STC1844-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1844-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2023-00393-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de marzo de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Sala la acci\u00f3n de tutela instaurada por el Edificio Punta Madero P.H. contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular al Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Cartagena, a la Constructora Paradise S.A.S. y a los dem\u00e1s intervinientes del juicio de radicado 2019-00033-00 (01). <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora demanda la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia e igualdad. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El 30 de enero de 2019, el Edificio Punta Madero P.H. promovi\u00f3 un proceso declarativo verbal de responsabilidad contractual contra la Constructora Paradise S.A.S., por el incumplimiento parcial del contrato de compraventa suscrito con los copropietarios, dadas \u00ablas deficiencias y fallas encontradas en el sistema hidr\u00e1ulico, sanitario, estructural, instalaciones el\u00e9ctricas y acabados del edificio\u00bb, con el fin de que se le condenara al pago de los perjuicios causados por concepto de da\u00f1o emergente, calculados en el juramento estimatorio en $846.661.103, m\u00e1s 30 s.m.l.m.v. por perjuicios morales para cada uno de los propietarios de las unidades inmobiliarias, sumas que pidi\u00f3 fueran debidamente indexadas. <\/p>\n
2.2. El 6 de marzo de 2019, el Juzgado 7 Civil del Circuito de Cartagena admiti\u00f3 la demanda; el 22 de julio siguiente, acept\u00f3 su reforma frente a las pretensiones, por la cual se eliminaron las sumas pedidas por concepto de da\u00f1o moral, ratificando la cuant\u00eda por da\u00f1o emergente y la solitud de indexaci\u00f3n; y, el 11 de marzo de 2020, se tuvo por notificada, por conducta concluyente, a la constructora. <\/p>\n
2.3. El 8 de septiembre de 2019, el Juzgado desarroll\u00f3 las audiencias previstas en los art\u00edculos 372 y 372 del C\u00f3digo General del Proceso y dict\u00f3 sentencia, negando las pretensiones de la demanda, toda vez que, si bien la propiedad horizontal estaba legitimada para accionar, porque los da\u00f1os alegados correspond\u00edan a las zonas comunes, lo cierto era que no \u00abaport\u00f3 el contrato que se toma como base \u201cpara pedir su cumplimiento\u201d\u00bb, siendo necesario para determinar las obligaciones incumplidas por la constructora, sin que dicho soporte, como elemento esencial de la responsabilidad pretendida, pudiera reemplazarse con el folleto de venta del proyecto, pues no estaba suscrito por las partes. A su vez, precis\u00f3 que el da\u00f1o tampoco estaba probado, porque no se alleg\u00f3 un dictamen pericial con el lleno de los requisitos y el informe aportado por la actora no indicaba quien lo realiz\u00f3 y de su contenido no se pod\u00edan evidenciar los perjuicios alegados, pues solo expon\u00eda una serie de recomendaciones, sumado a que los testimonios practicados, al ser rendidos por propietarios de los apartamentos, no eran declaraciones de terceros. <\/p>\n
2.4. El 2 de noviembre de 2022, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena confirm\u00f3 la sentencia de primera instancia, porque no se aportaron los contratos de compraventa cuyo incumplimiento se reclamaba, v\u00ednculo que tampoco se demostraba con las probanzas allegadas (reglamento de propiedad horizontal, folleto de venta del proyecto, interrogatorio de parte y testimonios). <\/p>\n
2.5. En criterio de la tutelante, la autoridad judicial accionada incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico, toda vez que no valor\u00f3 las resoluciones de la Curadur\u00eda Urbana 2 de Cartagena, la licencia de construcci\u00f3n, el folleto de la constructora para ofertar el proyecto y lo afirmado por el representante legal de la constructora en su interrogatorio, en el que acept\u00f3 que s\u00ed fue esa empresa la encargada de construir el edificio, todo lo cual soportaba el v\u00ednculo contractual entre las partes, raz\u00f3n por la que no era necesario exigir que se aportara el contrato que cada propietario suscribi\u00f3 con aquella; m\u00e1xime que la responsabilidad que se estaba reclamando se sustentaba en las \u00abfallas y falencias de las zonas comunes\u00bb. <\/p>\n
En ese aspecto, aduce que el Tribunal le rest\u00f3 valor probatorio al folleto con el cual se promovi\u00f3 el proyecto, calific\u00e1ndolo como una pieza publicitaria, sin tener en cuenta que no fue tachado de falso y que cumpl\u00eda con los elementos esenciales de una oferta. <\/p>\n
La actora tambi\u00e9n se\u00f1ala que no se apreci\u00f3 el informe rendido por la Sociedad Ingenieros y Arquitectos de Bol\u00edvar, el cual no fue tachado de falso y daba cuenta del da\u00f1o reclamado, esto es, que la construcci\u00f3n ten\u00eda varios defectos y de que lo ofertado no coincid\u00eda con lo entregado; igualmente, se dejaron de apreciar los soportes que acreditaban las reparaciones realizadas por el edificio y los testimonios rendidos, pues se consider\u00f3 que, como residentes, eran partes, pese a que la demanda la promovi\u00f3 la administraci\u00f3n de la propiedad horizontal. <\/p>\n
De otro lado, argumenta que se desconoci\u00f3, sin la motivaci\u00f3n necesaria, el precedente jurisprudencial contenido en la sentencia CSJ SC563-20211, sobre la responsabilidad legal del constructor y la legitimaci\u00f3n de la administraci\u00f3n del edificio para reclamar por el incumplimiento frente a las zonas comunes. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, la actora pide revocar la providencia dictada por el Tribunal accionado y que se ordene emitir una nueva que acoja el precedente jurisprudencial aplicable y valore todo el material probatorio. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Tribunal convocado y el Juzgado 7 Civil del Circuito de Cartagena defendieron la legalidad de sus decisiones. <\/p>\n
2. Quien adujo ser el apoderado de la Constructora Paradise S.A.S. pidi\u00f3 declarar la improcedencia del amparo, porque la parte interesada no interpuso recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, corresponde a la Sala establecer si la Corporaci\u00f3n cuestionada vulner\u00f3 los derechos de la accionante, con ocasi\u00f3n de la providencia del 2 de noviembre de 2022, que confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de negar sus pretensiones. <\/p>\n
2. Examinadas las probanzas adosadas al plenario, se evidencia que la salvaguarda propuesta no cumple con el presupuesto de la subsidiariedad, porque la parte actora no interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n frente al fallo proferido por el Tribunal accionado el 2 de noviembre de 2022, de conformidad con lo previsto en los art\u00edculos 334, 338 y 339 del C\u00f3digo General del Proceso, teniendo en cuenta la naturaleza declarativa del litigio y el inter\u00e9s para recurrir, dado que la pretensi\u00f3n formulada en la demanda ascend\u00eda a $846.661.103, suma que se pidi\u00f3 en forma indexada2 a la fecha en que se dict\u00f3 la sentencia de segunda instancia, superando el l\u00edmite exigido; m\u00e1xime que dicha cuant\u00eda bien pudo soportarse allegando un dictamen pericial. <\/p>\n
Tal omisi\u00f3n imposibilita el uso de esta v\u00eda, dada la naturaleza subsidiaria y residual de la acci\u00f3n de tutela. Sobre el particular, la Sala, en un asunto similar, sostuvo: <\/p>\n
Se advierte el fracaso del resguardo por carecer del presupuesto de subsidiariedad, por cuanto los actores contaron con la posibilidad de discutir el tema aqu\u00ed reprochado en sede de casaci\u00f3n a voces de lo establecido en los art\u00edculos 334 y 338 del C\u00f3digo General del Proceso, empero no lo hicieron, situaci\u00f3n que le cierra el paso a este instrumento residual (CSJ STC999-2021, postura reiterada en CSJ STC996-2023). <\/p>\n
3. Por lo anterior, se declarar\u00e1 improcedente la tutela. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo invocado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Radicado 11001310301620120063901. <\/p>\n
2\u0002 Dicha pretensi\u00f3n, cuando se ha formulado expresamente en la demanda, como en este caso, puede ser tenida en cuenta para determinar el inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n (CSJ AC3154-2022, CSJ AC1980-2020). <\/p>\n
<\/p>\n
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