STC2035-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC2035-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-00877-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte la tutela que Clemente Giraldo Romero le instaur\u00f3 a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2018-00057-01 (61724). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El querellante, actuando a trav\u00e9s de apoderado, exigi\u00f3 la guarda de los derechos al \u00abdebido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, confianza leg\u00edtima, igualdad, aplicaci\u00f3n del derecho sustancial, dignidad humana y orden justo\u00bb, para que, se ordenara a la Magistratura censurada, que \u00abi) admita la demanda de casaci\u00f3n presentada y ii) se notifique a los Honorables Magistrados que salvaron voto\u00bb. <\/p>\n
En resumen, adujo que dicha autoridad en el juicio penal adelantado contra Carmen Vergara de Puello, inadmiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n formulada contra la sentencia de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena que confirm\u00f3 el fallo absolutorio a favor de la procesada (AP3439-2022, 27 jul.), incurriendo con ello, en \u00abexcesivo ritual manifiesto\u00bb, en tanto, \u00abal desmenuzar cada uno de los tres cargos que present\u00f3, hizo juicios de valor propios cuando se estudia una demanda de casaci\u00f3n, que ha sido debidamente admitida, lo que es contradictorio\u00bb, toda vez que \u00abaplic\u00f3 unos est\u00e1ndares de conocimiento propios de una casaci\u00f3n resuelta de fondo, sali\u00e9ndose del contexto t\u00e9cnico que deb\u00eda abordar, esto es, la calificaci\u00f3n de admisi\u00f3n de la demanda\u00bb, irregularidad que lesion\u00f3 sus prerrogativas esenciales como v\u00edctima. <\/p>\n
Sostuvo igualmente, que con tal pronunciamiento se ignoraron los precedentes de la Corte Constitucional en los que \u00abse ha aceptado incluso la posibilidad de morigerar la estricta aplicaci\u00f3n de la norma procedimental, cuando esta, en lugar se servir como instrumento para materializar el derecho sustancial, lo obstaculiza, como aconteci\u00f3 en este caso\u00bb. <\/p>\n
2.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal se opuso al amparo, ya que \u00aben la decisi\u00f3n criticada est\u00e1n consignadas las razones por las cuales la Corte resolvi\u00f3 no admitir la demanda correspondiente\u00bb y, \u00abel accionante refiere una argumentaci\u00f3n distinta a los motivos presentados en el salvamento de voto de inadmisi\u00f3n de la demanda, que no tienen relaci\u00f3n con la teor\u00eda presentada en la casaci\u00f3n, pues los Magistrados en desacuerdo plantearon en concreto un tema relacionado con el momento de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal del delito de fraude procesal, postura minoritaria que no favorec\u00eda la proposici\u00f3n de la parte civil, por apuntar a que este fen\u00f3meno de extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal deber\u00eda proceder en un tiempo distinto al considerado por la Sala mayoritaria\u00bb. <\/p>\n
La Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena rog\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
El Juzgado Tercero Penal del Circuito de esa urbe defendi\u00f3 la legalidad de su obrar y alleg\u00f3 copia del paginario. <\/p>\n
1.- En el sub lite, Clemente Giraldo Romero recrimina el interlocutorio AP3439-2022 de 27 de julio, notificado el 26 de agosto de ese a\u00f1o, suscrito por la mayor\u00eda de los Magistrados que integran la Sala de Casaci\u00f3n Penal, que \u00abinadmiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n presentada por el apoderado de la parte civil, Clemente Giraldo Romero, contra la sentencia emitida el 17 de febrero de 2022 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena, que confirm\u00f3 el fallo absolutorio proferido por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de esa ciudad a favor de Carmen Vergara de Puello\u00bb, prove\u00eddo que no muestra subjetividad, arbitrariedad o capricho, al tratarse de una labor que no puede ser discutida en el terreno de esta especial justicia. <\/p>\n
En efecto, para soportar su determinaci\u00f3n, la Sala tutelada examin\u00f3 la pertinencia de la t\u00e9cnica de cada uno de los cargos formulados con miras a establecer si eran susceptibles de ser estudiados bajo el tamiz propio del control legal y constitucional que se acomete en dicha sede. <\/p>\n
En torno al primer cargo, en el que se acus\u00f3 que \u00abno se valoraron algunas pruebas: como el contenido de la escritura p\u00fablica 3688 de 10 de diciembre de 1988, al no tener en cuenta que el vendedor no sabe firmar y, por tanto, no pudo haber suscrito la escritura; la experticia realizada por el C.T.I. quien concluye que la firma que aparece en la escritura no corresponde a Clemente Giraldo, pues en su condici\u00f3n de otorgante no sabe firmar y el contenido del informe de polic\u00eda de 23 de septiembre de 2016 que establece que a nombre de la procesada no aparece ninguna tarjeta decadactilar, lo que demuestra que cometi\u00f3 el delito con el uso de un cupo num\u00e9rico inexistente\u00bb, esboz\u00f3 que, <\/p>\n
\u00abUno de los requisitos de la demanda de casaci\u00f3n es la claridad y la autosuficiencia. La demanda, sin embargo, es inconsistente y confusa. No es clara sino ambigua e incoherente. Por esa raz\u00f3n no es autosuficiente y ante eso tendr\u00eda la Corte que sustituir al demandante, lo cual por supuesto no corresponde a su funci\u00f3n ni a los objetivos y finalidades del recurso de casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
No obstante, agreg\u00f3 que los veredictos objetados abordaron los problemas planteados por el memorialista, por cuanto, <\/p>\n
\u00ab1. Respecto de la escritura p\u00fablica 3688 de 1988, al estimarla, el tribunal concret\u00f3 por qu\u00e9 surg\u00eda de ese medio la duda sobre la suplantaci\u00f3n de Girado Romero al momento de constituir la escritura en menci\u00f3n. As\u00ed, en el fallo de segundo grado se sostiene que: <\/p>\n
\u00abFrente a este panorama, surgen protuberantes dudas sobre la supuesta suplantaci\u00f3n del se\u00f1or Girado, para la correspondiente compraventa del bien inmueble identificado con F.M.I. No. 060-82446. <\/p>\n
\u00abAs\u00ed, por un lado, si, con base en la copia de la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda y las diferentes intervenciones procesales de la parte civil, se aceptara que el se\u00f1or Girado Romero no sabe firmar, entonces habr\u00eda que concluir forzosamente que la Escritura P\u00fablica No. 3688 del 10 de diciembre de 1988 constituy\u00f3 un medio fraudulento. <\/p>\n
\u00abSin embargo, esta posibilidad queda en el mero \u00e1mbito de la hip\u00f3tesis no exenta de dudas razonables, comoquiera que habr\u00eda que explicar satisfactoriamente i) por qu\u00e9 el se\u00f1or Girado Romero no se considera ni ahora ni antes propietario de un predio \u2013\u201cno tengo tierra\u201d-; ii) c\u00f3mo fue posible enga\u00f1ar, en m\u00faltiples oportunidades -con la confecci\u00f3n de la Escritura P\u00fablica y la inscripci\u00f3n de las anotaciones 1\u00aa y 4\u00aa, a autoridades p\u00fablicas; iii) c\u00f3mo es que, existiendo tantos propietarios posteriores a Carmen Vergara de Puello, Girado Romero no se percatara de esto; y iv) por qu\u00e9, tras advertir la incorporaci\u00f3n de sujetos extra\u00f1os a un predio que, en teor\u00eda, considerar\u00eda suyo, no acudi\u00f3 al inspector de polic\u00eda para la protecci\u00f3n de la posesi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. En cuanto al informe del investigador del CTI, Gregorio Redondo Ching, contra el principio de correcci\u00f3n material, se acota que el reproche no corresponde con lo expuesto por el tribunal, en la medida que su finalidad no fue determinar si la firma inscrita en la escritura p\u00fablica correspond\u00eda o no a Clemente Girado Romero, sino que se ocup\u00f3 sobre la originalidad de este documento, el cual contiene el otorgamiento de la firma a ruego. Por eso el a quo se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abAhora bien, siendo que los hechos se dieron en el a\u00f1o 1988 hay que examinar la situaci\u00f3n en contexto, porque si bien no existe evidencia de haberse realizado la firma a ruego, en la Escritura aparece el sello h\u00famedo de la notar\u00eda dando fe del negocio jur\u00eddico, sello el cual seg\u00fan experticio t\u00e9cnico por funcionario del CTI GREGORIO REDONDO CHING, practicado el 22 de abril de 2016 es original\u00bb. <\/p>\n
3. Con relaci\u00f3n a la valoraci\u00f3n del informe de polic\u00eda de septiembre 23 de 2016, el cual refiere que no se encontr\u00f3 la tarjeta decadactilar a nombre de CARMEN VERGARA DE PUELLO, afirmaci\u00f3n esta, como lo se\u00f1ala el fallo de primer grado, por s\u00ed sola no compromete la responsabilidad de la procesada. Por tal motivo, la primera instancia expone los fundamentos que llevaron a plantear la ausencia de conocimiento para comprometer la responsabilidad y ante la duda resolver en favor de CARMEN VERGARA DE PUELLO. <\/p>\n
Respecto al segundo cargo que \u00abdenunci\u00f3 la comisi\u00f3n de errores de hecho por falso juicio de existencia por omisi\u00f3n\u00bb al \u00abdesatender un criterio de rigor cr\u00edtico, l\u00f3gico y cient\u00edfico al analizar las pruebas\u00bb, indic\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cargo no se desarrolla de acuerdo con el motivo alegado, el falso juicio de existencia por omisi\u00f3n supone que la prueba existe en el proceso porque fue legalmente producida e incorporada en el juicio, pero sin considerar su trascendencia la instancia prescinde de su valoraci\u00f3n. En efecto, en ninguno de los cuestionamientos el demandante formula los yerros bajo el contenido exigido en su estructuraci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Empero, complement\u00f3, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) cada uno de los problemas presentados por el demandante fueron analizados en la sentencia, conforme se enuncia enseguida: <\/p>\n
1. Sobre la valoraci\u00f3n de los dos testimonios rendidos por Clemente Girado Romero, con los que se demuestra que no sab\u00eda firmar, leer y escribir, y que no conoc\u00eda a la procesada CARMEN VERGARA DE PUELLO, el tribunal sostuvo que en el testimonio del 21 de diciembre de 2015, Clemente Girado Romero, manifest\u00f3 \u00abser empleado de campo, no conocer a Carmen Vergara de Puello y no saber escribir porque nunca fue a la escuela\u00bb, y el 28 de enero de 2019, dijo \u00abno conocer a Jos\u00e9 Romero Payares\u2026 en tanto las pruebas obrantes muestran que, por el contrario, Romero Payares era conocido por la parte civil, al punto de testimoniar a su favor para la declaratoria de prescripci\u00f3n con respecto al inmueble\u00bb. <\/p>\n
2. Con relaci\u00f3n a la existencia de diversas anotaciones en la matr\u00edcula inmobiliaria 060-82446 que, en opini\u00f3n del demandante, indican un carrusel ininterrumpido de cambios de propietarios que pudo incidir en el delito de fraude procesal, se precisa, como ya se se\u00f1al\u00f3, que esa cr\u00edtica adolece de las exigencias de la causal alegada. <\/p>\n
Sin embargo, con relaci\u00f3n al n\u00famero de propietarios que se reflejan en el registro inmobiliario, el tribunal refiere que entre 1987 y 1990 el denunciante particip\u00f3 en varios actos de registro -la adjudicaci\u00f3n del predio luego de un proceso de pertenencia, la venta que realiz\u00f3 poco tiempo despu\u00e9s y la aclaraci\u00f3n de algunos datos personales-, lo que significa que para \u00abel se\u00f1or Girado no eran desconocidos los tr\u00e1mites adelantados en relaci\u00f3n con el bien inmueble\u00bb. Por tanto, \u00abresulta inveros\u00edmil que, durante el lapso especificado, ante la existencia de m\u00faltiples compradores sucesivos, ninguno de estos se ocupara del cuidado o visita del predio\u00bb. Para concluir que, el se\u00f1or Clemente Girado, tuvo la oportunidad de conocer la situaci\u00f3n y adelantar los correspondientes tr\u00e1mites, pero \u00abnunca acudi\u00f3 a autoridades policivas para la protecci\u00f3n de la posesi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. En cuanto a que el tribunal decidi\u00f3 con pruebas inexistentes y sin atender la presencia de indicios, el censor no precisa cu\u00e1les fueron esas pruebas y cu\u00e1les los indicios desatendidos. En s\u00ed, no precisa qu\u00e9 fue lo que realmente se dej\u00f3 de considerar ni mucho menos sustenta de qu\u00e9 manera compromet\u00edan la responsabilidad de CARMEN VERGARA DE PUELLO. <\/p>\n
De todos modos, ante el argumento de la parte civil, el tribunal consider\u00f3 los motivos que llevaron a afirmar que no se contaba en el expediente con la prueba necesaria para comprometer la responsabilidad de la procesada m\u00e1s all\u00e1 de toda duda\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, refiri\u00f3, <\/p>\n
\u00ab4. Frente a que, en el fallo de segunda instancia, se desatendieron los criterios de rigor cr\u00edtico, l\u00f3gico y cient\u00edfico que demostrar\u00edan que el t\u00edtulo traslaticio de dominio del inmueble se constituy\u00f3 en el medio fraudulento que consolid\u00f3 el posterior delito de fraude procesal, el tribunal consider\u00f3 que \u00abAnte las dudas no es suficiente con afirmar que no sabe escribir y no se conoce al comprador de un bien, para colegir, sin m\u00e1s, que el t\u00edtulo traslaticio de dominio es un medio fraudulento y su posterior inscripci\u00f3n constituye un fraude procesal\u00bb. <\/p>\n
5. Por otro lado, sobre el motivo expuesto por el juez de primer grado basado en su experiencia particular, en cuanto a que, al tomar un mayor valor comercial los predios ubicados en la Isla Bar\u00fa, los vendedores intentaron recuperarlos utilizando v\u00edas legales y de hecho, el casacionista no argumenta de qu\u00e9 manera este fundamento constituye un error por falso juicio de existencia por omisi\u00f3n, ni tampoco sustenta porqu\u00e9 dicha afirmaci\u00f3n pudo afectar los intereses del denunciante. <\/p>\n
En realidad, en el fallo absolutorio de primer grado se advierte que fueron m\u00faltiples y variados los argumentos para fundamentar la inexistencia de un nivel de conocimiento m\u00e1s all\u00e1 de toda duda que comprometa la responsabilidad de CARMEN VERGARA DE PUELLO. <\/p>\n
Es importante se\u00f1alar que el demandante en sus distintas variables al presentar el cargo, tampoco indica de qu\u00e9 manera el sentido de la sentencia habr\u00eda cambiado con la decisi\u00f3n de los juzgadores de primera y segunda instancia\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, en relaci\u00f3n con la tercera de las censuras propuestas, donde se aleg\u00f3 \u00abun falso juicio de existencia por omisi\u00f3n de normas internacionales y constitucionales\u00bb puntualiz\u00f3 que el impugnante, \u00abno desarroll\u00f3 el cargo en el marco de la motivaci\u00f3n alegada, pues al plantear la omisi\u00f3n por inaplicaci\u00f3n de normas internacionales y constitucionales debi\u00f3 acudir a la v\u00eda de la \u00abviolaci\u00f3n directa de una norma de derecho sustancial\u00bb, y no a la modalidad de un falso juicio de existencia por omisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Y precis\u00f3: <\/p>\n
\u00abNo obstante, respecto de los derechos del denunciante, en condici\u00f3n de v\u00edctima, en la sentencia de primera instancia se expusieron los motivos de improcedencia del restablecimiento del derecho, porque no se logr\u00f3 el \u00abconvencimiento m\u00e1s all\u00e1 de toda duda razonable\u00bb sobre el car\u00e1cter fraudulento del delito imputado a la acusada, presupuesto que debe cumplirse para esa procedencia, tal como lo consider\u00f3 la Corte Constitucional en la sentencia C-060 de 2008. <\/p>\n
Adicional a lo expuesto, el tribunal se\u00f1al\u00f3 que por sustracci\u00f3n de materia \u00abresulta impertinente referirse a la responsabilidad de la acusada y, adicionalmente, a la procedencia del restablecimiento del derecho que, en todo caso, exige la comprobaci\u00f3n objetiva de la conducta punible\u00bb. <\/p>\n
2.- As\u00ed las cosas, independientemente que esta Sala comparta o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como anhela el quejoso, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la controversia, sin que tal prop\u00f3sito acompase con la finalidad del sendero superlativo, cuyo objetivo no es servir de tercera instancia para discutir los argumentos de la \u00abautoridad\u00bb judicial en el \u00e1mbito de sus competencias (STC-9232-2018, reiterada en STC-5974-2021 y STC-6724-2022). <\/p>\n
3.- Frente \u00abal desconocimiento del precedente constitucional\u00bb, concretamente de la sentencia de unificaci\u00f3n SU-635 de 2015, con vista en lo all\u00ed resuelto, no se configur\u00f3 dicho defecto, pues contrario a lo aducido, lo que para el recurrente constituy\u00f3 un examen de fondo del proceso, en realidad consisti\u00f3 en una rese\u00f1a panor\u00e1mica del mismo a partir del an\u00e1lisis del ad quem para concluir que los \u00abreparos\u00bb, en la forma en que fueron expuestos por el gestor, en realidad comprend\u00edan un alegato de instancia improcedentes en dicha sede. <\/p>\n
Ahora bien, al margen de lo anterior, la misma Sala de Casaci\u00f3n Penal, en acatamiento a la orden de tutela (SU-635 de 2015), \u00absobre la labor argumentativa que comprende la calificaci\u00f3n de la demanda, en sentencia de casaci\u00f3n\u00bb, expuso: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) La motivaci\u00f3n del auto que no admite la demanda, entonces, tiene que abarcar las razones l\u00f3gicas y jur\u00eddicas tendientes a demostrar que la sentencia se sustent\u00f3 en un error con incidencia determinante en su parte dispositiva. Si el recurrente no logra establecer esta relaci\u00f3n, es obvio que ha dejado de satisfacer un requisito formal indispensable para la calificaci\u00f3n favorable del escrito y, eventualmente, su an\u00e1lisis de fondo\u00bb. <\/p>\n
Luego, manifest\u00f3: <\/p>\n
\u00abEl juicio de no admisi\u00f3n que efect\u00faa la Sala, en principio, obedece al estudio del cumplimiento de los requisitos formales de la demanda. Es decir, \u00abimplica solamente confrontar el texto del libelo con los requisitos m\u00ednimos legales que establece la ley\u00bb (entre ellos, claro est\u00e1, el de idoneidad sustancial). En otras palabras, admitir la demanda de casaci\u00f3n \u00abcomprende la constataci\u00f3n de los requisitos de procedencia y el cumplimiento de las exigencias de sustentaci\u00f3n m\u00ednima\u00bb. Y, de igual forma, la inadmisi\u00f3n es procedente \u00abcuando se trate de una demanda infundada, es decir, que su fundamentaci\u00f3n no evidencia una eventual violaci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
Dentro de esta labor de verificaci\u00f3n (que en todo caso est\u00e1 aunada al poder-deber de amparar garant\u00edas judiciales), la Sala est\u00e1 facultada para cotejar la demanda de casaci\u00f3n con el fallo recurrido. As\u00ed lo ha precisado esta Corporaci\u00f3n, dentro del sistema de la Ley 600 de 2000, en autos como CSJ AP, 16 jun. 2006, rad. 25215: <\/p>\n
La Corte estima oportuno aclarar que, debido al necesario estudio que debe hacer de los cuadernos que conforman el expediente y de la lectura de las sentencias para ver si en el proceso se respetaron las garant\u00edas de los acusados, pues de lo contrario debe casar de oficio en salvaguarda de esos derechos como lo ordena y autoriza el art\u00edculo 216 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, la verificaci\u00f3n del cumplimiento de las exigencias legales no se realiza ya indefectiblemente revisando solo el texto de la demanda, sino que en ocasiones se confronta con el fallo, lo que permite desechar de una vez, por ejemplo, la postulaci\u00f3n de un falso juicio de existencia por omisi\u00f3n cuando se advierta que el juzgador s\u00ed valor\u00f3 la prueba que se dec\u00eda omitida. <\/p>\n
Este m\u00e9todo, adoptado por la Corte, no implica que desde la calificaci\u00f3n del libelo se haga un pronunciamiento sobre los problemas de fondo que en ella se plantean, pero s\u00ed permite que demandas formalmente estructuradas puedan ser inadmitidas de una vez cuando resulte palmario que el yerro denunciado no existi\u00f3, lo que sin duda redunda en beneficio de la administraci\u00f3n de justicia, tantas veces desgastada en el tr\u00e1mite de casaciones que resultan finalmente carentes de fundamento por defectos que bien se hubieren podido detectar de manera temprana. <\/p>\n
Igualmente, en la no admisi\u00f3n, puede confrontarse de manera excepcional la demanda con el resto de la actuaci\u00f3n (por ejemplo, con la calificaci\u00f3n del m\u00e9rito del sumario), en la medida en que se pretenda constatar la falta de fundamentos en el reproche. En palabras del auto CSJ AP, 2 jun. 2004, rad. 22264: <\/p>\n
La Sala se ha ocupado del contenido de la acusaci\u00f3n \u2013tarea en realidad extra\u00f1a al simple examen del cumplimiento de los requisitos formales que le compete hacer con el fin de decidir si la demanda debe ser admitida por ajustarse a ellos\u2013 solo para verificar que la falta de fundamento del reproche formulado por el libelista fuese real, no producto de la redacci\u00f3n ambigua y descuidada que el escrito refleja. <\/p>\n
En estas condiciones, es evidente que debe darse aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 213 del estatuto procesal por inobservancia de la exigencia contenida en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 212 ib\u00eddem, porque ciertamente no puede entenderse que se ha sustentado en forma clara y precisa un cargo que de su misma formulaci\u00f3n aparece que no se configura\u00bb. <\/p>\n
Y aclar\u00f3: <\/p>\n
\u00abContrastar la demanda para efectos de su no admisi\u00f3n, bien sea con el fallo recurrido o cualquier otra pieza procesal que obre en las diligencias (sentencia de primera instancia, acusaci\u00f3n, etc.), no representa resolver de fondo el problema jur\u00eddico tra\u00eddo a colaci\u00f3n por el demandante. La Corte tan solo se ocupa por verificar en esos eventos la idoneidad sustancial de la demanda. Es decir, que el error propuesto por el censor est\u00e9 sustentado razonablemente y que dichos fundamentos establezcan que tiene incidencia en la parte resolutiva de la decisi\u00f3n\u00bb (SP8292-2016, reiterada en STC11598-2021) Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
Por lo tanto, se insiste, lo que se observa es una disparidad de criterios entre lo reflexionado por la Colegiatura demandada en el desarrollo de sus facultades y amparada en el principio de autonom\u00eda judicial y el criterio de Giraldo Romero; sin embargo, el juez constitucional no es el llamado a dirimir ese debate a modo de tercera instancia. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha predicado, que <\/p>\n
el juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural (STC3446-2020, reiterada en STC2462-2021 y STC12546-2022). <\/p>\n
4.- Son estas razones las que llevan el fracaso del socorro instado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela promovida por Clemente Giraldo Romero. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC2035-2023 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC2035-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-00877-00 (Aprobado en Sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Desata la Corte la tutela que Clemente Giraldo Romero le instaur\u00f3 a la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-71646","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71646","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71646"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71646\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71646"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71646"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71646"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}