STC2023-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC2023-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-00840-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de ocho de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023)-. <\/p>\n
Desata la Corte la tutela que Arelis Esther Montero Bula le instaur\u00f3 a la Sala Civil Familia del Tribunal y al Juzgado Once Civil del Circuito, ambos del Distrito Judicial de Barranquilla, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2020-00161. <\/p>\n
1.- La libelista exigi\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, para que se \u00ab[d]ecretar[a] la nulidad del auto que neg\u00f3 el decreto de pruebas\u00bb y, en consecuencia, se ordenara al estrado censurado \u00abordenar las pruebas solicitadas en el libelo de la demanda\u00bb. <\/p>\n
Del escrito genitor y las piezas arrimadas, se extrae que la accionante, sus hermanos Jhonnys y Adalberto de Jes\u00fas y sus familiares Wendy Paola y Nelly del Carmen Pardo Montero demandaron a Traselca S.A. E.S.P. (rad. 2020-00161), para que se dispusiera la reliquidaci\u00f3n del \u00abcontrato de servidumbre de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica\u00bb suscrito entre ellos en el a\u00f1o 2002 y se declarara la existencia de una \u00abservidumbre de telecomunicaciones\u00bb, con la respectiva indemnizaci\u00f3n de perjuicios y el reconocimiento de intereses moratorios. <\/p>\n
El Juzgado Once Civil del Circuito de Barranquilla admiti\u00f3 el pliego genitor (16 oct. 2020), el cual replic\u00f3 oportunamente la convocada. Luego, en audiencia celebrada el 25 de enero de 2022, neg\u00f3 el \u00abdecreto y pr\u00e1ctica\u00bb, entre otras, de \u00abla prueba denominada \u201cinspecci\u00f3n judicial con la intervenci\u00f3n de perito\u201d la cual ten\u00eda como objeto establecer el valor real de la servidumbre por m2\u00bb, requerida por los gestores, as\u00ed como \u00abla \u201cinspecci\u00f3n judicial con la intervenci\u00f3n de perito ingeniero electricista\u201d que ten\u00eda como fin de determinar que sobre la infraestructura de trasmisi\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica que atraviesa el predio propiedad de los demandantes no existe instalada ninguna l\u00ednea de telecomunicaciones\u00bb, suplicada por Traselca S.A., decisi\u00f3n que permaneci\u00f3 indemne, pese a los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, ya que aquel mantuvo su postura y el Superior la confirm\u00f3 (12 sep.). <\/p>\n
Posteriormente, neg\u00f3 lo pretendido (3 feb. 2023), tras manifestar que los actores no cumplieron con la carga prevista en el canon 176 del C\u00f3digo General del Proceso, dado que no demostraron los hechos y da\u00f1os que alegaron con el escrito inaugural, resoluci\u00f3n que no fue discutida. <\/p>\n
Ahora, Arelis Esther Montero Bula acusa al juzgado y Tribunal confutados de incurrir en \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, toda vez que \u00abno [debieron] permitir un desgaste judicial\u00bb al no acoger sus aspiraciones \u00abpor falta de pruebas\u00bb, cuando era su \u00abdeber\u2026 decretarlas\u00bb para hallar la \u00abverdad procesal\u00bb. <\/p>\n
2.- La Sala Civil Familia del Tribunal Superior y el Juzgado Once Civil del Circuito de Barranquilla defendieron la legalidad de su proceder. <\/p>\n
Traselca S.A. E.S.P. se opuso al auxilio, ya que \u00abno se advierte la existencia de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho al debido proceso del accionante por parte del despacho judicial accionado, teniendo en cuenta que sus actuaciones se han ajustado completamente a las normas y principios que resultan aplicables a procesos como el que promovi\u00f3 la se\u00f1ora Arelis Montero Bula y otros en [su] contra\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Muy pronto se anuncia que la salvaguarda no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, porque la determinaci\u00f3n que respald\u00f3 la negativa de \u00abdecretar y practicar\u00bb una \u00abinspecci\u00f3n judicial con intervenci\u00f3n de perito\u00bb solicitada por el extremo activo en la Litis n.\u00b0 2020-00161, no fue el resultado de criterios subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento jur\u00eddico o de la realidad procesal, sumado a que Montero Bula no controvirti\u00f3 el fallo que zanj\u00f3 dicho pleito. <\/p>\n
1.1.- En efecto, la precursora primigeniamente se duele del interlocutorio emitido el 12 de septiembre de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, por medio del cual resolvi\u00f3: \u00abConfirmar el auto de fecha 25 de enero de 2022, proferido por la Juez Once Civil del Circuito de [la misma ciudad]\u00bb, dado que, en su sentir, esta era de obligada aceptaci\u00f3n para alcanzar la \u00abverdad procesal\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, al escrutar los fundamentos de tal providencia, se aprecia que la Corporaci\u00f3n recriminada observ\u00f3 las normas que gobiernan el caso, insumos a partir de los cuales coligi\u00f3, con base en el objeto del medio de convicci\u00f3n rogado, que este no puede ser utilizado para verificar \u00abhechos\u00bb que hayan podido probarse a trav\u00e9s de otros elementos como la videograbaci\u00f3n, fotograf\u00edas, documentos, dictamen pericial, etc., que debieron allegarse en la debida oportunidad, de ah\u00ed que no era factible su decreto y recaudo, conforme lo dilucid\u00f3 el a quo. <\/p>\n
Para soportar dicha inferencia, precis\u00f3: <\/p>\n
\u00abMem\u00f3rese respecto del demandante que su solicitud probatoria ten\u00eda como prop\u00f3sito exclusivo establecer el valor real de las servidumbres, as\u00ed como la ubicaci\u00f3n, linderos y extensi\u00f3n del inmueble en el que aquellas se encuentran, al igual que establecer el \u00e1rea afectada y el valor real del m2 a la fecha en la que se celebr\u00f3 el contrato. <\/p>\n
Analizados los conceptos que previamente se expusieron, as\u00ed como el objeto de la prueba en si considerado se tiene que \u00e9sta no solo pod\u00eda, sino que deb\u00eda ser practicada sin el acompa\u00f1amiento del Juzgado, pues sumado al hecho que siendo una prueba de la que pretend\u00eda servirse el demandante correspond\u00eda aportarse al tiempo de la demanda, se trata de un medio de convicci\u00f3n que requiere de conocimientos t\u00e9cnicos que evidentemente escapa del campo de acci\u00f3n en el que se desempe\u00f1a el Juez. <\/p>\n
Y es no se trata de un capricho de los Jueces de la rep\u00fablica, se trata de una prohibici\u00f3n que expresamente introdujo el c\u00f3digo general del proceso y que dicta que, el juez se abstendr\u00e1 de ordenar la pr\u00e1ctica de las pruebas que, directamente o por medio de derecho de petici\u00f3n, hubiera podido conseguir la parte que las solicite\u00bb <\/p>\n
Seguidamente, acot\u00f3: <\/p>\n
\u00abImportante resulta en este momento y para efectos de desestimar los argumentos expuestos por el demandante para impugnar el auto de pruebas que, dicho aparte normativo fue objeto de demanda de constitucionalidad y en tal escenario la Guardiana de lo Constitucional encontr\u00f3 que las normas procesales que exigen a las partes deberes en relaci\u00f3n con la consecuci\u00f3n de pruebas son constitucionales. <\/p>\n
Ello en consideraci\u00f3n a que las cargas procesales aluden a la organizaci\u00f3n de un proceso judicial con car\u00e1cter dispositivo, que debe propender por los principios de igualdad y lealtad procesal, sin afectar las garant\u00edas de imparcialidad e independencia del juez, a m\u00e1s que no es correcto afirmar que este tipo de normas sacrifican la verdad procesal en la medida en que, para la Corte una de las formas en la que se satisface la verdad en el proceso como forma de justicia, es precisamente obligando a las partes a cumplir con sus cargas procesales, siendo deber del juez honrar dicha obligaci\u00f3n. <\/p>\n
Supuestos a los que agreg\u00f3 la Corte Constitucional que, una prueba que no se decrete en el proceso con base en el incumplimiento de una carga procesal no sacrifica el derecho sustancial por privilegiar las formas por cuanto, de un lado la consecuci\u00f3n de la prueba se constituye como una obligaci\u00f3n de medio y no de resultado y de otro lado, la prueba garantiza una posibilidad y no una certeza en cuanto a la verdad en el proceso. <\/p>\n
Luego, no es de recibo el \u00fanico argumento expuesto por el demandante para procurar el decreto de la prueba por \u00e9l solicitada, en tanto, la consecuci\u00f3n de la verdad no solo depende del Juez, sino de la parte misma que activo el aparato judicial afirmando tener un derecho sin siquiera procurarse un indicio de prueba de ello\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, reflexion\u00f3: <\/p>\n
\u00abAhora, distinto ser\u00eda si la naturaleza del proceso fuera otra, pues cuando se trata de procesos de imposici\u00f3n de servidumbre de los que trata la Ley 56 de 1981, s\u00ed est\u00e1n previstas como obligatorias tanto la inspecci\u00f3n judicial para poder dar inicio a las obras (art\u00edculo 28), como el dictamen pericial en los casos en los que exista desacuerdo en torno a la estimaci\u00f3n de perjuicios generados por la servidumbre (art\u00edculo 29), empero, como en este caso lo que se pretende es, en palabras del demandante, reliquidar contrato de servidumbre que ya existe a cargo del previo sirviente, as\u00ed como establecer la existencia de otra servidumbre de hecho, evidente es que no es posible aplicar a este proceso ordinario reglas previstas para procedimiento especial\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, concluy\u00f3: <\/p>\n
\u00abAs\u00ed las cosas, no puede este despacho arrimar a conclusi\u00f3n diferente a la que lleg\u00f3 la Juez de primer grado y es que la prueba de \u201cinspecci\u00f3n judicial con intervenci\u00f3n de perito\u201d no puede ser decretada cuando el prop\u00f3sito de estas es la obtenci\u00f3n de experticias que han podido obtenerse de manera directa por las partes y aportarse en las oportunidades procesales correspondientes\u2026\u00bb (Archivo 07AutoConfirmaAutoApelado.pdf., expediente digital remitido). <\/p>\n
Bajo este panorama, se vislumbra que tales elucubraciones no revisten arbitrariedad o capricho alguno, por cuanto se ajustan a lo que en \u00abderecho\u00bb corresponde, pues armoniza con lo reglado en los incisos segundos de los c\u00e1nones 173 y 236 de la vigente codificaci\u00f3n adjetiva civil, de suerte que, del pronunciamiento del Tribunal de Barranquilla no emerge defecto alguno que estructure \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como lo sugiere Montero Bula, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la tem\u00e1tica discutida, sin que tal designio acompase con la finalidad de la v\u00eda superlativa, cuyo objetivo no es servir de tercera \u00abinstancia\u00bb para rebatir los \u00abargumentos de la autoridad judicial\u00bb en el \u00e1mbito de sus atribuciones (STC, 6 may. 2011, Rad. 00829-00; reiterada recientemente, entre otras, en STC1299-2023 y STC1836-2023). <\/p>\n
De modo que, no puede Arelis Esther valerse de la \u00abtutela\u00bb para solventar su incuria o desatenci\u00f3n, ya que era dicho juicio verbal, el sendero propicio donde deb\u00eda hacer prevalecer los planteamientos que ac\u00e1 expone, debido al car\u00e1cter residual del medio tuitivo. <\/p>\n
Esta Sala tiene decantado, que <\/p>\n
(\u2026) el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales, impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria (\u2026), STC6663-2018, citada en STC1274-2022 y STC1437-2023. <\/p>\n
Ello, en virtud, a que <\/p>\n
(\u2026) [e]ste mecanismo, por lo excepcional, am\u00e9n de su naturaleza subsidiaria, no deviene como un recurso alterno o suplementario y su invocaci\u00f3n resulta leg\u00edtima en la medida en que el afectado no cuente con recursos legales para evitar la vulneraci\u00f3n de la que se duele. Contrario a ello, esto es, si existen tales medios surge inane la utilizaci\u00f3n de la tutela; consecuencia similar emerge cuando el interesado teniendo dichos recursos los ha menospreciado o no ha hecho uso de ellos, dado que en tal hip\u00f3tesis culmina invocando su propia negligencia o incuria, lo que no es permitido y menos a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala (STC7966-2018, mencionada en STC3506-2022 y STC1769-2023). <\/p>\n
2.- Son estas razones las que llevan al fracaso del socorro implorado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela instada por Arelis Esther Montero Bula. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse esta determinaci\u00f3n, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC2023-2023 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC2023-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-00840-00 (Aprobado en Sala de ocho de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023)-. Desata la Corte la tutela que Arelis Esther Montero Bula le instaur\u00f3 a […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-71640","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71640","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71640"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71640\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71640"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71640"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71640"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}