STC2070-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC2070-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2023-00036-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 25 de enero de 2023 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la tutela que la Corporaci\u00f3n Escuela de Artes y Letras Instituci\u00f3n Universitaria instaur\u00f3 contra el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Bogot\u00e1, extensiva al Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2020-00319. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista invoc\u00f3 la guarda de los derechos \u00abal debido proceso\u00bb, \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, \u00abigualdad\u00bb y \u00abautonom\u00eda universitaria\u00bb, para que: \u00abse dejen sin valor ni efecto los autos de fecha 8 de noviembre de 2022 y 16 de diciembre de 2022, emitido por el Juez D\u00e9cimo Civil del Circuito de Bogot\u00e1 D.C., dictados dentro del proceso de Reorganizaci\u00f3n No. 1100131030-10-2020-00319-00, y se ordene a la autoridad judicial accionada continuar con el conocimiento y tr\u00e1mite procesal del proceso de Reorganizaci\u00f3n por ser de su competencia\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, con apoyo en la Ley 1116 de 2006, inici\u00f3 \u00abtr\u00e1mite de reorganizaci\u00f3n\u00bb, asignado al estrado acusado, quien le dio apertura (8 sep. 2021) y orden\u00f3 correr traslado para la presentaci\u00f3n de las objeciones al \u00abproyecto de graduaci\u00f3n y calificaci\u00f3n de cr\u00e9ditos\u00bb (16 may. 2022); no obstante, mediante prove\u00eddo de 8 de noviembre de 2022, se declar\u00f3 incompetente para seguirlo rituando y, consecuencialmente, dispuso su remisi\u00f3n al Ministerio de Educaci\u00f3n en los t\u00e9rminos del numeral 9\u00ba del art\u00edculo 3\u00ba del mismo compendio normativo. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que, con esa decisi\u00f3n, se pas\u00f3 por alto que \u00ablas \u00fanicas facultades que tiene el Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional seg\u00fan la Ley 1740 de 2014, es la (sic) de Inspeccionar y vigilar para que se preste el servicio p\u00fablico de educaci\u00f3n con calidad (\u2026) (\u2026\u00a8)\u00bb y, aunque la atac\u00f3 v\u00eda reposici\u00f3n, permaneci\u00f3 inc\u00f3lume. <\/p>\n
2.- El Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que, al efectuar el control de legalidad que le impone el canon 132 del C\u00f3digo General del Proceso, advirti\u00f3 que no era la autoridad que deb\u00eda conocer el juicio reprochado, de ah\u00ed que mand\u00f3 su remisi\u00f3n al Ministerio de Educaci\u00f3n. <\/p>\n
El Ministerio de Educaci\u00f3n aleg\u00f3 falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, en tanto la conducta recriminada solo le es atribuible al iudex accionado. <\/p>\n
Jos\u00e9 David Roncancio Mar\u00edn, Laura Victoria Polanco Echeverry, Rigoberto Herrera Bueno, Luz Ille Andrea D\u00edaz Ortiz, Juan Carlos Silva, Claudia Marsella Molina, Claudia Ximena Lagos, Iv\u00e1n Ricardo Manjarres (sic), Lisbeth Ang\u00e9lica Riveros, William Fernando Gonz\u00e1lez, Dar\u00edo Humberto Si\u00e1bato y Maribel Garc\u00eda Rojas, informaron que son acreedores reconocidos en la quinta categor\u00eda en el litigio refutado y, que enterados de la existencia de dicho diligenciamiento, se constituyeron en partes y allegaron las correspondientes r\u00e9plicas al \u00abproyecto de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos\u00bb. Hecha esa precisi\u00f3n, pidieron el despacho desfavorable de la queja, en tanto, a m\u00e1s de que \u00abla autonom\u00eda universitaria no es un derecho fundamental\u00bb, no se encuentran quebrantadas las dem\u00e1s garant\u00edas invocadas. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 declar\u00f3 improcedente el resguardo, en raz\u00f3n a que la cuesti\u00f3n planteada no tiene relevancia constitucional, por cuanto \u00abse centra en la interpretaci\u00f3n que del numeral 9\u00ba del art\u00edculo 3\u00ba de la ley 1116 de 2006 hizo el juez cuestionado, quien consider\u00f3 que la Corporaci\u00f3n de (sic) Escuela de Artes y Letras Instituci\u00f3n Universitaria cuenta con un r\u00e9gimen especial para la recuperaci\u00f3n de sus negocios, diferente al que contempla la Ley 1116 de 2006\u00bb. <\/p>\n
2.- Replic\u00f3 la precursora insistiendo en sus primigenios argumentos que, en su criterio, no fueron analizados por el a quo, en especial, que \u00abfue equivocada la interpretaci\u00f3n que le diera la autoridad accionada a lo dispuesto en el art\u00edculo 3 numeral 9 de la Ley 1116 de 2006\u00bb. Agreg\u00f3 que, \u00abel sustento por el cual se declara incompetente carece de motivaci\u00f3n y sustento jur\u00eddico, pues basta ver la providencia emitida de fecha 8 de noviembre de 2022, la cual solo se limit\u00f3 a indicar la norma que soportaba su decisi\u00f3n, sin darle una interpretaci\u00f3n adecuada y soportada a la decisi\u00f3n que profiri\u00f3\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
De entrada, se anuncia el decaimiento del auxilio y la refrendaci\u00f3n del veredicto opugnado, por las razones que a continuaci\u00f3n se exponen: <\/p>\n
1. Se duele la gestora de las providencias de 8 de noviembre de 2022 y 16 de diciembre de 2022, a trav\u00e9s de las cuales, el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Bogot\u00e1, en su orden, dispuso la remisi\u00f3n del infolio al Ministerio de Educaci\u00f3n al advertir que no era el \u00abcompetente\u00bb para continuar con el \u00abtr\u00e1mite de la reorganizaci\u00f3n\u00bb n.\u00b0 2020-00319 y se mantuvo en su posici\u00f3n al resolver el recurso horizontal; sin embargo, estas no lucen antojadizas, ni caprichosas; por el contrario, obedecen, en l\u00ednea de principio, a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis de la normativa que rige la materia, as\u00ed como a una congruente apreciaci\u00f3n del acervo, que no se muestra contraevidente con la realidad que fluye del plenario. <\/p>\n
Para el efecto destac\u00f3, <\/p>\n
\u00abde conformidad con lo establecido en el numeral 9 del art\u00edculo 3 de la ley 1116 de 2006, este juzgado no es competente para conocer del presente asunto, pese a haberse admitido la demanda al encontrar reunidos los requisitos formales, toda vez que al analizar el contenido de esa norma, estando el proceso al despacho para resolver el recurso interpuesto en contra del prove\u00eddo de fecha 22 de agosto de 2022, la instituci\u00f3n demandante cuenta con un r\u00e9gimen especial para la recuperaci\u00f3n de sus negocios, liquidaci\u00f3n o intervenci\u00f3n administrativa \u201cpara administrar o liquidar\u201d, lo que impide que esta sede adquiera competencia para conocer de su insolvencia\u00bb (8 nov. 2022). <\/p>\n
Posteriormente explic\u00f3, que <\/p>\n
\u00abla entidad objeto de restructuraci\u00f3n se enmarca dentro del servicio de educaci\u00f3n superior, la cual est\u00e1 regulada efectivamente por la Ley 1740 de 2014, la cual determina que la inspecci\u00f3n y vigilancia de estas instituciones estar\u00e1 a cargo del Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional; dicha norma establece ciertas medidas preventivas para la protecci\u00f3n del servicio p\u00fablico de educaci\u00f3n superior, las cuales se asemejan a la decisiones que deben adoptarse en un proceso de tr\u00e1mite de insolvencia, liquidaci\u00f3n, o recuperaci\u00f3n de los negocios de la demandante; no obstante, al existir un procedimiento especial en donde deben ventilarse las pretensiones de la solicitante, la decisi\u00f3n adoptada en el auto recurrido deber\u00e1 confirmarse y por lo tanto la remisi\u00f3n del plenario se hace obligatoria\u00bb, (16 dic. 2022). <\/p>\n
Tales conclusiones no ense\u00f1an defecto alguno que estructure una v\u00eda de hecho, como lo anhela la impulsora, pues revelan la armon\u00eda entre el numeral 9 del art. 3 de la Ley 1116 citada, que excluye de esa tramitaci\u00f3n a \u00ablas dem\u00e1s personas jur\u00eddicas que est\u00e9n sujetas a un r\u00e9gimen especial de recuperaci\u00f3n de negocios, liquidaci\u00f3n o intervenci\u00f3n administrativa para administrar o liquidar\u00bb y el \u00abprocedimiento\u00bb previsto en la Ley 1740 de 2014, que \u00abregula la inspecci\u00f3n y vigilancia de la educaci\u00f3n superior\u00bb, y que, en sus art\u00edculos 10 a 14 consagra unas medidas preventivas y de \u00abvigilancia\u00bb especial a las que pueden sujetarse las instituciones educativas ante la existencia de irregularidades, entre ellas, las que afecten el manejo de sus recursos financieros. <\/p>\n
De ah\u00ed, que las disertaciones de la impugnante solo logren por esta senda hacer evidente su deseo de imponer su propia visi\u00f3n sobre el \u00abprocedimiento\u00bb aplicable al caso criticado, como si de una instancia adicional a las previstas legalmente para discutir los fundamentos de la autoridad judicial se tratara, prueba de ello es, que edific\u00f3 su reproche en similares razonamientos a los que erigieron la reposici\u00f3n propuesta frente al interlocutorio que origin\u00f3 su disconformidad, proceder que, a todas luces, desatiende el prop\u00f3sito de esta v\u00eda superlativa, (STC, 6 may. 2011, rad. 00829-00; reiterada, entre otras, en STC9232-2018, STC2544-2021 y STC15020-2022), <\/p>\n
2.- Adicionalmente, tampoco se advierte de la documental arrimada, pronunciamiento alguno del Ministerio de Educaci\u00f3n, frente al env\u00edo del legajo por el juzgado recriminado, lo que pone al descubierto el olvido del proponente frente a la imposibilidad del juez constitucional de inmiscuirse en aquel tr\u00e1mite, mientras no se dirima definitivamente la controversia por las \u00abautoridades competentes\u00bb (STC3499-2022). Por lo tanto, su queja en ese sentido no puede salir avante, por prematura. <\/p>\n
3-. Finalmente, la s\u00faplica esgrimida en el escrito de impugnaci\u00f3n, que sugiere una indebida motivaci\u00f3n de los autos reconvenidos, como no hizo parte de los supuestos f\u00e1cticos expresados en el pliego genitor, constituye un hecho nuevo, respecto del cual los \u00abconvocados\u00bb no tuvieron \u00aboportunidad\u00bb de defenderse ni discutir, por lo que ninguna resoluci\u00f3n se adoptar\u00e1 en ese sentido. <\/p>\n
Esta Magistratura ha esbozado que: <\/p>\n
(\u2026) [E]s cierto que, en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores (\u2026). Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corzo cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa. (STC175-2017, 19 en. 2017, rad. 2016-02054-01 y STC8838-2021, reiteradas en STC3157-2022, 17 mar., rad. 2021-02113 y STC1246-2023, 16 feb., rad. 2022-02300). <\/p>\n
4.- Por estas razones, se avalar\u00e1 el pronunciamiento objetado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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