STC2093-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC2093-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-00783-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Antonio Jos\u00e9 Pati\u00f1o Carrascal contra la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda y el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo, mediante apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y del principio de legalidad, que dice vulnerados por las autoridades judiciales acusadas. <\/p>\n
Solicita, en consecuencia, se disponga que los accionados \u00abresuelvan los recursos de queja del 29 de agosto y nulidad del 05 de septiembre de 2016, en especial en debido proceso el de nulidad interpuestos contra los autos del 11 de agosto de 2016 y del 24 de agosto de 2016 que declar\u00f3 que es inapelable el auto adiado del 11 de agosto del 2016, y el recurso de queja contra el auto del 2 de septiembre de 2021, y se deje en firme el auto del 20 de abril de 2016, donde el despacho profiri\u00f3 un auto que dejo en firme la experticia rendida por los peritos sobre el monto de la indemnizaci\u00f3n que se deber\u00eda pagar por la expropiaci\u00f3n decretada en este proceso ($158.378. 404.oo) lucro cesante, por la segunda juez del proceso\u2026\u00bb; que se le ordene al estrado del circuito querellado \u00abla entrega del t\u00edtulo judicial, por las cifras descritas en auto de fecha 11 de agosto del 2016, valores discriminados como lucro cesante ($9.699.733.04), y da\u00f1o emergente ($37.270.064.04), esto equivalente a un total de ($47.270.064.04) de manera inmediata por las razones expuestas en los hechos, como parte indemnizatoria mientras se liquida el total del cr\u00e9dito y se ordena la nulidad y de la cual contradicen los resuelven de las dos \u00faltimas juez; en relaci\u00f3n al t\u00edtulo y de la cual la segunda juez se neg\u00f3 a entregar sin decretar nulidad del auto del 11 de agosto de 2016 que profiri\u00f3 la segunda juez del proceso\u00bb; y que \u00abd\u00e9 traslado al Comit\u00e9 Nacional de Disciplina Judicial para que se investigue la conducta dilatoria de la tercera Juez\u2026 y se haga una vigilancia administrativa del proceso 23001310300120140013700, a fin de que se tramiten los recursos y nulidades impetrados desde 2016, dentro del debido proceso ya que no se pudo acceder a la justicia\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Monter\u00eda Ciudad Amable SAS promovi\u00f3 juicio de expropiaci\u00f3n contra Antonio Jos\u00e9 Pati\u00f1o Carrascal y Alfonso Pati\u00f1o Carvajalino, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito de Monter\u00eda, el que en providencia de 17 de marzo de 2015, entre otras cosas, decret\u00f3 la expropiaci\u00f3n de un \u00e1rea de su terreno y se lo adjudic\u00f3 a la demandante, dispuso la entrega de los dineros consignados y que se realizara el aval\u00fao pericial del bien expropiado, nombrando a los peritos para que rindieran el respectivo dictamen. <\/p>\n
2.2. Tras surtirse distintas actuaciones, en auto de 11 de agosto de 2016 el estrado judicial se apart\u00f3 del dictamen rendido, decisi\u00f3n que fue apelada, pero que el 24 de ese mes se deneg\u00f3, por lo que se formul\u00f3 queja; en prove\u00eddo de 28 de julio de 2021 no se concedi\u00f3 la anotada queja, se neg\u00f3 la entrega del dep\u00f3sito judicial y se rechaz\u00f3 de plano la nulidad formulada, decisi\u00f3n que se mantuvo en auto de 2 de septiembre de 2021 y se neg\u00f3 la apelaci\u00f3n impetrada. <\/p>\n
2.3. Mediante prove\u00eddo de 17 de septiembre de 2021 se mantuvo la decisi\u00f3n y se dispuso remitir el expediente digitalizado al superior, para los fines se\u00f1alados en los art\u00edculos 352 y 353 del C\u00f3digo General del Proceso; y en providencia de 16 de diciembre siguiente la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal acusado declar\u00f3 inadmisible el recurso de queja. <\/p>\n
2.4. Indic\u00f3 el accionante que era el propietario de la Estaci\u00f3n del Ed\u00e9n; que en el proceso criticado, la segunda juez, en auto de 20 de abril de 2016, dej\u00f3 en firme la experticia sobre el monto de la indemnizaci\u00f3n que se deb\u00eda pagar por la expropiaci\u00f3n decretada, esto es, $158.378.404 por lucro cesante. <\/p>\n
2.5. Se\u00f1al\u00f3 que en prove\u00eddo de 11 de agosto siguiente la juzgadora nuevamente se pronunci\u00f3 frente al dictamen, apart\u00e1ndose del mismo, cit\u00f3 jurisprudencia sobre indemnizaci\u00f3n y concluy\u00f3 que la demandante deb\u00eda pagar $47.270.064, decisi\u00f3n que consider\u00f3 inapelable; y que transcurrieron cinco a\u00f1os m\u00e1s para que se resolviera el recurso de queja y de nulidad propuesto. <\/p>\n
2.6. Adujo que pese a los requerimientos en los solicit\u00f3 en repetidas ocasiones -cinco- que se le entregara el t\u00edtulo judicial, el estrado del circuito acusado no lo hizo; y que interpuso una primera tutela por esa mora, la que le fue concedida, orden\u00e1ndole al fallador que se pronunciara sobre la entrega del t\u00edtulo y le imprimiera tr\u00e1mite a la queja y nulidad formuladas. <\/p>\n
2.7. Sostuvo que la tercera juez, seis a\u00f1os despu\u00e9s, en auto de 28 de julio de 2021 resolvi\u00f3 siete decisiones pendientes, con las que no accedi\u00f3 a las peticiones, sin motivaci\u00f3n y con ligereza; que se neg\u00f3 la entrega del t\u00edtulo, pues el bien estaba gravado con prenda o hipoteca, quedando a \u00f3rdenes del juzgado para que los acreedores ejerzan sus derechos, sin diferenciar el contrato con la marca Exxonmobil de Colombia SA y el due\u00f1o de la estaci\u00f3n, en tanto que no exist\u00eda obligaci\u00f3n dineraria alguna sino que era una garant\u00eda que ofrec\u00edan los propietarios de las estaciones de servicio. <\/p>\n
2.8. Adujo que interpuso queja para que el superior concediera el recurso debidamente sustentado, advirtiendo que la decisi\u00f3n adolec\u00eda de valoraci\u00f3n probatoria, empero, se le indic\u00f3 que no hab\u00eda lugar a cancelarle el lucro cesante determinado y que deb\u00eda acudir a la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa para que se le reconociera el da\u00f1o especial causado. <\/p>\n
2.9. Refiri\u00f3 que conforme a lo previsto en el C\u00f3digo General del Proceso, en especial, en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 399, el juez no debi\u00f3 apartarse del dictamen pericial y poner a su arbitrio lo que consideraba como lucro cesante, pese a que ten\u00eda sus bases legales, entre otras, en el art\u00edculo 21 de la Resoluci\u00f3n No. 620 del IGAC que indicaba como se calculaba el valor de la compensaci\u00f3n debida por la afecci\u00f3n a los ingresos de la estaci\u00f3n de servicios. <\/p>\n
2.10. Asever\u00f3 que estaban en duda las cantidades planteadas por el despacho para establecer el lucro cesante, pues tuvo que eran \u00ablos intereses del pago de la diferencia del aval\u00fao del predio\u00bb; que no era clara la liquidaci\u00f3n; que el Tribunal en auto de 16 de diciembre de 2021 declar\u00f3 inadmisible el recurso de queja y devolvi\u00f3 las diligencias al despacho de origen. <\/p>\n
2.11. Afirm\u00f3 que despu\u00e9s de seis a\u00f1os no le reconocieron el lucro cesante por una expropiaci\u00f3n judicial, sino unos intereses mal liquidados de una compra de una franja de terreno como indemnizaci\u00f3n, los que adem\u00e1s le pertenec\u00edan a un tercero como garant\u00eda si incumpl\u00eda un contrato; y que los falladores no leyeron en su integridad el expediente, no exist\u00eda unidad de orden jur\u00eddico en las decisiones y los tr\u00e1mites procesales eran nugatorios de pleno derecho. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Secretar\u00eda de la Sala Civil \u2013 Familia – Laboral del Tribunal Superior de Monter\u00eda inform\u00f3 que devolvi\u00f3 el expediente al despacho de origen el 20 de enero de 2022. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad se\u00f1al\u00f3 que no se cumpl\u00eda con el requisito de la inmediatez respecto de las decisiones criticadas de 17 de septiembre y 16 de diciembre de 2021; que para el proferimiento de esas determinaciones los falladores se apegaron a las directrices legales y constitucionales que los reg\u00edan; que las providencias censuradas fueron notificadas en debida forma, al punto que se ejercieron los recursos que se estimaron pertinentes, \u00abcosa distinta es que los ataques no hayan encontrado eco en la judicatura\u00bb; y que el gestor tuvo la posibilidad de ejercitar sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa. <\/p>\n
3. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ninguno de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que carece de actualidad, pues entre las providencias censuradas de 28 de julio1, 22 y 173 de septiembre y 16 de diciembre4 de 2021 y la interposici\u00f3n de la tutela el 22 de febrero de 2022, transcurrieron m\u00e1s de seis meses, lapso fijado por la jurisprudencia de la Sala, como razonado y proporcional para activar este mecanismo excepcional, sin que fuera demostrado ning\u00fan motivo que justifique esa tardanza. <\/p>\n
Respecto a dicho presupuesto: <\/p>\n
\u2026si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido, (algo m\u00e1s de dos a\u00f1os), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (CSJ, STC 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01, reiterada en STC, 14 sep. 2007, rad. 01316-00). <\/p>\n
3. De otro lado, frente a la solicitud de que se d\u00e9 traslado al Comit\u00e9 Nacional de Disciplina Judicial para que se investigue la conducta dilatoria del estrado acusado y se adelante una vigilancia administrativa, se advierte que si el gestor considera que existe alguna actuaci\u00f3n irregular por parte de los accionados, est\u00e1 a su alcance ponerla en conocimiento de las autoridades respectivas, asumiendo su responsabilidad por las consecuencias derivadas de ello. <\/p>\n
Frente a dicho punto, esta Corporaci\u00f3n ha expresado: <\/p>\n
\u2026es preciso indicar que si el aqu\u00ed convocante estima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u2018En relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuentan con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u2026 (CSJ STC13871-2016 y STC14669-2016). <\/p>\n
4. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Auto con el que no se concedi\u00f3 el recurso de queja impetrado, se neg\u00f3 la entrega del dep\u00f3sito judicial y se rechaz\u00f3 de plano la nulidad formulada. <\/p>\n
2\u0002 Prove\u00eddo con el que se neg\u00f3 la reposici\u00f3n formulada frente al de 28 de julio anterior, as\u00ed como la apelaci\u00f3n. <\/p>\n
3\u0002 Auto con el que neg\u00f3 la reposici\u00f3n frente al de 2 de septiembre y dispuso remitir el expediente digitalizado al superior, para los fines se\u00f1alados en los art\u00edculos 352 y 353 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
4\u0002 Providencia con la que se declar\u00f3 inadmisible el recurso de queja. <\/p>\n
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