STC2062-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC2062-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2023-00103-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 31 de enero de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por John Freddy Daza Quintero contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y el Juzgado Doce Penal del Circuito de esa misma ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2020-10413. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, a trav\u00e9s de apoderado, invoca la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y libertad, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Del escrito introductorio y los anexos se extrae en s\u00edntesis que, el 15 de diciembre de 2021 mediante sentencia producto de un preacuerdo entre la fiscal\u00eda y la defensa, el Juzgado Doce Penal del Circuito de Cali conden\u00f3 al aqu\u00ed accionante a la pena de 80 meses de prisi\u00f3n por los delitos de \u00abhomicidio agravado en grado de tentativa en concurso con fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico, porte o tenencia de armas de fuego\u00bb, y le neg\u00f3 la prisi\u00f3n domiciliaria solicitada por su defensor con fundamento en su condici\u00f3n de padre cabeza de familia, motivo por el cual interpuso apelaci\u00f3n. <\/p>\n
El 23 de septiembre de 2022 la Sala Penal del Tribunal Superior de ese Distrito Judicial confirm\u00f3 la negativa del subrogado punitivo deprecado. <\/p>\n
Por intermedio de su apoderado, formul\u00f3 recurso de casaci\u00f3n contra el fallo del tribunal, empero, seg\u00fan manifest\u00f3 el actor, \u00aben vista de que se observa un perjuicio irremediable en referencia a su libertad, entre otros t\u00f3picos, los derechos fundamentales de [sus] hijos\u00bb, es la raz\u00f3n de la presente acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Centr\u00f3 entonces su inconformidad en las decisiones de los jueces de instancia por negarle la posibilidad de cumplir la sanci\u00f3n punitiva en el domicilio, desconociendo su condici\u00f3n de padre cabeza de hogar responsable de dos menores de edad, una de ella en situaci\u00f3n de discapacidad. <\/p>\n
Aleg\u00f3 que, tanto el juzgado como el tribunal soportaron la negativa en lo dispuesto en la ley 750 de 2002 que proh\u00edbe ese tipo de beneficios para diversos delitos, entre ellos, el \u00abhomicidio\u00bb, no obstante, asever\u00f3 que, en su caso, se trat\u00f3 de \u00abhomicidio en grado de tentativa\u00bb y, por lo tanto, \u00abdicho atenuante debe descartar la posibilidad de aplicar dicha ley\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n sostuvo que, debe tenerse en cuenta el principio de favorabilidad y ponderar la situaci\u00f3n de sus menores hijos y sus derechos como sujetos de protecci\u00f3n especial prevalente. Por lo dem\u00e1s, adujo que cumple con los requisitos previstos en el art\u00edculo 38B del C\u00f3digo Penal que consagra el beneficio de la prisi\u00f3n domiciliaria. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que, se ordene \u00abmodificar la sentencia de segunda instancia del 13 de septiembre de 2022 (sic) para efectos de que [se otorgue] el subrogado penal y purgue su pena en la direcci\u00f3n [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
2. El Juzgado Doce Penal del Circuito de esa capital inform\u00f3 que la negativa de conceder el mecanismo sustitutivo de la prisi\u00f3n domiciliaria obedeci\u00f3 a que, la pena m\u00ednima establecida para los delitos por los que fue condenado Daza Quintero \u00absupera el requisito objetivo establecido en el art\u00edculo 38B del C\u00f3digo Penal lo que hace improcedente su concesi\u00f3n, sumado a que, la ley 750 de 2002 impide otorgar el beneficio, a\u00fan siendo pedido como padre cabeza de familia, cuando la condena es por homicidio\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Neg\u00f3 la salvaguarda por no cumplir el principio de subsidiariedad que orienta esta excepcional v\u00eda tutelar, por cuanto \u00ab(\u2026) se encuentra pendiente de ser desatada [la] casaci\u00f3n, misma que, seg\u00fan inform\u00f3 el apoderado del demandante, fue radicada hace poco en esta Corporaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el apoderado del querellante replicando las argumentaciones del escrito inicial. Refut\u00f3 el fallo de la Sala a quo ya que no mencion\u00f3 \u00abqu\u00e9 otros mecanismos existen para efectos de la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de mi mandante, ni frente a lo que se pretende en la acci\u00f3n constitucional\u00bb, as\u00ed mismo, critic\u00f3 que no se valor\u00f3 de fondo lo expuesto en torno al perjuicio irremediable. A\u00f1adi\u00f3 finalmente que, \u00absi bien es cierto en la actualidad el recurso de extraordinario de casaci\u00f3n cursa ante la Honorable Corte, la misma es diferente frente al que se pretende en la acci\u00f3n constitucional (\u2026) el despacho omite que lo pretendido en la acci\u00f3n [\u2026] es diferente a lo pretendido en el recurso de casaci\u00f3n (\u2026) no tiene en cuenta los argumentos esbozados [\u2026] ni siquiera se pronuncia frente a ellos\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer preliminarmente, si la presente demanda tutelar satisface el requisito de la subsidiariedad; y, de superarse lo anterior, si las autoridades convocadas vulneraron las garant\u00edas denunciadas por el actor al condenarlo a 80 meses de prisi\u00f3n \u2013 producto de preacuerdo \u2013 por los delitos de \u00abhomicidio en grado de tentativa y fabricaci\u00f3n, porte o tenencia de armas de fuego o municiones\u00bb \u2013 radicado n\u00ba 2020-10413 \u2013, y negarle la concesi\u00f3n de la prisi\u00f3n domiciliaria, desconociendo su condici\u00f3n de padre cabeza de familia. <\/p>\n
2. La subsidiariedad y el car\u00e1cter prematuro de la salvaguarda. <\/p>\n
Ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar que uno de los principios esenciales que orienta la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica es el de subsidiariedad. <\/p>\n
En virtud de ese presupuesto, se ha dicho en precedencia que la acci\u00f3n de tutela no puede emplearse como un medio alternativo o supletorio en la soluci\u00f3n de las controversias, ni su aducci\u00f3n ante el juez de amparo puede ser coet\u00e1nea con los procedimientos ordinarios estatuidos legalmente y mucho menos surgir en forma paralela a \u00e9stos, tampoco ser tomada como un recurso adicional de los mecanismos de defensa de los derechos fundamentales con los cuales el propio ordenamiento ha dotado a los sujetos intervinientes en las actuaciones administrativas o judiciales. <\/p>\n
De manera que, ese car\u00e1cter residual que detenta se incumple cuando se procura con esta la protecci\u00f3n constitucional frente a asuntos que est\u00e1n pendientes de resoluci\u00f3n en el marco del tr\u00e1mite cuestionado. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Al margen del problema jur\u00eddico planteado por el quejoso en torno a la concesi\u00f3n del subrogado de la prisi\u00f3n domiciliaria por su condici\u00f3n de padre cabeza de hogar, la improcedencia de la protecci\u00f3n deriva del incumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad, conforme lo prev\u00e9 el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, dado que, mientras el proceso penal en cuesti\u00f3n est\u00e9 activo, o se encuentre pendiente de definici\u00f3n un recurso impetrado al interior del mismo, la salvaguarda no puede prosperar al evidenciarse claramente anticipada. <\/p>\n
De manera que, esa circunstancia por s\u00ed sola emerge como impedimento para que el juez de tutela intervenga en la causa cuestionada, lo que impone declarar la inviabilidad del resguardo. <\/p>\n
En ese sentido, se ha indicado con suficiencia que no puede admitirse que por medio de este juicio constitucional se provea la soluci\u00f3n de problem\u00e1ticas que a\u00fan le concierne dirimir al competente en la instancia respectiva, de ah\u00ed que, se reitera, si se present\u00f3 el remedio contemplado en el art\u00edculo 180 y ss., del C\u00f3digo de Procedimiento Penal \u2013 ley 906 de 2004 \u2013, le incumbe a la Hom\u00f3loga Penal resolverlo sin que sea viable interferir, como se dijo, prematuramente en esa controversia o adelantarse al pronunciamiento que pueda adoptar respecto de lo pretendido. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha sostenido que no resulta de recibo que los interesados \u00ab(\u2026) en apresurado actuar, haya[n] instaurado la presente acci\u00f3n sin siquiera conocer cu\u00e1l era la postura jur\u00eddica del examinador natural, desatendi\u00e9ndola de antemano, (\u2026) dado que el juzgador enjuiciado es quien est\u00e1 encargado de revisar lo concerniente al tema aqu\u00ed planteado (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 1\u00b0 feb. 2011, rad. 2010-00958-01, reiterado el 10 feb. 2012 y 22 nov. 2012, rads. 2011-0526 y 00537 y, 6 mar. y 10 abr. 2013, rads. 00011 y 00251, respectivamente). <\/p>\n
Es decir, bajo la \u00f3ptica trazada, el que est\u00e9 en curso el medio de impugnaci\u00f3n extraordinario indicado, no solo convierte en prematura la s\u00faplica, sino que, resulta inviable que opere incluso como mecanismo transitorio, ya que, en estos casos, el peticionario debe esperar la conclusi\u00f3n del asunto puesto a consideraci\u00f3n del tribunal de cierre de la justicia penal. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, y por lo precisado hasta aqu\u00ed, la desatenci\u00f3n del requisito de procedibilidad destacado es suficiente para ratificar el fallo de tutela confutado, y releva a esta instancia de ahondar en otras tem\u00e1ticas espec\u00edficas, en todo caso, condicionadas a la superaci\u00f3n de dicho presupuesto. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
El ruego constitucional se aprecia anticipado, ya que su pertinencia pierde vigor cuando existen v\u00edas jur\u00eddicas a emplear al interior del proceso cuestionado, cuando las mismas est\u00e1n cursando o se encuentran pendientes de resoluci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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