STC2055-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC2055-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-00853-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Guillermo Alberto Londo\u00f1o Hoyos y la sociedad Londo\u00f1o y Londo\u00f1o Ltda., contra el Juzgado Veintinueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1, los Ministerios de Relaciones Exteriores, del Interior y de Justicia y del Derecho, las Embajadas de Ecuador y Estados Unidos de Norteam\u00e9rica, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Agencia de Defensa Jur\u00eddica del Estado, y el Banco del Pac\u00edfico SA -en liquidaci\u00f3n-, extensiva a la Sala Civil del Tribunal Superior de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron citados los intervinientes en el proceso ejecutivo de radicado n\u00famero 029-2002-00509-00. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Los solicitantes invocaron la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, vida y vivienda, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
El se\u00f1or Londo\u00f1o Hoyos manifest\u00f3 en s\u00edntesis, que el Banco del Pac\u00edfico SA, en liquidaci\u00f3n, inici\u00f3 proceso ejecutivo en su contra, el 20 de mayo de 2002 para el cobro de unos pagar\u00e9s, tr\u00e1mite en el que, i) al momento de contestar la demanda, no le permitieron conocer los t\u00edtulos base de la acci\u00f3n, y solo hasta el 22 de febrero de 2022 tuvo acceso a los pagar\u00e9s ejecutados, ii) en forma \u00abarbitraria\u00bb se dej\u00f3 de practicar una prueba pericial previamente decretada, iii) no se interrumpi\u00f3 el proceso, pese a que, desde 2019, padec\u00eda una enfermedad grave derivada de un \u00abmieloma m\u00faltiple\u00bb y, iv) la ejecuci\u00f3n se adelant\u00f3 sin la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito cobrado. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que una vez conoci\u00f3 los pagar\u00e9s con base en los cuales se profiri\u00f3 la orden de pago, present\u00f3 incidente de tacha de falsedad porque, seg\u00fan su criterio, fueron adulterados en sus firmas y huellas, e igualmente formul\u00f3 nulidad del proceso, los que rechaz\u00f3 el Juzgado Veintinueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1 en providencia de 18 de octubre de 2022, decisi\u00f3n que recurri\u00f3. <\/p>\n
Sostuvo, que el 5 de diciembre de 2022, se llev\u00f3 a cabo la diligencia de remate de los inmuebles identificados con los folios de matr\u00edculas inmobiliarias 50N-981375, 50N-981297 y 50N-981298, no obstante que, i) las anotaciones de embargo sobre los mencionados folios se encontraban en \u00abcondici\u00f3n de caducidad\u00bb, por encontrarse en curso una actuaci\u00f3n administrativa, ii) estaba pendiente la resoluci\u00f3n de la apelaci\u00f3n del auto de 18 de octubre de 2022 y, iii) no existi\u00f3 la debida publicidad del remate. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Con base en lo anterior, solicit\u00f3, <\/p>\n
<\/p>\n
i. declarar \u00abla nulidad absoluta\u00bb del proceso, incluyendo \u00abla diligencia de remate y de la consecuente adjudicaci\u00f3n de los bienes inmuebles\u00bb, <\/p>\n
<\/p>\n
ii. ordenar, a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, \u00abadelantar la confiscaci\u00f3n de los pagar\u00e9s y t\u00edtulos y [\u2026] la investigaci\u00f3n penal correspondiente\u00bb, <\/p>\n
<\/p>\n
iii. ordenar a, \u00abla Embajada de la Rep\u00fablica del Ecuador en Colombia responder por los perjuicios ocasionados por el Banco del Pac\u00edfico S.A. En Liquidaci\u00f3n\u00bb, <\/p>\n
<\/p>\n
iv. tomar acciones contra los liquidadores del Banco del Pac\u00edfico SA, <\/p>\n
<\/p>\n
v. adelantar acciones disciplinarias contra el Juzgado Veintinueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1, <\/p>\n
<\/p>\n
vi. disponer \u00abla confiscaci\u00f3n de los dineros pagados por los bienes rematados\u00bb y, <\/p>\n
<\/p>\n
vii. determinar, en abstracto, una indemnizaci\u00f3n por da\u00f1o emergente. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En auto ATC173-2023 de 22 de febrero, la Corte declar\u00f3 la nulidad de lo actuado por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 en la acci\u00f3n de tutela de radicado 11001-22-03-000-2022-02818-00, y orden\u00f3 el reparto de esta acci\u00f3n -en primera instancia- entre los despachos de los Magistrados de esta Sala, debido a la necesidad de vincular a esa Corporaci\u00f3n por haber conocido, en segunda instancia, de los recursos de apelaci\u00f3n que present\u00f3 el actor contra las providencias de las que se quej\u00f3 en el escrito de amparo. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Admitida a tr\u00e1mite la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado a las autoridades accionadas para que ejercieran su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en el proceso mencionado y dem\u00e1s vinculados. <\/p>\n
<\/p>\n
5. En escritos de 6 y 8 de marzo de 2023, Guillermo Alberto Londo\u00f1o Hoyos insisti\u00f3 en sus pretensiones, sin realizar adici\u00f3n a su relato inicial, o referirse a las decisiones adoptadas por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, el 17 de febrero de 2023. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
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1. El Juzgado Veintinueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1, luego de rese\u00f1ar la actuaci\u00f3n del proceso ejecutivo cuestionado, destac\u00f3, que, \u00abel 05 de diciembre pret\u00e9rito se llev\u00f3 a cabo diligencia de remate de los bienes gravados con hipotecada, en curso de esta, despu\u00e9s de resolver para rechazar una recusaci\u00f3n y varias solicitudes de nulidad procesal (tres), decisiones recurridas en apelaci\u00f3n por la parte proponente y aqu\u00ed accionante, se adjudic\u00f3 a la entidad demandante, por cuenta del cr\u00e9dito, los inmueble -sic- objeto de almoneda, la que a la fecha est\u00e1 pendiente de aprobaci\u00f3n.\u00bb <\/p>\n
Sostuvo que el accionante en el tr\u00e1mite de la ejecuci\u00f3n, se hab\u00eda \u00abdedicado a plantear una serie injustificada de peticiones e incidentes de nulidad con fundamento en la ley 546 de 1999 y ahora con fundamento en los pagar\u00e9s base de la acci\u00f3n, los que fueron denegados, sin que ello, signifique per se vulneraci\u00f3n a derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
Explic\u00f3, que cuando se remataron los inmuebles la medida cautelar decretada sobre los mismos segu\u00eda vigente, por lo que se neg\u00f3 una solicitud de levantamiento de estas y se impuso su renovaci\u00f3n, as\u00ed como un requerimiento a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos – ORIP para que las mantuviera inscritas. <\/p>\n
Finalmente indic\u00f3, que lo que se pretend\u00eda por esta v\u00eda extraordinaria ya hab\u00eda sido debatido en el proceso ejecutivo, y la acci\u00f3n de tutela no estaba instituida como una instancia adicional. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Banco del Pac\u00edfico SA, en liquidaci\u00f3n, solicit\u00f3 negar el amparo, e insisti\u00f3 en que el se\u00f1or Guillermo Alberto Londo\u00f1o no era parte del proceso ejecutivo, toda vez que hab\u00eda sido desvinculado porque la Superintendencia de Sociedades \u00aben desarrollo de investigaci\u00f3n administrativa, lo intervino y orden\u00f3 la liquidaci\u00f3n de su patrimonio por haber incurrido en captaci\u00f3n ilegal de dineros del p\u00fablico\u00bb, por lo que, no pod\u00eda alegar la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales en la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
Inform\u00f3 adem\u00e1s, que \u00e9ste ya hab\u00eda presentado otras acciones de tutela similares. <\/p>\n
3. La Jefatura de la Unidad delegada ante el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, acredit\u00f3 la existencia de una denuncia presentada por el accionante contra el Juez Veintinueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1 en el a\u00f1o 2006, que fue archivada en esa misma anualidad. <\/p>\n
<\/p>\n
4. La sociedad Linares & Betancourt SAS (en calidad de cesionaria del Banco del Pacifico en liquidaci\u00f3n) asever\u00f3, que \u00abel aqu\u00ed accionante [no hac\u00eda] parte del proceso conocido por el Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, toda vez que \u00e9l fue sujeto pasivo de la medida de levantamiento de velo corporativo, adoptada por la Superintendencia de Sociedades, dada su participaci\u00f3n dentro del sonado caso de esquema Ponzi de la otrora sociedad ESTRAVAL [lo que] har\u00eda inane su participaci\u00f3n dentro de la acci\u00f3n constitucional de la referencia al carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por activa\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
5. La Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica, la Procuradur\u00eda General la Naci\u00f3n, la Agencia de Defensa Jur\u00eddica del Estado y los Ministerios de Relaciones Exteriores y del Interior, alegaron la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
<\/p>\n
6. El Tribunal Superior de Bogot\u00e1, inform\u00f3 que el 17 de febrero de 2023 resolvi\u00f3 los recursos que fueron materia de apelaci\u00f3n por el accionante, y devolvi\u00f3 el expediente al Juzgado de origen. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales, salvo que el funcionario respectivo hubiese adoptado una decisi\u00f3n por completo desviada del sendero dise\u00f1ado por el Legislador, sin ninguna objetividad y edificada en sus particulares interpretaciones, a tal extremo que se configure un proceder que pudiese encuadrar en una v\u00eda de hecho. (CSJ. STC705-2023, STC1002-2023 y STC1886-2023, entre muchas). <\/p>\n
Solo ante dicha situaci\u00f3n se abre paso este mecanismo excepcional para restablecer las garant\u00edas esenciales vulneradas, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos establecidos por la jurisprudencia, en especial, que se acuda oportunamente a la queja constitucional y que previamente se agoten todos los recursos ordinarios y extraordinarios existentes en el ordenamiento procesal, debido el car\u00e1cter subsidiario y residual de este amparo. (Ib.) <\/p>\n
<\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de esta Sala, el se\u00f1or Guillermo Alberto Londo\u00f1o Hoyos y la sociedad Londo\u00f1o y Londo\u00f1o Ltda., acudieron inconformes con el tr\u00e1mite impartido en el proceso ejecutivo que el Banco del Pac\u00edfico SA adelanta en su contra ante el Juzgado Veintinueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1, por cuanto, seg\u00fan su criterio, los t\u00edtulos base de la acci\u00f3n con los cuales se profiri\u00f3 el mandamiento de pago, fueron adulterados en su firmas y huellas, sin que se hubieran atendido las alegaciones que expusieron ante el despacho accionado, respecto a la supuesta inejecuci\u00f3n de \u00e9stos y a la nulidad del proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Al analizar la legitimaci\u00f3n del se\u00f1or Guillermo Alberto Londo\u00f1o Hoyos para invocar la presunta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que reclama en el proceso referido, se advirti\u00f3 que, el Juzgado Veintinueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1 en auto de 12 de octubre de 2016, por solicitud de la Superintendencia de Sociedades (proceso de liquidaci\u00f3n judicial como medida de intervenci\u00f3n n\u00b0 400-013226) dispuso \u00ab1. PRESCINDIR de Guillermo Alberto Londo\u00f1o Hoyos, en el presente tr\u00e1mite. 2. ORDENAR la cancelaci\u00f3n de las medidas cautelares decretadas en contra de Guillermo Alberto Londo\u00f1o Hoyos, y dejar tales cautelas a \u00f3rdenes de la Superintendencia de Sociedades (\u2026) 4. En t\u00e9rminos del art\u00edculo 70 de la Ley 1116 de 2006, y visto que Guillermo Alberto Londo\u00f1o Hoyos anda incurso en liquidaci\u00f3n obligatoria de su patrimonio, se requiere al demandante indique si desea seguir la ejecuci\u00f3n en contra de la sociedad LONDO\u00d1O Y LONDO\u00d1O LTDA\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, en auto de 15 de diciembre de 2016, orden\u00f3 \u00ab1. Pros\u00edgase el tr\u00e1mite en contra de la sociedad Londo\u00f1o & Londo\u00f1o LTDA, tal cual indic\u00f3 la apoderada del extremo demandante\u00bb, y al resolver el recurso de reposici\u00f3n que promovi\u00f3 la apoderada de la demandante, dispuso revocar el mandamiento de pago librado el 14 de marzo de 2003 contra Guillermo Londo\u00f1o Hoyos y dejarlo intacto en lo que refiere a la mencionada sociedad. (folios 169 a 186 Cd. \u00ab02CuadernoPrincipalTomoI\u00bb) <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es claro que, como lo se\u00f1alaron algunos de los aqu\u00ed accionados, el se\u00f1or Londo\u00f1o Hoyos -como persona natural- no es parte del proceso ejecutivo y, por lo tanto, no pod\u00eda alegar la afectaci\u00f3n directa de los derechos fundamentales que se\u00f1ala en el escrito de tutela. <\/p>\n
Debe recordarse que, conforme al art\u00edculo 10\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, que \u00abla persona habilitada constitucionalmente para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales.\u00bb (STC8939-2022, entre otras) a la vez que, \u00abcuando la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales dimana de actuaciones cumplidas en un espec\u00edfico tr\u00e1mite judicial, la legitimidad para pretender su reparaci\u00f3n s\u00f3lo est\u00e1 radicada en quienes son parte en tal asunto y no, como aqu\u00ed acontece, en quien no tiene tal calidad\u00bb (CSJ. STC4778-2022 y STC8939-2022). <\/p>\n
<\/p>\n
4. Establecido lo anterior, al revisar el expediente remitido a este tr\u00e1mite, se observ\u00f3 que, el Juzgado Veintinueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1, en providencia de 18 de octubre de 2022, rechaz\u00f3 de plano \u00abla nulidad procesal [alegada] con fundamento en falsedad en firmas y huellas en los pagar\u00e9s y falsedad en pagar\u00e9s descubierta despu\u00e9s de 20 a\u00f1os e incidente de tacha de falsedad en los pagar\u00e9s que sirve de b\u00e1culo a la acci\u00f3n, formulada por extremo demandado\u00bb en el referido proceso, desestim\u00f3 una recusaci\u00f3n y, resolvi\u00f3 otras dos nulidades propuestas por la ejecutada, frente al remate de los bienes embargados. <\/p>\n
La sociedad aqu\u00ed accionante recurri\u00f3 la decisi\u00f3n y los recursos de apelaci\u00f3n que fueron concedidos el 5 de diciembre de 2022, los decidi\u00f3 el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, el 17 de febrero de 2023. <\/p>\n
4.1 Para resolver la apelaci\u00f3n interpuesta contra el auto con el cual se \u00abrechaz\u00f3 de plano [una] recusaci\u00f3n\u00bb, sostuvo, <\/p>\n
(\u2026) el art\u00edculo 142 de la codificaci\u00f3n procesal al establecer la oportunidad y procedencia de la recusaci\u00f3n, es enf\u00e1tico en establecer que no podr\u00e1 proponerla quien sin formular recusaci\u00f3n haya hecho cualquier gesti\u00f3n en el proceso despu\u00e9s de que el juez haya asumido su conocimiento. La norma no trae excepci\u00f3n alguna como para aceptar los argumentos del recurrente. <\/p>\n
En este caso, como lo puso de presente la jueza recusada ella funge en ese despacho desde el a\u00f1o de 2013, por su parte, al abogado recusante le otorgaron poder el 21 de febrero de 2022 y a partir del 23 de los mismos ha actuado en diferentes oportunidades, como as\u00ed se puede observar de la revisi\u00f3n del expediente, luego, en esas condiciones, le feneci\u00f3 la oportunidad para recusar a la jueza. <\/p>\n
La anterior norma, resulta concordante con el mandato contenido en el inciso final art\u00edculo 448 del C.G.P., a cuyo tenor: \u201cEjecutoriada la providencia que se\u00f1ale fecha para el remate, no proceder\u00e1n recusaciones al juez o al secretario; este devolver\u00e1 el escrito sin necesidad de auto que lo ordene.\u201d Ac\u00e1 la diligencia se remate se se\u00f1al\u00f3 con auto de 18 de octubre de 2022, el que adquiri\u00f3 ejecutoria el 21 de los mismos; por su parte, la recusaci\u00f3n se promovi\u00f3 el 9 de noviembre de ese a\u00f1o, por tanto debi\u00f3 el secretario actuar como dice la norma.\u00bb (\u00c9nfasis no original). <\/p>\n
<\/p>\n
2. En cuanto a los recursos que rechazaron de plano la nulidad que invoc\u00f3 bajo la afirmaci\u00f3n de la falsificaci\u00f3n de las firmas y huellas que aparecen en los pagar\u00e9s objeto de cobro, as\u00ed como la ausencia de los requisitos se\u00f1alados en la Ley 546 de 1999, el Tribunal explic\u00f3, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) al decir del apelante constituyen una nulidad por hechos sobrevinientes y de car\u00e1cter supralegal, es evidente que ellos no se enmarcan dentro de ninguna de las causales previstas en el art\u00edculo 133 del C.G.P. <\/p>\n
Por el contrario, n\u00f3tese que el art\u00edculo 289 del C.P.C., vigente para cuando al demandado se le notific\u00f3 el mandamiento de pago, preve\u00eda que la parte contra quien se presente un documento p\u00fablico o privado pod\u00eda tacharlo de falso en la contestaci\u00f3n de la demanda o proposici\u00f3n de excepciones, oportunidad que dej\u00f3 fenecer el deudor sin invocar dicha tacha. <\/p>\n
Por tanto, no se puede aceptar que se trata de hechos sobrevinientes para amoldar la nulidad al contenido del art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica, de un lado porque, como se acaba de decir, el deudor tuvo la oportunidad de cuestionar la falsedad del t\u00edtulo cuando se le notific\u00f3 del mandamiento de pago, y, del otro, porque lo que es sobreviniente es lo que surge con posterioridad y, para el caso, no se puede aseverar que la falsedad adquiere esa connotaci\u00f3n por el momento en que se afirma fue conocida por la parte demandada o su abogado argumento que a m\u00e1s de extra\u00f1o, en efecto, resulta dilatorio. (\u2026) <\/p>\n
En consecuencia, como existe desde hace varios a\u00f1os la sentencia que dispuso seguir adelante con la ejecuci\u00f3n y la venta en p\u00fablica subasta del bien hipotecado dentro de este asunto, mal puede la parte demandada pedir la nulidad del proceso con soporte en una supuesta falsedad que debi\u00f3 invocarse como medio de defensa, en el momento procesal oportuno. <\/p>\n
Tampoco se puede excusar la parte, del no proceder oportuno, bajo el argumento de que al deudor no se le permiti\u00f3 el acceso al expediente para verificar los documentos de cobro, toda vez que revisado el plenario, el mandamiento de pago fue librado el 14 de marzo de 2003 y desde el 25 de mayo de 2004 el demandado promovi\u00f3 actos defensivos, luego desde dicha data ha tenido acceso al expediente (\u2026).(\u00c9nfasis no original). <\/p>\n
4.3 En lo que refiere al recurso de apelaci\u00f3n, por el rechazo de plano de la nulidad que se invoc\u00f3 bajo la causal 2\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, soportada en que el Juzgado revivi\u00f3 un proceso legalmente concluido, explic\u00f3 esa Corporaci\u00f3n, <\/p>\n
(\u2026) es importante aclarar que ese evento se configura cuando previamente se ha decretado la terminaci\u00f3n del litigio y encontr\u00e1ndose en firme tal providencia el funcionario con sus decisiones vuelve y le hace producir alg\u00fan efecto. <\/p>\n
Trat\u00e1ndose del proceso ejecutivo, el mismo puede terminar cuando el deudor paga la obligaci\u00f3n, el acreedor desiste de la pretensi\u00f3n, entre las partes hay transacci\u00f3n o conciliaci\u00f3n, desistimiento t\u00e1cito, o reconstrucci\u00f3n fallida del expediente, eventos que no se advierten en el sub judice. <\/p>\n
N\u00f3tese que ac\u00e1 la nulidad se sustenta en el hecho de existir caducidad en el registro de las medidas cautelares y que con la determinaci\u00f3n de la jueza se pretenden revivir un proceso legalmente concluido. Sobre el mencionado argumento, solo hay que decir que el recurrente confunde la caducidad que pudiese operar en el registro de las medidas cautelares con la terminaci\u00f3n del proceso, jam\u00e1s se podr\u00e1 afirmar que lo que le da sustento a un proceso son las medidas cautelares, ellas garantizan el pago, pero el soporte siempre ser\u00e1 la obligaci\u00f3n contendida en el t\u00edtulo valor o ejecutivo que se allega como base de la acci\u00f3n, la que para el caso no se ha satisfecho. <\/p>\n
En este juicio, con independencia de la determinaci\u00f3n que adopt\u00f3 la jueza respecto de oficiar a la oficina de registro para actualizar la inscripci\u00f3n de la medidas cautelares, o del tr\u00e1mite que est\u00e9 adelantando la parte demandada para obtener su caducidad del registro, lo cierto es que el proceso a\u00fan pervive, en \u00e9l no se ha emitido providencia que lo finiquite, luego, no hay un argumento de juicio valedero para sustentar una nulidad soportada en que se revivi\u00f3 un proceso legalmente concluido y que ello afecta la cosa juzgada o la seguridad jur\u00eddica. (\u2026) <\/p>\n
En esas condiciones, surge con claridad que la solicitud de nulidad era notoriamente improcedente y que lo que conllevaba era una dilaci\u00f3n manifiesta del tr\u00e1mite, de ah\u00ed que hizo bien la jueza en aplicar el contenido del numeral 2\u00ba del art\u00edculo 43 del C.G.P. y rechazarla de plano\u00bb. (\u00c9nfasis no original). <\/p>\n
4.4 Finalmente, en otra providencia de la misma fecha -17 de febrero de 2023- indic\u00f3 que, si bien, en la parte final de la diligencia de remate se rechaz\u00f3 otra solicitud de nulidad sobre la subasta, esa decisi\u00f3n no fue objeto de apelaci\u00f3n, por lo que, \u00abpor sustracci\u00f3n de materia [se absten\u00eda] de resolver el mencionado recurso de apelaci\u00f3n y [\u2026] orden[\u00f3] la devoluci\u00f3n de la actuaci\u00f3n al juzgado de origen.\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Visto lo anterior, se advierte el fracaso de la protecci\u00f3n reclamada, como quiera que en las decisiones transcritas no se encontr\u00f3 desafuero o irregularidad lesiva de garant\u00edas sustanciales que impusiera la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
Lo anterior por cuanto, es claro que la sociedad accionante ten\u00eda conocimiento del proceso ejecutivo desde hace m\u00e1s de una d\u00e9cada (2004) por lo que las solicitudes de nulidad y recusaci\u00f3n, adem\u00e1s de extempor\u00e1neas, no estaban llamadas a prosperar, conforme a lo se\u00f1alado en los art\u00edculos 133 y s.s. as\u00ed como el 448 del C\u00f3digo General del Proceso, pues los supuestos vicios de la actuaci\u00f3n, ya hab\u00edan sido saneados o superados, por el silencio de la propia interesada en formular, de manera oportuna, los medios a trav\u00e9s de los cuales se pusieran en conocimiento. <\/p>\n
En cualquier caso, debe resaltarse que la diferencia de criterio que pudieran tener con la argumentaci\u00f3n de Tribunal Superior accionado, no permite reabrir un debate ya definido, cuando en evidente ausencia de la irregularidad denunciada. (CSJ. STC 15 feb. 2011, exp. 01404, STC825-2020 reiterada en STC1212-2022, STC2260-2022 y STC1886-2023, entre muchas otras). <\/p>\n
<\/p>\n
6. Adem\u00e1s, en este asunto es evidente la ausencia de los requisitos de la subsidiariedad e inmediatez, porque la accionante, pese a haber sido notificada de la demanda en el a\u00f1o 2004, no aleg\u00f3 -oportunamente- ante su juzgador natural, i) la supuesta falta de conocimiento de los t\u00edtulos valores ejecutados, por el no acceso al expediente, ii) la presunta ausencia de la \u00abreestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito\u00bb cobrado, iii) la tacha de falsedad sobre los anotados documentos (Art\u00edculo 289 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil) y, iv) el no decreto o pr\u00e1ctica de una prueba pericial al respecto. <\/p>\n
Y es que no puede olvidarse que la falta de proposici\u00f3n oportuna y adecuada de los instrumentos de defensa judicial constituye una desidia procesal que no puede sanearse con esta acci\u00f3n extraordinaria, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando los interesados dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el ordenamiento jur\u00eddico, quedan sujetos a las consecuencias de las decisiones judiciales que le sean adversas a sus pretensiones, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria. (CSJ. STC12514-2021, STC14292-2021, STC2292-2022, STC2818-2022, STC3819-2022, STC7217-2022 y STC16910-2022, entre muchas). <\/p>\n
En cualquier caso, acudi\u00f3 a este mecanismo expedito y residual, despu\u00e9s de m\u00e1s de seis (6) meses contados desde las fechas en la que se profirieron las correspondientes sentencias, con las que se orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n iniciada en su contra (28 de septiembre de 2012 y complementaria de 30 de marzo de 2017) lo que de plano descarta la presunta vulneraci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
7. Ahora bien, si el representante legal de la sociedad accionante a\u00fan lo observa necesario, cuenta con todos los medios de defensa judicial existentes en el ordenamiento legal para presentar las demandas o denuncias que considere pertinentes, puesto que, como esta Corte ha explicado, quien estime \u00abque alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias [ya que] el peticionario tiene plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuenta con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u00bb (CSJ. STC13871-2016, 29 sep. 2016, rad. 0032101, citada, entre otras, en STC6088-2022, STC7756-2022 y STC16368-2022). <\/p>\n
8. De otra parte, y en relaci\u00f3n con el estado de salud que alega el se\u00f1or Londo\u00f1o Hoyos en que se encuentra, debe recordar que, en anterior acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3, esta Corte en sentencia STC9551-2022 de 28 de julio, le indic\u00f3 \u00abla Sala, en un caso donde se aleg\u00f3 el \u00abestado de salud\u00bb como circunstancia para enervar la comentada exigencia, precis\u00f3 que \u00abla condici\u00f3n esgrimida (\u2026), no autoriza per se la injerencia del \u201cjuez constitucional\u201d en los temas que ata\u00f1en disipar al director del pleito, menos a\u00fan para que se le imparta a \u00e9ste ordenes que pueden causar perjuicios a terceros, como al parecer lo sugiere \u00e9sta, ya que ello constituir\u00eda un claro quebranto de sus \u201cderechos fundamentales\u201d\u00bb (STC9149-2022, resalto deliberado)\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
9. Resta se\u00f1alar que, en el relato realizado por el se\u00f1or Londo\u00f1o Hoyos, no se consignaron situaciones de las que se pueda deducir, que los Ministerios de Relaciones Exteriores, del Interior y de Justicia y del Derecho, las Embajadas de Ecuador y Estados Unidos de Norteam\u00e9rica, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Agencia de Defensa Jur\u00eddica del Estado, y el Banco del Pac\u00edfico SA -en liquidaci\u00f3n-, hubiesen incurrido en alguna vulneraci\u00f3n de los derechos que reclama. <\/p>\n
<\/p>\n
9. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve NEGAR la acci\u00f3n de tutela promovida por Guillermo Alberto Londo\u00f1o Hoyos y la sociedad Londo\u00f1o y Londo\u00f1o Ltda., contra el Juzgado Veintinueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1, los Ministerios de Relaciones Exteriores, del Interior y de Justicia y del Derecho, las Embajadas de Ecuador y Estados Unidos de Norteam\u00e9rica, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Agencia de Defensa Jur\u00eddica del Estado, y el Banco del Pac\u00edfico SA -en liquidaci\u00f3n-, extensiva a la Sala Civil del Tribunal Superior de la misma ciudad. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC2055-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC2055-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-00853-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Guillermo Alberto Londo\u00f1o […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-71654","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71654","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71654"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71654\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71654"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71654"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71654"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}