STC1879-2023 <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1879-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-02318-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 22 de noviembre de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovieron Marby Audrey Pi\u00f1eros Lezama, Edgar Casta\u00f1eda Reyes, Audrey Cristina, Joan Leonardo, Dianet Valeria y Edgar Mauricio Casta\u00f1eda Pi\u00f1eros contra la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y la Fiscal\u00eda 56 Delegada ante el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 \u2013 Unidad Sat\u00e9lite Justicia y Paz. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores del amparo reclamaron la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, defensa, \u00aba la verdad\u00bb, \u00abjusticia y reparaci\u00f3n integral\u00bb, que dicen conculcados por las autoridades accionadas, por lo que pidieron \u00abse decrete la nulidad de lo actuado al interior del proceso de justicia y paz para que\u2026 Edgar Casta\u00f1eda Reyes y su familia, tengan la oportunidad de solicitar el reconocimiento de v\u00edctimas, la petici\u00f3n indemnizatoria y contra esas determinaciones de ser el caso poder interponer los recursos de ley\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Edgar Casta\u00f1eda Reyes fue v\u00edctima de las actuaciones delictivas que adelant\u00f3 el Bloque Tolima de las Autodefensas Campesinas de C\u00f3rdoba y Urab\u00e1 -BT-ACCU-, grupo que se desmoviliz\u00f3 y sus integrantes fueron postulados por el Gobierno Nacional para ser acreedores de los beneficios previstos en la Ley 975 de 2005. <\/p>\n
2.2. Por lo anteriores circunstancias, se adelanta ante el Tribunal criticado actuaci\u00f3n en contra de Ricardo Soria Ortiz, tr\u00e1mite en el que se adelantaron la totalidad de etapas procesales, estando pendiente la emisi\u00f3n de sentencia. <\/p>\n
2.3. En s\u00edntesis, expresaron los gestores del resguardo que el Tribunal convocado \u00abno [los] cit\u00f3 [como] v\u00edctimas a hacer parte activa del proceso, cercen\u00e1ndoles toda posibilidad de interponer recursos, reconocerlas bajo tal calidad y hacer peticiones indemnizatorias en el tr\u00e1mite de incidente de reparaci\u00f3n integral\u00bb; as\u00ed como tambi\u00e9n que \u00abno [los] citaron pese a elevar sendos pedimentos ante el magistrado y el fiscal que conoc\u00eda del asunto\u00bb. <\/p>\n
2.4. Adicionaron que fueron \u00abparte del proceso penal y que en algunas oportunidades [fueron] citados y despu\u00e9s, nunca m\u00e1s\u2026 volvieron a hacerlo, comunicar el sentido del fallo, o [indicarles] el t\u00e9rmino para [constituirse] en parte civil o iniciar el incidente de reparaci\u00f3n integral, pero nada de ello ocurri\u00f3\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VICULADOS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, la Unidad para las V\u00edctimas, as\u00ed como tambi\u00e9n los abogados Ligia Stella Mar\u00edn Salazar y Nilton C\u00e9sar Salas P\u00e9rez rindieron informe. <\/p>\n
2. La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tras resaltar la improcedencia de este ruego constitucional, inform\u00f3 que \u00abdentro del proceso penal [criticado], mediante [decisi\u00f3n] de veinte\u2026 de octubre de dos mil veintid\u00f3s\u2026, declar\u00f3 la improcedencia de la declaratoria de nulidad procesal instada por los aqu\u00ed accionantes\u00bb, con fundamento en hechos similares, prove\u00eddo que \u00abfue materia de impugnaci\u00f3n y actualmente en Secretar\u00eda se est\u00e1n surtiendo los traslados a sujetos no recurrentes\u00bb. <\/p>\n
3. La Procuradur\u00eda 12 Judicial II para Asuntos Civiles precis\u00f3 que \u00abno se evidencia que esa entidad por acci\u00f3n u omisi\u00f3n haya quebrantado los derechos fundamentales de los accionantes con ocasi\u00f3n de los hechos que sirven de fundamento a la solicitud tuitiva\u00bb. <\/p>\n
4. La Defensor\u00eda del Pueblo solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, por cuanto \u00abno se avizoran peticiones radicadas de intervenci\u00f3n o asesor\u00eda por parte de los\u2026 accionantes, que hayan sido desatendidas por la Defensor\u00eda del Pueblo\u2026, que permitan endilgar responsabilidad alguna a la Instituci\u00f3n, como tampoco se ha fallado en el servicio, de estar al pendiente de dicho proceso\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 la salvaguarda porque est\u00e1 pendiente de resoluci\u00f3n la alzada que formularon los quejosos frente al prove\u00eddo que neg\u00f3 la invalidez que reclamaron en el juicio criticado. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Los promotores del amparo manifestaron que los \u00abcitaron a una audiencia de lectura de fallo, pero no fue sino hasta leerlo que decidieron [designarles] un representante de v\u00edctimas, no obstante, nunca [les] reconocieron como tal\u00bb; y que \u00abexisten pruebas del mal manejo que se viene adelantando al interior de esa jurisdicci\u00f3n para violar los derechos de las v\u00edctimas, fundament\u00e1ndose en una decisi\u00f3n mal aplicada de la Corte Suprema de Justicia\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Cuesti\u00f3n previa. Revisado el expediente contentivo de las presentes diligencias, verifica la Sala que, mediante auto del 3 de noviembre pasado, dictado en el expediente identificado con radicado 11001-02-30-000-2022-01046-00, se escindi\u00f3 la solicitud de resguardo que elevaron los accionantes, por lo que dentro de dicha causa se avoc\u00f3 conocimiento respecto de las quejas elevadas frente a las Salas de Casaci\u00f3n Penal y Civil de la Corte Suprema de Justicia1 y, respecto de los reproches planteados frente a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y la Fiscal\u00eda 56 Delegada ante el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 \u2013 Unidad Sat\u00e9lite Justicia y Paz, se remiti\u00f3 copias de la actuaci\u00f3n para que fueran tramitadas por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la competencia que tiene la Sala en este asunto, se restringe a las actuaciones adelantadas en el proceso que tramita la prenombrada Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, sobre lo cual versara este pronunciamiento. <\/p>\n
2. Aclarado lo anterior, mem\u00f3rese que, conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC 11 may. 2001, rad. n\u00ba 11001-22-03-000-2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
3. Con base en tal premisa, advierte la Corte que, como lo concluy\u00f3 el a quo, el amparo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, toda vez que se torna prematuro, por cuanto los peticionarios solicitaron la nulidad de la actuaci\u00f3n criticada, con fundamento en hechos similares a los que soportan esta acci\u00f3n de tutela, petici\u00f3n invalidatoria que fue negada con prove\u00eddo de 20 de octubre de 2022, decisi\u00f3n que apelaron los reclamantes, medio de impugnaci\u00f3n que est\u00e1 pendiente de resoluci\u00f3n. Adicionalmente, de prosperar la referida alzada y se accediera al pedimento de los promotores, la actuaci\u00f3n se retrotraer\u00eda al punto en que debieron ser convocados, quedando sin efectos todas aquellas decisiones que dependan de tal vinculaci\u00f3n. <\/p>\n
En otras palabras, como el referido medio de impugnaci\u00f3n est\u00e1 en curso, el juzgador constitucional no puede anticiparse a las decisiones que son del resorte exclusivo del juez natural, ya que ello equivaldr\u00eda a invadir injustificadamente sus privativas funciones y competencia. <\/p>\n
Al respecto, reiteradamente ha sostenido la Sala que: <\/p>\n
\u2026 resulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CJS STC6999, 27 may. 2016, rad. 2016-00436-01). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Tal ruego constitucional fue decidido, en primera y segunda instancia respectivamente, con sentencias STC15560-2022 (16 nov. 2022) y STC15560-2022 (7 dic. 2022). <\/p>\n
1 <\/p>\n
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