STC2096-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC2096-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-00834-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Elsa Leal de Chery contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Veintinueve Civil del Circuito de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, y \u00abprevalencia de los tratados internacionales\u00bb, que dice vulnerados por las autoridades judiciales acusadas. <\/p>\n
Solicita, en consecuencia, se ordene a todas las autoridades \u00abaplicar la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos, como lo exige la Corte Suprema de Justicia en los fallos descritos\u2026 de los a\u00f1os 2018 – 2019\u2026\u00bb, que se \u00abaplique el principio fraus omnia corrumpit en los procesos de despojo y desplazamiento que equivale a la cosa juzgada fraudulenta\u00bb; que se le d\u00e9 \u00abtr\u00e1mite al incidente de nulidad absoluto e insaneable, dentro del cual se le debe imponer el sello de falso a la escritura p\u00fablica 126 del C\u00edrculo Notarial de Ch\u00eda en la Notar\u00eda 2\u00aa\u00bb; que se disponga \u00abla cancelaci\u00f3n de los registros en la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos, en las anotaciones descritas en la actuaci\u00f3n incidental y en acatamiento a la jurisprudencia obrante en el incidente de nulidad y en esta tutela\u00bb; que los \u00abhechos aqu\u00ed denunciados deben formar parte de la mesa de trabajo que convoque la Consejer\u00eda Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales\u00bb; que se \u00abcalculen los da\u00f1os y perjuicios que los ficticios compradores, los esposos V\u00e1squez \u2013 Balmas [le] han causado\u2026 y [a] su n\u00facleo familiar\u00bb; que se \u00abenvi[e] este caso como ejemplo de impunidad a las instancias internacionales\u00bb; y que se tenga \u00aben cuenta que el alto gobierno de EEUU\u2026 est\u00e1n apoyando las pol\u00edticas del nuevo Gobierno del cambio\u2026 la paz total\u2026 y principal\u00edsimamente el \u201ccombate contra la corrupci\u00f3n en la Rama Judicial\u201d\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Elsa Leal de Chery, Marie Jose y Olga Liliana Chery Leal promovieron proceso de resoluci\u00f3n de contrato contra Adriana Balma Daza y Alejandro Vasquez Alvaez con miras a que, entre otras cosas, se declarara resuelto el contrato de compraventa celebrado el 19 de marzo de 1998 en escritura p\u00fablica No. 126 de 1998, se dispusiera la restituci\u00f3n del bien y se condenaran los perjuicios, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Veintinueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1, el que en fallo de 29 de mayo de 2018 deneg\u00f3 las pretensiones de la demanda, decisi\u00f3n que apelada, fue confirmada el 19 de septiembre de 2019 por la Sala Civil del Tribunal Superior de esta ciudad. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 la accionante que los despachos acusados incurr\u00edan en v\u00eda de hecho, pues reversaron la certeza y seguridad jur\u00eddica otorgada; y que desde hac\u00eda 25 a\u00f1os se planeaba un fraude negocial, pues la juez indic\u00f3 que si la escritura consignaba que se pag\u00f3 el precio, no admit\u00eda prueba en contrario, salvo la nulidad o la falsedad de la escritura. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que de forma oficiosa se debi\u00f3 hacer control de legalidad; que la referida motivaci\u00f3n les dio seguridad por el principio de respeto del acto propio frente a la falsedad introducida por los ficticios compradores en la escritura No. 126; y que despu\u00e9s de cumplir con el procedimiento de ley, de forma incomprensible, los falladores en ambas instancias, reversaron la certeza otorgada, abusando del derecho, incurriendo en los defectos sustantivo, procedimental, f\u00e1ctico y desconocimiento del precedente. <\/p>\n
2.5. Adujo que conforme a la jurisprudencia eran nulas las escrituras que no cumplieran con los requisitos formales; que en el incidente se plante\u00f3 la nulidad absoluta e insaneable, pues en la promesa se pact\u00f3 el negocio pero las cla\u00fasulas que declaraban el precio y pago desaparecieron \u00abpor arte de magia\u2026 siendo reemplazada por una hip\u00f3tesis no cierta (falsa), al disfrazarla con un supuesto pago o cancelaci\u00f3n total de la obligaci\u00f3n\u00bb; y que dichos abusos transgred\u00edan las garant\u00edas esenciales y violaban su consentimiento y voluntad. <\/p>\n
2.6. Sostuvo que no era l\u00edcita la adquisici\u00f3n de terceros por falsificarse la escritura; que los jueces ten\u00edan la facultad de ordenar la cancelaci\u00f3n de los t\u00edtulos obtendidos de forma fraudulenta; que el paso del tiempo no subsanaba un contrato viciado; que los actos ilegales no ataban al juez; que los artificios o enga\u00f1os ten\u00edan la potencialidad de inducir a error a un funcionario; y que la Corte Suprema acogi\u00f3 la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre efectuar el control oficioso de convencionalidad. <\/p>\n
2.7. Refiri\u00f3 que su contraparte guard\u00f3 silencio en el traslado del incidente, lo que era se\u00f1al de aceptaci\u00f3n o conformidad con sus argumentos; y que el auto de 10 de febrero de 2022 contradec\u00eda la sentencia de fondo emitida, en donde se le indic\u00f3 que ten\u00eda que acudir a la nulidad para alegar la falsedad contenida en la escritura, pues desconoci\u00f3 sus propias motivaciones e ignor\u00f3 la ley y jurisprudencia. <\/p>\n
2.8. Asever\u00f3 que el Tribunal acusado confirm\u00f3 la desestimaci\u00f3n de la nulidad incurriendo en falsa motivaci\u00f3n al considerar que no era por la v\u00eda incidental sino por otro mecanismo; que se deb\u00eda reconocer que ante la falsedad de la escritura y el incumplimiento de la obligaci\u00f3n por parte de los compradores, su familia hab\u00eda conservado la propiedad del bien en litigio; y que no se pod\u00eda perder de vista el esc\u00e1ndalo de corrupci\u00f3n del Juzgado Sexto Civil del Circuito, en donde fueron condenados el juez y el oficial mayor. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Veintinueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1 realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas e indic\u00f3 que no hab\u00eda cometido acci\u00f3n u omisi\u00f3n alguna que vulnerara o pusiera en riesgo los derechos de la accionante; que actu\u00f3 en estricto derecho; que no se cumpl\u00eda con el requisito de la subsidiariedad, en tanto que la gestora pretend\u00eda saltarse el procedimiento verbal para alegar la nulidad de la escritura p\u00fablica; y que el hecho de que se hubiere mencionado en la obiter dicta de los fallos que zanjaron la instancia que el remedio jur\u00eddico debi\u00f3 ser el planteamiento de dicha figura, no la exim\u00eda de acudir a la jurisdicci\u00f3n. Remiti\u00f3 el expediente criticado. <\/p>\n
2. La Sala Civil del Tribunal Superior de esta ciudad se\u00f1al\u00f3 que en prove\u00eddo de 23 de agosto de 2022 confirm\u00f3 el rechazo del incidente de nulidad propuesto por la ahora accionante; que no cumpl\u00eda con el requisito de la inmediatez, pues el auto criticado superaba los seis meses que se estimaban razonables para la interposici\u00f3n del resguardo; y que en todo caso, no advert\u00eda que la vulneraci\u00f3n alegada se hubiere configurado, puesto que lo resuelto se ajustaba a derecho y a lo probado en el expediente. <\/p>\n
3. Ramiro Montealegre Saavedra, quien actu\u00f3 en su condici\u00f3n de apoderado de Katherine Paola Figueredo Navarro y Juan Carlos Munevar Enciso, alleg\u00f3 memorial, el cual no es tenido en cuenta por la Sala por no aportar el poder especial que lo habilite para representar a dichos vinculados. <\/p>\n
4. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ninguno de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el Tribunal accionado, en la providencia criticada de 23 de agosto de 2022, consider\u00f3 que: <\/p>\n
Para el efecto, y de conformidad con los preceptos legales, el operador judicial est\u00e1 facultado para rechazar de plano el incidente solamente cuando se encuentre encasillado en cualquiera de las siguientes causales: i) Que no est\u00e9 expresamente autorizado por el C\u00f3digo General del Proceso o la ley; ii) el que se promueve fuera de termino; iii) el que no re\u00fana los requisitos formales; iv) el que se funde en causal distinta de las consagradas en el art\u00edculo 133 ib\u00eddem; y, v) el que se fundamente en hechos que pudieron alegarse como excepciones previas, o se proponga despu\u00e9s de saneada o por quien carezca de legitimaci\u00f3n (art\u00edculos 13, inciso 4\u00ba del 135 ejusdem). Y a contrario sensu, deber\u00e1 darle el tr\u00e1mite previsto en la ley y fallarlo en el fondo. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con las nulidades procesales, las cuales giran en torno a los principios de la especificidad o taxatividad, trascendencia, protecci\u00f3n y convalidaci\u00f3n, d\u00edgase que es el propio legislador el que regula las formalidades de los actos procesales y establece las sanciones que su inobservancia impone, entre ellas la nulidad de los procesos cuando se produce alguna de las circunstancias que taxativamente enlistan el art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso y el 29 de la Constituci\u00f3n Nacional; tambi\u00e9n se ocupa de se\u00f1alar la oportunidad en que tales defectos deben alegarse y la forma como pueden sanearse, buscando de tal forma garantizar la seguridad jur\u00eddica y evitar la propagaci\u00f3n de incidentes de nulidad. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia, ha puntualizado\u2026 Tambi\u00e9n, la Corte Constitucional se ha pronunciado en relaci\u00f3n con el tema, diciendo\u2026 <\/p>\n
3.3. Ahora bien, descendiendo al sub lite, el argumento que esgrimi\u00f3 la Juez de conocimiento para rechazar de plano el incidente de nulidad propuesto, radic\u00f3 en que los motivos que se aducen no encajan en las hip\u00f3tesis contempladas en el art\u00edculo 133 del C.G.P., fundamento que se ajust\u00f3 a derecho; por cuanto lo esgrimido, no tiene la virtualidad de edificar alguna de las causales taxativas o especificas autorizadas por la ley procesal. <\/p>\n
Adicionalmente, los aspectos invocados se circunscriben a reparos sobre el fundamento de la sentencia de primera instancia, que fue confirmada en segunda instancia, en relaci\u00f3n con la Escritura P\u00fablica No 126 de la Notar\u00eda 2\u00aa de Ch\u00eda; luego entonces, se trata de alegaciones sustanciales que debieron plantearse en otros escenarios del proceso o proponerse como pretensi\u00f3n, a trav\u00e9s del juicio pertinente y no por el tr\u00e1mite procedimental; en consecuencia, raz\u00f3n tuvo la A quo al indicar que, no es por la v\u00eda incidental tramitar la tem\u00e1tica que ahora se propone, sino por otro mecanismo procesal id\u00f3neo. <\/p>\n
De otro lado, la argumentaci\u00f3n base del tr\u00e1mite incidental, no guarda relaci\u00f3n con la causal supralegal prevista en el art. 29 de la Carta Fundamental, la que ata\u00f1e cuando la prueba es \u201cobtenida con violaci\u00f3n del debido proceso\u201d; es decir, sin la observancia de las formalidades legales esenciales requeridas para la producci\u00f3n de la prueba, especialmente en lo atinente con el derecho de contradicci\u00f3n por la parte a la cual se opone \u00e9sta, hip\u00f3tesis ajena al caso sometido a estudio. <\/p>\n
3.4. Colorario, lo anterior es suficiente para confirmar la decisi\u00f3n de primera instancia\u2026 <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 la tutelante es una diferencia de criterio acerca de la valoraci\u00f3n efectuada en el prove\u00eddo censurado; en cuyo caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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