STC1883-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1883-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2022-01556-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n que se interpuso contra el fallo proferido el 19 de enero de 2023 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Ramon Dar\u00edo Zapata Hern\u00e1ndez contra las Comisiones Nacional de Disciplina Judicial y Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia; tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto cuestionado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus garant\u00edas al debido proceso y defensa, que dice vulneradas por las sedes judiciales acusadas, por lo que pidi\u00f3 que \u00abse revoque[n] las sentencias proferidas en primera instancia\u2026 el d\u00eda 30 de noviembre de 2021\u2026 y de segunda instancia\u2026 el 10 de noviembre de 2022\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Contra el profesional del derecho Ramon Dar\u00edo Zapata Hern\u00e1ndez se adelant\u00f3 proceso disciplinario, quien fue sancionado, mediante sentencia del 30 de noviembre de 2021, a \u00ab6 meses de suspensi\u00f3n en el ejercicio de la profesi\u00f3n\u00bb, al declar\u00e1rsele \u00abresponsable disciplinariamente\u2026 por la violaci\u00f3n al deber establecido en el numeral 10\u00b0 del art\u00edculo 28 de la Ley 1123 de 2007, y la incursi\u00f3n en las faltas disciplinarias previstas en los numerales 1\u00b0 y 2\u00ba del art\u00edculo 37 ibidem, a t\u00edtulo culposo\u00bb. <\/p>\n
2.2. Frente a esa decisi\u00f3n el sancionado formul\u00f3 apelaci\u00f3n, siendo confirmada con providencia del 10 de noviembre de 2022. <\/p>\n
2.3. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que \u00abni el despacho de primera, ni el de segunda instancia consideraron o encontraron en la falta de antecedentes, ni en haber procurado resarcir el da\u00f1o, o compensar los perjuicios elementos atenuantes\u00bb; y que dejaron de aplicar \u00ablos criterios para la graduaci\u00f3n de la sanci\u00f3n y motivaci\u00f3n de la dosificaci\u00f3n sancionatoria, contenidos en los art\u00edculo 13 y 46 de la Ley1123 de 2007, por inaplicar y desconocer las normas que refieren el deber de investigar lo favorable y desfavorable como requisito para sancionar\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial resalt\u00f3 que los reparos que se plantearon en sede constitucional, \u00abya fueron analizados y resueltos en el curso del proceso disciplinario [criticado]\u00bb; y que se \u00abresolvieron todos los argumentos planteados por el disciplinable\u00bb. <\/p>\n
2. El Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia precis\u00f3 que \u00abno tiene ninguna injerencia ni puede intervenir en las decisiones emitidas al interior de un proceso jurisdiccional, en atenci\u00f3n a la autonom\u00eda con que cuentan los despachos y corporaciones judiciales en sus providencias\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 el resguardo, comoquiera que \u00ablas determinaciones atacadas son razonables\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante destac\u00f3, inicialmente, que \u00abse accion\u00f3 a la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina de Antioquia\u2026 y se le notific\u00f3 la acci\u00f3n de tutela al Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia\u2026, lo que genera una nulidad que el [a quo] no advirti\u00f3 y fall\u00f3 sin subsanar\u00bb. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, reiter\u00f3 que \u00ablas decisiones de primera y segunda instancia incurrieron en defecto sustantivo por la no aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 13 y 46 de la ley 1123 de 2007, concretamente, no aplicaron los atenuantes establecidos en la citada ley\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Inicialmente, precisa la Sala que no encuentra configurada la invalidez que denunci\u00f3 el impugnante, toda vez que, revisado el expediente, se verifica que el a quo, a trav\u00e9s de comunicaci\u00f3n del 11 de enero de 2023, remitida a la direcci\u00f3n electr\u00f3nica \u00absecdisant@cendoj.ramajudicial.gov.co\u00bb, comunic\u00f3 a la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina de Antioquia el prove\u00eddo a trav\u00e9s del cual se admiti\u00f3 a tr\u00e1mite el presente asunto. <\/p>\n
2. Aclarado lo anterior, mem\u00f3rese que, conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC 11 may. 2001, rad. n\u00ba 11001-22-03-000-2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
3. Sea lo primero precisar, que el an\u00e1lisis que se realizar\u00e1 en esta instancia se circunscribir\u00e1 a la sentencia de 10 de noviembre de 2022, que confirm\u00f3 la dictada el 30 de noviembre de 2021, a trav\u00e9s de la que se sancion\u00f3 disciplinariamente al tutelante, comoquiera que fue esa providencia la que clausur\u00f3 el debate que se suscit\u00f3 en el juicio objeto de censura constitucional. <\/p>\n
4. Bajo ese horizonte, circunscrita la Corte a los motivos de impugnaci\u00f3n, se concluye que la solicitud de resguardo est\u00e1 llamada al fracaso, por cuanto la referida providencia de 10 de noviembre de la anualidad pasada no luce arbitraria, comoquiera que la autoridad criticada explic\u00f3 las razones por las que no resultaba viable aplicar el atenuante que reclam\u00f3 el quejoso, cuesti\u00f3n sobre la cual precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026 tampoco es posible que esta Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial acepte que se configur\u00f3 el atenuante establecido en el numeral 2\u00b0 del literal B del art\u00edculo 45 de la Ley 1123 de 2007, \u201chaber procurado, por iniciativa propia, resarcir el da\u00f1o o compensar el perjuicio causado\u201d, pues de ninguna manera es equivalente asumir el pago de una p\u00f3liza para iniciar un proceso ordinario con todas las implicaciones y riesgos que este trae, a perder la oportunidad de cobrar $35.000.000 y sus intereses de forma directa en un t\u00edtulo ejecutivo, en el que se reitera, ya se hab\u00eda librado mandamiento de pago y se contaba con auto que autorizaba el embargo, adem\u00e1s que esa manifestaci\u00f3n solo qued\u00f3 en intenciones, pues no hubo materializaci\u00f3n o compensaci\u00f3n del da\u00f1o. <\/p>\n
Frente a la devoluci\u00f3n parcial de los honorarios, debe indicarse que tampoco logra a configurarse como una forma de resarcir el da\u00f1o, en el presente asunto, pues lo cierto es que la negligencia del abogado permiti\u00f3 que el t\u00edtulo valor prescribiera y as\u00ed su cliente perdi\u00f3 la posibilidad de hacer exigible por la v\u00eda ejecutiva la deuda de $35.000.000 que ten\u00eda a su favor, por lo esa entrega parcial ante las circunstancias no alcanza a compensar el perjuicio causado por el togado a su poderdante. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja del gestor no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el promotor es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que la sede judicial acusada interpret\u00f3 las normas que regulan los \u00abcriterios de atenuaci\u00f3n\u00bb en la ley 1123 de 2007 y concluy\u00f3 que no se configuraba la causal que esgrimi\u00f3 el impugnante, toda vez que, al margen de la inexistencia de antecedentes disciplinarios, no se demostr\u00f3 que el abogado sancionado hubiese intentado resarcir el da\u00f1o que caus\u00f3 a su cliente, pues las actuaciones en las que se intent\u00f3 fundar el alegado atenuante, no ten\u00edan la virtualidad de compensar el perjuicio que se ocasion\u00f3 al denunciante. <\/p>\n
Con fundamento en tal \u00f3ptica, se estima que las deducciones del despacho judicial acusado no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
5. En consecuencia, se confirmar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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