STC1853-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1853-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-00713-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jaqueline Cortina Mugno, Ariel de Jes\u00fas y Carlos Guillermo L\u00f3pez Mugno contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, el Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Santa Marta y la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas – Territorial Magdalena, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores del amparo reclamaron la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, contradicci\u00f3n, igualdad y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades acusadas. <\/p>\n
Solicitaron, entonces, ordenar al Tribunal convocado que \u00abdeje sin efecto\u2026 la sentencia dictada en fecha noviembre\u2026 (29) del a\u00f1o\u2026 (2021)\u00bb; \u00abdecretar la nulidad de todo lo actuado, desde la admisi\u00f3n de la demanda\u00bb; y ordenar, \u00abadem\u00e1s de la inscripci\u00f3n de la demanda en los t\u00e9rminos que se\u00f1ala la norma\u2026[,] la notificaci\u00f3n de los herederos de la difunta Mar\u00eda Luc\u00eda Mugno de L\u00f3pez\u00bb. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n de este caso: <\/p>\n
2.1. En el juicio de restituci\u00f3n de tierras promovido por la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas en favor de Julio Eliecer Pi\u00f1a Quintero y Emilse de Jes\u00fas Royero Le\u00f3n (respecto de los predios denominados Santa Helena (FMI 226-219), Vida Tranquila (FMI 226-12334), La Uni\u00f3n (FMI 226-12723), Casi M\u00edo (FMI 226-19777) y Casi M\u00edo II (FMI 226-18810), ubicados en el municipio de Santa Ana del departamento de Magdalena), en el cual fungieron como opositores Mar\u00eda Esther \u00c1lvarez Plata; Esther, Sandra Patricia y Jorge Barrera \u00c1lvarez; Martha Roc\u00edo y Hern\u00e1n Barrera Prada; Margarita Barrera Ortiz; Juan Francisco Barrera; Dorina Milena Tob\u00edas D\u00edaz; Agripina Mar\u00eda, Glenys Leonor y Rudencindo Rafael Tob\u00edas Carrillo; Karina, Antonio, Dina Luz y Diana Luz Tob\u00edas D\u00edaz; Candida Tob\u00edas Rodr\u00edguez; Antonio Mar\u00eda Tob\u00edas Rivera; Patricia Bel\u00e9n Tob\u00edas de Garc\u00eda; Ramiro Alberto Arrieta Tob\u00edas y Maritza Mor\u00f3n Salgado; surtidas las etapas de rigor, el 29 de noviembre de 2021 el Tribunal acusado dict\u00f3 sentencia, en la cual accedi\u00f3 a las pretensiones, a la vez que desestim\u00f3 las oposiciones. <\/p>\n
2.2. En sede de tutela, en concreto, los actores criticaron que no fueron notificados de la existencia de ese asunto, debiendo serlo, como herederos de Mara Mugno de L\u00f3pez, dado que ella, adujeron, era propietaria del predio denominado Santa Elena. <\/p>\n
Destacaron que por tal motivo se les imposibilit\u00f3 aducir all\u00ed las diferentes irregularidades presentadas en el tr\u00e1mite, tales como la omisi\u00f3n de inscribir la demanda en el respectivo folio de matr\u00edcula inmobiliaria, que \u00ab[l]as medidas y linderos se\u00f1alad[o]s en los predios objeto de restituci\u00f3n no concuerdan con las\u2026 que realmente tiene[n]\u00bb y la ausencia de \u00abinspecci\u00f3n ocular sobre las tierras a restituir\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el precepto 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas deprec\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de este tr\u00e1mite constitucional por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, \u00abteniendo en cuenta que no tiene competencia para realizar las gestiones tendientes a restablecer los derechos fundamentales que la parte actora considera vulnerados\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena defendi\u00f3 la legalidad de sus actuaciones; pidi\u00f3 denegar la protecci\u00f3n porque \u00abno ha vulnerado en ning\u00fan momento los derechos fundamentales de los accionantes\u00bb; destac\u00f3 que \u00abes claro que nada tornaba forzosa la vinculaci\u00f3n directa de los accionantes herederos de Mara Lucia Mugno L\u00f3pez y por ello, en caso de que ellos hubieran querido comparecer al proceso, ninguna clase de barrera se hubiera puesto por parte de esta Sala ni del juzgado instructor\u00bb; y que, en todo caso, \u00absi consideran los accionantes haber sido indebidamente notificados cuentan con la posibilidad de presentar demanda de revisi\u00f3n ante la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia\u00bb. <\/p>\n
3. El Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Santa Marta limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a rese\u00f1ar las actuaciones surtidas en el asunto recriminado. <\/p>\n
4. La Procuradur\u00eda 13 Judicial II de Restituci\u00f3n de Tierras de Santa Marta se\u00f1al\u00f3 que las autoridades convocadas procedieron conforme a derecho, \u00abcon la observancia plena de las formas jur\u00eddico – procesales, salvaguardando el debido proceso y las garant\u00edas correlativas de las partes\u00bb; aunado a que el reclamo supralegal insatisface los presupuestos de procedibilidad de la inmediatez y la subsidiariedad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Con base en tales premisas, se concluye la improcedencia del resguardo, como quiera que los accionantes, cumpliendo con los requisitos previstos para el efecto, cuentan con la posibilidad de interponer el recurso extraordinario de revisi\u00f3n, contemplado en los c\u00e1nones 354 y siguientes del C\u00f3digo General del Proceso, a fin de ventilar sus reclamos respecto a su falta de vinculaci\u00f3n y notificaci\u00f3n en el proceso criticado, conforme lo establece el precepto 92 de la Ley 1448 de 20111, y de salir airosos en tal empresa, formular todas sus dem\u00e1s inconformidades ante el fallador natural, sin que sea procedente atender dichas aspiraciones a trav\u00e9s de esta tutela. <\/p>\n
Frente a situaciones semejantes a la que aqu\u00ed se presenta, la Sala insistentemente ha expuesto que: <\/p>\n
\u2026el promotor cuenta con la opci\u00f3n de debatir la indebida notificaci\u00f3n que alega en el juicio ordinario, mediante la formulaci\u00f3n del recurso extraordinario de revisi\u00f3n\u2026, el cual puede promover independientemente de su desenlace, siempre y cuando se atienda la oportunidad legal y apoye la petici\u00f3n en una de las causales establecidas en el art\u00edculo 380 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil [hoy art\u00edculo 355 del C\u00f3digo General del Proceso]; en tal sentido, resulta ilustrativo el inciso tercero del art\u00edculo 142 ib\u00eddem al se\u00f1alar: \u201c[l]a nulidad por indebida representaci\u00f3n o falta de notificaci\u00f3n o emplazamiento en legal forma, podr\u00e1 tambi\u00e9n alegarse durante la diligencia de que tratan los art\u00edculos 337 a 339, o como excepci\u00f3n en el proceso que se adelante para la ejecuci\u00f3n de la sentencia, o mediante el recurso de revisi\u00f3n si no se aleg\u00f3 por la parte en las anteriores oportunidades\u201d (subrayas ajenas al texto – CSJ STC, 24 may. 2012, rad. 2012-00999-00; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 1\u00ba nov. 2012, rad. 2012-00316-01; CSJ STC, 2 oct. 2013, rad. 2013-00043-01; y CSJ STC, 28 nov. 2013, rad. 2013-00121-01).2 <\/p>\n
Para ahondar en razones, cabe a\u00f1adir que en igual sentido se ha pronunciado la Corte en trat\u00e1ndose de las providencias que definen el tr\u00e1mite de restituci\u00f3n de tierras, resaltando que: <\/p>\n
Sobre la desatenci\u00f3n al esencial presupuesto de la subsidiariedad de la protecci\u00f3n invocada, por encontrarse vigentes otras posibilidades de defensa judicial, la Sala observa que, como lo menciona el propio accionante, puede, de darse las causales all\u00ed se\u00f1aladas, proponer los reparos que aqu\u00ed manifiesta a trav\u00e9s del recurso extraordinario de revisi\u00f3n, de que trata el art\u00edculo 92 de la Ley 1448 de 2011 y las reglas 354 y 355 del C\u00f3digo General del Proceso, respetando los t\u00e9rminos fijados para su interposici\u00f3n en el precepto 356 ib\u00eddem. En esa sede, el juez de conocimiento decidir\u00e1 sobre la admisibilidad de ese recurso extraordinario, as\u00ed como de la prosperidad de las causales invocadas. (CSJ STC12291-2017; reiterada en STC18886-2017). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como reiteradamente lo ha dicho la Corte, la anterior situaci\u00f3n enmarca la tutela en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del canon 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del precepto 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, donde se determina que a este especial\u00edsimo mecanismo solamente puede acudirse previo agotamiento de todos los instrumentos de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico pone a disposici\u00f3n de los interesados, ya que de otra manera se convertir\u00eda en un medio para usurpar las funciones que la ley tiene asignadas a determinadas autoridades jurisdiccionales. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
3. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si este veredicto no es impugnado, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
Se destaca que, atendiendo el cambio normativo, debe entenderse que la remisi\u00f3n all\u00ed dispuesta, en la actualidad, hace referencia al C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2\u0002 Cabe a\u00f1adir que si bien el precedente citado hace referencia a normas del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, resulta aplicable al caso de autos, por cuanto, al respecto, el actual estatuto procesal conserva una orientaci\u00f3n similar. <\/p>\n
<\/p>\n
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