STC1870-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1870-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 85001-22-08-000-2022-00242-02 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00b0) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte las impugnaciones formuladas frente al fallo proferido el 2 de febrero de 2023 por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Francisco Cala Castro, en calidad de Personero Municipal de Villanueva (Casanare), y como agente oficioso de Susana Valencia, contra el Juzgado Promiscuo de Familia de Monterrey, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, en calidad de Personero Municipal de Villanueva (Casanare), y como agente oficioso de Susana Valencia, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos de su agenciada al debido proceso, igualdad, vivienda digna y vida, presuntamente conculcados por la autoridad judicial acusada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abordenar las nulidades procesales correspondientes, en caso de que se establezca la existencia de vulneraciones del derecho al debido proceso dentro del expediente No. 851623184001-2020-00011, as\u00ed como ordenar la pr\u00e1ctica de pruebas conducentes, pertinentes y necesarias de oficio y bajo el amparo de pobreza de la se\u00f1ora Susana Valencia, garantizando as\u00ed el acceso a la justicia en condiciones de igualdad\u00bb y, en consecuencia, \u00abse suspenda todas las actuaciones relacionadas con la entrega del inmueble\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. El 27 de septiembre de 2020 el Juzgado Promiscuo de Familia de Monterrey apertur\u00f3 el proceso de sucesi\u00f3n intestada del causante Servio Tulio Chac\u00f3n Lesmes, donde se reconocieron como herederos a Jair Yimi y Germ\u00e1n Edilso Chac\u00f3n Barreto; luego, Susana Valencia se reconoci\u00f3 como c\u00f3nyuge sobreviviente, quien opt\u00f3 por gananciales. <\/p>\n
2.2. El 22 de diciembre de 2020 se inici\u00f3 la diligencia de inventarios y aval\u00faos, donde Jair y Germ\u00e1n presentaron tales inventarios indicando como partida \u00fanica el 50% de un bien propio del causante, este es, del predio con folio inmobiliario n\u00b0 470-30744 avaluado en $20\u00b4000.000, es decir, que dicho 50% corresponde a $10\u00b4000.000; de la misma manera, precis\u00f3 que la sociedad conyugal no contaba con activos ni pasivos; trabajo objetado por la actora, manifestando que el inmueble deb\u00eda incluirse con el aval\u00fao comercial y no el catastral; en ese orden, el estrado judicial suspendi\u00f3 la audiencia, con el fin de dar el tr\u00e1mite pertinente del que trata el numeral 3 del art\u00edculo 501 del C\u00f3digo General del Proceso, decretando la experticia para el aval\u00fao comercial, fijando como gastos provisionales $700.000 a cargo de la actora. <\/p>\n
2.3. El 21 de enero de 2021 el despacho requiri\u00f3 a Susana Valencia con el fin de que cancelara los gastos para adelantar la experticia por ella pretendida; el 2 de febrero siguiente, previa petici\u00f3n de aqu\u00e9lla, al advertir que no ten\u00eda apoderado, el Juzgado aplaz\u00f3 la continuaci\u00f3n de la diligencia de inventarios y aval\u00faos; prorroga que se repiti\u00f3 el 24 de febrero de 2021. <\/p>\n
2.4. El 12 de marzo de 2021, ante la ausencia de la actora y la falta de cumplimiento de la carga del pago de honorarios para pagar la experticia, el estrado querellado aprob\u00f3 los inventarios y aval\u00faos presentados por Jair y Germ\u00e1n, con los valores all\u00ed relacionados. <\/p>\n
2.5. El 18 de marzo de esas calendas, se present\u00f3 el trabajo de partici\u00f3n donde se dispuso del 50% inventariado, le correspond\u00eda al 25% a cada uno de los herederos reconocidos; reparto frente al cual repararon, de un lado, los hijos del causante, al considerar que no se agreg\u00f3 la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal; y, por otra parte, Susana Valencia, a trav\u00e9s de la defensora p\u00fablica, anot\u00f3 que tampoco se incluy\u00f3 dicha liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal, al tiempo que, solicit\u00f3 amparo de pobreza. <\/p>\n
2.6. El 20 de mayo de 2021 el Juzgado orden\u00f3 rehacer el trabajo de partici\u00f3n, con el fin de incluir la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal; asimismo, concedi\u00f3 el amparo de pobreza deprecado por la actora; en cumplimiento de ello, la partidora present\u00f3 nuevamente el trabajo, indicando que, de los $10\u00b4000.000 avaluados del 50% del bien inventariado, $5\u00b4500.000 corresponden a las mejoras, por lo que, lo que le corresponde a la c\u00f3nyuge es la suma de $2\u00b4750.000. <\/p>\n
2.7. El 5 de agosto siguiente, el despacho volvi\u00f3 a requerir nuevamente a la auxiliar de la justicia, tras advertir que la partici\u00f3n allegada no se ajusta a los inventarios y aval\u00faos presentados, porque all\u00ed se refiri\u00f3 que la sociedad conyugal no contaba con activos ni pasivos; presentado de nuevo el trabajo de partici\u00f3n, se liquid\u00f3 la sociedad conyugal en cero, dividendo el 50% del predio inventariado, entre los 2 herederos en un 25% para cada uno; el 14 de enero de 2022 se aprob\u00f3 el trabajo de partici\u00f3n. <\/p>\n
2.8. Por v\u00eda de tutela se duela la quejosa, en s\u00edntesis, de la decisi\u00f3n referida a espacio, pues, en su sentir, no se practic\u00f3 \u00ablas pruebas conducentes y necesarias como el caso del aval\u00fao comercial, que se requiere para establecer los gananciales que le corresponden en derechos por ser c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite del se\u00f1or Siervo Tulio Chac\u00f3n Lesmes (q.e.p.d.), con el cual estuvo casada hasta su fallecimiento\u00bb. <\/p>\n
2.9. Anot\u00f3 que le asiste el derecho \u00aba presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra, situaci\u00f3n que se vio limitada al carecer de la suma de\u2026 $700.000 para pago de un perito, que le permitiera probar que el inmueble despu\u00e9s del matrimonio con\u2026 Chac\u00f3n Lesmes (q.e.p.d.), ha generado gananciales los cuales le correspond\u00edan por derecho propio\u00bb. <\/p>\n
2.10. Agreg\u00f3 que es sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional pues cuenta con 67 a\u00f1os de edad, \u00abposee la condici\u00f3n especial de ser analfabeta y actualmente tiene graves quebrantos de salud\u00bb, adem\u00e1s, es una persona en condiciones econ\u00f3micas desfavorables, raz\u00f3n por la que no se garantiz\u00f3 \u00abtener una defensa t\u00e9cnica de car\u00e1cter permanente durante todo el proceso y limitar el acceso a una prueba pericial, por no poseer los recursos para pagar los gastos provisionales de un perito\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. Ivonne Maritza Lozada Rodr\u00edguez, quien indic\u00f3 actuar como apoderada judicial de Jair Yimi y Germ\u00e1n Edilso Chac\u00f3n Barreto, alleg\u00f3 escrito sin aportar el poder especial para actuar en el presente tr\u00e1mite constitucional, por lo que su manifestaci\u00f3n no se tiene en cuenta. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Mar\u00eda Fernanda Gonz\u00e1lez Riobueno pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de la salvaguarda, al considerar que ya no es mandataria judicial de Susana Valencia. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Defensor\u00eda del Pueblo manifest\u00f3 que asign\u00f3 defensor p\u00fablico para representar las garant\u00edas de Susana Valencia en el juicio fustigado; que no tiene legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
<\/p>\n
4. El Juzgado Promiscuo de Familia de Monterrey relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el juicio fustigado; inst\u00f3 la improcedencia del resguardo, al considerar que surti\u00f3 el tr\u00e1mite del proceso con apego a la normatividad aplicable al caso concreto, sin embargo, Susana Valencia, pese a lo diferentes requerimientos, no realiz\u00f3 una defensa eficaz de sus intereses; remiti\u00f3 link para consulta del expediente. <\/p>\n
<\/p>\n
5. El Municipio de Villanueva refiri\u00f3 que no intervino en el proceso de sucesi\u00f3n, por lo que carece de legitimaci\u00f3n para responder por la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
<\/p>\n
6. La Procuradur\u00eda 12 Judicial II de Familia de Yopal indic\u00f3 que el fallador encausado dio cumplimiento a las normas de categor\u00eda legal, por lo que no podr\u00eda indicarse una vulneraci\u00f3n al debido proceso, empero, \u00aben el derecho de hoy\u00bb no se puede desconocer \u00abque es una mujer analfabeta, mayor de 66 a\u00f1os, que para el momento de la pr\u00e1ctica de pruebas y la decisi\u00f3n de aprobaci\u00f3n de los inventarios, no cuenta con abogado o abogada; tampoco ha contado con recursos econ\u00f3micos para pagar los honorarios al perito designado para efectuar la descripci\u00f3n y aval\u00fao de las construcciones efectuadas en el inmueble objeto de partici\u00f3n\u00bb, raz\u00f3n por la que se debe dar un enfoque diferencial en pro de las garant\u00edas de Susana Valencia. <\/p>\n
<\/p>\n
7. Susana Valencia, a trav\u00e9s de la Personer\u00eda Municipal de Villanueva, relat\u00f3 su actuar en el proceso; sostuvo que carece de recursos econ\u00f3micos por lo que no pudo cancelar los $700.000 para obtener el aval\u00fao comercial; que sigue rigurosos tratamientos m\u00e9dicos, adem\u00e1s del estr\u00e9s que le ha generado este asunto, pues no entiende nada de lo que sucede o lo que deba hacer para proteger sus derechos; que se demor\u00f3 en formular la acci\u00f3n de tutela por su desconocimiento, su edad, nivel educativo y situaci\u00f3n de vulnerabilidad, as\u00ed como la falta de acompa\u00f1amiento. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Por otra parte, destac\u00f3 que desde que se decret\u00f3 el dictamen pericial, esto es, el 22 de diciembre de 2020, donde se orden\u00f3 el pago de los honorarios provisionales a favor del auxiliar de la justicia, el estrado judicial aplaz\u00f3 la audiencia, aplazamiento que reiter\u00f3 en otras oportunidades, en pro de las garant\u00edas de la promotora, tiempo en el que pudo cancelar los valores o buscar un abogado para su representaci\u00f3n. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, ahora alega la falta de recursos para cancelar dicha experticia, sin embargo, esa situaci\u00f3n nunca la expuso ante el fallador encausado, con el fin de pretender un amparo de pobreza. <\/p>\n
LAS IMPUGNACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Luis Francisco Cala Castro, en calidad de Personero Municipal de Villanueva, como agente oficioso de Susana Valencia, impugn\u00f3 el fallo supralegal insistiendo en los argumentos expuestos en el libelo inicial, especialmente su presunta condici\u00f3n de vulnerabilidad por su edad, padecimientos m\u00e9dicos y su analfabetismo; a los que adicion\u00f3 que la promotora no fue debidamente enterada de las decisiones adoptadas al interior del proceso, pues su apoderada renunci\u00f3 al mandato que ella le confiri\u00f3, estando sin mandataria aproximadamente por el t\u00e9rmino de 3 meses y medio, careciendo de defensa t\u00e9cnica. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, contrario a lo dicho por el Tribunal, la queja no deviene de la aprobaci\u00f3n de los inventarios y aval\u00faos, sino que \u00abel da\u00f1o se consolid\u00f3 para la fecha del 14 de enero de 2022 ya que el juzgado\u2026 aprob\u00f3 el trabajo de partici\u00f3n de los bienes del se\u00f1or Siervo Tulio Chac\u00f3n Lesmes (q.e.p.d.) sin realizarse las correcciones que evidentemente eran necesarias\u00bb; adem\u00e1s, se debe flexibilizar la inmediatez por las condiciones especiales de su agenciada. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda 12 Judicial II de Familia de Yopal opugn\u00f3 el fallo de tutela \u00abremiti\u00e9n[doce] a los mismos argumentos expuestos en la intervenci\u00f3n presentada en anterior oportunidad\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es una herramienta jur\u00eddica subsidiaria y residual, establecida para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Siguiendo los criterios jurisprudenciales, este instrumento no procede contra las providencias judiciales, no obstante, en los precisos casos en los cuales el funcionario incurre en una decisi\u00f3n desviada por completo, sin objetividad, se abre paso la intervenci\u00f3n del juez constitucional, para modificar o cambiar las determinaciones y restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas, claro est\u00e1, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, y la solicitud de amparo cumpla con el presupuesto de la inmediatez en su interposici\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Puestas as\u00ed las cosas, de entrada debe se\u00f1alarse que la queja de la promotora de la salvaguarda se dirige en \u00faltimas contra el fallo de 14 de enero de 2022, que aprob\u00f3 el trabajo de partici\u00f3n presentado al interior del proceso de sucesi\u00f3n intestada Siervo Tulio Chac\u00f3n Lesmes (q.e.p.d.), al considerar que dicha decisi\u00f3n no realiz\u00f3 un control de legalidad, incluso, desde los inventarios y aval\u00faos, con el fin de practicar la experticia rogada de avaluar comercialmente el fundo inventariado y liquidar la sociedad conyugal, para obtener gananciales a su favor del bien propio del causante, que aqu\u00e9l adquiri\u00f3 con anterioridad al matrimonio, pues refiere que reside en dicho bien y cuenta con un estado de vulnerabilidad por quebrantos de salud, econ\u00f3micos y sociales; sin embargo, advierte la Corte que el amparo deprecado est\u00e1 llamado al fracaso, por incumplirse los presupuestos para su procedibilidad, por lo que la decisi\u00f3n de primer grado debe confirmarse. <\/p>\n
En efecto, frente a la aludida providencia que aprob\u00f3 el trabajo de partici\u00f3n -con el cual se finiquit\u00f3 el juicio de sucesi\u00f3n-, la solicitud de resguardo carece del requisito de inmediatez, habida cuenta que entre la fecha de su expedici\u00f3n, esto es, 14 de enero de 2022, y la de interposici\u00f3n de la demanda de tutela que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte -23 de noviembre de 2022-, transcurrieron m\u00e1s de los seis (6) meses fijados por la consistente jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como lapso razonable y proporcional para que la persona afectada en sus prerrogativas b\u00e1sicas ejerza esta acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, la accionante no demostr\u00f3 motivo alguno que justifique su tardanza, destacando que los argumentos tra\u00eddos en la salvaguarda y con la impugnaci\u00f3n, esto es, que pertenece a la tercera edad con 67 a\u00f1os, ha sufrido de afectaciones de salud y no contaba con recursos econ\u00f3micos para ser asistida por un profesional de derecho que representara sus intereses, no son de recibo, pues lo cierto es que Susana Valencia es conocedora del tr\u00e1mite sucesorio desde su inicio, donde inicialmente fue representada por mandataria de confianza, la que si bien renunci\u00f3 a su mandato, aqu\u00e9lla pod\u00eda acudir en ese momento a buscar su representaci\u00f3n ante el ministerio p\u00fablico, como lo hizo tard\u00edamente, pese a las diversos aplazamientos en pro de sus garant\u00edas y por solicitud de aqu\u00e9lla, realiz\u00f3 el estrado judicial. <\/p>\n
En la materia se ha sostenido que: <\/p>\n
\u2026si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido,\u2026 adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 10 may. 2012, rad. 2012-00413-01). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Por otra parte, en punto a la carencia de recursos econ\u00f3micos que refiere tener, por lo que no pudo cumplir con la carga del pago de los gastos fijados para adelantar la experticia del aval\u00fao comercial, al margen de que tal circunstancia no fue puesta de presente en su momento ante el estrado judicial, con el fin de pretender un amparo de pobreza para tal fin, cierto es que la falta pr\u00e1ctica de dicha experticia es irrelevante para la promotora, en la medida en que el predio inventariado es un bien propio del causante, sin que aqu\u00e9lla objetara el mismo con el fin de que se incluyera como social, por lo que, incrementar el aval\u00fao del fundo solamente beneficiar\u00eda a los herederos, que no a la c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite, comoquiera que, se insiste, el inmueble es propio del causante, y no social que correspondiera a la sociedad conyugal. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Finalmente, en punto a la supuesta indebida notificaci\u00f3n de las decisiones adoptadas el interior del juicio, adem\u00e1s de ser un reparo nuevo tra\u00eddo en la impugnaci\u00f3n, por lo que, de contera no habr\u00eda lugar a pronunciamiento, lo cierto es que, tal reparo queda desvirtuado, porque las determinaciones fueron debidamente notificados en estrados y estados, sumado a que, aqu\u00e9lla conoci\u00f3 de las determinaciones, al punto que en diversas ocasiones solicit\u00f3 el aplazamiento de las diligencias previo a llevarse a cabo las misma, de ah\u00ed que, conoc\u00eda de lo all\u00ed decidido. <\/p>\n
<\/p>\n
4. En consecuencia, por las razones anteriormente consignadas se confirmar\u00e1 la determinaci\u00f3n de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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