STC2051-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC2051-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-00891-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Luz Janett Pe\u00f1aloza Sayago instaur\u00f3 contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior y los Juzgados Sexto Civil del Circuito y Octavo Civil Municipal, todos del Distrito Judicial de Bucaramanga, la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de dicha urbe y la Superintendencia de Notariado y Registro, extensiva al Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de la misma ciudad y dem\u00e1s intervinientes en los consecutivos 2014-00247 y 2018-00184-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista exigi\u00f3 la guarda de los derechos al \u00abdebido procedo y acceso real y efectivo a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, para que se ordenara al Juzgado Civil Municipal accionado \u00abarchiv[ar]\u00bb el primero de los litigios referenciados y, en consecuencia, \u00ablevant[ar] las medidas cautelares\u00bb decretadas en su contra; y a la Oficina de Registro acusada, \u00abanular\u00bb la inscripci\u00f3n de la \u00abhipoteca\u00bb prevenida en el folio n\u00b0. 300-312345. <\/p>\n
En compendio adujo que, en su calidad de comerciante independiente, adquiri\u00f3 un pr\u00e9stamo por \u00ab$150.000.000\u00bb de Gabriel Alonso Vargas Mantilla, quien en garant\u00eda le solicit\u00f3 \u00abuna letra en blanco, una letra por [dicha cifra], un pagar\u00e9 en blanco y que le [tras]pasara [un apartamento de su propiedad]\u00bb, identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria antes rese\u00f1ada. <\/p>\n
Indic\u00f3 que el acreedor present\u00f3 el primer t\u00edtulo valor para cobro por la suma de \u00ab$63.000.000\u00bb (rad. 2013-00891), juicio que tramita el Juzgado Once Civil Municipal de Bucaramanga, hecho por el que lo denunci\u00f3 ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n por \u00abfraude procesal\u00bb. <\/p>\n
No contento con ello, aquel le promovi\u00f3 proceso verbal de entrega del tradente al adquirente ante el Juzgado Octavo Civil Municipal de la misma localidad (rad. 2014-00247), quien accedi\u00f3 a lo suplicado por Vargas Mantilla (6 jul. 2016), en raz\u00f3n de lo cual, interpuso \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb (rad. 2018-00184), concedida por el Tribunal Superior de Bucaramanga (24 may. 2018), que \u00abdej[\u00f3] sin efectos la providencia [confutada], (\u2026) adem\u00e1s de las actuaciones de que ellas se desprendan, para, en su lugar, ordenar al JUZGADO [tachado] que, en el t\u00e9rmino de 10 d\u00edas contados a partir de la notificaci\u00f3n de la presente providencia proceda a dictar sentencia (\u2026), teniendo en cuenta los argumentos descritos en [ella]. El asunto se env\u00eda al Juez Octavo Civil Municipal de Bucaramanga con el fin de no dejar a las partes sin la oportunidad de acudir, eventualmente, a una segunda instancia\u00bb. <\/p>\n
Arguy\u00f3 que la iudex confutada celebr\u00f3 audiencia el 21 de junio de 2018 para dar cumplimiento a dicho mandato, donde, pese a negar lo pretendido por el actor tras \u00abdeclarar\u00bb prospera \u00abla excepci\u00f3n de m\u00e9rito de \u201cSIMULACION RELATIVA\u201d\u00bb, dispuso \u00abque el verdadero contrato celebrado fue en contrato de mutuo con garant\u00eda real, (\u2026) obligaci\u00f3n que era exigible 120 d\u00edas despu\u00e9s de la firma del contrato de compraventa, esto es, el 28 de septiembre de 2013, mutuo que caus\u00f3 un inter\u00e9s pactado al 2.5% mensual, desde la exigibilidad hasta la soluci\u00f3n o pago\u00bb y, que \u00abpara garantizar el mutuo se otorg\u00f3 garant\u00eda real sobre el bien inmueble identificado con M.I. No. 300-312951, (\u2026), que debi\u00f3 aparecer en la Escritura P\u00fablica No. 2272 de la Notaria Quinta de la ciudad y no la compraventa que all\u00ed se plasm\u00f3\u00bb, por lo que encarg\u00f3 \u00abof\u00edci[ar] al se\u00f1or Notario (\u2026) y al se\u00f1or Registrador de Instrumentos P\u00fablicos de Bucaramanga para que se tome nota de acuerdo al marco de su competencia, anexando copia del acta de esta providencia\u00bb. <\/p>\n
Relat\u00f3 que, como dicha decisi\u00f3n fue m\u00e1s all\u00e1 de lo \u00abordenado\u00bb por el superior, puesto que \u00abjam\u00e1s se gest\u00f3 t\u00e1citamente y mucho menos objetivamente un contrato de mutuo con garant\u00eda real\u00bb, requiri\u00f3 a \u00e9ste abrir \u00abincidente de desacato\u00bb, empero, se abstuvo de hacerlo (12 ag. 2022), \u00abcohonestando con ello la injusticia cometida en su contra\u00bb, m\u00e1xime cuando en la comentada diligencia estuvo representada por \u00abun abogado penalista\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que aprovech\u00e1ndose de la situaci\u00f3n, Gabriel Alonso suscit\u00f3 ante el Juzgado Sexto Civil del Circuito la respectiva ejecuci\u00f3n (31 may. 2019), dependencia que envi\u00f3 la encuadernaci\u00f3n al anterior despacho, para que all\u00ed se siguiera \u00e9sta a continuaci\u00f3n de aquella contienda, como efectivamente acaeci\u00f3, pues \u00ablibr\u00f3 mandamiento de pago y decret\u00f3 medidas cautelares\u00bb (23 jul.), desatendiendo \u00ablo decidido el 24 de mayo de 2018, (\u2026) cuyos efectos cesaron\u00bb cualquier \u00abacci\u00f3n\u00bb frente a ella, al punto que neg\u00f3 la nulidad que formul\u00f3 (10 dic.), ignorando que para ese momento a\u00fan no se hab\u00eda realizado el \u00abregistro\u00bb del \u00abfallo de 21 de junio de 2018\u00bb en el \u00abfolio de matr\u00edcula No. 300-312951\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, manifest\u00f3 que la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Bucaramanga y la Superintendencia de Notariado y Registro tambi\u00e9n patrocinaron la anomal\u00eda detallada, ya que, a trav\u00e9s de la \u00abactuaci\u00f3n administrativa 300-A.A.2019-95\u00bb, legalizaron lo dictaminado por el Juzgado Octavo Civil Municipal en el \u00abproceso verbal\u00bb. <\/p>\n
2.- La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga se opuso al auxilio, por cuanto \u00aben modo alguno ha vulnerado los derechos fundamentales de la accionante, pues todas las actuaciones que ha proferido lo han sido conforme a la situaci\u00f3n f\u00e1ctica observada y de conformidad con la jurisprudencia y la normativa aplicable al caso, especialmente aquella que regula el incidente de desacato\u00bb. <\/p>\n
Los Juzgados Sexto Civil del Circuito y S\u00e9ptimo Civil Municipal de la misma ciudad rogaron su desvinculaci\u00f3n; el primero, porque \u00ablas actuaciones surtidas al interior de un proceso que se tramita en el Juzgado Octavo Civil Municipal de Bucaramanga, asunto respecto del cual no he tenido injerencia alguna\u00bb; y, el segundo, en tanto solo \u00abconoce del proceso ejecutivo radicado 68001402301520130089101\u00bb. <\/p>\n
La Superintendencia de Notariado y Registro pidi\u00f3 no acceder al ruego, \u00abal no evidenciar la vulneraci\u00f3n al derecho fundamental al debido proceso, con ocasi\u00f3n al registro llevado a cabo en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 300-312951 en relaci\u00f3n a lo ordenado por el Juzgado Octavo Civil Municipal\u00bb. <\/p>\n
El Juzgado Octavo Civil Municipal y la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de la mentada capital imploraron \u00abdeclarar improcedente la tutela\u00bb, tras manifestar, el primero, que \u00abno se ha vulnerado ning\u00fan derecho fundamental de la peticionaria, por el contrario, se han adoptado todas las medidas necesarias para garantizar el debido proceso y defensa de las partes integrantes de la litis [criticada]\u00bb y, el segundo, que \u00abacat[\u00f3] los lineamientos y directrices de nuestro Estatuto Registral\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Confrontado el \u00abescrito\u00bb genitor con la prueba recaudada en el plenario, pronto se anuncia el decaimiento del resguardo, seg\u00fan pasa a exponerse. <\/p>\n
1.1.- Mem\u00f3rese, que, la gestora preliminarmente se duele del pronunciamiento que zanj\u00f3 la Litis civil n\u00b0. 2014-00247, adoptado por el Juzgado Octavo Civil Municipal de Bucaramanga, por medio del cual resolvi\u00f3: \u00abPRIMERO: DECLARAR PROSPERA la excepci\u00f3n de m\u00e9rito de \u201cSIMULACION RELATIVA\u201d (\u2026), respecto de la Escritura P\u00fablica de Compraventa N\u00b0 2272 del 28 de mayo de 2013 de la Notaria Quinta del C\u00edrculo de Bucaramanga, del inmueble ubicado en la calle 46 N\u00b0 22-63 apartamento 201 Edificio Bifamiliar Trinin del Barrio la Concordia de esta ciudad, conforme a lo antes expuesto (\u2026)\u00bb, as\u00ed como de los autos mediante los cuales se \u00ablibr\u00f3 orden de apremio\u00bb, se \u00abdecretaron medidas cautelares\u00bb y se \u00abrechaz\u00f3 de plano\u00bb la \u00abnulidad\u00bb que propuso, dictados por dicha \u00abautoridad\u00bb en la \u00abejecuci\u00f3n\u00bb que se ritu\u00f3 a \u00abcontinuaci\u00f3n\u00bb de la rese\u00f1ada contienda, porque, en su opini\u00f3n, est\u00e1n en contrav\u00eda de lo \u00abordenado\u00bb el 24 de mayo de 2018 en la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb n.\u00b0 2018-00184. <\/p>\n
No obstante, de las piezas allegadas al dossier, se tiene que tales resoluciones datan del 21 de junio de 2018, 23 de julio y 10 de diciembre de 2019, respectivamente, esto es, que se incumpli\u00f3 el presupuesto de la inmediatez que caracteriza este sendero, porque desde el \u00faltimo de ellos, transcurrieron aproximadamente tres (3) a\u00f1os, dos (2) meses y dieciocho (18) d\u00edas a la fecha de radicaci\u00f3n de esta acci\u00f3n, el 28 de febrero hoga\u00f1o, es decir, se super\u00f3 por mucho el semestre que tanto esta Corte como la Constitucional han tenido como prudente para ejercer la \u00abtutela\u00bb. <\/p>\n
Sobre el tema, esta Sala ha predicado que: <\/p>\n
\u00ab[e]n punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (Se resalta- STC, 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada en STC963-2023 y en la STC934-2023). <\/p>\n
Ahora, en el plenario no se divisa circunstancia alguna que pudiese justificar dicha dilaci\u00f3n, en tanto, Pe\u00f1aloza Sayago no esgrimi\u00f3 nada a ese respecto, de ah\u00ed que resulte inviable la \u00abs\u00faplica\u00bb por este puntual t\u00f3pico. <\/p>\n
1.2.- De otro lado, Luz Janett tambi\u00e9n cuestiona el interlocutorio expedido el 12 de agosto de 2022 por el Tribunal Superior de Bucaramanga en el socorro n.\u00b0 2018-00184a, a trav\u00e9s del cual se \u00ababstuvo de abrir\u00bb a \u00abtr\u00e1mite\u00bb el \u00abincidente de desacato\u00bb que interpuesto el 15 de julio anterior. <\/p>\n
En materia de tales \u00abincidentes\u00bb, esta Colegiatura en aras de no abrir la puerta a infinitas \u00abacciones\u00bb de la misma naturaleza por similares hechos, ha permitido la procedencia excepcional de la \u00abtutela\u00bb, sujetando su factibilidad a una vulneraci\u00f3n clara y ostensible del \u00abderecho al debido proceso\u00bb de alguna de las partes o de terceros con inter\u00e9s en el resultado de \u00e9ste. <\/p>\n
Sobre el particular, siguiendo la postura de la Corte Constitucional fijada en la SU-627 (1\u00ba oct. 2015), se acepta dicho instrumento bajo los siguientes derroteros: <\/p>\n
(\u2026) 4.6.1. Para establecer la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si \u00e9sta se dirige contra la sentencia proferida dentro de \u00e9l o contra una actuaci\u00f3n previa o posterior a ella (\u2026). <\/p>\n
4.6.3. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si \u00e9stas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia (\u2026). <\/p>\n
4.6.3.2. Si la actuaci\u00f3n acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas en dicha sentencia, la acci\u00f3n de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protecci\u00f3n de un derecho fundamental que habr\u00eda sido vulnerado en el tr\u00e1mite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional. (Resalto intencional, citada en STC3833-2022 y STC1409-2023). <\/p>\n
Por su parte, esta Magistratura ha establecido que, \u00abexcepcionalmente, la acci\u00f3n de tutela\u00bb es \u00abprocedente contra los incidentes de desacato\u00bb, cuando se est\u00e9 <\/p>\n
frente a una burda trasgresi\u00f3n del debido proceso, como cuando se omite la citaci\u00f3n de los inculpados o se dejan de apreciar elementos demostrativos relevantes o su valoraci\u00f3n es contraevidente, bajo el entendido que toda decisi\u00f3n judicial debe fundarse en las pruebas regularmente allegadas, so pena de desatender el deber de imparcialidad y menoscabar el derecho a la igualdad de las partes litigantes (STC20922-2017, reiterada en STC1233-2022 y STC1409-2023). <\/p>\n
Bajo tal panorama, aunque ab initio se habilitar\u00eda el estudio de fondo de la ayuda instada, en la medida que la precursora no debate una \u00abdecisi\u00f3n\u00bb que defini\u00f3 un \u00abincidente de desacato\u00bb, sino la que \u00abneg\u00f3\u00bb su \u00abtr\u00e1mite\u00bb, se observa que esta tampoco atiende la exigencia temporal, en la medida que, si bien critica la distinguida \u00abdeterminaci\u00f3n\u00bb, lo cierto es que aquella problem\u00e1tica no es novedosa, como lo quiere hacer ver, dado que en pret\u00e9rita ocasi\u00f3n acudi\u00f3 al \u00abjuez constitucional\u00bb en procura que fuera acogido dicho lamento, rogativa que fue negada el 13 de febrero de 2020, fecha a partir de la cual debi\u00f3 acudir a esta \u00absenda excepcional\u00bb, m\u00e1s no insistir en \u00e9l, principalmente porque la \u00absentencia\u00bb de 21 de junio 2018 ya estaba surtiendo efectos, lo que reivindicaba una actitud m\u00e1s diligente de su parte, dada la urgencia que reclama este remedio extraordinario para su formulaci\u00f3n. <\/p>\n
1.3.- Finalmente, basta decir, en lo que ata\u00f1e a la queja enrostrada a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Bucaramanga y la Superintendencia de Notariado y Registro, en particular, frente a las providencias que solventaron la \u00abactuaci\u00f3n administrativa 300-A.A.2019-95\u00bb (n\u00b0. 00138 y 13016), asociadas al \u00abfolio de matr\u00edcula No. 300-312951\u00bb y que \u00abORDENAR[ON] INCRIBIR en la anotaci\u00f3n N\u00b0 20\u00bb la sentencia de 21 de junio de 2018 del Juzgado Octavo Civil Municipal, expedidas el 15 de febrero de 2021 y 31 de octubre de 2022, que igualmente est\u00e1 destinada al fracaso. <\/p>\n
Se hace tal aseveraci\u00f3n, porque, previo a acudir a esta v\u00eda, la impulsora debe agotar el mecanismo ordinario estatuido por el legislador, que para el caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, est\u00e1 consagrado en el art\u00edculo 137 de la Ley 1437 de 2011 – C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-, y que, en suma, le brinda la posibilidad de atacar dichos actos a trav\u00e9s de la figura de nulidad simple, escenario en el que, si lo cre\u00e9 pertinente, puede pedir medidas cautelares, conforme al canon 230 \u00eddem, sin que exista medio de convicci\u00f3n alguno que permita inferir que Luz Janett hizo uso de tal instrumento, ya que en el \u00ablibelo\u00bb no menciona ese aspecto, incumpli\u00e9ndose as\u00ed, lo que denota la infracci\u00f3n del \u00abpresupuesto de la subsidiariedad\u00bb. <\/p>\n
2.- Ergo, surge infructuoso el apoyo clamado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela rogada por Luz Janett Pe\u00f1aloza Sayago. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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