STC1858-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1858-2023 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Mario Restrepo contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, extensiva a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor pretende protecci\u00f3n constitucional de su garant\u00eda fundamental al debido proceso, que dice vulnerada por la autoridad accionada, por lo que solicit\u00f3: (i) \u00abse ordene al tutelado perder competencia, art 121 CGP\u00bb; (ii) \u00abse determine en tutela cu\u00e1nto tiempo contaba el tutelado para fallar\u00bb; (iii) \u00abse ordene al [accionado] fallar inmediatamente [su] acci\u00f3n\u00bb; y (iv) \u00abse ordene a la Procuradora General de la Naci\u00f3n\u2026 act\u00fae en [su] amparo y presente acciones legales a [su] nombre\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para resolver este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Mario Restrepo formul\u00f3 acci\u00f3n popular contra Alba Luc\u00eda Grisales Mart\u00ednez, en su condici\u00f3n de propietaria del \u00abMuebles Alba SRC\u00bb, con radicaci\u00f3n n\u00b0 2022-00234, que fue decidida con sentencia del 17 de junio de 2022 por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, decisi\u00f3n que apel\u00f3 el demandante. <\/p>\n
2.2. Las diligencias fueron recibidas en el Tribunal criticado el 26 de julio de 2022, autoridad que admiti\u00f3 la alzada con auto del 23 de noviembre siguiente, corriendo traslado para sustentaci\u00f3n; y, el 14 de febrero de los corrientes, neg\u00f3 la apelaci\u00f3n adhesiva presentado por el apoderado de Cotty Morales, al tiempo que, pese al actuar silente del actor, dio por sustentada la alzada, atendiendo los argumentos expuestos ante el fallador de primera instancia. <\/p>\n
2.3. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que el estrado acusado \u00abincumple los t\u00e9rminos perentorios de tiempo que ordena art 37 ley 472 de 1998\u2026 al no existir veredicto final en los t\u00e9rminos perentorios de tiempo que le ordena la ley 472 de 1998 al tutelado\u00bb; que \u00abel tutelado solo decide admitir [su] alzada, pese a que solo cuenta con 20 d\u00edas para fallar, contados desde el momento de llegar la alzada a la secretar\u00eda del Tribunal, sin embargo el tutelado no cumple t\u00e9rminos perentorios de tiempo y no se da aplicaci\u00f3n art 84 ley 472 de 1998\u00bb. <\/p>\n
2.4. Pidi\u00f3 se ordene a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n \u00abque act\u00fae en [su] amparo y presente acciones legales a [su] nombre a fin de que se d\u00e9 aplicaci\u00f3n art 84 ley 472 de 1998, pues no [es] abogado y\u2026 [su] salud metal se ha visto afectada con episodios de depresi\u00f3n al ver que el tutelado nunca cumple t\u00e9rminos perentorios de tiempo\u2026\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de la salvaguarda por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, al considerar que no ha vulnerado o amenazado las garant\u00edas del actor; manifest\u00f3 que lo pretendido no ha sido de conocimiento de esa entidad. <\/p>\n
2. El Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal remiti\u00f3 link para consulta del expediente. <\/p>\n
3. La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira relat\u00f3 las actuaciones surtidas en esa instancia del tr\u00e1mite fustigado; manifest\u00f3 que \u00abtramita otros asuntos tambi\u00e9n de raigambre constitucional y tr\u00e1mite preferencial\u2026, cuyo volumen es notable; en promedio, para el a\u00f1o 2022 y lo que avanza de este, se han tramitado 5 habeas corpus, 113 tutelas de primera instancia, 154 de segunda instancia, 79 acciones populares\u00bb. <\/p>\n
Adicion\u00f3 que \u00abdesde hace varios meses, debido al alto volumen de demandas constitucionales, en tutela y populares, se encuentra dedicado, en un aproximado de casi un 100%, a atender exclusivamente dichos asuntos, incluso, en detrimento de las acciones ordinarias que tambi\u00e9n corresponden a esa Magistratura\u00bb; y que \u00aben los \u00faltimos meses se han atendido un promedio de 300 memoriales, exclusivamente\u2026 elevados en acciones populares, profiriendo la providencia que corresponde y los recursos que su vez interponen a la misma\u00bb, a lo que \u00abse suman, las respuestas que se brindan a las acciones de tutela ante la misma Corte Suprema de Justicia, a las decisiones ya referidas\u00bb. <\/p>\n
3. Al momento de someterse el presente asunto al conocimiento de la Sala, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Con base en tal premisa, de entrada, se resalta que la queja principal del promotor se circunscribe a la supuesta demora que se ha suscitado en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular criticada. <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, pertinente es recordar la jurisprudencia de la Sala, seg\u00fan la cual las situaciones de \u00abmora judicial\u00bb que abren paso a este excepcional mecanismo son aquellas que carezcan de defensa, es decir, sean el resultado de un comportamiento omisivo o ap\u00e1tico, no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetivas y razonables, como se avizora en el caso planteado. <\/p>\n
\u2026 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada (CSJ STC, 19 de sep. de 2008, rad. 01138-00, reiterada en STC153 de ene. 21 de 2016). <\/p>\n
3. Pues bien, del informe allegado por el estrado acusado, el cual se considera rendido bajo juramento, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991, emerge que la tardanza que se ha presentado en el tr\u00e1mite cuestionado a que se contrae la inconformidad del gestor, no es producto de un comportamiento negligente, indiferente o arbitrario de dicha autoridad, sino del alto c\u00famulo de acciones constitucionales que conoce ese despacho y de las actuaciones que se desprenden de aquellas, lo que descarta en este espec\u00edfico evento acceder a la protecci\u00f3n suplicada toda vez que intervienen circunstancias objetivas y razonables que justifican dicha situaci\u00f3n. <\/p>\n
4. Respecto a la petici\u00f3n elevada por el accionante, en el sentido de ordenar al estrado acusado \u00abperder competencia, art 121 CGP\u00bb, la Sala concluye la improcedencia del resguardo, toda vez que, revisados los elementos de juicio, se verifica que el actor no ha elevado petici\u00f3n en ese sentido al fallador natural. <\/p>\n
En ese orden de ideas, se configura la causal de improcedencia establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, esto es, \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, al existir ese otro medio judicial para alegar las inconformidades planteadas en sede constitucional, no es posible acceder a las s\u00faplicas de la quejosa, pues se desnaturalizar\u00eda esta especial\u00edsima acci\u00f3n, convirti\u00e9ndola en un instrumento paralelo al mecanismo regular de protecci\u00f3n, reiterando que la tutela no se erige como sustituta de las herramientas o procedimientos ordinarios creados por el legislador para debatir t\u00f3picos espec\u00edficos, cuando quiera que las partes interesadas en obtener una determinada decisi\u00f3n, teni\u00e9ndolos a su alcance, no los agotan, pues debido a su finalidad ius fundamental \u00abno est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la acci\u00f3n, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb (CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 2008-00065-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 4 jun. 2013, rad. 2013-00585-01; CSJ STC, 21 ago. 2013, rad. 2013-01258-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-01329-01). <\/p>\n
5. Por otra parte, en lo que ata\u00f1e a los conceptos jur\u00eddicos que reclam\u00f3 el querellante, basta con decir que no debe d\u00e1rsele una soluci\u00f3n a tales pedimentos a trav\u00e9s del tr\u00e1mite tutelar, por cuanto este no es de car\u00e1cter consultivo, como tampoco lo tiene esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
6. Finalmente, en lo que ata\u00f1e a los reproches que plante\u00f3 el promotor frente a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, basta con decir que no obra prueba en el plenario que permita concluir que el accionante pidi\u00f3 ante la entidad criticada el acompa\u00f1amiento que echa de menos, lo que impide pregonar que dicha autoridad comprometi\u00f3 sus garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
6.1. Por lo dem\u00e1s, es necesario precisar que si el quejoso considera que existe alguna actuaci\u00f3n irregular por parte de la Procuradur\u00eda est\u00e1 a su alcance ponerla en conocimiento de las autoridades respectivas, asumiendo su responsabilidad por la denuncia y las consecuencias derivadas de ello. <\/p>\n
Frente a dicho punto, esta Corporaci\u00f3n ha expresado: <\/p>\n
\u2026 es preciso indicar que si el aqu\u00ed convocante estima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u2018En relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuentan con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u2026 (CSJ STC13871-2016 y STC14669-2016). <\/p>\n
7. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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