STC1857-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1857-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2022-02738-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Janeth P\u00e9rez Camberos (quien dijo actuar como \u00abapoderada especial de los compradores de los inmuebles dentro del Conjunto Residencial \u201cPalladio\u201d\u00bb o \u00abcomo [su] agente oficioso\u00bb porque \u00abno fue posible aportar poder\u00bb) frente al fallo proferido el 12 de enero de 2023 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por ella contra la Superintendencia de Industria y Comercio, Amarilo S.A.S. y Fiduciaria Bogot\u00e1 S.A. (en su calidad de vocera del patrimonio aut\u00f3nomo denominado Fideicomiso Palladio -Serena del Mar- Fidubogot\u00e1), a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes en los asuntos que originaron la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo, aduciendo actuar como apoderada especial o agente oficiosa de Fernando Amaya Salinas, Olga Carolina Mojica G\u00e1mez, Diego Francisco Bautista Medell\u00edn, Irwin Uriel Burgos Pinilla, Diana Carolina Calvo Mart\u00ednez, Eliecer Antonio Camargo Arias, Myriam Elena Carre\u00f1o Pardo, Luis Henry del Gallego, Pablo Enrique Gonz\u00e1lez P\u00e9rez, Mar\u00eda Stella Espinosa Rodr\u00edguez, Osval Armando Ib\u00e1\u00f1ez D\u00edaz, Claudia Luc\u00eda Pe\u00f1a Pineda, Zoila Margarita Isignares Vizca\u00edno, Fernando Pereira Paternina, Carlos Alfonso Le\u00f3n, Antonio de Jes\u00fas M\u00e1rquez Verbel, Guillermina Vasquez del Toro, Fabio Molano Herrera, Olga Luc\u00eda Molano Herrera, H\u00e9ctor Fabio Orrego Jim\u00e9nez, Mariela Pineda Bernal, Brenda Ardila Pineda, Gloria Amparo Pinz\u00f3n Hern\u00e1ndez, Nicol\u00e1s Ruiz Buend\u00eda, Katherin Alejandra Toro Agudelo, C\u00e9sar Mil\u00e1n Soto Mart\u00ednez, Sa\u00fal Esteban Vallejo Quintero, Gustavo Dixan V\u00e1squez P\u00e9rez, Diana Cristina G\u00f3mez Malo e Isabel Vergara Mart\u00ednez, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y defensa de los nombrados, presuntamente vulnerados por las accionadas. <\/p>\n
Deprec\u00f3, entonces, ordenar i) \u00aba Amarilo, abstenerse de ejercer cualquier actuaci\u00f3n que vulnere y altere el equilibrio que debe existir entre los extremos contractuales y en consecuencia que se abstenga de declarar desistidos de manera unilateral los negocios celebrados con [sus] representados, as\u00ed mismo, se abstenga de devolver a los consumidores los recursos pagados por los inmuebles\u00bb; y ii) \u00aba la Superintendencia de Industria y Comercio, intervenir y decretar las medidas cautelares solicitadas tanto en la denuncia administrativa, como en la respectiva acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor, hasta tanto los asuntos sean resueltos de fondo\u00bb. <\/p>\n
2. Como fundamento de tales pedimentos, en concreto, indic\u00f3 que entre sus representados y Amarilo S.A.S. existe una relaci\u00f3n de consumo, derivada de las promesas de compraventa sobre planos ajustadas en el a\u00f1o 2018 entre aqu\u00e9llos -como promitentes compradores- con \u00e9sta -como promitente vendedora- respecto de unos apartamentos del proyecto de vivienda Palladio -Serena del Mar- en Cartagena; que en esa negociaci\u00f3n la mentada constructora ostenta una \u00abposici\u00f3n dominante de la que ha abusado\u00bb al imponer condiciones o cambiar unilateralmente las establecidas de com\u00fan acuerdo de forma inicial, incumpliendo las fechas de entrega, por lo que acude a esta remedio supralegal, como mecanismo transitorio, porque tal sociedad, en forma inconsulta y unilateral, tom\u00f3 la decisi\u00f3n de declarar desistidos los negocios a partir del 31 de octubre de 2022 si aqu\u00e9llos no firman las promesas de compraventa que contienen condiciones contrarias a las ofrecidas previamente. <\/p>\n
Destac\u00f3 que el 29 de julio de 2022 sus representados interpusieron denuncia ante la Superintendencia de Industria y Comercio, pidiendo la protecci\u00f3n de sus derechos, pero a la fecha no se ha realizado ninguna actuaci\u00f3n a pesar de sus requerimientos e insistencia; y que tambi\u00e9n han instaurado, de manera individual, acciones jurisdiccionales de protecci\u00f3n al consumidor, sin que se hayan decretado las medidas cautelares all\u00ed deprecadas para conjurar los perjuicios que puedan sufrir. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que acudir a este reclamo como agente oficiosa de los referidos ciudadanos, en los t\u00e9rminos del precepto 57 del C\u00f3digo General del Proceso, m\u00e1xime cuando sus agenciados se encuentran en \u00abestado de indefensi\u00f3n\u00bb ante la referida sociedad, la que abusando de su posici\u00f3n dominante los ha dejado en imposibilidad de ejercer el derecho de defensa, gener\u00e1ndoles un perjuicio irremediable. <\/p>\n
LAS MANIFESTACIONES DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Fiduciaria Bogot\u00e1 S.A. rog\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de este tr\u00e1mite supralegal porque no ha conculcado ninguna garant\u00eda esencial a la parte actora ni \u00abes el sujeto llamado a responder por los derechos fundamentales presuntamente vulnerados a la accionante\u00bb, aunado a que \u00e9sta cuenta con otros medios de defensa judicial para lograr su cometido. <\/p>\n
2. Amarilo S.A.S. pidi\u00f3 denegar la protecci\u00f3n rogada por ser improcedente, dada la existencia de otros mecanismos de defensa judicial, aunado a la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa por la falta de satisfacci\u00f3n de los presupuestos establecidos para la viabilidad de la agencia oficiosa; o subsidiariamente, despachar adversamente la salvaguarda \u00abpor no existir vulneraci\u00f3n alguna a los derechos invocados\u00bb. <\/p>\n
3. La Superintendencia de Industria y Comercio solicit\u00f3 negar el amparo y desvincularla de este tr\u00e1mite porque, en s\u00edntesis, sus \u00abactuaciones y decisiones\u2026 son dictadas conforme a derecho[,] acatando el procedimiento que las normas procesales establecen en cada una de las actuaciones llevadas a cabo dentro del mismo\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional desestim\u00f3 la protecci\u00f3n invocada al hallar insatisfecho el presupuesto de la subsidiariedad, porque, como \u00ablos actores pretenden\u2026 se ordene a\u2026 Amarilo S.A.S. abstenerse de declarar desistidos de manera unilateral los negocios celebrados y realizar la devoluci\u00f3n de los dineros que ya fueron pagados por los inmuebles\u00bb, es evidente que \u00abal interior del ordenamiento jur\u00eddico existen otros medios de defensa o acciones jur\u00eddicas espec\u00edficas para obtener las declaraciones que aqu\u00ed se reclaman\u00bb, a los cuales deben acudir, m\u00e1xime cuando \u00ab[t]ampoco se observa\u2026 que deba concederse el amparo de manera transitoria para evitar un perjuicio irremediable, pues no basta con invocar un da\u00f1o hipot\u00e9tico sino, conforme con la evidencia f\u00e1ctica, es necesario probar que de no conjurarse la causa perturbadora surge para los accionantes un perjuicio probable y que el procedimiento judicial previsto no es id\u00f3neo, o resulta insuficiente, para superarlo, lo que no ocurri\u00f3 en el presente caso\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, anot\u00f3 que, \u00aben cuanto a la petici\u00f3n encaminada a que se decreten las medidas cautelares de inscripci\u00f3n de la demanda en el predio de mayor extensi\u00f3n\u2026 y de manera complementaria \u201cse ordene a las sociedades demandadas abstenerse de comercializar y liberar el inmueble adquirido por el extremo demandante\u2026\u201d, solicitadas en cada de una de las acciones de protecci\u00f3n al consumidor\u00bb; que \u00aben algunas de ellas\u2026 ya hubo pronunciamiento\u00bb y, \u00ab[s]i bien se neg\u00f3 la petici\u00f3n cautelar, la apoderada de los demandantes interpuso los respectivos recursos en contra de las providencias que se profirieron el 5 de diciembre 2022, por lo que la acci\u00f3n de tutela deviene improcedente, pues no puede usarse sin que el funcionario de conocimiento realice los pronunciamientos a que hay lugar, ni para precipitar o anteponerse a la decisi\u00f3n del juez natural de la causa. As\u00ed mismo, en lo que ata\u00f1e a las decisiones que negaron las cautelas de fecha 15 de diciembre la acci\u00f3n se torna pre tempor\u00e1nea, pues los accionantes no han cumplido con el requisito de subsidiariedad\u00bb; requisito tambi\u00e9n insatisfecho respecto de las demandas que resultaron inadmitidas. <\/p>\n
Agreg\u00f3, finalmente, en lo que tiene que ver con la \u00abdenuncia presentada en la Direcci\u00f3n de Investigaci\u00f3n de Protecci\u00f3n al Consumidor de la accionada\u00bb, que \u00abal consultar el tr\u00e1mite en su p\u00e1gina web se observa que la entidad si viene impulsando esa actuaci\u00f3n y que el 4 de noviembre de 2022 se requiri\u00f3 a Amarilo S.A.S. dentro de la etapa de averiguaci\u00f3n preliminar -Decreto 4886 de 2011 modificado por el Decreto 092 de 2022 y la Ley 1480 de 2011- para que aportara documentos y diera respuesta a los cuestionamientos planteados en el t\u00e9rmino de 10 d\u00edas; por lo tanto, una vez se surta el procedimiento aplicable, ser\u00e1 esa delegatura quien determine las medidas que deben tomarse o de imponer las debidas sanciones, si hubiere lugar a ellas\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la actora insistiendo en los planteamientos tra\u00eddos en el libelo introductor. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias anticipa la Corte la confirmaci\u00f3n del fallo impugnado, pero porque la accionante, Janeth P\u00e9rez Camberos, carece de legitimaci\u00f3n para cuestionar por esta v\u00eda las omisiones y actuaciones surtidas con ocasi\u00f3n de las acciones impulsadas por sus supuestamente agenciados contra sus antagonistas, por no ser parte en dichas contiendas ni aportar poder especial para actuar en la tutela en nombre de aqu\u00e9llos, respecto de los cuales dijo obrar como mandataria, aunado a que tampoco demostr\u00f3 los supuestos que validaran su proceder como agente oficiosa de los mismos, de no olvidar que para su consolidaci\u00f3n no basta con invocar el precepto 57 del C\u00f3digo General del Proceso sino que, para tal prop\u00f3sito, deben satisfacerse a cabalidad los presupuestos pac\u00edficamente establecidos por la jurisprudencia constitucional sobre la materia, lo que ni tan siquiera plante\u00f3. <\/p>\n
N\u00f3tese que los \u00fanicos memoriales poder obrantes en el expediente no var\u00edan sino que reafirman la anterior conclusi\u00f3n, en tanto que fueron otorgados a la censora para que en nombre de sus mandantes se \u00abtramiten y lleven hasta su culminaci\u00f3n todas las gestiones de defensa de [sus] intereses a fin de iniciar acci\u00f3n jurisdiccional de protecci\u00f3n al consumidor por publicidad enga\u00f1osa, ante la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, en contra de i) FIDUCIARIA BOGOT\u00c1 S.A\u2026, en su calidad de vocera del patrimonio aut\u00f3nomo denominado FIDEICOMISO PALLADIO – SERENA DEL MAR \u2013 FIDUBOGOT\u00c1\u2026 y ii) AMARILO S.A.S\u2026., en calidad de fideicomitente comercializador, constructor y gerente del proyecto de construcci\u00f3n del Conjunto Residencial Palladio, en el patrimonio aut\u00f3nomo FIDEICOMISO PALLADIO \u2013 SERENA DEL MAR \u2013 FIDUBOGOT\u00c1\u00bb, mas no para promover esta acci\u00f3n supralegal. <\/p>\n
En cuanto a la legitimaci\u00f3n para acudir a este mecanismo de resguardo constitucional, los c\u00e1nones 10 y 31 del Decreto 2591 de 1991 establecen como presupuesto para su formulaci\u00f3n que quien as\u00ed obre tenga un inter\u00e9s que legitime su intervenci\u00f3n, el cual, cuando se trata de la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales generada por omisiones, actuaciones o providencias judiciales o administrativas, radica en cabeza de quienes integran alguno de los extremos del litigio o asunto o fueron reconocidos all\u00ed como intervinientes. <\/p>\n
Al respecto, sobre el alcance del aludido precepto 10\u00ba la jurisprudencia constitucional ha considerado que: <\/p>\n
\u2026la legitimaci\u00f3n por activa en la acci\u00f3n de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso (se destac\u00f3 – CC T-878\/07). <\/p>\n
Por ese sendero se ha considerado que el poder otorgado para adelantar determinado asunto no \u00abpuede tener\u2026 la virtud de transferirle al apoderado los derechos fundamentales de su poderdante, ni mucho menos habilitarle para interponer acciones de tutela adyacentes\u2026, al ser este mecanismo un proceso judicial aut\u00f3nomo, que promovido a trav\u00e9s de abogado, requiere sujetarse a las reglas generales del derecho de postulaci\u00f3n\u00bb (Cfr. fallos de 15 may. 1995, rad. 2169; 14 nov. 1997, rad. 4568; 24 nov. 1999, rad. 7669; reiterados, entre muchos otros, el 29 jul. 2013, rad. 01729-00); lo que tambi\u00e9n se ha acrisolado exteriorizando que: <\/p>\n
\u2026\u00abCuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para\u2026 su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente\u2026 La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente\u2026 (Sentencias T-658 de 2002; T-451 de 2006 y T. 2011-00118-01 de 10 de junio de 2011 y T. 2011-00153-01 de 27 de julio del mismo a\u00f1o, entre otras). (Subrayas fuera del texto)\u00bb (ver en CSJ STC19645-2017) (CSJ STC2312-2018). <\/p>\n
Asimismo, la Corte Constitucional ha recordado los elementos necesarios para que opere la figura de la agencia oficiosa -ninguno de los cuales fue aqu\u00ed satisfecho-, precisando que: <\/p>\n
La jurisprudencia\u2026 ha fundamentado la agencia oficiosa en tres principios constitucionales \u201c(i) el principio de eficacia de los derechos fundamentales, que como mandato vinculante tanto para las autoridades p\u00fablicas como para los particulares, impone la ampliaci\u00f3n de los mecanismos institucionales para la realizaci\u00f3n efectiva de los contenidos propios de los derechos fundamentales; (ii) el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, principio que se encuentra en estrecha relaci\u00f3n con el anterior y est\u00e1 dirigido a evitar que por razones de formalidad procesal se impida la protecci\u00f3n efectiva de los derechos sustanciales; y (iii) el principio de solidaridad, el cual impone a los miembros de la sociedad velar por la defensa no s\u00f3lo de los derechos fundamentales propios, sino tambi\u00e9n por la defensa de los derechos ajenos cuando sus titulares se encuentran en imposibilidad de promover su defensa\u201d. <\/p>\n
3.5. Como requisitos normativos para la procedencia de la agencia oficiosa, la Corte ha establecido que: (i) el agente oficioso manifieste que act\u00faa como tal; (ii) del escrito de tutela se infiera que el titular del derecho est\u00e1 imposibilitado para ejercer dicha acci\u00f3n, ya sea por circunstancia f\u00edsicas o mentales; (iii) el titular del derecho debe ratificar lo actuado dentro del proceso y (iv) la informalidad de la agencia, es decir, no requiere que exista relaci\u00f3n formal entre el agente y el agenciado. \u201cEsta figura se encuentra limitada por la prueba del estado de vulnerabilidad del agenciado. Esto garantiza la autonom\u00eda de la voluntad de la persona que tiene la capacidad legal para ejercicio sus derechos fundamentales por s\u00ed misma\u201d… <\/p>\n
Revisada la actuaci\u00f3n cumplida en esta acci\u00f3n de tutela, de entrada, advierte la Corte que la se\u00f1ora\u2026 Rodr\u00edguez Tovar no se encuentra legitimada por activa para solicitar el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, la libertad y de petici\u00f3n, del se\u00f1or\u2026 Torres, por las siguientes razones: <\/p>\n
3.13.1. La se\u00f1ora Rodr\u00edguez Tovar no fue parte dentro de los procesos [fustigados]… En ese orden, la accionante, por no ser parte dentro de los citados expedientes, no tiene legitimidad para emprender una acci\u00f3n que, conforme al art\u00edculo 86 de la Carta, s\u00f3lo puede hacerlo directamente el afectado. <\/p>\n
3.13.2. No obstante lo anterior, de acuerdo con la normatividad y la jurisprudencia que al respecto se ha rese\u00f1ado, la se\u00f1ora\u2026 Rodr\u00edguez Tovar puede actuar como agente oficiosa de otras personas, siempre que cumpla con los requisitos de esta figura, es decir, que (i) manifieste que opera como tal; (ii) que de la demanda se infiera que el titular del derecho se encuentra imposibilitado para interponer la acci\u00f3n de tutela; y (iii) que el presunto afectado ratifique lo actuado dentro del proceso. <\/p>\n
En el caso concreto, no se advierte ninguna de las exigencias mencionadas, ya que en el escrito de tutela no se indic\u00f3 que la accionante actuaba como agente oficiosa de su compa\u00f1ero permanente. Aspecto que si bien puede inferirse de la misma demanda, moderando un poco la exigencia procesal, seg\u00fan lo ha ense\u00f1ado la Corte para algunos casos excepcionales y con el fin de garantizar los principios del acceso a la administraci\u00f3n de justicia y la prevalencia del derecho sustancial, no ocurre lo mismo con la exigencia probatoria relativa a que el se\u00f1or Torres se encuentra en imposibilidad para interponer, de manera aut\u00f3noma y directa, la tutela (CC T-406\/17). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como se advierte que Janeth P\u00e9rez Camberos no es parte ni interviniente reconocida en las actuaciones que censura, tampoco alleg\u00f3 poder especial a la salvaguarda para actuar en ella en representaci\u00f3n de los referidos \u00abcompradores de los inmuebles dentro del Conjunto Residencial \u201cPalladio\u201d\u00bb, ni tampoco demostr\u00f3 los supuestos que validaran su proceder como agente oficiosa, es evidente que carece de legitimaci\u00f3n para promover el presente resguardo atacando en nombre de aqu\u00e9llos las omisiones o decisiones, en su orden, all\u00ed presentadas y adoptadas. <\/p>\n
3. Estas consideraciones, que no precisamente las del a-quo constitucional, imponen respaldar el fallo de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a todos los intervinientes, por el medio m\u00e1s expedito, y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC1857-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC1857-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2022-02738-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Janeth P\u00e9rez Camberos (quien dijo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-71585","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71585","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71585"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71585\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71585"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71585"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71585"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}