STC2103-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC2103-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-02390-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 29 de noviembre de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Cesar Manuel Hern\u00e1ndez instaur\u00f3 contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y los Juzgados Primero y Veintiuno de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Guaduas y Bogot\u00e1, respectivamente, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 11001 31 07 004 2002 00101. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso\u00bb e \u00abigualdad\u00bb, para que se \u00abdej[ara] sin efectos jur\u00eddicos\u00bb las providencias emitidas el 28 de octubre de 2020, 8 de agosto, 21 de septiembre y 28 de octubre de 2022 y, en consecuencia, se \u00abdecret[ara] la extinci\u00f3n de la sanci\u00f3n penal por prescripci\u00f3n y pena cumplida\u00bb, as\u00ed como su \u00ablibertad inmediata\u00bb dando \u00abaplicaci\u00f3n a los art\u00edculos 166 [y] 167 de la Ley 906 de 2004\u00bb. <\/p>\n
Luego, el Juzgado Veintiuno de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1 revoc\u00f3 el aludido beneficio porque el condenado desconoci\u00f3 la obligaci\u00f3n de observar buena conducta (28 oct. 2020). <\/p>\n
Posteriormente, el Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Guaduas neg\u00f3 la libertad por pena cumplida y prescripci\u00f3n de la sanci\u00f3n penal (8 ag. 2022); decisi\u00f3n que mantuvo inc\u00f3lume (21 sep.) y el superior convalid\u00f3 (28 oct.). <\/p>\n
El precursor afirm\u00f3 que con dichas determinaciones se incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho, puesto que al derogar el subrogado otorgado se desconoci\u00f3 que \u00abhab\u00edan trascurrido m\u00e1s de 54 meses de la extinci\u00f3n de la sanci\u00f3n\u00bb y, al no declararla pas\u00f3 por alto los art\u00edculos 88 (numeral 4\u00ba) y 89 del C\u00f3digo Penal, en tanto aquella \u00abprescribi\u00f3 en el mes de abril 23 \u2013sic- del a\u00f1o 2016\u00bb. <\/p>\n
2.- La Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca y el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Guaduas defendieron la legalidad de su proceder. <\/p>\n
El Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Acacias relat\u00f3 el tr\u00e1mite surtido en el juicio controvertido. <\/p>\n
El Veintiuno de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1 pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, \u00abtoda vez que no vigila actualmente sentencia alguna al accionante\u00bb, ya que, remiti\u00f3 por competencia el proceso objetado a los estrados de la misma naturaleza de Guaduas (23 jun. 2021). <\/p>\n
3.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal desestim\u00f3 el ruego, en atenci\u00f3n a que la salvaguarda se present\u00f3 \u00ab25 meses despu\u00e9s de dictado\u00bb el auto de 28 de octubre de 2020 y, \u00aben el marco del proceso ordinario [el interesado] no inco\u00f3 los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n que proced\u00edan contra [aqu\u00e9lla]\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, los interlocutorios de 8 de agosto, 21 de septiembre y 28 de octubre de 2022, no se fundaron \u00aben conceptos irrazonables o arbitrarios de tal trascendencia, que corresponda al juez constitucional conjurarlos\u00bb. <\/p>\n
4.- El impulsor replic\u00f3, resaltando que el a quo \u00able ha dado una mala interpretaci\u00f3n al l\u00edbelo de la demanda de tutela pues ni siquiera resuelve de fondo\u00bb, pasando por alto que ha agotado los instrumentos impugnatorios \u00abhasta donde [l]e ha sido posible\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De entrada, se advierte el decaimiento del amparo y la refrendaci\u00f3n del veredicto de primer grado, por las razones que a continuaci\u00f3n se explican. <\/p>\n
1.1.- Respecto de la resoluci\u00f3n expedida por el Juzgado Veintiuno de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1 el 28 de octubre de 2020, se evidencia que se inobserv\u00f3, sin justificaci\u00f3n v\u00e1lida, el presupuesto temporal que impera en esta sui generis justicia. <\/p>\n
Se hace tal aseveraci\u00f3n, habida cuenta que, entre la fecha de su proferimiento y la radicaci\u00f3n del escrito superlativo (10 nov. 2022), se super\u00f3 por mucho el semestre que tanto esta Corte como la Constitucional han tenido como prudente para ejercer la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
Sobre el tema, esta Sala ha esbozado que: <\/p>\n
[e]n punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses. Se resalta. (STC 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada en STC6690-2021 y STC8906-2022). <\/p>\n
1.2.- Ahora, si bien, el reclamo constitucional se dirige tambi\u00e9n contra los interlocutorios dictados por el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Guaduas el 8 de agosto y 21 de septiembre de 2022, se analizar\u00e1 \u00fanicamente el de segunda instancia, comoquiera que fue el que resolvi\u00f3 de manera definitiva el asunto cuestionado. <\/p>\n
1.3.- En ese orden, se avizora que el prove\u00eddo de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca (28 oct. 2022), que ratific\u00f3 el que neg\u00f3 a Cesar Manuel Hern\u00e1ndez la \u00ablibertad por pena cumplida y\/o prescripci\u00f3n de la sanci\u00f3n penal\u00bb (8 ag.), no fue el resultado de \u00abcriterios\u00bb subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento jur\u00eddico o de la realidad procesal. <\/p>\n
Para arribar a dicha conclusi\u00f3n, se\u00f1al\u00f3 que el gestor \u00abestuvo privado de la libertad desde el 14 de junio de 2002 al 13 de abril de 2009 \u2013 fecha en la [que] suscribi\u00f3 la diligencia de compromiso cuando se le concedi\u00f3 la libertad condicional (\u2026); o sea, 9 a\u00f1os y 10 meses\u00bb, quien \u00abcon ocasi\u00f3n a la revocatoria del periodo de prueba del subrogado de la libertad condicional fue aprehendido el 11 de febrero de 2021 y desde entonces encarcelado, es decir, 20 meses y 11 d\u00edas\u00bb y, en total redimi\u00f3 \u00abpena\u00bb por \u00ab24 meses y 117 d\u00edas\u00bb. <\/p>\n
Por consiguiente, de conformidad con el art\u00edculo 70 de la Ley 65 de 1993, coligi\u00f3 que aquel descont\u00f3 \u00ab166 meses y 8 d\u00edas\u00bb y, por tanto, no purg\u00f3 \u00abla totalidad de la pena impuesta (\u2026) que es de 216 meses de prisi\u00f3n\u00bb. Ello, si se tiene en cuenta que el t\u00e9rmino correspondiente al \u00abperiodo de prueba\u00bb de dicho \u00absubrogado\u00bb no deb\u00eda contarse, en raz\u00f3n a que \u00aben ese lapso incumpli\u00f3 una de sus obligaciones contra\u00eddas, \u00f3sea, observar buena conducta, por lo que se revoc\u00f3 el [beneficio] (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a la \u00abrevocatoria de la libertad condicional en el periodo de prueba y la extinci\u00f3n de la sanci\u00f3n penal\u00bb, trajo a colaci\u00f3n los preceptos 66, 67 y 89 del C\u00f3digo Penal, narr\u00f3 las actuaciones adelantadas y memor\u00f3 el fallo constitucional proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal en el radicado 66429 de 23 de abril de 2013, reiterado en el consecutivo 70629 del 19 de noviembre del mismo a\u00f1o, en virtud del cual, asever\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de la sanci\u00f3n penal por encontrase disfrutando de la libertad condicional, estaba suspendido como lo tiene dicho la jurisprudencia (\u2026), al precisar: \u201cel condenado, al aceptar la suscripci\u00f3n del acta de compromiso y mientras est\u00e9 acatando las obligaciones impuestas, est\u00e1 dando cumplimiento a la sentencia y permanece sujeto a la vigilancia del juez de ejecuci\u00f3n; por tanto, en ese lapso el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de la pena permanece suspendido\u201d. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, asever\u00f3 que: <\/p>\n
(\u2026) como el periodo de prueba de la libertad condicional [inici\u00f3 el 13 de abril de 2009 y] culmin[\u00f3] el 23 de abril de 2016, era a partir de esa [\u00faltima] fecha que inicia la contabilizaci\u00f3n del t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de la sanci\u00f3n penal, \u201cque falte por ejecutar\u201d, es decir, de la pena impuesta en la sentencia de primera instancia, debidamente redosificada, o sea, – 216 meses-; por lo tanto, (\u2026) ese t\u00e9rmino a la fecha no se ha superado; a m\u00e1s que, se interrumpi\u00f3 al revocarse el beneficio de la libertad condicional precisamente por incumplir la obligaci\u00f3n de observar buena conducta. (Subraya la Sala) <\/p>\n
Finalmente, respecto al precedente que el recurrente anhelaba fuese tenido en cuenta en aras de garantizar su prerrogativa a la igualdad, esgrimi\u00f3 que \u00abno es un caso igual ni similar al del condenado (\u2026), puesto que, all\u00ed el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de la sanci\u00f3n era de 27 meses, y el sentenciado no fue privado de la libertad durante ese t\u00e9rmino, en consecuencia, no se interrumpi\u00f3 y era procedente decretar la prescripci\u00f3n de la sanci\u00f3n una vez cumplido ese tiempo\u00bb. <\/p>\n
1.4.- Independientemente que esta Colegiatura avale o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto con entidad suficiente que estructure \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como quiere el precursor, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la contienda, sin que dicho prop\u00f3sito acompase con la finalidad de esta excepcional v\u00eda, que no es la de servir de tercera instancia para discutir los \u00abfundamentos de la entidad jurisdiccional\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, rad. 00829-00; reiterada, entre otras, en STC9232-2018 y STC2544-2021). <\/p>\n
2.- Lo discurrido conlleva a acompa\u00f1ar el fallo opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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