STC1900-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1900-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-00725-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Mariana Katiuska Manjarrez Maldonado contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta y el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el juicio n\u00ba 2021-00096. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. Actuando por conducto de apoderado, la querellante reclama la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, supuestamente conculcadas por las autoridades convocadas al declarar el desistimiento t\u00e1cito en el declarativo n\u00b0 2021-00096. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Como hechos que soportan la solicitud de amparo, manifiesta, en s\u00edntesis, que llam\u00f3 a juicio a Ana Mar\u00eda P\u00e9rez Plata, pretendiendo la resoluci\u00f3n de un contrato de compraventa, asunto que fue asignado por reparto al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Santa Marta. <\/p>\n
Relata, que el aludido estrado, mediante prove\u00eddo de 18 de enero de 2022 la requiri\u00f3 para que agotara la notificaci\u00f3n al extremo pasivo, otorg\u00e1ndole el t\u00e9rmino de 30 d\u00edas para el efecto, so pena de declarar el desistimiento t\u00e1cito. <\/p>\n
Indica, que \u00abla providencia en menci\u00f3n fue notificada por anotaci\u00f3n en estados el d\u00eda 19 de enero de 2022; y como no fue objeto de recurso alguno cobr\u00f3 ejecutoriedad el d\u00eda 24 de enero de esa anualidad vale decir que desde el 24 de enero deben contarse los treinta (30) d\u00edas de la carga que se impusiera en el auto de 18 de enero de 2022. (\u2026) Si se cuentan 30 d\u00edas h\u00e1biles desde el 24 de enero de 2022, con la ayuda de un calendario, tenemos que el t\u00e9rmino de 30 d\u00edas, se extend\u00eda hasta el d\u00eda 7 de marzo de 2022\u00bb. <\/p>\n
Afirma, que el 4 de febrero de 2022 se surti\u00f3 el enteramiento a la demandada lo cual certific\u00f3 la empresa Distrienv\u00edos el 10 de marzo de esa anualidad, data en la que inform\u00f3 al respecto al juez de conocimiento. <\/p>\n
Reprocha, que pese a lo esbozado, el 31 de mayo anterior el despacho termin\u00f3 el proceso por desistimiento t\u00e1cito \u00abargumentando que la parte demandante no hab\u00eda cumplido con la carga procesal impuesta en el auto de 18 de enero de 2022, lo cual es totalmente falso, pues el auto admisorio de la demanda fue notificado en legal forma el d\u00eda 4 de febrero de 2022 y debidamente certificado el d\u00eda 10 de marzo de 2022\u00bb. <\/p>\n
Sostiene, que pese a que apel\u00f3 la anterior determinaci\u00f3n la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta confirm\u00f3 el citado auto. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Aunque expresamente no formula ninguna pretensi\u00f3n, del escrito introductor se extrae que su aspiraci\u00f3n gravita en torno a que se invalide el prove\u00eddo de 23 de enero de 2023 por medio del cual la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta confirm\u00f3 la decisi\u00f3n que dispuso la terminaci\u00f3n del litigio por desistimiento t\u00e1cito. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
El titular del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Santa Marta defendi\u00f3 su proceder y asegur\u00f3 que la determinaci\u00f3n censurada se encuentra ajustada a la normativa aplicable. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta transgredi\u00f3 las prerrogativas esenciales invocadas por la promotora al desatar el recurso de apelaci\u00f3n formulado contra el auto que declar\u00f3 terminado el proceso n\u00ba 2021-00096 por desistimiento t\u00e1cito. <\/p>\n
Esto \u00faltimo, en la medida en que, si bien el reclamo involucra la providencia dictada por el Juzgado Tercero Civil del Circuito del mencionado lugar, el 31 de mayo de 2022, fue la dictada por su superior jer\u00e1rquico funcional la que defini\u00f3 el asunto. Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias jurisdiccionales. <\/p>\n
Por regla general este mecanismo no procede contra determinaciones jurisdiccionales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los privilegios esenciales, eso s\u00ed, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios ordinarios de defensa y se ejerza el resguardo en un plazo prudencial. <\/p>\n
No obstante, lo anterior, en los precisos casos en los cuales los funcionarios respectivos incurran en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El caso concreto. <\/p>\n
De la revisi\u00f3n efectuada a la queja constitucional y con observancia en la informaci\u00f3n y piezas procesales adosadas al expediente, establece la Corte que habr\u00e1 de negarse el auxilio por las razones que a continuaci\u00f3n se compendian. <\/p>\n
Razonabilidad de la providencia acusada. <\/p>\n
Al examinar el prove\u00eddo de 23 de enero de 2023 por medio del cual la magistratura acusada, en sede de apelaci\u00f3n, confirm\u00f3 el auto que dispuso la terminaci\u00f3n del precitado juicio por desistimiento t\u00e1cito, no se advierte la vulneraci\u00f3n denunciada, en raz\u00f3n a que la referida providencia se ajusta a una hermen\u00e9utica respetable. <\/p>\n
En efecto, para arribar a la citada determinaci\u00f3n la autoridad convocada, en primer lugar, hizo alusi\u00f3n a la regulaci\u00f3n prevista en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, se\u00f1al\u00f3, que \u00abla interpretaci\u00f3n literal de la norma implica que, si se requiere una actuaci\u00f3n de parte para continuar con el proceso, el juez puede ordenarla para materializar los principios de celeridad, eficiencia y eficacia de la Justicia. Con todo, si la actuaci\u00f3n se realiza con posterioridad al plazo se\u00f1alado por el juez, o si no se hace en lo absoluto, es necesario valorar esa conducta omisiva o tard\u00eda como \u00e1nimo de desistir de la actuaci\u00f3n. Eso s\u00ed, si est\u00e1n pendientes conductas para la realizaci\u00f3n de medidas cautelares, le est\u00e1 vedado al juez ordenar la notificaci\u00f3n del demandado\u00bb. <\/p>\n
Enfatiz\u00f3 que \u00abse le requiri\u00f3 al demandante por auto del 18 de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022) para que realizara la notificaci\u00f3n personal de la demandada. Ese auto le fue notificado por estado del 19 de enero de ese a\u00f1o. Por ende, ten\u00eda hasta el dos (2) de marzo para arrimar al Juzgado las actuaciones que den cuenta del cumplimiento de la orden dada. Sin embargo, seg\u00fan las pruebas ello solo lo hizo hasta el nueve (9) de ese mes, por fuera del t\u00e9rmino indicado. En reiteraci\u00f3n del precedente judicial, ya se hab\u00eda surtido la consecuencia legal que acarrea el art\u00edculo 317, y, a pesar de que se hizo la actuaci\u00f3n, fue de manera extempor\u00e1nea. De tal manera que se dio aplicaci\u00f3n expresa de la ley, sin que la declaratoria posterior del desistimiento \u2013en mayo\u2013 desdibuje la tardanza en el cumplimiento de la orden\u00bb. <\/p>\n
Concluy\u00f3, que \u00aba pesar de que el demandante realiz\u00f3 la notificaci\u00f3n el 4 de febrero de 2022, que podr\u00eda pensarse se hizo dentro del plazo de los 30 d\u00edas; lo cierto es que no inform\u00f3 dicha gesti\u00f3n ante el despacho de manera oportuna, por lo que le incumbi\u00f3 al juez tener por desistida t\u00e1citamente la actuaci\u00f3n, seg\u00fan lo instituido en el art\u00edculo 317. Por \u00faltimo, no sobra mencionar que s\u00ed le era permitido al juzgado exigir la notificaci\u00f3n, porque, aunque se solicit\u00f3 una medida cautelar, el Juzgado exigi\u00f3 la respectiva cauci\u00f3n, cosa que no fue aportada por el interesado. De contera, no exist\u00eda una medida cautelar decretada que estuviera pendiente de consumaci\u00f3n, aspecto que habr\u00eda impedido el requerimiento so pena de desistimiento\u00bb. <\/p>\n
Conforme a lo transcrito, no se evidencia la vulneraci\u00f3n denunciada por la querellante en raz\u00f3n a que la referida providencia se ajusta a una hermen\u00e9utica respetable que no puede ser objeto de alteraci\u00f3n a trav\u00e9s de este excepcional mecanismo, pues cabe se\u00f1alar que, aunque se discrepe de lo resuelto, no por ello se abre camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional. En todo caso, ante contextos como el estudiado, la Corte ha resaltado que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (Sentencia de 27 de septiembre de 2013, exp. 02177-00, reiterada en la STC8557-2017, 15 de junio, rad. 2017-00475-01). <\/p>\n
<\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone denegar el resguardo implorado puesto que la providencia acusada no constituye v\u00eda de hecho que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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