STC1862-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1862-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2023-00721-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de marzo de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., primero (1) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Christian Camilo Castillo Ulcue contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a los Juzgados Primero y Tercero de Familia del Circuito de Palmira, a los se\u00f1ores Alberto, Ana Luc\u00eda, Hugo, Iv\u00e1n y Diego Villegas Ochoa, a Mar\u00eda In\u00e9s, Ana Milena, Beatriz Elena y \u00c1lvaro Villegas Cabal, a Mar\u00eda Nelly Cabal, Susana Madri\u00f1\u00e1n de Pe\u00f1a, Marcela del Carmen, Julio, Jaime y Ra\u00fal Madri\u00f1\u00e1n Molina. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor demand\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. En el Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Palmira se adelant\u00f3 el juicio sucesorio de la causante Rita Cecilia Madri\u00f1\u00e1n de Terreros, bajo el radicado 2008-00240, en el que sus sobrinos, Susana Madri\u00f1\u00e1n de Pe\u00f1a, Marcela del Carmen, Julio, Jaime y Ra\u00fal Madri\u00f1\u00e1n Molina, fueron reconocidos como herederos el 10 de junio de 2008; y los \u00absobrinos nietos\u00bb, Alberto, Ana Luc\u00eda, Hugo, Iv\u00e1n y Diego Villegas Ochoa, Mar\u00eda In\u00e9s, Ana Milena, Beatriz Elena y \u00c1lvaro Villegas Cabal, Mar\u00eda Nelly Cabal el 15 de agosto siguiente, decisi\u00f3n que fue confirmada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Buga el 23 de septiembre de 2009. El 18 de noviembre de 2013, se aprob\u00f3 el trabajo de partici\u00f3n presentado. <\/p>\n
2.2. Los sobrinos de la causante promovieron un proceso ordinario de reconocimiento de herederos de mejor derecho en la sucesi\u00f3n intestada de Rita Cecilia Madri\u00f1\u00e1n de Terreros, al que se le asign\u00f3 el radicado 2013-00443, en contra de los \u00absobrinos nietos\u00bb, con el fin de que se declarara que los primeros eran los \u00fanicos herederos. <\/p>\n
2.3. El asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Palmira, despacho que, por sentencia del 10 de noviembre de 2014, declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de cosa juzgada y neg\u00f3 las pretensiones de la demanda, al estimar que lo pretendido ya hab\u00eda sido debatido en el proceso de sucesi\u00f3n; apelada esa decisi\u00f3n, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Buga, por providencia del 15 de diciembre de 2017, la revoc\u00f3 y declar\u00f3 que \u00abSusana, Marcela, Julio, Jaime y Ra\u00fal Madri\u00f1\u00e1n Molina, en su condici\u00f3n de sobrinos de la causante Rita Cecilia Madri\u00f1an de Terreros, son los \u00fanicos llamados a heredarle\u00bb, lo que significaba que \u00ablos demandados no tienen vocaci\u00f3n hereditaria en relaci\u00f3n con dicha causante\u00bb. <\/p>\n
2.4. Con base en ello, se solicit\u00f3 la reapertura del tr\u00e1mite anterior, para rehacer la partici\u00f3n, lo que se realiz\u00f3 por parte del Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Palmira, que dict\u00f3 sentencia el 26 de septiembre de 2022, aprobando el trabajo de partici\u00f3n presentado. <\/p>\n
2.5. En criterio del tutelante, el Colegiado accionado, con su determinaci\u00f3n del 15 de diciembre de 2017, incurri\u00f3 en los defectos org\u00e1nico y procedimental absoluto, pues, a pesar de que hab\u00eda operado la cosa juzgada, realiz\u00f3 un \u00abjuicio evaluativo sobre el caso de fondo\u00bb, cuando lo pertinente era \u00abrechazar la demanda, decretar probada la excepci\u00f3n previa o de fondo que se proponga, y en \u00faltimo caso, (\u2026) una sentencia inhibitoria\u00bb; en consecuencia, calific\u00f3 lo decidi\u00f3 por el Tribunal accionado como un \u00abesperpento jur\u00eddico, que efectivamente tuvo incidencia directa en el proceso ante el Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Palmira, en el cual, se cambi\u00f3 todo lo que se hab\u00eda adelantado\u00bb, vulnerando los derechos de \u00abmis poderdantes\u00bb. <\/p>\n
3. Con apoyo en lo relatado, pidi\u00f3 que \u00abse me ampare el derecho fundamental al debido proceso, el acceso a la administraci\u00f3n de justicia, al derecho a la defensa, (\u2026) por las anomal\u00edas jur\u00eddicas del proceso del Juzgado 1 de familia de Palmira con Rad: 765203110-2013-00443-00 y 01 para poder representar y materializar el derecho de defensa de mis clientes\u00bb, y que se \u00abANULE todos los efectos jur\u00eddicos a partir de la radicaci\u00f3n de la demanda interpuesta por Susana Madri\u00f1\u00e1n de Pe\u00f1a y otros\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Colegiado demandado inform\u00f3 que, una vez emitidas sus determinaciones en sede de apelaci\u00f3n, procedi\u00f3 a devolver los expedientes 2013-00443-00 y 2008-00240-00 a los Juzgados respectivos. Igualmente, anot\u00f3 que no se cumpl\u00eda con el requisito de la inmediatez, y que se remit\u00eda a las consideraciones expuestas en sus providencias. <\/p>\n
2. Los Juzgados Primero y Tercero de Familia de Palmira defendieron la legalidad de sus actuaciones. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. En el sub examine, pretende el tutelante que se \u00abme ampare el derecho fundamental al debido proceso, el acceso a la administraci\u00f3n de justicia, al derecho a la defensa\u00bb, que considera vulnerados con ocasi\u00f3n de la providencia emitida el 15 de diciembre de 2017 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior Distrito Judicial de Buga. <\/p>\n
2. De entrada, advierte la Sala que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa. <\/p>\n
2.1. Referente a dicho presupuesto en las acciones de tutela, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone que \u00abpodr\u00e1 ser ejercida (\u2026) por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante\u00bb. Al respecto, esta Sala ha establecido que la persona habilitada para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales, de manera que el profesional del derecho que la representa en el proceso rebatido o en otro asunto \u00abes un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren presuntamente en v\u00edas de hecho\u00bb (CSJ STC 29 sep. 2003, rad 00245-01, reiterada en CSJ STC926-2018, CSJ STC4611- 2018, CSJ STC1042-2019). <\/p>\n
Igualmente, la Sala ha se\u00f1alado que la falta de poder especial del abogado impulsor, aun cuando \u00abtenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no [lo] habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo\u00bb y que tal omisi\u00f3n torna improcedente la tutela (CSJ STC1042-2019). <\/p>\n
2.2. En cuanto al mandato requerido, la Corte Constitucional, en sentencia CC T-001-1997, manifest\u00f3 que <\/p>\n
todo poder en materia de tutela debe ser especial, es decir, que \u00abse otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb. Bajo las anteriores circunstancias, como lo refiri\u00f3 la Corte Constitucional en sentencia CC T-1025-2006, el poder especial debe contener en forma clara y expresa: <\/p>\n
2.3. En el presente asunto, el gestor pretende la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, presuntamente vulnerados por el Tribunal, sin embargo, de lo expuesto se evidencia que el tutelante, como apoderado de una de las partes del proceso censurado, no resulta vulnerado en sus garant\u00edas superiores con las decisiones emitidas, a lo cual se suma que no alleg\u00f3 poder especial para representar en esta sede a quienes son sus mandantes en el juicio de origen, en los t\u00e9rminos de la jurisprudencia tra\u00edda a colaci\u00f3n, pues solo alleg\u00f3 la sustituci\u00f3n del poder realizada para intervenir el tr\u00e1mite de radicado 2008-00240-00. <\/p>\n
3. Por lo anterior, se declarar\u00e1 improcedente la tutela. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo reclamado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Postura reiterada por esta Sala en CSJ STC1284-2022. <\/p>\n
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