STC1899-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC1899-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2023-00146-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 8 de febrero de 2023 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la tutela que Fundaci\u00f3n Coderise en Liquidaci\u00f3n le instaur\u00f3 a la Superintendencia de Industria y Comercio – Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales -, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en los consecutivos 22-266678, 22-261625, 22-216612 y 22-191258. <\/p>\n
1.- La libelista invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso\u00bb y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, para que se ordenara a la entidad censurada \u00abdejar sin valor ni efectos los autos de fecha 18 de noviembre de 2022, proferidos en los procesos [memorados] (\u2026) y en subsidio (\u2026) por ser una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que supone que el Juez no cumpli\u00f3 con su deber de expresar los fundamentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos de su decisi\u00f3n, se decrete la falta de jurisdicci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En sustento adujo que a trav\u00e9s de los prove\u00eddos de 18 y 19 de octubre de 2022, la Superintendencia de Industria y Comercio desestim\u00f3 las excepciones previas de \u00abfalta de jurisdicci\u00f3n y competencia y cl\u00e1usula compromisoria\u00bb, formuladas en las \u00abacciones de protecci\u00f3n al consumidor\u00bb n.\u00b0 22-266678, 22-261625, 22-216612 y 22-191258, desconociendo que en la \u00abcl\u00e1usula 18\u00bb del \u00abAcuerdo de Ingreso Compartido\u00bb objeto de \u00e9stas, las partes acordaron que \u00abcualquier disputa\u00bb relacionada con ese convenio ser\u00eda zanjada por un tribunal de arbitramento; e incurriendo en \u00abcarencia de motivaci\u00f3n\u00bb, pues se fundamentaron en doctrina, sin razonamiento \u00abtanto f\u00e1ctico como jur\u00eddico\u00bb. <\/p>\n
Asever\u00f3 que interpuso recurso de reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n frente a las providencias cuestionadas, sin \u00e9xito (18 nov. 2022). <\/p>\n
2.- La Superintendencia de Industria y Comercio-Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales defendi\u00f3 la legalidad su proceder. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 neg\u00f3 el ruego, porque la actora no recurri\u00f3 en queja las determinaciones que declararon improcedente la alzada enarbolada contra las decisiones censuradas. <\/p>\n
2.- Replic\u00f3 la gestora con razonamientos similares a los esgrimidos en el escrito introductorio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el sub lite, la Fundaci\u00f3n Coderise en Liquidaci\u00f3n critica los interlocutorios de 18 de noviembre de 2022, mediante los cuales la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio mantuvo la \u00abdesestimaci\u00f3n\u00bb de las defensas dilatorias por ella propuestas y la \u00abimprocedencia\u00bb del \u00abrecurso de apelaci\u00f3n\u00bb izado, en el marco de las \u00abacciones de protecci\u00f3n al consumidor\u00bb n.\u00b0 22-266678, 22-261625, 22-216612 y 22-191258. <\/p>\n
2.- Tienen incidencia en la soluci\u00f3n del caso, los siguientes hechos: <\/p>\n
2.1.- De los radicados 22-266678 y 22-261625. <\/p>\n
Roberto Alfredo Palacios Fuentes y Yoyman Manuel Castellar Miranda incoaron dichos pleitos contra la Fundaci\u00f3n Coderise en Liquidaci\u00f3n para que se \u00abdeclarara\u00bb que las estipulaciones \u00abCl\u00e1usula 1, numeral 6 Esfuerzos Productivos, clausula 1, numeral 7 Renta Bruta. y sus literales a, b, c, d, e. Clausula 18. Arbitramento: La cl\u00e1usula compromisoria\u00bb del \u00abAcuerdo de Ingreso Compartido\u00bb, cuyo objeto fue la \u00abprestaci\u00f3n de un servicio educativo\u00bb, son \u00ababusivas\u00bb, por cuanto limita \u00abel acceso a la justicia del adherente por tratarse de un derecho que la ley reconoce en todas las personas, adem\u00e1s de significar un aumento en los costos que debe asumir la parte d\u00e9bil para la protecci\u00f3n de sus derechos\u00bb, adem\u00e1s, de ofrecer un \u00abcurso virtual\u00bb de alto costo, sin la obtenci\u00f3n de un \u00abcertificado de estudio\u00bb avalado por las autoridades educativas de Colombia. <\/p>\n
2.2.- De los \u00abconsecutivos\u00bb 22-216612 y 22-191258. <\/p>\n
Mario Alexander Correa Correa, Mauricio Sierra Cifuentes y Jorge David \u00c1lzate \u00c1lzate llamaron a juicio a la Fundaci\u00f3n Coderise en Liquidaci\u00f3n para que \u00abdeclarara\u00bb que el contrato referido engloba \u00abcl\u00e1usulas abusivas\u00bb, \u00abpublicidad enga\u00f1osa\u00bb y es \u00abviolatorio de la ley\u00bb, ya que la capacitaci\u00f3n \u00abofertada\u00bb est\u00e1 desprovista de \u00abla respectiva licencia de funcionamiento ni certificaci\u00f3n y\/o acreditaci\u00f3n por parte de alguna Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n del Pa\u00eds ni del Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional\u00bb, a m\u00e1s de \u00abinducir en error a los potenciales usuarios del servicio, respecto a la modalidad de educaci\u00f3n ofrecida, el titulo a obtener y el aval (requisitos-permisos) de las autoridades competentes, para el ofrecimiento, prestaci\u00f3n y desarrollo de sus programas\u00bb. <\/p>\n
2.3.- Admitidos los escritos inaugurales y notificado, el ente convocado \u00abformul\u00f3\u00bb las \u00abexcepciones previas\u00bb de \u00abfalta de jurisdicci\u00f3n y competencia\u00bb y \u00abcl\u00e1usula compromisoria\u00bb, basadas en que los demandantes manifestaron su voluntad de supeditar las diferencias surgidas del \u00abconvenio\u00bb objetado a la \u00abjusticia arbitral\u00bb. <\/p>\n
2.4.- En \u00abautos\u00bb de 18 y 19 de octubre de 2022, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio tuvo por no probados \u00abmedios exceptivos\u00bb, con apoyo en que: <\/p>\n
Luego de copiar textualmente el apartado No. 18 \u00abARBITRAMENTO\u00bb del \u00abacuerdo\u00bb motivo de discordia y de exponer los desarrollos jurisprudenciales concernientes a los \u00abelementos del pacto arbitral\u00bb, infiri\u00f3 que \u00abel objeto de la presente controversia no fue expresamente se\u00f1alada en la cl\u00e1usula compromisoria para efectos de ser resuelta por un tribunal de arbitramento\u00bb, as\u00ed que, \u00abuna interpretaci\u00f3n pro consumatore impone que, en caso de duda, se entienda que el consumidor no ha renunciado a la acci\u00f3n jurisdiccional de protecci\u00f3n al consumidor. Como bien se ha expresado, el derecho de los consumidores se encuentra reglado desde la misma Constituci\u00f3n, raz\u00f3n por la cual, no se encuentra que las partes hayan renunciado a acudir a esta jurisdicci\u00f3n por cuenta de una disputa que puede ser resuelta bajo el amparo de la ley 1480 de 2011\u00bb. <\/p>\n
Enseguida, puso de presente que el \u00abAcuerdo de Ingreso Compartido\u00bb recriminado era de \u00abadhesi\u00f3n\u00bb, ya que la facultad de los reclamantes para negociar sus \u00abestipulaciones\u00bb fue \u00abcasi nula\u00bb, de ah\u00ed que, la \u00abcl\u00e1usula arbitral\u00bb deb\u00eda interpretarse de modo restrictivo, por ende, \u00abno puede arribarse, en ning\u00fan evento, a la conclusi\u00f3n de que los conflictos relativos a la informaci\u00f3n, publicidad y protecci\u00f3n contractual en materia de derecho del consumidor, que son de \u00edndole legal, se encuentran cubiertos por un convenio de acuerdo con el cual las disputas sometidas a la justicia arbitral fueron \u00fanicamente aquellas que surgieran \u201ccon ocasi\u00f3n o como consecuencia\u201d del acuerdo referido previamente\u00bb, premisa que soport\u00f3 en doctrina patria. <\/p>\n
Y, todav\u00eda, insistiendo en el entendimiento del \u00abcontrato\u00bb rebatido, dio paso a esta otra afirmaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00abante una estipulaci\u00f3n carente de concreci\u00f3n y claridad respecto de su aplicaci\u00f3n en relaci\u00f3n con las controversias relativas a los derechos del consumo se estar\u00edan ampliando sus efectos sobre unas situaciones que no fueron transparentemente informadas a la parte d\u00e9bil de la relaci\u00f3n, m\u00e1xime cuando esa situaci\u00f3n ser\u00eda demostrativa de la ausencia habilitaci\u00f3n del consumidor para que la controversia sea conocida por la justicia arbitral\u00bb. <\/p>\n
Con mente en ello, trajo la \u00abregla de interpretaci\u00f3n in dubio pro consumatore\u00bb prevista en los art\u00edculos 4\u00ba y 34 del estatuto del consumidor, la cual \u00abimpone que ante un evento que genere duda, esta debe resolverse de la forma m\u00e1s favorable al consumidor\u00bb, con base en la cual, indic\u00f3 que \u00absi en gracia de discusi\u00f3n se aceptara que puede ser oscura la manifestaci\u00f3n de voluntad de las partes respecto de que los conflictos de efectividad de la garant\u00eda se encuentren cobijados por el pacto arbitral, esta situaci\u00f3n dudosa debe ser resuelta en el sentido m\u00e1s favorable al consumidor, que corresponde a permitirle a acudir ante la justicia estatal bajo la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor\u00bb. <\/p>\n
Culminando, advirti\u00f3 que la \u00abacci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor\u00bb se erige como un \u00abmecanismo m\u00e1s favorable para el consumidor\u00bb, en la medida que all\u00ed se establecen \u00abuna serie de reglas dispuestas para facilitar la efectividad de las prerrogativas que el legislador ha reconocido a favor de la parte d\u00e9bil de la relaci\u00f3n de consumo, entre las que se pueden destacar, entre otras, las siguientes: i) individualizaci\u00f3n y vinculaci\u00f3n al proceso del empresario demandado a cargo de la autoridad judicial (num. 6\u00b0, art. 58); ii) mecanismos especiales de notificaci\u00f3n a cargo de la autoridad judicial (num. 7\u00b0, art. 58)l; iii) facultad de fallar en justicia e infra, extra y ultrapetita (num. 9\u00b0, art. 58); imposici\u00f3n de multas al proveedor o productor que incumpla sus obligaciones (num. 10\u00b0, art. 58); y, iv) verificaci\u00f3n del cumplimiento y multas por cada d\u00eda de retraso (num. 11\u00b0, art. 58)\u00bb. <\/p>\n
2.5.- Recurrida en \u00abreposici\u00f3n\u00bb y \u00abapelaci\u00f3n\u00bb la anterior directriz se mantuvo inc\u00f3lume y se neg\u00f3 la alzada por improcedente (18 nov. 2022). <\/p>\n
3.- Como se aprecia, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio hall\u00f3 que, pese a la \u00abvoluntad\u00bb de los \u00abnegociantes\u00bb en consentir la \u00abcl\u00e1usula compromisoria\u00bb vertida en el \u00abconvenio\u00bb confutado, esta no abarcaba el \u00abobjeto\u00bb de las disputas, alusivo a la \u00ababusividad\u00bb de lo convenido y a la \u00abpublicidad enga\u00f1osa\u00bb respecto del servicio all\u00ed \u00abpactado\u00bb. Ante esa falta de claridad en dicha \u00abestipulaci\u00f3n\u00bb y en aplicaci\u00f3n del axioma \u00abin dubio pro consumatore\u00bb, se coleg\u00eda que los pleiteantes jam\u00e1s renunciaron a elevar sus s\u00faplicas por medio de la \u00abacci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor\u00bb, por manera que, las \u00abexcepciones previas\u00bb de \u00ab\u00abfalta de jurisdicci\u00f3n y competencia\u00bb y \u00abcl\u00e1usula compromisoria\u00bb estaban llamadas al fracaso. <\/p>\n
Es as\u00ed como, las resoluciones refutadas est\u00e1n cimentadas en razonamientos respetables, por lo mismo, no pueden ser modificadas por el iudex constitucional, porque ello ir\u00eda en detrimento de la autonom\u00eda e independencia judicial que como principio reconoce la misma norma fundamental, en relaci\u00f3n con la ex\u00e9gesis y criterios de los funcionarios jurisdiccionales. <\/p>\n
Y aunque esta Corte compartiera o no las \u00abconsideraciones\u00bb expuestas, no emerge ning\u00fan defecto capaz de edificar causal de procedencia del auxilio alguna como busca la quejosa, quien, aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse al sumario, sin que dicho prop\u00f3sito acompase con la finalidad de esta \u00abtutela\u00bb, cuyo objetivo, se reitera, \u00abno fue servir de tercera instancia\u00bb para discutir los \u00abfundamentos de la entidad jurisdiccional\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, rad. 00829-00; reiterada, entre otras, en STC9232-2018, STC2544-2021 y STC1608-2022). <\/p>\n
4.- Lo discurrido conlleva a la refrendaci\u00f3n del \u00abveredicto\u00bb opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC1899-2023 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC1899-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2023-00146-01 (Aprobado en Sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 8 de febrero de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-71626","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71626","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71626"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71626\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71626"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71626"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71626"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}