STC1885-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC1885-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-02500-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 13 de diciembre de 2022, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Ceneli Esther Romero Barbosa contra la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados Romualda de la Concepci\u00f3n Saumet Su\u00e1rez, Yolanda Remedios Pinz\u00f3n de Cantillo, la Corte Constitucional, la Sala de Tutelas n\u00ba. 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, la Sala de Casaci\u00f3n Civil, el Fondo de Previsi\u00f3n Social del Congreso de la Rep\u00fablica y, citados los dem\u00e1s intervinientes en el proceso ordinario con radicado n\u00b0 2007-00978. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La actora invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, familia, igualdad y seguridad social, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
Como sustento de su queja, relat\u00f3 que Yolanda Remedios Pinz\u00f3n promovi\u00f3 juicio ordinario laboral contra Romualda de la Concepci\u00f3n Saumet Su\u00e1rez y, el Fondo de Previsi\u00f3n Social del Congreso de la Rep\u00fablica como litis consorte facultativo, con el fin de obtener el reconocimiento del 50% de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, en calidad de c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite de Milciades L\u00e1zaro Cantillo Costa quien falleci\u00f3 el 5 de abril de 1995, asunto al que fue vinculada como interviniente ad exludendum. <\/p>\n
Sostuvo que el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 en sentencia de 2 de septiembre de 2011, accedi\u00f3 a las pretensiones y conden\u00f3 al mencionado Fondo de Previsi\u00f3n al reconocimiento y pago del 50% de la sustituci\u00f3n pensional de sobrevinientes a Yolanda Remedios Pinz\u00f3n de Cantillo, y del 100% a partir de la fecha en la que los menores hijos del causante perdieran su derecho a recibir la aludida prestaci\u00f3n. <\/p>\n
La anterior determinaci\u00f3n fue confirmada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad el 14 de diciembre de 2012, al desatar los recursos de apelaci\u00f3n formulados por Romualda de la Concepci\u00f3n Saumet Suarez y Ceneli Esther Romero Barbosa. <\/p>\n
Inconformes con ese pronunciamiento, interpusieron recurso extraordinario de casaci\u00f3n y, la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral mediante sentencia SL3597-2019 de 3 de septiembre de 2019, dispuso no casar el fallo de segunda instancia. <\/p>\n
Romualda de la Concepci\u00f3n Saumet Su\u00e1rez promovi\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra esa decisi\u00f3n, conocida en primera instancia por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, la cual en fallo de 29 de octubre de 2019 neg\u00f3 la solicitud de amparo; pronunciamiento confirmado por la Sala de Casaci\u00f3n Civil el 6 de diciembre de 2019. <\/p>\n
Posteriormente la tutela fue seleccionada en sede de revisi\u00f3n por la Corte Constitucional, autoridad que mediante sentencia SU-297 de 2021, revoc\u00f3 las aludidas decisiones y, dispuso amparar los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y seguridad social de Romualda de la Concepci\u00f3n Saumet Su\u00e1rez y de Ceneli Esther Romero Barbosa. Asimismo, dej\u00f3 sin efectos la providencia SL3597-2019 de 3 de septiembre de 2019 y orden\u00f3 a la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral adoptar una nueva determinaci\u00f3n. <\/p>\n
En cumplimiento, la accionada emiti\u00f3 la sentencia SL3301-2022 de 16 de agosto de 2022, en la que resolvi\u00f3 los recursos de casaci\u00f3n interpuestos por Romualda de la Concepci\u00f3n Saumet Su\u00e1rez y de Ceneli Esther Romero Barbosa en calidad de demandada y tercera ad exludendum, respectivamente, y dispuso casar la decisi\u00f3n del Tribunal Superior de Bogot\u00e1. En sede de instancia orden\u00f3 modificar y adicionar la sentencia de primer grado, en el sentido de declarar que Yolanda Remedios Pinz\u00f3n y Romualda de la Concepci\u00f3n Saumet Su\u00e1rez ten\u00edan derecho al reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, de forma proporcional al tiempo de convivencia con el pensionado. <\/p>\n
Al respecto, adujo la aqu\u00ed accionante que la Sala de Casaci\u00f3n convocada, incurri\u00f3 en defecto sustantivo por aplicaci\u00f3n indebida del art\u00edculo 47 de la Ley 100 de 1993 y desconocimiento del precedente judicial [SU461-2020], al desestimar que \u00abla procreaci\u00f3n de uno o m\u00e1s hijos durante los dos a\u00f1os anteriores a la muerte del causante, es tambi\u00e9n un elemento que permite inferir la existencia de lazos afectivos y de convivencia efectiva y en consecuencia, suple el requisito de la convivencia (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, agreg\u00f3 que al reconocer la pensi\u00f3n de sobrevivientes \u00fanicamente a Yolanda Remedios Pinz\u00f3n y Romualda de la Concepci\u00f3n Saumet Su\u00e1rez, la autoridad accionada vulner\u00f3 sus derechos fundamentales, puesto que se encontraba acreditada su convivencia con Milciades Cantillo Costa desde 1991 hasta su fallecimiento, momento desde el cual ella sola tuvo que hacerse responsable de su hija de 9 meses de nacida. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 modificar la sentencia SL3301-2022, as\u00ed como los fallos de primera y segunda instancia proferidos en el proceso ordinario laboral cuestionado, en el sentido de declarar que le asiste derecho al reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de sobrevivientes exigida, de forma proporcional al tiempo de convivencia con el causante. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral inform\u00f3 que la sentencia reprochada se ajust\u00f3 a los precedentes de las Altas Cortes y los principios constitucionales. Destac\u00f3 que en respeto a los mandatos dados por el \u00f3rgano Constitucional en la sentencia SU297-2021, lo primero que precis\u00f3 al abordar la demanda de casaci\u00f3n de Ceneli Esther Romero Barbosa, fue la orden dada por dicha Corte, incluso acudiendo a sus mismas palabras; sin embargo, pese a que se evidenci\u00f3 el error jur\u00eddico del Tribunal, ello no result\u00f3 suficiente para casar la sentencia respecto a esa recurrente, ya que deb\u00eda derruirse el otro pilar de la decisi\u00f3n, en cuanto a que no se logr\u00f3 acreditar la convivencia con el pensionado, lo cual no ocurri\u00f3. <\/p>\n
2. El Juzgado Doce Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 requiri\u00f3 negar la protecci\u00f3n reclamada, argumentando que la sentencia proferida por ese despacho el 2 de septiembre de 2011 no constituye una violaci\u00f3n a los derechos fundamentales de la actora, en la medida que es producto de una interpretaci\u00f3n jur\u00eddica razonable, con apego a las normas que gobiernan el asunto que se someti\u00f3 a consideraci\u00f3n. <\/p>\n
3. El Fondo de Previsi\u00f3n Social del Congreso de la Rep\u00fablica indic\u00f3 que se est\u00e1 haciendo un uso irracional de la acci\u00f3n de tutela al ser empleada como una cuarta instancia en un proceso judicial que ya finaliz\u00f3; adem\u00e1s, precis\u00f3 que no se evidencia que la reclamante se encuentre en situaci\u00f3n de vulnerabilidad. <\/p>\n
4. La Presidente de la Corte Constitucional relat\u00f3 las gestiones adelantadas por esa Corporaci\u00f3n en sede de revisi\u00f3n y solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. En el mismo sentido elev\u00f3 petici\u00f3n la Sala de Tutelas n\u00ba 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal. <\/p>\n
5. Yolanda Remedios Pinz\u00f3n de Cantillo se opuso a la prosperidad de la protecci\u00f3n, argumentando que no existi\u00f3 vulneraci\u00f3n a los derechos de la peticionaria. <\/p>\n
6. La Presidente de la Sala de Casaci\u00f3n Civil alleg\u00f3 copia de la providencia emitida en la acci\u00f3n de tutela inicial n\u00ba 2019-02005-01. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 la solicitud de amparo, tras considerar que los argumentos expuestos por la peticionaria no configuraban un requisito de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, adem\u00e1s, porque no existi\u00f3 una vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de aqu\u00e9lla, que pudiese endilg\u00e1rsele a las autoridades convocadas. Al respecto destac\u00f3 que lo pretendido por la actora es que por v\u00eda de tutela, se sustituya la apreciaci\u00f3n del an\u00e1lisis que al efecto hizo el juez designado por el legislador para tomar la decisi\u00f3n correspondiente. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por la accionante, aduciendo que contrario a lo indicado por el a quo constitucional, la acci\u00f3n de tutela formulada cumple los requisitos generales y especiales de procedencia contra determinaciones judiciales, los cuales explic\u00f3. Agreg\u00f3 que el fallador debi\u00f3 identificar las particularidades del proceso ordinario en el marco que fue expedida la sentencia y referir los fundamentos de la decisi\u00f3n acusada, as\u00ed como abordar uno a uno los defectos referidos en el escrito de cara a las particularidades de este asunto, sin embargo, no hubo motivaci\u00f3n adecuada y razonable al respecto. <\/p>\n
Efectu\u00f3 una comparaci\u00f3n de la jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral citada por la autoridad accionada, indicando que, en el precedente aplicado, las circunstancias f\u00e1cticas son distintas a las de su caso. Por lo dem\u00e1s, insisti\u00f3 en los argumentos iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Recuerda la Sala que en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, pues ello significar\u00eda un desconocimiento de los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; no obstante, cuando los funcionarios judiciales incurran en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento legal, sin ninguna objetividad y, los interesados no cuenten con otro medio de defensa judicial, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir en aras de conjurar o evitar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales involucradas. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, Ceneli Esther Romero Barbosa acude a este mecanismo excepcional en busca de la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que considera vulnerados con la sentencia SL3301-2022 proferida por la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral el 16 de agosto de 2022, a trav\u00e9s de la cual cas\u00f3 parcialmente la decisi\u00f3n del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y, en sede de instancia, orden\u00f3 modificar y adicionar el fallo de primer grado, en el sentido de declarar que Yolanda Remedios Pinz\u00f3n y Romualda Saumet Su\u00e1rez ten\u00edan derecho al reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de sobrevivientes de forma proporcional al tiempo de convivencia con el causante. <\/p>\n
3. Analizados los aspectos que fundamentan la inconformidad de la peticionaria se anticipa la confirmaci\u00f3n de la sentencia constitucional impugnada, teniendo en cuenta que una vez estudiados los argumentos expuestos por la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, no se identific\u00f3 el ejercicio de una actividad judicial arbitraria susceptible de ser remediada a trav\u00e9s de esta v\u00eda extraordinaria, como pasa a exponerse. <\/p>\n
3.1. En efecto, la Sala accionada procedi\u00f3 a emitir una nueva decisi\u00f3n conforme a la orden impartida por la Corte Constitucional en la sentencia SU297-2021 de 3 de septiembre de 2021, frente a los recursos de casaci\u00f3n interpuestos por Romualda de la Concepci\u00f3n Saumet Su\u00e1rez y Ceneli Esther Romero Barbosa en calidad de demandada y tercera ad exludendum, respectivamente, en el juicio ordinario laboral promovido por Yolanda Remedios Pinz\u00f3n de Cantillo, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de sobrevivientes con ocasi\u00f3n del fallecimiento de Milciades L\u00e1zaro Cantillo Costa. <\/p>\n
Para lo que interesa en este asunto, se evidenci\u00f3 que la Sala de Casaci\u00f3n accionada al estudiar el primer cargo formulado por Ceneli Esther Romero Barbosa, en el que plante\u00f3 la err\u00f3nea interpretaci\u00f3n por parte del Tribunal al art\u00edculo 47 de la Ley 100 de 1993 original, comoquiera que no se justificaba un trato desigual de la c\u00f3nyuge frente a la compa\u00f1era permanente, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [L]a Corte Constitucional sostuvo en su providencia que el quebranto de esta Sala frente a los derechos fundamentales de la se\u00f1ora Ceneli Esther Romero Barbosa fue \u00abno analizar los argumentos que aquella expuso en su demanda de casaci\u00f3n fundada simplemente en la existencia de un v\u00ednculo conyugal anterior del pensionado fallecido\u00bb. <\/p>\n
Incluso, consider\u00f3 que \u00ablos efectos del amparo deb[\u00eda]n extenderse a Ceneli Esther Romero Barbosa\u00bb, ya que \u00abel razonamiento empleado por \u00e9sta es el mismo que se invoc\u00f3 en el caso de Romualda de la Concepci\u00f3n Saumet Su\u00e1rez\u00bb, lo que significa que \u00abse descart\u00f3 cualquier an\u00e1lisis al partir del supuesto de que la versi\u00f3n original del art\u00edculo 47 de la Ley de 1993 consagra como beneficiara exclusiva a la c\u00f3nyuge en caso de convivencias simult\u00e1neas\u00bb, motivo por el que imparti\u00f3 como orden adoptar \u00abuna nueva sentencia, en la que deber\u00e1 tener en cuenta lo establecido en la parte motiva de este pronunciamiento\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed que, en aras de atender el requerimiento del juez constitucional, esta Corporaci\u00f3n proceder\u00e1 a examinar los fundamentos de la demanda extraordinaria de la se\u00f1ora Romero Barbosa, tanto jur\u00eddicos como f\u00e1cticos, sin que ello implique soslayar las exigencias propias del recurso extraordinario y entrar ipso facto a actuar, por fuera de la competencia propia de esta Corte, para determinar s\u00ed se acredit\u00f3 la convivencia aludida, pues, en aras de respetar derechos fundamentales como el debido proceso de las partes del proceso, se debe primero establecer si existi\u00f3 un yerro de tal magnitud que lleve al quiebre de la decisi\u00f3n y permita a esta Sala actuar como colegiado ordinario, para establecer aspectos que son propios del tr\u00e1mite ordinario\u00bb. <\/p>\n
Para dirimir el ataque, la Sala de Casaci\u00f3n accionada precis\u00f3 que bastaba con acudir a los argumentos expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia SU297-2021, para considerar que se acreditaba el error jur\u00eddico endilgado al fallador de segundo grado, dado que seg\u00fan esa Corporaci\u00f3n, el art\u00edculo 47 de la Ley 100 de 1993 original, \u00ab[\u2026] no regula lo atinente a la convivencia simult\u00e1nea entre el c\u00f3nyuge y el compa\u00f1ero o la compa\u00f1era permanente y, deber\u00e1 interpretarse en armon\u00eda con el principio de igualdad y los derechos fundamentales a la familia y a la seguridad social, y, en consecuencia, deber\u00e1 reconocerse y repartirse proporcionalmente la pensi\u00f3n de sobrevivientes, a fin de evitar un trato discriminatorio mediante el reconocimiento exclusivo a una pareja\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, destac\u00f3 que, a pesar de que el cargo era fundado, no habr\u00eda lugar a casar la decisi\u00f3n, teniendo en cuenta que en sede de instancia se llegar\u00eda a la misma conclusi\u00f3n, pues el sustento f\u00e1ctico del Tribunal para afirmar que Ceneli Esther Romero no logr\u00f3 acreditar una convivencia efectiva con el causante, no fue derruido por la acusaci\u00f3n correspondiente, por lo que se mantendr\u00eda inc\u00f3lume. <\/p>\n
Posteriormente, al examinar el cargo segundo sostuvo que, si bien se podr\u00eda prescindir de los fundamentos jur\u00eddicos indebidamente introducidos y realizar su funci\u00f3n en perspectiva del conflicto de legalidad que reflejaba la censura, tampoco podr\u00eda ejecutarse el estudio de fondo del reparo, por evidenciarse otros yerros de mayor amplitud que imped\u00edan el actuar de esa Sala. <\/p>\n
En ese sentido, refiri\u00f3 que lo manifestado por la demandante Yolanda Remedios Pinz\u00f3n respecto a que \u00abMilciades L\u00e1zaro Cantillo Costa tambi\u00e9n tuvo relaciones extramatrimoniales con Ceneli Esther Romero Barbosa, en Valledupar, con quien tuvo una hija de nombre Yendhy Luz Cantillo Romero nacida el 3 de agosto de 1994, seg\u00fan registro de nacimiento\u00bb, no constitu\u00eda una confesi\u00f3n, conforme al art\u00edculo 191 del C\u00f3digo General del Proceso aplicable por analog\u00eda, toda vez que no evidenciaba que se aludiera a una convivencia en los t\u00e9rminos exigidos por esa Sala, entendida como la comunidad de vida, lazos de amor, ayuda mutua, solidaridad, apoyo econ\u00f3mico, asistencia solidaria, acompa\u00f1amiento espiritual, f\u00edsico con vocaci\u00f3n de consolidaci\u00f3n de vida en pareja, es decir, \u00abque refleje el prop\u00f3sito de realizar un proyecto de vida de pareja responsable y estable\u00bb. <\/p>\n
Enseguida, acot\u00f3: <\/p>\n
\u00abPor tanto, no ser\u00eda viable derivar la aludida confesi\u00f3n, exclusivamente de que en el supuesto 16 se sostuvo que el finado \u00abconviv\u00eda simult\u00e1neamente con su esposa, Yolanda Remedios Pinz\u00f3n y con Ceneli Esther Romero Barbosa\u00bb, pues ello ser\u00eda desconocer: i) la importancia de toda las particularidades que en aquella deben concurrir para entender que en efecto se dio y, ii) que de forma continua se explic\u00f3 de d\u00f3nde proven\u00eda el conocimiento de los hechos, esto es, cuando aludi\u00f3 que la mentada convivencia la infer\u00eda \u00abdel nacimiento de la ni\u00f1a Yendhy Luz Cantillo Romero por un lapso de (tres) a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
Es decir, con este \u00faltimo est\u00e1 aclarando que la convivencia referida al momento del deceso, la \u00abinfiere\u00bb, m\u00e1s no tiene certeza de esta, \u00fanicamente porque la pareja procre\u00f3 una descendiente; evento que, por s\u00ed solo, no puede llevar a argumentar que se tipific\u00f3 la comunidad de vida en los t\u00e9rminos requeridos por esta Corte. <\/p>\n
Es m\u00e1s, mem\u00f3rese que cuando se ataca el registro civil de nacimiento de los hijos, como elemento de prueba de la convivencia, se ha instruido, verbigracia, en prove\u00eddo CSJ SL1706-2021, que no acreditan \u00abinformaci\u00f3n extra\u00f1a al suceso que all\u00ed se registra\u00bb, pues solo dan fe de las fechas de nacimiento, as\u00ed como la calidad de madre o padre de quien corresponda, \u00abpor lo que no podr\u00eda atribuirse a un error del Tribunal al endosarle una indebida apreciaci\u00f3n de estos documentos\u00bb, dado que all\u00ed \u00abno se registra una convivencia simult\u00e1nea entre el causante con la actora, como tampoco la inexistencia de convivencia en el \u00faltimo lustro de la vida del causante, que es lo que pretende la censura\u00bb. <\/p>\n
Incluso, no se puede derivar de la demanda se\u00f1alada la uni\u00f3n familiar conforme las particularidades ya expuestas, bajo la \u00abinferencia\u00bb (apelando al t\u00e9rmino que se us\u00f3 en el supuesto f\u00e1ctico 16) de la procreaci\u00f3n de v\u00e1stagos, si se conmemora que esta Corporaci\u00f3n, en suma, al estudiar el art\u00edculo 47 de la Ley 100 de 1993 original indic\u00f3 que el nacimiento de un sucesor en los dos a\u00f1os previos al deceso, \u00abno suple el requisito de la convivencia efectiva en el momento de la muerte, sino que excusa el t\u00e9rmino m\u00ednimo de dos a\u00f1os continuos con anterioridad a ese suceso, si se da dentro del mismo lapso y no en cualquier tiempo\u00bb (subrayado a\u00f1adido) (CSJ SL4099-2017, reiterado en CSJ SL3666-2020). <\/p>\n
Del mismo modo, se\u00f1al\u00f3 que, seg\u00fan lo expuesto por esa Corporaci\u00f3n, la procreaci\u00f3n de hijos en ese interregno lleva a que el requisito de temporalidad pueda ser inferior al exigido, pero no era viable entender que el nacimiento de un descendiente, per se, demostrara la uni\u00f3n con apoyo econ\u00f3mico, ayuda solidaria, espiritual y con vocaci\u00f3n de permanencia; argumento aplicable al caso estudiado. <\/p>\n
Por otra parte, indic\u00f3 que los testimonios de Adys Esther G\u00e1mez Otero, Pedro Manuel Monta\u00f1o Rincones y Luis Rafael S\u00e1nchez Torres atacados por la recurrente, no eran prueba h\u00e1bil en casaci\u00f3n; con todo, se refiri\u00f3 de manera detallada a cada uno y resalt\u00f3 que no pod\u00eda la petente, a trav\u00e9s del recurso extraordinario, refutar las conclusiones del ad quem, sin evidenciar en realidad un yerro f\u00e1ctico en la evaluaci\u00f3n de las pruebas denunciadas o que la ausencia de ello incidiera en la determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Por \u00faltimo, se\u00f1al\u00f3 que la censura planteaba una tesis en defensa de sus pretensiones, como si fuese una nueva oportunidad del tr\u00e1mite ordinario, m\u00e1s que en la sustentaci\u00f3n de un recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Con fundamento en esas premisas coligi\u00f3 que, a pesar de que el primer cargo result\u00f3 fundando, puesto que el Tribunal incurri\u00f3 en el yerro jur\u00eddico endilgado, tal error no resultaba suficiente para derruir la sentencia respecto de Ceneli Esther Romero Barbosa, en tanto que, el pilar f\u00e1ctico del fallador de segundo grado, que se busc\u00f3 desestimar con el reproche secundario, segu\u00eda en firme. <\/p>\n
Por lo anterior y luego de estudiar los cargos formulados por la otra recurrente – Romualda de la Concepci\u00f3n Saumet Su\u00e1rez-, resolvi\u00f3 casar parcialmente la sentencia de 14 de diciembre de 2012 proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, que hab\u00eda negado el derecho pensional reclamado por aquella. <\/p>\n
3.2. En sede de instancia, dispuso modificar y adicionar el fallo de primer grado, en el sentido de declarar que Yolanda Remedios Pinz\u00f3n y Romualda de la Concepci\u00f3n Saumet Su\u00e1rez ten\u00edan derecho al reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de sobrevivientes reclamada, de forma proporcional al tiempo de convivencia con el causante, ordenando al Fondo de Previsi\u00f3n Social del Congreso de la Rep\u00fablica cancelar las mesadas adeudadas debidamente indexadas. <\/p>\n
4. De las anteriores consideraciones, estima la Sala que tal y como se anunci\u00f3, la sentencia constitucional impugnada habr\u00e1 de ser confirmada, comoquiera que no se evidenci\u00f3 desafuero o arbitrariedad manifiesta que revele el defecto sustantivo alegado por Ceneli Esther Romero Barbosa y que imponga la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior teniendo en cuenta que, la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 2 fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en el razonable entendimiento de las normas aplicables al caso concreto y la jurisprudencia que rige la materia, determinando que, si bien el primer cargo prosperaba teniendo en cuenta el error jur\u00eddico del Tribunal al interpretar el art\u00edculo 47 de la Ley 100 de 1993, no ocurr\u00eda lo mismo con el segundo, pues no se logr\u00f3 acreditar el yerro f\u00e1ctico endilgado al ad quem que permitiera el quiebre de la sentencia recurrida, puesto que incurri\u00f3 en distintas falencias que llevaron a desestimar ese ataque, de manera que, para casarla la decisi\u00f3n era necesario derribar todos los pilares atacados. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, las divergencias exteriorizadas por Ceneli Esther Romero Barbosa a trav\u00e9s del presente medio residual y subsidiario, frente a lo decidido en la sentencia objeto de su inconformidad, no resultan suficientes para que acuda al juez constitucional, con el fin de discutir los fundamentos de la autoridad judicial en el \u00e1mbito de sus competencias o para reabrir un debate ya definido por el juzgador correspondiente. (CSJ. STC 15 feb. 2011, exp. 01404, reiterada en la STC 1212-2022). <\/p>\n
5. Por \u00faltimo, se destaca que esta Sala en pronunciamientos recientes se ha referido al respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo. Postura que se ha venido acogiendo con m\u00e1s firmeza a partir de los precedentes STC13814-2021, STC13815-2021, STC13816-2021, STC2310-2022 y, STC3514-2022 entre otros. <\/p>\n
6. En consecuencia, la sentencia impugnada ser\u00e1 confirmada, pero por las razones aqu\u00ed expuestas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC1885-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada Ponente STC1885-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-02500-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-71613","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71613","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71613"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71613\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71613"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71613"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71613"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}