STC2084-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1903-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 73001-22-13-000-2023-00017-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 el 3 de febrero de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Marleny Lozano Rojas contra el Juzgado Sexto de Familia de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el pleito ordinario n\u00b0 2013-00745. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, la solicitante reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental de petici\u00f3n, presuntamente vulnerado por la autoridad convocada, al no resolver solicitud elevada dentro del juicio antes referido. <\/p>\n
Que, a trav\u00e9s de su apoderado judicial, \u00abel d\u00eda 07 de diciembre de 2022\u00bb, elev\u00f3 \u00absolicitud [de] desarchive de expediente [y] copia [del mismo] en su totalidad\u00bb, a fin de que aquel asumiera su \u00abdefensa\u00bb, no obstante, \u00aba d\u00eda de hoy [20 de enero de 2023] el requerimiento no ha sido atendido por el accionado\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, se ordene al estrado acusado \u00abrealizar los procedimientos internos de rigor y allegar [a su apoderado judicial], la informaci\u00f3n [que] consiste en la entrega del referido expediente para que de esta forma sea resuelta de fondo la solicitud\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
La Juez Sexta de Familia de Ibagu\u00e9, luego de describir la actuaci\u00f3n procesal surtida en el citado litigio, inform\u00f3 que, en atenci\u00f3n a la solicitud presentada por el mandatario judicial de la hoy querellante \u00abel 7 de diciembre de 2022\u00bb, respecto del referido expediente, el cual \u00abno se encontraba digitalizado\u00bb, se adelant\u00f3 su b\u00fasqueda en el archivo hasta hallarlo \u00abel 23 de enero de 2023\u00bb; que seguidamente, \u00abmediante auto del 24 de enero de 2023 (\u2026), no se tuvo en cuenta el poder allegado por el [abogado], por no cumplir con las formalidades dispuestos en la Ley 2213 de 2022 ni del art\u00edculo 74 del C.G.P. y se autoriz\u00f3 la expedici\u00f3n de copias del expediente a la se\u00f1ora ARLENY LOZANO ROJAS\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, se opuso a lo pretendido, aduciendo que, pese a la carga laboral y carencia de personal para un adecuado funcionamiento del despacho, este, \u00aben ning\u00fan momento ha negado la expedici\u00f3n de copias a la interesada, [y por ello] no ha vulnerado los derechos fundamentales que se predican\u00bb, y menos cuando \u00abno resulta procedente presentar acciones de tutela alegando vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 la salvaguarda al encontrar que \u00abla petici\u00f3n de \u201centrega de expediente\u201d elevada por la promotora de la salvaguarda el 7 de diciembre pasado, evidentemente es en realidad una solicitud de car\u00e1cter judicial o jurisdiccional que por su naturaleza se encuentra sujeta al procedimiento propio del juicio promovido ante el Juzgado y plazos establecidos en el c\u00f3digo general del proceso, petici\u00f3n a la que adem\u00e1s ya se imprimi\u00f3 tr\u00e1mite, autorizando la expedici\u00f3n de copias correspondiente\u00bb, seg\u00fan da cuenta el auto del 24 de enero de 2023, y en esas condiciones, \u00abno se materializa la violaci\u00f3n del derecho fundamental invocado\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la quejosa para insistir en la procedencia del derecho de petici\u00f3n, pues \u00abno se trata de un litigio vigente sino de un proceso legal ya concluido y archivado al que [ella] quiere tener acceso a manera de informaci\u00f3n (\u2026), y no existe otra facultad constitucional o legal para obtener[la]\u00bb, y que, a su correo, \u00abno ha llegado informaci\u00f3n del despacho accionado\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Sexto de Familia de Ibagu\u00e9, vulner\u00f3 las prerrogativas derivadas de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia, porque al interior del declarativo radicado bajo el n\u00b0 2013-00745, no ha resuelto la solicitud que elev\u00f3 7 de diciembre de 2022. <\/p>\n
Esto, porque a tono con el precedente constitucional (sentencia T-290\/93), esta Sala ha precisado que cuando se invoca la protecci\u00f3n del derecho fundamental de petici\u00f3n, para que el juez haga o deje de hacer determinada actividad jurisdiccional o para que impulse y resuelva el asunto bajo su conocimiento, su tratamiento no se sujeta a los t\u00e9rminos consagrados para las peticiones de car\u00e1cter administrativo, sino que \u00abse rigen por principios, reglas y normas determinadas previamente en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, leyes y c\u00f3digos, seg\u00fan la jurisdicci\u00f3n, especialidad y procedimiento a las cuales deba sujetarse el conflicto, los cuales deben ser acatados por el juez y los intervinientes\u00bb (CSJ STC, 22 jun. 2004, rad. 00012-01). En ese mismo sentido, m\u00e1s adelante reiter\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ablas peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo [con] las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ej\u00fasdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb (Sentencias de 20 y 31 de marzo de 2000, exp. T-4822 y T-4867)\u201d\u00bb (CSJ STC, 3 oct. 2012, rad. 01784-01, citada entre otras en STC5107-2021, 7 may., rad. 00472-01). <\/p>\n
2. De la mora judicial. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, de vieja data la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abLas dilaciones indebidas en el curso de los diferentes procesos desvirt\u00faan la eficacia de la justicia y quebrantan el deber de diligencia y agilidad que el art\u00edculo 228 impone a los jueces que deben tramitar las peticiones de justicia de las personas dentro de unos plazos razonables. Sopesando factores inherentes a la Administraci\u00f3n de Justicia que exige cierto tiempo para el procesamiento de las peticiones y que est\u00e1n vinculados con un sano criterio de seguridad jur\u00eddica, conjuntamente con otros de orden externo propios del medio y de las condiciones materiales de funcionamiento del respectivo despacho judicial, pueden determinarse retrasos no justificados que, por apartarse del rendimiento medio de los funcionarios judiciales, violan el correlativo derecho fundamental de las personas a tener un proceso \u00e1gil y sin retrasos indebidos. El derecho fundamental de acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia impone a los jueces el deber de actuar como celosos guardianes de la igualdad sustancial de las partes vinculadas al proceso\u00bb (CC T-006\/92). <\/p>\n
Por su parte, sobre el incumplimiento del juez en su deber de proferir oportunamente las providencias a su cargo, la jurisprudencia de esta Sala ha dicho y reiterado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. [Cuando], sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 1995, exp. 1937, citada entre otras en STC4313-2021, 23 abr., rad. 00545-01). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Examinados los argumentos de la queja constitucional y su cotejo con el informe y piezas procesales allegadas por el accionado, la Sala desestimar\u00e1 la protecci\u00f3n implorada, precisando que lo ser\u00e1 en raz\u00f3n a que la situaci\u00f3n aducida como mora judicial fue superada, y por ello no se habilita la intervenci\u00f3n del fallador excepcional. <\/p>\n
En efecto, de cara al pedimento elevado el 7 de diciembre de 2022, consistente en que se le permitiera acceder al expediente contentivo del proceso de uni\u00f3n marital de hecho (rad. 2013-00745), la funcionaria cognoscente explic\u00f3 que tras realizar las gestiones pertinentes, se logr\u00f3 ubicar el asunto -hasta entonces s\u00f3lo existente de manera f\u00edsica en los archivos del juzgado-, y con prove\u00eddo del 24 de enero de 2023, \u00abse autoriza la expedici\u00f3n de copias del expediente a la se\u00f1ora Marleny Lozano Rojas\u00bb. <\/p>\n
En ese pronunciamiento tambi\u00e9n se advirti\u00f3 que por falencias en el otorgamiento del poder, no era dable reconocer personer\u00eda a su abogado, y que si bien el juicio declarativo contaba con sentencia favorable en firme, \u00abes de resorte exclusivo de las partes promover el tr\u00e1mite de liquidaci\u00f3n de la citada sociedad a voces [de] lo dispuesto en el art. 523 del C.G.P.\u00bb, reiter\u00e1ndose con ello, que el pleito en cuesti\u00f3n no ha concluido sino que sigue pendiente de su definici\u00f3n en lo que ata\u00f1e al tr\u00e1mite liquidatorio. <\/p>\n
Conforme a lo antes descrito, la resoluci\u00f3n de fondo de la solicitud elevada por la hoy accionante al interior del litigio, se produjo \u00abestando en curso la tutela\u00bb, significando con ello que el resguardo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, en tanto se establece una carencia actual de objeto por hecho superado conforme lo prev\u00e9 el art\u00edculo 26 del Decreto 2591 de 1991, figura jur\u00eddica respecto de la cual, de vieja data la jurisprudencia constitucional ha sostenido que: <\/p>\n
Tambi\u00e9n ha dejado sentado que el hecho superado \u00abse da cuando entre el momento de la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela y el momento del fallo se satisface por completo la pretensi\u00f3n contenida en la demanda de amparo\u00bb (CC T-533\/09), es decir, tiene ocurrencia si en el curso del auxilio \u00abse evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se elimin\u00f3 la vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta solicitada (ya sea por acci\u00f3n o abstenci\u00f3n) y, por tanto, (i) se super\u00f3 la afectaci\u00f3n y (ii) resulta inocua cualquier intervenci\u00f3n que pueda realizar el juez de tutela para lograr la protecci\u00f3n de unos derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado de desconocer\u00bb (CC T-481\/16). <\/p>\n
En similar sentido, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que: \u00absi la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 00147-01, citada en STC5118-2022, 27 abr., rad. 00198-01, entre otras). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo discurrido en precedencia, se avala el fallo desestimatorio de primer grado, precisando que a tal determinaci\u00f3n se llega en raz\u00f3n a que la supuesta mora judicial endilgada al accionado, fue superada durante el diligenciamiento de esta acci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, por la puntual raz\u00f3n desarrollado en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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