STC2099-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC2099-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2023-00037-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 24 de enero de 2023 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por C.A.C.G. contra la Sala de Descongesti\u00f3n No. 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Colegiatura, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclama la protecci\u00f3n de la prerrogativa fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerada por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita se \u00abborre la sentencia que dict\u00f3 la Corte Laboral negando [su] pensi\u00f3n de invalidez y se le exija dictar una que le de validez a las semanas cotizadas como independiente entre el 2008 y el 2013 y as\u00ed se conceda la pensi\u00f3n de invalidez a que t[iene] derecho\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. El accionante promovi\u00f3 juicio ordinario laboral contra Colpensiones, con miras a que se le pagara la pensi\u00f3n por invalidez, las mesadas atrasadas, las actuales y las que tuviera derecho, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medell\u00edn, el que dict\u00f3 sentencia el 18 de julio de 2017, en la que absolvi\u00f3 a la demanda, deneg\u00f3 las pretensiones invocadas y declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de falta de requisitos m\u00ednimos para la prestaci\u00f3n de pensi\u00f3n de invalidez. Esta decisi\u00f3n fue apelada. <\/p>\n
2.2. El 11 de julio de 2020 la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad confirm\u00f3 dicha determinaci\u00f3n; y tras ser recurrida en casaci\u00f3n esa providencia, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, el 29 de junio de 2022 no la cas\u00f3. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 el accionante que desde mayo de 2013 radic\u00f3 demanda para que se le reconociera la pensi\u00f3n de invalidez; que explic\u00f3 que fue diagnosticado con vih desde 1998 y que el ISS hab\u00eda definido el estado de invalidez en dictamen realizado en marzo de 2012, fij\u00e1ndose la estructuraci\u00f3n de la misma en marzo de 2004, lo que era equivocado porque era una enfermedad catastr\u00f3fica. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que la falladora consider\u00f3 que no era viable mover la fecha de estructuraci\u00f3n de la enfermedad y como no contaba con 50 semanas de aportes en los tres a\u00f1os anteriores a marzo de 2004 no le pod\u00edan otorgar pensi\u00f3n; y que el fallo del Tribunal confirm\u00f3 los argumentos del a-quo, agregando que no era posible tener en cuenta los tiempos que pudo cotizar como independiente desde el 2004, pues no le cre\u00edan que era dinero que ganaba como estilista, sino para tener acceso a la salud, es decir, pensaron que quer\u00eda hacerle trampa al sistema para obtener ventajas. <\/p>\n
2.5. Adujo que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral acusada tambi\u00e9n decidi\u00f3 en su contra; que pese a que la falladora que conoci\u00f3 en primera instancia consider\u00f3 que era pobre, le impusieron el pago de costas; que estaba desprotegido; que su actividad productiva se fue perdiendo con el transcurso de su enfermedad; y que no era desconocido que tener sida era causal de discriminaci\u00f3n. <\/p>\n
2.6. Refiri\u00f3 que cuando conoci\u00f3 de su padecimiento el impacto le impidi\u00f3 laborar; que le pidi\u00f3 a la Sala acusada que tuviera en cuenta la capacidad laboral residual, pero se consider\u00f3 que no pudo demostrar que los aportes eran producto de su trabajo y no para enga\u00f1ar al sistema buscando la pensi\u00f3n; y que el fallo censurado desconoci\u00f3 la consistencia de los aportes desde el 2008. <\/p>\n
2.7. Asever\u00f3 que hubo error en la forma en como la Sala acusada analiz\u00f3 la prueba; que la decisi\u00f3n se alejaba de los casos de personas con vih; que no exist\u00eda indicio de que quisiera aprovecharse del sistema; y que a \u00ablos inv\u00e1lidos no [los pod\u00edan tratar como a las personas que no tienen problemas de salud\u00bb y obligarlos a probar \u00abcosas tan dif\u00edciles como que el aporte que hac\u00eda era por los peinados y actividades como estilista\u00bb. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n No. 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n realiz\u00f3 el recuento de las actuaciones surtidas e indic\u00f3 que no incurri\u00f3 en violaci\u00f3n de los derechos del promotor; que conforme a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias se adelant\u00f3 el estudio del asunto; que en la sentencia emitida se consignaron los motivos de la decisi\u00f3n, los que se encuentran ajustados al debido proceso, las reglas procedimentales generales y especiales y al precedente jurisprudencial que deb\u00eda ser respetado; que se concluy\u00f3 que no se acreditaron los yerros jur\u00eddicos endilgados al juzgador de segundo grado, en tanto que el peticionario no demostr\u00f3 tener la capacidad laboral u ocupacional, luego de la calificaci\u00f3n y estructuraci\u00f3n de su invalidez; y que el conflicto jur\u00eddico fue resuelto con efectos de cosa juzgada y plena garant\u00eda del debido proceso. <\/p>\n
2. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en liquidaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3 que no hizo parte ni fue vinculado al juicio criticado; que lo debatido en el proceso era un asunto que le correspond\u00eda a Colpensiones; y que solicitaba su desvinculaci\u00f3n de esta acci\u00f3n excepcional. <\/p>\n
3. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el amparo al considerar que no se verificaba la existencia de alg\u00fan defecto que habilitara el amparo anhelado y con ello la intervenci\u00f3n del juez constitucional, pues la Sala de Casaci\u00f3n Laboral resolvi\u00f3 el asunto debatido de manera razonada, con an\u00e1lisis de los medios de convicci\u00f3n, la normatividad y jurisprudencia aplicable; que la Sala acusada explic\u00f3 razonablemente porque no era procedente acceder al reconocimiento pensional de invalidez, pues no reun\u00eda los requisitos de la Ley 860 de 2003 y no acredit\u00f3 la existencia de una capacidad laboral residual; que no incurri\u00f3 en yerro jur\u00eddico alguno, pues el afiliado no contaba con los presupuestos exigidos en la norma vigente en la fecha de estructuraci\u00f3n de invalidez, ni los establecidos por la jurisprudencia de la Corporaci\u00f3n acusada; que no advert\u00eda violaci\u00f3n de derechos fundamentales; que aunque se compartiera o no la determinaci\u00f3n censurada, se expusieron de manera clara las circunstancias que determinaron su sentido; y que no se configuraron las causales espec\u00edficas de procedibilidad. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la referida decisi\u00f3n aduciendo que parec\u00eda que no se leyeron sus quejas; que en el proceso qued\u00f3 demostrado que las semanas que cotiz\u00f3 fueron el fruto de su trabajo en espacios de tiempo, lo que no fue analizado; que se segu\u00eda dejando la idea de que quiso enga\u00f1ar y hacer aportes sin tener la capacidad, pero no se tuvo en cuenta que cuando hizo los mismos no conoc\u00eda que ten\u00eda un grado de invalidez; y que pretend\u00eda que se revisaran sus argumentos con miras a que se determinara si pod\u00eda tener o no una pensi\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que la sentencia de casaci\u00f3n criticada no luce arbitraria, pues se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026debe resolver la Sala, conforme los elementos de juicio a que alude la censura, si se equivoc\u00f3 el fallador de alzada al colegir que las cotizaciones que registra la historia laboral del demandante con posterioridad al 15 de marzo del a\u00f1o 2004, no fueron pagadas como consecuencia del ejercicio de una efectiva capacidad laboral al afirmar que por lo avanzado de su enfermedad no pod\u00eda laborar y que dichos aportes no eran propios de la recuperaci\u00f3n de la salud sin prestaci\u00f3n de servicio alguno y que pudieron ser realizados para acceder al servicio de salud. <\/p>\n
Es pertinente recordar que en aras de fijar cu\u00e1l es la normatividad aplicable para otorgar una pensi\u00f3n de invalidez, ha de tomarse, por regla general, la que se encuentra vigente en el momento de la estructuraci\u00f3n de la p\u00e9rdida de capacidad laboral del afiliado (CSL SL2358-2017). De ah\u00ed que, en el caso, el juez de segunda instancia hubiera concluido que la disposici\u00f3n legal sobre la cual deb\u00eda estudiar la procedencia del derecho era la Ley 860 de 2003 a partir de la cual tuvo por establecido que a la fecha en la que se estructur\u00f3 la invalidez (15 de marzo de 2004), CACG no contaba las semanas de cotizaci\u00f3n exigidas para causar la pensi\u00f3n. <\/p>\n
De otro lado y para dar respuesta a la cr\u00edtica por la senda jur\u00eddica, se recuerda que, para el reconocimiento de la prestaci\u00f3n de invalidez, en los casos de las enfermedades cr\u00f3nicas, cong\u00e9nitas o degenerativas, esta Corporaci\u00f3n ha creado una l\u00ednea jurisprudencial que permite, tomar como fecha para el estudio de la causaci\u00f3n de la pensi\u00f3n de invalidez no solo la que gener\u00f3 tal estado (regla general aplicable y que se explic\u00f3 en el numeral precedente), sino tambi\u00e9n: i) la fecha de emisi\u00f3n del dictamen; ii) cuando se efectu\u00f3 la solicitud de reconocimiento prestacional o, iii) cuando se produjo la \u00faltima cotizaci\u00f3n, con el fin de proteger a quienes padecen enfermedades cr\u00f3nicas, cong\u00e9nitas o degenerativas, as\u00ed, se ha viabilizado la posibilidad de que sean tenidos en cuenta todos los aportes efectuados con posterioridad a la fecha de estructuraci\u00f3n de la invalidez, en aras de garantizar el derecho a la seguridad social de los afiliados que han venido sufriendo un deterioro paulatino en su estado de salud, pero que conservan una capacidad laboral que les permite continuar ejerciendo dentro del mercado de trabajo e ir forjando su situaci\u00f3n prestacional. <\/p>\n
En ese sentido, la sentencia CSJ SL1002-2020 desarroll\u00f3 dicha doctrina en los siguientes t\u00e9rminos\u2026 <\/p>\n
Sin embargo, corresponde aclarar que dicho precedente no es aplicable de manera autom\u00e1tica, sino que, es indispensable que se acredite que las cotizaciones efectuadas con posterioridad a la fecha de estructuraci\u00f3n de la invalidez se hicieron en ejercicio de una real capacidad ocupacional. <\/p>\n
Por ello, es inexorable el examen minucioso de cada caso con el fin de evitar fraudes al sistema pensional, lo que impone al operador judicial, la revisi\u00f3n detallada y muy cuidadosa de las situaciones acaecidas, de los aportes efectuados despu\u00e9s de la estructuraci\u00f3n del estado de invalidez, en los que se funda la reclamaci\u00f3n, es decir, que sean producto de una real y verdadera capacidad laboral del afiliado, y no con la \u00fanica finalidad de probar las semanas exigidas por la norma. <\/p>\n
Sobre el particular, en sentencia CSJ SL3275-2019, la Corte reflexion\u00f3\u2026 Y en reciente sentencia CSJ SL198-2021, adoctrin\u00f3\u2026 <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, precis\u00f3 que: <\/p>\n
En este asunto, dado que el VIH que padece el demandante es una enfermedad cr\u00f3nica, degenerativa y progresiva, en principio ser\u00eda posible analizar su situaci\u00f3n a partir de los derroteros que ha desarrollado la Sala y que fueron explicados previamente. Sin embargo, al revisar los elementos de juicio se\u00f1alados como indebidamente apreciados, no se exhibe yerro alguno en la decisi\u00f3n adoptada por el Tribunal, como pasa a analizarse. <\/p>\n
Se acusa de err\u00f3neamente valorada la demanda, pieza procesal que, como lo ha sostenido de anta\u00f1o esta Corporaci\u00f3n, no es prueba h\u00e1bil en casaci\u00f3n a menos que de ella pueda extraerse confesi\u00f3n; no obstante, no se equivoc\u00f3 el ad quem cuando razon\u00f3 que el promotor del juicio \u00absiempre insisti\u00f3 por el contrario desde la demanda, que desde 1998 cuando se le diagnostic\u00f3 la enfermedad, ya no pod\u00eda laborar desde ese momento\u00bb, afirmaci\u00f3n que no contradice lo manifestado en aquella documental en cuyo ac\u00e1pite de los hechos, confes\u00f3: <\/p>\n
\u201c5.3. Efectivamente, seg\u00fan SUSTENTACI\u00d3N descrita en dictamen 1367 de Marzo de 2012 establece de forma expresa lo siguiente: \u201cDecreto 917\/99 PACIENTE CO DX VIH DESDE 1998 ESTADIO C3\u201d. En consecuencia desde all\u00ed se debe tomar como fecha de estructuraci\u00f3n de la enfermedad, la cual se le diagnostic\u00f3 en fecha de Noviembre 19 de 1998, seg\u00fan dictamen e historia que tambi\u00e9n cl\u00ednica (sic) que tambi\u00e9n se anexa. Grave enfermedad que desde entonces le ha impedido pr\u00e1cticamente laborar. <\/p>\n
N\u00f3tese que el mismo demandante acepta que desde que fue diagnosticado, en el a\u00f1o 1998, esa enfermedad le ha impedido laborar y, que cuando espor\u00e1dicamente lo ha hecho, lo que percibe por aquellos trabajos ocasionales \u00abno les alcanza ni para una congrua subsistencia\u00bb, es decir, que tales manifestaciones lejos est\u00e1n de acreditar la existencia de una capacidad laboral residual, o real capacidad ocupacional y, menos, la persistencia en el desarrollo de una labor y el aprovisionamiento de unos recursos, no solo para su manutenci\u00f3n sino, para el pago de los aportes al sistema general de pensiones en calidad de trabajador independiente, situaci\u00f3n que antes que desvirtuar, ratifica lo concluido por el Tribunal. <\/p>\n
En lo que concierne a la valoraci\u00f3n que hace el ad quem de la historia laboral del promotor del juicio, tampoco se advierte error, pues da cuenta que efectivamente el afiliado no contaba 50 semanas de cotizaci\u00f3n en los 3 a\u00f1os anteriores a la fecha en la que fue estructurado su estado de invalidez, 15 de marzo de 2004, por el contrario, lo que s\u00ed puede derivarse de ella es que efectivamente, como viene de verse en precedencia, para de septiembre de 1999, esto fue, en el a\u00f1o siguiente al que fue diagnosticado con VIH, cesaron sus aportes al sistema pensional como trabajador dependiente al servicio de la patronal\u2026, es decir, que como lo inform\u00f3 en la demanda, aquella grave enfermedad \u00abdesde entonces le ha impedido pr\u00e1cticamente laborar\u00bb, registrando aportes nuevamente a partir del mes de noviembre de 2008 y hasta el 31 de mayo de 2013 como trabajador independiente, en forma continua e ininterrumpida desde febrero de 2009. <\/p>\n
En cuanto a la desacertada apreciaci\u00f3n de los dict\u00e1menes de calificaci\u00f3n de invalidez, que se atribuye al juez de segunda instancia, debe recordar la Sala que no es posible adentrarse en su estudio porque no son prueba calificada para fundar un cargo en casaci\u00f3n laboral, como lo ense\u00f1\u00f3 esta Corte, entre muchas, en sentencia CSJ SL2841-2020, que en uno de sus pasajes expres\u00f3\u2026 <\/p>\n
En lo que hace a la acusaci\u00f3n por omisi\u00f3n del estudio de la historia cl\u00ednica aportada al proceso\u2026, no se advierten elementos de juicio que lleven a contradecir la conclusi\u00f3n a la que llegara el Tribunal en la sentencia impugnada; por el contrario, en esa documental se registra que desde el a\u00f1o 1998 CACG fue diagnosticado con VIH y que la prueba confirmatoria de dicho padecimiento data del 20 de diciembre de 2001, paciente que ha tenido continua evaluaci\u00f3n y valoraci\u00f3n m\u00e9dica, sin que d\u00e9 cuenta, en manera alguna, de la existencia de una real capacidad laboral residual, que permita dar eficacia a los aportes efectuados con posterioridad a la fecha de estructuraci\u00f3n de su estado del invalidez, pues la \u00faltima consulta que se reporta all\u00ed, data del 25 de mayo de 2010\u2026, en la que, antes que advertirse condiciones para el desempe\u00f1o constante de una actividad laboral productiva lo que demuestra es el deterioro paulatino en sus condiciones de salud. <\/p>\n
Y concluy\u00f3 que: <\/p>\n
De lo que viene de exponerse, se corrobora que el Tribunal no incurri\u00f3 en yerro, pues el demandante, m\u00e1s all\u00e1 de sus afirmaciones, no demostr\u00f3 tener capacidad laboral u ocupacional, luego de la calificaci\u00f3n y estructuraci\u00f3n de su invalidez, como tampoco la raz\u00f3n por la que dej\u00f3 de cotizar en 1999, y solo vuelve a hacerlo en 2008, pues aunque las cotizaciones efectuadas en calidad de trabajador independiente, gozan de la misma relevancia e importancia jur\u00eddica que aquellas que realizan quienes laboran como dependientes, para los fines del reconocimiento de la pensi\u00f3n de invalidez, como viene de analizarse y lo ha sostenido la jurisprudencia, se hace necesario que el afiliado acredite el ejercicio de actividad laboral o productiva que soporte el pago de los aportes, pues su estado invalidante lleva, en principio, a la imposibilidad de continuar siendo parte activa del mundo laboral, por lo que se constituye en la excepci\u00f3n, la capacidad laboral que a pesar de la condici\u00f3n de salud pudiera conservar el afiliado y que apareja, por ende, su inexcusable acreditaci\u00f3n en juicio. <\/p>\n
En suma, qued\u00f3 evidenciado que el actor no ejerci\u00f3 una actividad laboral productiva de la que derivara ingresos por los cuales cotizara al sistema de pensiones despu\u00e9s de 1999, por ende, tampoco que conservara una capacidad ocupacional objeto de protecci\u00f3n, en los t\u00e9rminos modulados por la jurisprudencia de esta Sala de Casaci\u00f3n, transcrita en precedencia, pues a pesar de que sostiene que lo hizo producto de su actividad como estilista, ninguna prueba da cuenta de que efectivamente lo hubiera hecho y, menos a\u00fan, en forma continua e ininterrumpida desde el a\u00f1o 2009 al 2013, lo que permite confirmar que el Tribunal no err\u00f3 al concluir que al demandante no le asist\u00eda el derecho a la pensi\u00f3n de invalidez, y por ende, los cargos no salen avante\u2026 <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, esta Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta o no, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que plante\u00f3 el tutelante es una diferencia de criterio frente a la valoraci\u00f3n efectuada en la determinaci\u00f3n criticada, en cuyo caso tal labor no puede ser desaprobada de plano o calificada de absurda o arbitraria, \u00abm\u00e1xime si la [interpretaci\u00f3n] que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. Corolario de lo discurrido en precedencia, se advierte que la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el asunto presente, a pesar de que pudiera eventualmente esta Sala o cualquier observador discrepar de lo sostenido por el \u00f3rgano de cierre de la justicia laboral pero que no por ello merecen necesariamente ser pasibles de la acci\u00f3n de tutela. Por lo tanto, se impone mantener el fallo refutado, advirtiendo que para la Sala es procedente el respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo, comp\u00e1rtase o no lo decidido por el juez natural. <\/p>\n
5. Se impone, entonces, confirmar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC2099-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC2099-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2023-00037-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 24 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-71672","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71672","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71672"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71672\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71672"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71672"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71672"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}