STC1893-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC1893-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2023-00160-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de primero de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 8 de febrero de 2023 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la tutela que Arley D\u00edaz Ariza instaur\u00f3 contra la Superintendencia de Sociedades -Delegada de Procedimientos de Insolvencia de esta ciudad, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 27272. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista exigi\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y al trabajo\u00bb, para que se ordenara a la autoridad accionada, que: i) \u00abse pronuncie al respecto de la solicitud de pago de los honorarios causados en el contrato de prestaci\u00f3n de servicios suscrito con la sociedad concursada en el t\u00e9rmino que disponga el Juez Constitucional\u00bb y, ii) Efectuara \u00abel fraccionamiento de los t\u00edtulos de dep\u00f3sito judicial existentes para la materializaci\u00f3n del pago de mis honorarios y se emita autorizaci\u00f3n al banco agrario para el pago\u00bb. <\/p>\n
En sustento adujo que la Superintendencia acusada mediante interlocutorio 2021-01-234062 de 27 de abril de 2021, admiti\u00f3 a la sociedad SAC Estructuras Met\u00e1licas S.A. en proceso de liquidaci\u00f3n judicial y design\u00f3 agente liquidador (rad. 27272). <\/p>\n
Asever\u00f3 que en su calidad de abogado represent\u00f3 a \u00abEstructuras Met\u00e1licas S.A.\u00bb en litigio contra Ferrocarriles del Norte S.A. ante el Tribunal de Arbitramento de la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1, quien en acta n\u00ba 8 de 23 de septiembre de 2022 declar\u00f3 extinguidos los efectos de la cl\u00e1usula compromisoria para poder acudir a la jurisdicci\u00f3n ordinaria; no obstante, present\u00f3 informe de su gesti\u00f3n para la cancelaci\u00f3n de sus honorarios. <\/p>\n
Indic\u00f3 que solicit\u00f3 el fraccionamiento de los t\u00edtulos de dep\u00f3sito judicial y la autorizaci\u00f3n de su pago con el fin que se enviaran los recursos al \u00abliquidador\u00bb para el desembolso de los dineros (8 oct.), pero transcurridos tres meses, el ente censurado no se ha pronunciado. <\/p>\n
2.- La Superintendencia de Sociedades se opuso al auxilio y precis\u00f3 que los gastos se\u00f1alados por el \u00abliquidador\u00bb en septiembre, octubre y noviembre anterior fueron aprobados en autos de 2 de diciembre de 2022 y 16 de enero de 2023; adem\u00e1s que en prove\u00eddo de 17 de enero \u00faltimo resolvi\u00f3 las suplicas del impulsor que originaron este tr\u00e1mite. <\/p>\n
El liquidador de la Sociedad SAC Estructuras Met\u00e1licas S.A. destac\u00f3 que el amparo no es el mecanismo id\u00f3neo para exigir el reconocimiento de capitales, teniendo el querellante a su alcance otros medios de defensa. <\/p>\n
FALLO DE PRIMER GRADO Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 neg\u00f3 el resguardo, porque \u00abla delegatura accionada, previo a la radicaci\u00f3n de la solicitud de amparo, ya se hab\u00eda pronunciado respecto del memorial con que el accionante radic\u00f3 el 8 de octubre de 2022, con el que solicit\u00f3 autorizaci\u00f3n del pago de los honorarios por cumplimiento del objeto contractual, por auto de 17 de enero del a\u00f1o que avanza opt\u00f3 por desestimar la solicitud elevada por Arley D\u00edaz Ariza, entre otras razones, por cuanto, es el liquidador quien, en su calidad de representante legal de la concursada, y atendiendo a la informaci\u00f3n con que dispone, determina cuales son los rubros que tendr\u00e1 como gastos de administraci\u00f3n, y los relacionar\u00e1 al Despacho para su pago, conforme lo se\u00f1alado en la Ley\u00bb. <\/p>\n
Recurri\u00f3 el precursor, aduciendo que \u00abla acci\u00f3n impetrada fue radicada el 11 de enero de 2023 y repartida el 12 de enero, por lo cual el pronunciamiento de la Superintendencia de Sociedades, fue posterior a la radicaci\u00f3n de la presente tutela, no anterior como lo evalu\u00f3 el fallo de instancia aqu\u00ed impugnado\u00bb. Tambi\u00e9n que \u00abconforme la contestaci\u00f3n de la tutela por parte del liquidador, qued\u00f3 demostrado que no presentar\u00e1 solicitud de pago de los honorarios del suscrito argumentando que no se causaron, ya que, en su interpretaci\u00f3n, al no haber un laudo arbitral, no se configur\u00f3 la causal para el pago final de mi trabajo, actuaci\u00f3n que, conforme al documento allegado al despacho del Juez de tutela, es una actuaci\u00f3n de mala fe que afecta mi derecho constitucional al trabajo\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el sub lite, Arley D\u00edaz Ariza busca que se mande a la Superintendencia de Sociedades \u00abse pronuncie al respecto de la solicitud de pago de los honorarios causados en el contrato de prestaci\u00f3n de servicios suscrito con la sociedad concursada en el t\u00e9rmino que disponga el Juez Constitucional\u00bb y, \u00abse ordene el fraccionamiento de los t\u00edtulos de dep\u00f3sito judicial existentes para la materializaci\u00f3n del pago de mis honorarios y se emita autorizaci\u00f3n al banco agrario para el pago\u00bb. <\/p>\n
Empero, la salvaguarda no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad por sobrevenir la \u00abcarencia actual de objeto por hecho superado\u00bb, como quiera que, tal como lo advirti\u00f3 el impugnante, lo acreditado en el plenario es que, la demanda tuitiva fue radicada el 12 de enero de 2023 ante el Juzgado Treinta y Siete Administrativo de Bogot\u00e1, quien el d\u00eda 25 siguiente la remiti\u00f3 por competencia al Tribunal Superior de esta ciudad, al paso que la Superintendencia recriminada el 17 de enero de este a\u00f1o desestim\u00f3 las rogativas del actor. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, con independencia de la demora que pudo registrar, lo cierto es que, esa tardanza actualmente no reviste relevancia constitucional, por cuanto, en el curso de esta v\u00eda supralegal adelant\u00f3 la tarea extra\u00f1ada por el gestor. <\/p>\n
De suerte, que, se torna inane el an\u00e1lisis de fondo de la discusi\u00f3n planteada por el quejoso, en la medida que la Superintendencia cuestionada al percatarse de lo sucedido, subsan\u00f3 la anomal\u00eda registrada y emprendi\u00f3 la labor correspondiente. <\/p>\n
Sobre dicho t\u00f3pico, esta Corte ha predicado que \u00ab(\u2026) ning\u00fan sentido tiene que aqu\u00ed se imparta cualquier tipo de orden en relaci\u00f3n con unas circunstancias que en el pasado hubieran podido configurarse pero que, en este momento procesal, no existen o, cuando menos, presentan caracter\u00edsticas diferentes a las iniciales\u00bb (STC4943-2019, citada en STC9353-2020, 29 oct., en la STC13246-2021 y STC1956-2022). <\/p>\n
Tambi\u00e9n la Corte Constitucional, sobre el mismo aspecto ha dicho: <\/p>\n
(\u2026) [La] jurisprudencia, ha indicado que la carencia actual de objeto se configura cuando frente a las pretensiones esbozadas en la acci\u00f3n de tutela, cualquier orden emitida por el juez no tendr\u00eda alg\u00fan efecto o simplemente \u201ccaer\u00eda en el vac\u00edo\u201d. Espec\u00edficamente, esta figura se materializa a trav\u00e9s en las siguientes circunstancias: <\/p>\n
(\u2026) Hecho superado. Este escenario se presenta cuando entre el momento de interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela y el fallo, se evidencia que [,] como consecuencia del obrar de la accionada, se super\u00f3 o ces\u00f3 la vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales alegada por el accionante. Dicha superaci\u00f3n se configura cuando se realiz\u00f3 la conducta pedida (acci\u00f3n u abstenci\u00f3n) y, por tanto, termin\u00f3 la afectaci\u00f3n resultando inocua cualquier intervenci\u00f3n del juez constitucional en aras de proteger derecho fundamental alguno, pues ya la accionada los ha garantizado (\u2026), T-038 de 2019; exp. T-7.000.184. <\/p>\n
2.- Aunado a lo anterior, se vislumbra una incuria sobreviniente, debido a que D\u00edaz Ariza tuvo la oportunidad de manifestar las inconformidades que ahora exhibe en esta v\u00eda excepcional, pero dej\u00f3 fenecer la posibilidad para contradecir la providencia de 17 de enero de 2023, a pesar que contra la misma cab\u00eda el recurso de reposici\u00f3n, de conformidad con el art\u00edculo 318 C\u00f3digo General del Proceso, de ah\u00ed que deba soportar las consecuencias adversas de su omisi\u00f3n por haber desaprovechado esa herramienta. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n tiene sentado que: <\/p>\n
Ello, en virtud a que <\/p>\n
(\u2026) [e]ste mecanismo, por lo excepcional, am\u00e9n de su naturaleza subsidiaria, no deviene como un recurso alterno o suplementario y su invocaci\u00f3n resulta leg\u00edtima en la medida en que el afectado no cuente con recursos legales para evitar la vulneraci\u00f3n de la que se duele. Contrario a ello, esto es, si existen tales medios surge inane la utilizaci\u00f3n de la tutela; consecuencia similar emerge cuando el interesado teniendo dichos recursos los ha menospreciado o no ha hecho uso de ellos, dado que en tal hip\u00f3tesis culmina invocando su propia negligencia o incuria, lo que no es permitido y menos a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala. (STC7966-2018, STC10541-2018 citada en STC6916-2020 y STC13745-2022). <\/p>\n
3.- En lo que concierne con lo manifestado en el escrito de impugnaci\u00f3n, en el sentido que \u00abconforme la contestaci\u00f3n de la tutela por parte del liquidador, qued\u00f3 demostrado que no presentar\u00e1 solicitud de pago de los honorarios del suscrito argumentando que no se causaron, ya que, en su interpretaci\u00f3n, al no haber un laudo arbitral, no se configur\u00f3 la causal para el pago final de mi trabajo, actuaci\u00f3n que, conforme al documento allegado al despacho del Juez de tutela, es una actuaci\u00f3n de mala fe que afecta mi derecho constitucional al trabajo\u00bb, es claro para esta Magistratura que no se puede adelantar ning\u00fan juicio al respecto, menos en este escenario constitucional, correspondiendo, entonces, a Ariel D\u00edaz Ariza elevar los pedimentos respectivos ante el Liquidador. <\/p>\n
4-. Ergo, se mantendr\u00e1 inc\u00f3lume la determinaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZMAN \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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