STC1897-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1897-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-00758-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00b0) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Gerardo Alonso Herrera Hoyos contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal y las partes e intervinientes en la acci\u00f3n popular n\u00ba 2021-00231. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, invoc\u00f3 protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso presuntamente vulnerado por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Herrera Hoyos promovi\u00f3 acci\u00f3n popular contra la propietaria del establecimiento de comercio \u00abSalud Droguer\u00eda\u00bb, en procura de que se ordenara la construcci\u00f3n de una rampa en dicho lugar, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, el cual emiti\u00f3 fallo estimatorio el 13 de enero de 2022. <\/p>\n
Contra esa determinaci\u00f3n, el querellante interpuso apelaci\u00f3n, resuelta por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, el 23 de noviembre siguiente, en el sentido de confirmarla. <\/p>\n
El actor popular acude ahora a este remedio supralegal para cuestionar la competencia de los jueces cognoscentes pues, a su juicio, al vincularse a la actuaci\u00f3n al Municipio de Santa Rosa de Cabal, la misma quedar\u00eda radicada en la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, tal como fue manifestado por el apoderado del ente territorial en la contestaci\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
3. En tal sentido, solicita \u00abdecretar la nulidad de todo lo actuado y declarar la falta de competencia remitiendo [la] acci\u00f3n a la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado ponente de la sentencia de segundo grado se opuso a la prosperidad del amparo al no haber incurrido en lesi\u00f3n alguna al interior de la acci\u00f3n popular cuestionada en tanto \u00absolo se admiti\u00f3 y tramit\u00f3 contra el establecimiento de comercio \u201cSalud Drogas\u201d de Santa Rosa de Cabal\u00bb. <\/p>\n
2. La Juez Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal manifest\u00f3 que la falta de jurisdicci\u00f3n fue propuesta por el apoderado del ente territorial como excepci\u00f3n previa y desestimada en el fallo de primera instancia de conformidad con el art\u00edculo 23 de la Ley 472 de 1998; al margen de ello, advirti\u00f3 que el promotor del presente resguardo nunca formul\u00f3 reparo en torno a dicho t\u00f3pico \u00abdejando transcurrir m\u00e1s de un a\u00f1o para acudir a la acci\u00f3n de tutela por una presunta trasgresi\u00f3n al debido proceso\u00bb. <\/p>\n
3. Una funcionaria adscrita a la Oficina Jur\u00eddica de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n pidi\u00f3 \u00abdeclarar la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb de ese organismo y, como consecuencia de ello, denegar la protecci\u00f3n reclamada en tanto \u00abno tiene asignadas competencias para administrar justicia\u2026 y tampoco\u2026 para representar al accionante judicialmente\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Tribunal Superior de Pereira y el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, vulneraron la prerrogativa denunciada por el querellante, al interior de la acci\u00f3n popular 2021-00231, pues pese a que a la misma se vincul\u00f3 al Municipio de Santa Rosa de Cabal, no declararon carecer de competencia para tramitarla. <\/p>\n
2. De la subsidiariedad <\/p>\n
Jurisprudencialmente se tiene decantado que este instrumento excepcional, dada su naturaleza eminentemente subsidiaria y residual, no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este remedio constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Al efecto, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026)\u2026Insistentemente se ha dicho por la jurisprudencia constitucional, que esta acci\u00f3n p\u00fablica no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad ius fundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos \u201csino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u00bb (CSJ STC, 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01; STC, 24 sep. 2012, rad. 2012-00320-01). <\/p>\n
3. Caso concreto <\/p>\n
Como se dijo, el promotor reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso que estima lesionado por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira y el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal por cuanto no se apartaron del conocimiento y tramitaci\u00f3n de la acci\u00f3n popular 2021-00231 luego de que ordenaran la vinculaci\u00f3n al Municipio de Santa Rosa de Cabal, pues dicha circunstancia, a su juicio, radicaba la competencia en la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo. <\/p>\n
De cara a lo aportado a la presente actuaci\u00f3n, la Sala anticipa que desestimar\u00e1 el resguardo al no superar el an\u00e1lisis del presupuesto de la subsidiariedad, en la modalidad de incuria. <\/p>\n
Lo anterior, habida consideraci\u00f3n que, en efecto, el tutelante no formul\u00f3 oposici\u00f3n ni realiz\u00f3 manifestaci\u00f3n alguna al interior del asunto sobre el que se cierne la queja, referente a la p\u00e9rdida de aptitud legal de los falladores para instruir y fallar la aludida acci\u00f3n supralegal. <\/p>\n
Entonces, como esta Sala ha enfatizado, la procedencia del resguardo se encuentra supeditada al agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa puestos a disposici\u00f3n del interesado, dado el car\u00e1cter eminentemente residual de esta acci\u00f3n, pues de otra manera se convertir\u00eda en un mecanismo para revivir oportunidades clausuradas, lo cual terminar\u00eda cercenando los principios que gobiernan esta herramienta iusfundamental. <\/p>\n
En lo relativo a ese tema, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (STC9485-2014; STC10792-2014; STC10786-2014; STC11394-2015; entre otras). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no puede abrirse paso el resguardo, habida cuenta que la tutela no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que, cuando le es atribuible al interesado la omisi\u00f3n, queda inevitablemente vinculado a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
No se acceder\u00e1 al resguardo comoquiera que el tutelante desaprovech\u00f3 las oportunidades procesales para oponerse a que los juzgadores ordinarios continuaran tramitando y fallaran la acci\u00f3n popular por \u00e9l formulada; aspecto que torna inviable la injerencia de esta especial justicia dado su apuntado car\u00e1cter subsidiario y residual. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo reclamado. <\/p>\n
Notif\u00edquese por un medio expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnada esta determinaci\u00f3n, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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