STC1846-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1846-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-30-000-2022-01427-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 29 de noviembre de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Alberto Calle Forero contra la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial y la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de las prerrogativas fundamentales al debido proceso, defensa, m\u00ednimo vital y trabajo, que dice vulnerados por los accionados. <\/p>\n
En consecuencia, solicita \u00abse dejen sin efecto las decisiones antes anotadas y\u2026 en su lugar se dicte un fallo de reemplazo que [lo] absuelva de responsabilidad disciplinaria como quiera que no ha existido falta alguna en [su] ejercicio profesional de abogado\u00bb, o se disponga \u00abrehacer la segunda instancia\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Dentro de un proceso disciplinario adelantado contra Alberto Calle Forero, la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca dict\u00f3 fallo el 16 de octubre de 2020, en el que lo sancion\u00f3 con suspensi\u00f3n en el ejercicio de la profesi\u00f3n por dos meses y multa de 2 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, por incurrir en las faltas disciplinarias contempladas en los numerales 1\u00ba y 4\u00ba del art\u00edculo 35 de la Ley 1123 de 2007 a t\u00edtulo de dolo. <\/p>\n
2.2. Tras ser apelada la referida decisi\u00f3n, en fallo de 26 de octubre de 2022 la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial la confirm\u00f3. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 el accionante que en ejercicio de sus labores de abogado represent\u00f3 a William Alberto Le\u00f3n Mu\u00f1oz en el a\u00f1o 2014, en un juicio laboral de \u00fanica instancia, en donde se emiti\u00f3 fallo favorable al demandante por la gesti\u00f3n adelantada, adem\u00e1s del proceso ejecutivo a continuaci\u00f3n; y que la empresa demandada formul\u00f3 una tutela contra dicha decisi\u00f3n, la que le fue favorable a su representado. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que hab\u00edan pactado cuota litis, pues su poderdante no contaba con dinero ni trabajo, pero una vez en firme la sentencia, la empresa demandada entr\u00f3 en concordato y cesaci\u00f3n de pagos, por lo que una vez efectuada la liquidaci\u00f3n por parte del despacho judicial subi\u00f3 de $2.000.000 a $27.000.000; que aquel lleg\u00f3 a un acuerdo conciliatorio por $28.797.000, lo que no le inform\u00f3; y que como no le pagaban por el concordato present\u00f3 queja en su contra. <\/p>\n
2.5. Adujo que el quejoso William Alberto Le\u00f3n Mu\u00f1oz no cumpli\u00f3 con los acuerdos verbales pactados, gener\u00e1ndole un desmejoramiento de las condiciones laborales, como lo era pactar una cuota litis, luego indicar que era la misma era del 35% y despu\u00e9s del 25%, y al final no querer cancelarle nada. <\/p>\n
2.6. Afirm\u00f3 que cuando no se pagaba una suma antes o durante del proceso se presum\u00eda la existencia del pacto de cuota litis; que se incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho al sancionarlo, pues ello no era acorde con los acuerdos de los colegios de abogados en cuanto a que se reg\u00edan para cobrar lo justo de su trabajo; y que se efectu\u00f3 una apreciaci\u00f3n subjetiva. <\/p>\n
2.7. Sostuvo que en segunda instancia se present\u00f3 el mismo yerro o defecto f\u00e1ctico en la apreciaci\u00f3n probatoria; que no se hizo en debida forma la liquidaci\u00f3n de sus honorarios, pues el total recibido fue de $28.797.000, por lo que el porcentaje que le debieron pagar era de $7.197.000, m\u00e1s la tutela y el 10% de lo logrado en el ejecutivo, es decir, $12.545.319. <\/p>\n
2.8. Refiri\u00f3 que hab\u00eda un saldo a su favor que no se tuvo en cuenta; que no era pensionado ni devengaba el salario m\u00ednimo legal del que pueda derivar su sustento; que el quejoso no dijo la verdad y ocult\u00f3 informaci\u00f3n para no pagar los honorarios; que estaba en los tr\u00e1mites de la pensi\u00f3n por invalidez; y que no era id\u00f3neo acudir a otra jurisdicci\u00f3n por lo dispendioso del tr\u00e1mite. <\/p>\n
LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas e indic\u00f3 que observ\u00f3 los derechos fundamentales del accionante; que el disciplinado estuvo representado por apoderado de confianza, por lo que tuvo la oportunidad de controvertir y participar en el procedimiento; que las razones que expon\u00eda para dejar sin efectos la sentencia y la sanci\u00f3n impuesta eran las mismas que manifest\u00f3 en el juicio; que la decisi\u00f3n emitida fue objeto de control de legalidad en segunda instancia, la que la encontr\u00f3 conforme y la confirm\u00f3. Remiti\u00f3 el expediente digital criticado. <\/p>\n
2. La Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial se\u00f1al\u00f3 que no exist\u00eda vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados; que esta acci\u00f3n no era una tercera instancia; que no incurri\u00f3 en defectos de tipo procedimental o sustantivo; que la tutela carec\u00eda de carga argumentativa y probatoria, estando demostrada la responsabilidad disciplinaria del accionante; que no encontraba fundamento en lo atinente al cobro de honorarios por cuota litis, pues en la providencia censurada se le indic\u00f3 que era v\u00e1lida esa forma de pactarlos; que el accionante debat\u00eda aspectos que formul\u00f3 en primer grado, con lo que pretend\u00eda reabrir una etapa procesal precluida; y que efectu\u00f3 una valoraci\u00f3n de las pruebas bajo el principio de la sana cr\u00edtica y conforme a derecho. <\/p>\n
3. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal deneg\u00f3 el amparo al considerar que el asunto se resolvi\u00f3 de forma razonada y en atenci\u00f3n a los medios de convicci\u00f3n y a la normatividad aplicable, lo que descartaba una v\u00eda de hecho; que la argumentaci\u00f3n ofrecida por el accionante dejaba entrever su deseo de que se estudiaran por esta v\u00eda los problemas jur\u00eddicos que fueron debatidos y resueltos en el proceso censurado, en tanto que las quejas ahora planteadas son las mismas que en la apelaci\u00f3n expuso, esto es, insistir que sus honorarios eran superiores; que la conducta que las autoridades acusadas reprocharon fue el cobro desproporcional que le hizo el gestor a su cliente; que el promotor no explic\u00f3 por qu\u00e9 la liquidaci\u00f3n efectuada era errada, ni las razones por las que se deb\u00eda tener en cuenta la novedosa que plante\u00f3 en este tr\u00e1mite; que la tutela no era una instancia adicional; y que no advert\u00eda la transgresi\u00f3n de derechos fundamentales, ni la ocurrencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial y aduciendo que no buscaba un tercer recurso cuando exist\u00eda un error aritm\u00e9tico en su contra; y que solo recibi\u00f3 $7.000.000 y no $8.228.160, por lo que se incurr\u00eda en grave error. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el Tribunal accionado, en la providencia criticada de 26 de octubre de 2022, consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026Se le reproch\u00f3 al investigado la incursi\u00f3n en la falta descrita en los numerales 1\u00ba y 4\u00b0 del art\u00edculo 35 de la Ley 1123 de 2007, y la trasgresi\u00f3n del deber descrito en el art\u00edculo 28 numeral 8\u00ba, por cuando el abogado: (I) En un acto unilateral dispuso la obtenci\u00f3n de las costas por concepto de honorarios sin autorizaci\u00f3n expresa del demandante, (II) exigi\u00f3 un cobro desproporcionado de dineros por valor de $ 1\u2019971.840,oo, en la cuenta cobro presentada y, (III) no entreg\u00f3 al cliente la suma $568.840,oo, dinero recibido en virtud de la gesti\u00f3n profesional. <\/p>\n
Frente al punto uno objeto del disenso, encuentra esta Corporaci\u00f3n que no son ver\u00eddicos los argumentos planteados por el apelante, pues lo cierto es que la Seccional precis\u00f3 con puntualidad las sumas de dinero recibidas por el apoderado y el quejoso derivadas del proceso laboral No. 2014-00166, y su ejecuci\u00f3n siguiente que se surti\u00f3 en el Juzgado 6\u00b0 de Peque\u00f1as Causas Laborales de Cali. <\/p>\n
A folios 5 al 25 del consecutivo No. 036 \u201cEXPEDIENTE DE WILLIAM ALBERTO LEON MU\u00d1OZ\u201d del Cuaderno Primera Instancia, obra copias de la sentencia proferida por el despacho arriba enunciado, donde en la parte resolutiva y como consecuencia de la declaratoria de la existencia de la relaci\u00f3n laboral, se orden\u00f3 a la entidad demandada GIT MASIVO, pagar al aqu\u00ed quejoso la suma total de $24\u2019060.295,oo, por concepto de prestaciones y sanci\u00f3n moratoria por no pago oportuno de prestaciones. <\/p>\n
De igual forma a folios 27 y 29 del mismo archivo, obra auto de fecha 06 de septiembre de 2016 que orden\u00f3 liquidar costas en favor de la parte demandante por valor de $3\u2019600.000,oo, las cuales fueron liquidadas y aprobadas. Lo cual evidencia que contrario a lo manifestado por el recurrente, si existi\u00f3 una liquidaci\u00f3n de costas elaborada por el Juzgado 6\u00b0 de Peque\u00f1as Causas de Cali, quedando as\u00ed sin soporte las afirmaciones del apelante, en la medida en que existi\u00f3 una condena en costas a favor del parte demandante William Alberto Le\u00f3n Mu\u00f1oz. <\/p>\n
Ahora, es ver\u00eddico que, al proceso de ejecuci\u00f3n siguiente al ordinario laboral, se present\u00f3 un contrato de transacci\u00f3n (folios 39 al 47 del consecutivo No. 036 \u201cEXPEDIENTE DE WILLIAM ALBERTO LEON MU\u00d1OZ\u201d Cuaderno Primera Instancia), en el cual las partes del litigio resolvieron transigir la condena por valor de $27\u2019000.000,oo, incluidos $3\u2019000.000,oo por concepto de costas procesales, transacci\u00f3n que fue aceptada por el Juzgado 6\u00b0 de Peque\u00f1as Causas de Cali mediante auto de fecha 07 de noviembre de 2017 (folios 49 y 50 del consecutivo No. 036 \u201cEXPEDIENTE DE WILLIAM ALBERTO LEON MU\u00d1OZ\u201d Cuaderno Primera Instancia). <\/p>\n
De igual manera, se da credibilidad a la consignaci\u00f3n por valor $1.797.00 realizada por la empresa GIT MASIVO al quejoso, pues as\u00ed lo afirm\u00f3 este en su ampliaci\u00f3n de queja, lo cual fue corroborado por el disciplinado en su versi\u00f3n libre, de lo cual se concluye que el monto total de los dineros en favor del quejoso fueron de $28\u2019797.000,oo. <\/p>\n
Bajo esta \u00f3rbita, comparte esta Corporaci\u00f3n los valores determinados por el sentenciador de primer grado en la sentencia, pues en efecto y de acuerdo al 25% de honorarios pactados, al disciplinado \u00fanicamente le correspond\u00edan la suma de $ 8\u2019228.160,oo, incluyendo en dicho monto: a) El valor de honorarios del proceso ordinario y su posterior ejecuci\u00f3n ($6\u2019449.250.oo), b) Los dos salarios m\u00ednimos para el a\u00f1o 2016 de la defensa de la acci\u00f3n de tutela ($1\u2019378.910,oo), y c) El reintegro de gastos de curadur\u00eda ($400.000.oo). <\/p>\n
Ahora, si contrastamos los anteriores valores, con los expuestos por el disciplinado en su diligencia de versi\u00f3n libre10, y con la cuenta de cobro que este aport\u00f3 al proceso11, este all\u00ed indic\u00f3 que por los conceptos ya descritos hab\u00eda recibido lo siguiente: <\/p>\n
\u201cA la fecha se han recibido abonos a esta factura por valor de $6\u2019000.000,oo, millones de pesos m\u00e1s las costas en raz\u00f3n a que el cliente no aport\u00f3 nada para los gastos los cuales fueron realizado por el suscrito. Saldo pendiente $4\u2019600.000,oo\u201d (SIC) <\/p>\n
De esto se evidencia que en efecto el apoderado ya ten\u00eda en su poder la suma de $9\u2019000.000,oo, la cual supera los honorarios que le correspond\u00edan con la particularidad que dentro de lo ya recibido se inclu\u00edan las costas del proceso, quien por medio de dicha cuenta de cobro pretendi\u00f3 a dem\u00e1s exigir un cobro desproporcionado, pues la misma desbordaba el convenio inicialmente establecido por con su cliente, de donde se refleja adem\u00e1s que con el recibido de este valor no entreg\u00f3 el excedente de los dineros al demandante. Y es que, debe recordarse que toda variaci\u00f3n en el pacto de honorarios debe ser previamente acordado por ambos extremos, es decir, cliente \u2013 abogado y no como justificante lo pretendi\u00f3 afirmar el recurrente, modificando el pacto inicial del 25% al 50% sin mediar autorizaci\u00f3n sobre el particular. <\/p>\n
Lo anteriormente expuesto, demuestra que el A-quo en si realiz\u00f3 una correspondiente valoraci\u00f3n probatoria, de los cuales afloran las conductas consumadas por el profesional del derecho Calle Forero y por las cuales fue sancionado. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que: <\/p>\n
Frente al segundo argumento planteado por el censor, se observa que, en ning\u00fan momento del tr\u00e1mite de primera instancia, se reproch\u00f3 al abogado el haber pactado los honorarios a cuota litis, por ende, al ser este t\u00f3pico objeto de reproche, no hay lugar a pronunciarse sobre ello, m\u00e1s a\u00fan cuando se tiene que es una figura v\u00e1lida para el pacto de honorarios entre cliente y profesional en derecho. De otro lado tampoco se cuestiona el pago de los gastos del curador, pues como lo dej\u00f3 planteado el magistrado instructor en la sentencia objeto de examen, dicho monto de $400.000,oo s\u00ed fue incluido en la liquidaci\u00f3n de honorarios que le correspond\u00edan al abogado. <\/p>\n
Finalmente, resulta inv\u00e1lido y carente de sustento el argumento expuesto en torno al incremento de honorarios del 25 al 50%, como se expuso, pues el mismo es contrario por lo expresado por el mismo disciplinado a lo largo del tr\u00e1mite procesal, pues este desde el momento en que rindi\u00f3 su versi\u00f3n libre y hasta la presentaci\u00f3n de los alegatos conclusivos afirm\u00f3 que el porcentaje pactado fue del 25%, por ende no es dable para esta Colegiatura que el apoderado judicial del disciplinado pretenda justificar el cobro excesivo y la retenci\u00f3n de los dineros producto de la gesti\u00f3n, mediante un repentino incremento unilateral de los honorarios que desde un inicio fueron estipulados. <\/p>\n
Y en lo tocante al tercer punto objeto del recurso, el mismo tampoco puede prosperar, pues como se indic\u00f3 en anteriores l\u00edneas, el material probatorio ya rese\u00f1ado da cuenta de las faltas cometidas por el abogado Calle Forero, por ende no resulta v\u00e1lido afirmar que el mismo actu\u00f3 conforme a derecho en el desempe\u00f1o de su profesi\u00f3n, no encontrando as\u00ed causal alguna de exoneraci\u00f3n de responsabilidad como lo pretende el recurrente. <\/p>\n
De esa forma, ante la no prosperidad de los argumentos de la apelaci\u00f3n, la Comisi\u00f3n confirmar\u00e1 la providencia objeto de apelaci\u00f3n\u2026 <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el tutelante es una diferencia de criterio acerca de la valoraci\u00f3n efectuada en la providencia censurada; en cuyo caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Recepcionada en esta Sala Especializada el 8 de febrero de 2023. <\/p>\n
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STC1846-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC1846-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-30-000-2022-01427-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 29 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-71574","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71574","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71574"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71574\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71574"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71574"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71574"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}