente a la decisi\u00f3n que en derecho y en defensa de los derechos fundamentales invocados que se solicita tutelar, determine la Honorable Corte\u00bb. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n constitucional, dispuso el traslado a los accionados, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en el pleito ejecutivo que motiv\u00f3 esta tutela, para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Tribunal Superior de Medell\u00edn, respondi\u00f3 que la accionante pretende llevar al escenario constitucional un asunto que se ventil\u00f3 ante el juez natural, donde lo relevante es que no se vulner\u00f3 derecho alguno a las partes, agreg\u00f3 que la decisi\u00f3n se encuentra debidamente motivada y esta soportada en precedentes de esta Corporaci\u00f3n relacionados con el caso, as\u00ed como en la legislaci\u00f3n que correspond\u00eda. <\/p>\n
2. Al momento de presentar el proyecto de sentencia, no se hab\u00edan recibido pronunciamientos de los accionados e intervinientes. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso en estudio, vale la pena indicar que la jurisprudencia, ha dicho de manera recurrente y uniforme que la acci\u00f3n de tutela no procede para controvertir una providencia judicial, a menos claro est\u00e1, que se configure una v\u00eda de hecho y el ordenamiento no prevea otro medio de defensa para cuestionar la decisi\u00f3n, o, que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable1. <\/p>\n
\u00aba) Defecto org\u00e1nico: que se presenta cuando el funcionario judicial que profiri\u00f3 la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello. <\/p>\n
b). Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actu\u00f3 completamente al margen del procedimiento establecido. <\/p>\n
c). Defecto f\u00e1ctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicaci\u00f3n del supuesto legal en el que se sustenta la decisi\u00f3n. <\/p>\n
d). Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicci\u00f3n entre los fundamentos y la decisi\u00f3n. <\/p>\n
e). Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue v\u00edctima de un enga\u00f1o por parte de terceros y ese enga\u00f1o lo condujo a la toma de una decisi\u00f3n que afecta derechos fundamentales. <\/p>\n
f). Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivaci\u00f3n reposa la legitimidad de su \u00f3rbita funcional. <\/p>\n
g). Desconocimiento del precedente, hip\u00f3tesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jur\u00eddica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado, <\/p>\n
h). Violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n, que es el defecto que se deduce de infringir directamente una o varias disposiciones o normas razonablemente vinculables a la Constituci\u00f3n\u00bb <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, la accionante dirige la acci\u00f3n constitucional contra las providencias de 25 de agosto de 2022 proferida en el juicio ejecutivo promovido en su contra, mediante la cual el Juzgado Primero Civil del Circuito de Envigado neg\u00f3 la petici\u00f3n de nulidad de todo lo actuado en el proceso de ejecuci\u00f3n, as\u00ed como la de 8 de febrero de 2023 a trav\u00e9s de la cual el Tribunal Superior de Medell\u00edn la confirm\u00f3, decisi\u00f3n esta \u00faltima con la que se cerr\u00f3 el debate, y ser\u00e1 en consecuencia la que ser\u00e1 objeto de estudio. <\/p>\n
2.1 Revisado el link que contiene, el citado expediente se observa que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Medell\u00edn en providencia del 24 de septiembre de 2020, orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n contra Doris Sep\u00falveda Ortiz, porque \u00abla demandada se le notific\u00f3 v\u00eda correo electr\u00f3nico, conforme lo establece el art\u00edculo 8\u00ba del decreto extraordinario 806 del 4 de junio de la anualidad en curso, pero no procedi\u00f3 al pago de las obligaciones demandadas, ni propuso excepciones\u00bb. <\/p>\n
2.2 La apoderada judicial de la ejecutada el 22 de marzo de 2022, present\u00f3 incidente de nulidad fundado en la causal 8\u00aa del Art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, pues en su sentir fue indebidamente notificada, ya que la comunicaci\u00f3n remitida a su correo electr\u00f3nico, se envi\u00f3 desde un e-mail que no correspond\u00eda al informado por el abogado del demandante, ni es el que aparec\u00eda registrado en el Sirna, adem\u00e1s aport\u00f3 solamente constancia de entrega del mensaje, pero no exist\u00eda certeza que la destinataria lo abri\u00f3 y mucho menos lo ley\u00f3. <\/p>\n
2.3 El juzgado de conocimiento la neg\u00f3 el 25 de agosto de 2022, porque el ejecutante como lo dispon\u00eda el art\u00edculo 8\u00ba del decreto 806 de 2020, envi\u00f3 el mensaje de datos junto a la providencia a notificar al correo electr\u00f3nico de la ejecutada, adem\u00e1s seg\u00fan la constancia de la empresa de correo, la comunicaci\u00f3n contaba con acuse de recibo, y la incidentante nunca aleg\u00f3 no haberlo recibido o que esa no era su direcci\u00f3n electr\u00f3nica. <\/p>\n
2.4 Inconforme con lo resuelto interpuso el recurso de apelaci\u00f3n, concedido el 31 de agosto de 2022 en el efecto suspensivo. <\/p>\n
2.5 El Tribunal Superior de Medell\u00edn el 8 de febrero de 2023, resolvi\u00f3 confirmarlo, puesto que resultaba irrelevante que el mensaje de datos hubiese sido envido desde una direcci\u00f3n electr\u00f3nica no reportada al proceso, dado que la exigencia legal era que este hubiera sido dirigido al correo electr\u00f3nico de quien debe ser notificado. <\/p>\n
Para arribar a esa conclusi\u00f3n hizo referencia a la notificaci\u00f3n personal, y como deb\u00eda surtirse de acuerdo con el art\u00edculo 290 del C\u00f3digo General del Proceso, as\u00ed como del art\u00edculo 8\u00ba del Decreto 806 de 2020 vigente para esa \u00e9poca, y precis\u00f3 que la norma establec\u00eda que ese acto procesal cuando se tratara de auto admisorio o mandamiento de pago, pod\u00eda efectuarse mediante envi\u00f3 de la providencia respectiva como mensaje de datos a la direcci\u00f3n electr\u00f3nica o sitio suministrado por el interesado, adem\u00e1s deb\u00eda afirmar que se trata del e-mail utilizada por la persona a notificar. <\/p>\n
Luego explic\u00f3 que el e-mail a que el apoderado del banco remiti\u00f3 la notificaci\u00f3n fue el informado por la ejecutada, quien reconoci\u00f3 que ese correo le pertenec\u00eda, adem\u00e1s refiri\u00f3 que \u00abA folios 2-3 del archivo 06 del Cuaderno Principal, obra certificaci\u00f3n expedida por la empresa \u201cE ENTREGA\u201d, la cual atesta el env\u00edo y \u201cacuse de recibido\u201d del mensaje remitido el d\u00eda 21 de agosto de 2.020, contentivo de la notificaci\u00f3n personal a la direcci\u00f3n electr\u00f3nica \u201cdocema64@hotmail.com\u201d, al cual se adjunt\u00f3 copia de la demanda y anexos, entre ellos los t\u00edtulos de ejecuci\u00f3n, \u00eddem la orden de pago\u00bb, acuse de recibo que es fundamental para entender satisfecha la notificaci\u00f3n pretendida como lo ha precisado la Jurisprudencia de esta Sala\u00bb. <\/p>\n
Ahora, en cuanto al motivo de inconformidad de la accionante, dijo que si bien el mensaje sali\u00f3 desde una direcci\u00f3n diferente de la reportada por el mandatario judicial de la demandante, lo cierto era que, el correo del receptor era el correcto, el mismo conten\u00eda todos los datos suficientes que permit\u00edan la plena identificaci\u00f3n del proceso, adem\u00e1s adjunt\u00f3 copia de la demanda, anexos entre los que se encontraba el pagar\u00e9 presentado como base de la ejecuci\u00f3n, y la orden de pago que ten\u00eda anotado todos los datos que permit\u00edan identificar el proceso. <\/p>\n
Por lo anterior, concluy\u00f3 que la nulidad no ten\u00eda vocaci\u00f3n de prosperidad, y era irrelevante el hecho que el mensaje hubiera sido enviado desde una direcci\u00f3n distinta al informado al proceso. <\/p>\n
3. Efectuado ese recuento, no advierte la Sala amenaza o vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas a ra\u00edz de que el Tribunal cuestionado resolvi\u00f3 negar el incidente de nulidad invocado por la demandada aqu\u00ed accionante, fundado en las causales del numeral 8\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, luego de examinar la actuaci\u00f3n surtida en el proceso ejecutivo, especialmente en lo que ata\u00f1e al acto de notificaci\u00f3n de la se\u00f1ora Sep\u00falveda Ortiz. <\/p>\n
En efecto, en la citada decisi\u00f3n tuvo en cuenta que ese acto procesal se realiz\u00f3 de manera digital, pues con las pruebas que obraban en el expediente, como el \u00abmensaje de datos\u00bb remitido al correo \u00abdocema64@hotmail.com\u00bb, [email que es utilizado por la demandada para enviar y recibir comunicaciones], que conten\u00eda los datos de identificaci\u00f3n del proceso, al que adjunt\u00f3 copia de la demanda, anexos y el mandamiento de pago, de acuerdo con las pautas consagradas en el art\u00edculo 8\u00ba del Decreto 806 de 2020, de donde concluy\u00f3 que la notificaci\u00f3n a la demandada se surti\u00f3 en debida forma. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, el demandante aport\u00f3 la certificaci\u00f3n de la empresa postal en la que confirm\u00f3 el \u00abacuse de recibo\u00bb de la destinataria, esto es, la confirmaci\u00f3n de recibo del e-mail; sin que la se\u00f1ora Sep\u00falveda Ortiz adujera que no se enter\u00f3 de la providencia; por el contrario, afirm\u00f3 que \u00aben efecto ese es su correo\u00bb, por tanto, no se configur\u00f3 el supuesto descrito por el legislador para que se invalidara lo actuado. <\/p>\n
Ahora bien, de la lectura del art\u00edculo 8\u00ba del Decreto 806 de 2020, no se observa que en ninguno de sus incisos establezca que, para la validez de la notificaci\u00f3n se requer\u00eda que el mensaje de datos fuera enviado desde el correo electr\u00f3nico del apoderado judicial del banco como lo asever\u00f3 la ejecutada, pues lo que ordena es que el mismo ser\u00e1 remitido a la direcci\u00f3n electr\u00f3nica de quien deba ser notificado; cosa distinta y es donde radica la confusi\u00f3n de la accionante, es la obligaci\u00f3n que tienen las partes de informar los canales digitales elegidos para los \u00abfines del proceso\u00bb, cuyo prop\u00f3sito es que el Juzgado pueda enterar a las partes de las actuaciones surtidas en el asunto. <\/p>\n
En s\u00edntesis, es claro que la providencia reprochada se encuentra motivada y no luce arbitraria, m\u00e1xime cuando no se acredit\u00f3 la v\u00eda de hecho invocada, de tal suerte que, la sola divergencia de criterio expresada por el accionante frente a la decisi\u00f3n que le result\u00f3 adversa a sus intereses no resulta suficiente para que acuda al juez constitucional en busca de una tercera instancia inexistente en el ordenamiento procesal, para intentar reabrir un debate ya definido por el juez natural. (CSJ. STC de 15 feb. 2011, exp. 01404, reiteradas en STC 1212-2022 y STC4972-2022). <\/p>\n
4. En consecuencia, se negar\u00e1 el amparo implorado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve Negar la tutela promovida por Doris Cecilia Sep\u00falveda Ortiz contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn y el Juzgado Primero Civil del Circuito de Envigado. <\/p>\n
Comuniquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Cfr., entre muchas otras, las sentencias C-543 de 1992, T-079 de 1993, T-231 de 1994, T-483 de 1997, T-008 de 1998, T-204 de 1998, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-1031 de 2001, SU-1185 de 2001, SU-159 de 2002 y T-772 de 2002. <\/p>\n
<\/p>\n
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