STC1866-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC1866-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-00736-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Gerardo Alonso Herrera Hoyos contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, el Consejo Superior de la Judicatura, el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, la Alcald\u00eda Municipal de esa ciudad, y citadas las partes e intervinientes en la acci\u00f3n popular No. 2021-00166-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El accionante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n al derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por el Tribunal accionado. <\/p>\n
Como sustento de su petici\u00f3n manifest\u00f3 que, en el Tribunal se tramit\u00f3 el asunto de la referencia, en donde pidi\u00f3 \u00abal Juzgado y al Tribunal vincular al municipio de Santa Rosa de Cabal, porque es responsable, por omisi\u00f3n de la violaci\u00f3n a los derechos colectivos invocados. Adem\u00e1s de ello vincule al municipio CON PRETENSI\u00d3N EN MI ACCI\u00d3N POPULAR\u00bb, pero se abstuvieron de darle tr\u00e1mite. <\/p>\n
Consider\u00f3 que, \u00absi en la accion popular referida el municipio de Santa Rosa de Cabal tiene la calidad de demandado, as\u00ed el actor popular haya dicho se trata de un vinculado, la sentencia citada tiene perfecta aplicaci\u00f3n a estos casos. PUES N\u00d3TESE QUE EL ACTOR POPULAR TUVO COMO VINCULADO AL ENTE TERRITORIAL CON PRETENSIONES A CUMPLIR EN EL FALLO y no fue comunicado o vinculado por ley como encargado de garantizar el derecho colectivo en su territorio, Y M\u00c1S A\u00daN, SI EL ENTE TERRITORIAL ES EL ENCARGADO DE GARANTIZAR QUE NO SE DESCONOZCAN DERECHOS COLECTIVOS EN SU TERRITORIO, CON MAYORES VERAS NI EL JUZGADO NI EL TRIBUNAL TIENEN O TENDR\u00c1N COMPETENCIA PARA FALLAR ACCION POPULAR DONDE COMO EN ESTE CASO SE VINCULA AL ENTE TERRITORIAL CON PRETENSIONES DENTRO DE LA ACCION CONSTITUCIONAL Y SE DEBE DECLARAR NULIDAD DE TODO LO ACTUADO POR FALTA DE COMPETENCIA\u00bb. (may\u00fascula fija en texto). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Enseguida solicit\u00f3, se ordene; <\/p>\n
\u00abi: Declarar que el TRIBUNAL SUPERIOR SC DE PEREIRA RDA, viol\u00f3 el derecho fundamental al debido proceso del accionante, Gerardo Herrera, en la acci\u00f3n popular referida. <\/p>\n
ii) Como consecuencia de la anterior declaraci\u00f3n, ordenar al accionado decretar nulidad de todo lo actuado, y declarar falta de competencia remitiendo mi acci\u00f3n a la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa. <\/p>\n
iii) se demuestre en derecho que, si demande al ente territorial con pretensiones y por ello nunca se pudo variar lo consignado por m\u00ed, aduciendo que el ente territorial no es parte ACCIONADA Y SE ORDENE ACTUAR EN DERECHO TAL COMO LO MANDA LA LEY A FIN DE GARANTIZAR ART 29 CN. <\/p>\n
iv) Se ordene a la procuradora general naci\u00f3n , margarita cabello blanco, que presente accion de reparaci\u00f3n (sic) directa a mi nombre por aparente falla en la prestaci\u00f3n del servicio, contra la administraci\u00f3n de justicia, al negar y desconocer art 29 CN, cambiando mi pretensi\u00f3n del demandado contra el municipio de SANTA ROSA DE CABAL RDA. pido me informe sra procuradora el dia ,mes y a\u00f1o en que a mi nombre presentara accion de reparacion directa por aparente falla en la prestaci\u00f3n del servicio, tal como lo pido, ya que no soy abogado, empero busco que ud me garantice art 29 CN\u00bb (may\u00fascula fija en texto). <\/p>\n
3. Una vez asumido su conocimiento, se admiti\u00f3 la tutela, y orden\u00f3 el traslado a los involucrados, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en el asunto para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
<\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Magistrado del Tribunal Superior de Pereira informo que conoci\u00f3 de la acci\u00f3n popular No. 2021-00166, en la que dict\u00f3 fallo el 31 de marzo de 2022, fecha desde la cual se agot\u00f3 la competencia de la segunda instancia. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, respondi\u00f3 que las pretensiones del accionante no son exigibles dentro de los ejes misionales de la entidad en sede constitucional, ni ordinaria. <\/p>\n
3. Al momento de presentar el proyecto de sentencia, no se hab\u00edan recibido pronunciamientos del accionado e intervinientes. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. En principio se precisa que, unicamente las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto. <\/p>\n
De igual manera, la jurisprudencia estableci\u00f3 unos requisitos de orden general que se deben examinar desde un comienzo, en aras de determinar si la acci\u00f3n de tutela procede como mecanismo de protecci\u00f3n frente a la providencia adoptada por otra autoridad judicial, siendo estos: <\/p>\n
\u00abi) Que, la cuesti\u00f3n que se discuta tenga una evidente relevancia constitucional; <\/p>\n
ii) Que, se hayan agotado todos los medios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; <\/p>\n
iii) Que, se cumpla con el requisito de la inmediatez; <\/p>\n
iv) Que, trat\u00e1ndose de una irregularidad procesal, quede claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. <\/p>\n
v) Que, la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados, y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible, y <\/p>\n
vi) Que, no se trate de sentencias de tutela1\u201d. (subrayado fuera del texto) <\/p>\n
Ahora bien, ha de tenerse en cuenta que este mecanismo excepcional debe cumplir con el requisito de la inmediatez, so pena de ser declarado improcedente, pues la finalidad de la acci\u00f3n de tutela es otorgar protecci\u00f3n inmediata a los derechos amenazados o vulnerados, como quiera que, \u00abha sido instituida como remedio de aplicaci\u00f3n urgente que se hace preciso administrar en guarda de la efectividad concreta y actual del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza2\u00bb. <\/p>\n
2. En el caso en estudio, se observa que el convocante dirige su reclamo constitucional contra la actuaci\u00f3n surtida en la acci\u00f3n popular No. 001-2021-00166-01 promovida por Gerardo Herrera contra Andr\u00e9s Felipe Ram\u00edrez D\u00e1vila como propietario del establecimiento de comercio Mamu Espacios M\u00e1gicos, tr\u00e1mite en el que el 31 de marzo de 2022, se dict\u00f3 sentencia de segunda instancia por la sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, mediante la cual modific\u00f3 la decisi\u00f3n del a-quo. <\/p>\n
En ese sentido, se advierte que la acci\u00f3n resulta improcedente porque no se cumple el requisito de la inmediatez, toda vez que, esta tutela fue promovida solo hasta el 21 de febrero de 2023, seg\u00fan acta de reparto (derivado No. 001 del expediente digital), esto es, luego de pasado diez (10) meses de haberse dictado la decisi\u00f3n de segundo grado, t\u00e9rmino que supera los 6 meses que esta Sala ha se\u00f1alado como suficiente para acudir oportunamente a este amparo. (Ver CSJ. STC. 14 Sep. 2007, exp. 2012-01316-00, reiterada en CSJ STC703-2020, STC6720-2020 y STC9284-2022, STC11808-2022 entre otras). <\/p>\n
V\u00e9ase que, si lo anterior no fuera suficiente, tampoco se cumple el requisito de subsidiaridad, pues del examen efectuado a la actuaci\u00f3n adelantada en segunda instancia, se observa que el actor popular no solicit\u00f3 la nulidad de ese tr\u00e1mite, por tanto, no puede pretender acudir a esta v\u00eda excepcional para pretender revivir un t\u00e9rmino ya vencido. <\/p>\n
3. Respecto a la petici\u00f3n encaminada a que se ordene a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, \u00abpresente accion de reparacion (sic) directa a mi nombre por aparente falla en la prestaci\u00f3n del servicio\u00bb, tambi\u00e9n resulta improcedente, porque entre las funciones asignadas al ministerio p\u00fablico no se encuentra la de representar judicialmente al actor popular, pues fue instituido por la Ley, para desarrolla tres funciones espec\u00edficas: i) Preventiva para vigilar la actuaci\u00f3n de los servidores p\u00fablicos, y advertir cualquier hecho violatorio de las normas vigentes, ii) Disciplinaria para iniciar, adelantar y fallar las investigaciones por faltas disciplinarias cometidas por los servidores p\u00fablicos, e iii) Intervenci\u00f3n como sujeto procesal entre otros ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria en las diferentes especialidades, por disposici\u00f3n del Procurador. <\/p>\n
4. En consecuencia, se declarar\u00e1 improcedente el amparo implorado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve Negar la tutela promovida por Gerardo Herrera contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Corte Constitucional C-590\/05, SU184\/19. <\/p>\n
2\u0002 Corte Constitucional, Sentencia C-543 de 1992 <\/p>\n
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