STC2110-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC2110-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-00698-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Kamell Eduardo Jaller Castro, quien aduce ser agente oficioso de Eduard Jos\u00e9 Mart\u00ednez Henr\u00edquez, Carmen Alicia Medina D\u00edaz, Edgardo Alfonso y Sebasti\u00e1n Mart\u00ednez Medina, contra la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ceret\u00e9, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo, quien aduce actuar como agente oficioso de Eduard Jos\u00e9 Mart\u00ednez Henr\u00edquez, Carmen Alicia Medina D\u00edaz, Edgardo Alfonso y Sebasti\u00e1n Mart\u00ednez Medina, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de las garant\u00edas esenciales de sus agenciados al debido proceso e igualdad, presuntamente vulneradas por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar a los estrados querellados \u00abmodificar las sentencias de primera y segunda instancia, proferidas dentro del proceso con radicado: 23162 31 03 002 2020 00089 00 por adolecer de defecto factico\u00bb y, en consecuencia, se reconozca a favor de sus agenciados y a cargo de Electricaribe S.A. ESP \u00abel pago de los perjuicios da\u00f1o a la vida en relaci\u00f3n y p\u00e9rdida de la oportunidad de ayuda futura, en la cuant\u00eda reclamada en la demanda, o subsidiariamente en la otorgada\u2026 en la providencia de primera instancia\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Eduard Jos\u00e9 Mart\u00ednez Henr\u00edquez, Carmen Alicia Medina D\u00edaz, Edgardo Alfonso y Sebasti\u00e1n Mart\u00ednez Medina promovieron proceso de responsabilidad civil extracontractual contra la Electrificadora del Caribe S.A. ESP, con el fin de ser condenada a los perjuicios derivados del hecho da\u00f1oso acaecido el 28 de julio de 2019 donde falleci\u00f3 la menor Tahis Milena Mart\u00ednez Medina (q.e.p.d.); el conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ceret\u00e9, quien el 23 de noviembre de 2020 admiti\u00f3 a tr\u00e1mite. <\/p>\n
2.2. Notificada la demandada, contest\u00f3 el libelo inicial, al tiempo que llama en garant\u00eda a Chubb Seguros Colombia S.A.; surtido el tr\u00e1mite de rigor, el 8 de abril de 2022 el estrado judicial declar\u00f3 civil y extracontractualmente responsable a Electricaribe S.A., ordenando pagar a cada uno de los demandados $50.000.000 por da\u00f1o moral y $55.000.000 por da\u00f1o a la vida en relaci\u00f3n; decisi\u00f3n apelada por las partes, entre ellas, por los actores, aduciendo que se debi\u00f3 condenar por la \u00abp\u00e9rdida de oportunidad de ayuda futura del hijo menor\u00bb, pues los padres perdieron la oportunidad de posiblemente percibir a futuro ayuda econ\u00f3mica por parte de la fallecida, da\u00f1o que se encuentra cimentado en la doctrina como p\u00e9rdida de oportunidad y en la obligaci\u00f3n alimentaria regulada en el art\u00edculo 411 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
2.4. Por v\u00eda de tutela se duele el quejoso, en s\u00edntesis, de la decisi\u00f3n referida a espacio, pues, en su sentir, existi\u00f3 una indebida valoraci\u00f3n probatoria, toda vez que, se revoc\u00f3 el da\u00f1o en la vida en relaci\u00f3n \u00abal no manifestarse expresamente cuales fueron los aspectos de la vida que cambiaron de los dem\u00e1s demandantes, no obstante, omite que, dicha posible omisi\u00f3n puede provenir del llanto que emergi\u00f3 de los demandantes y que inclusive oblig\u00f3 a que se suspendiera la audiencia por lo profuso del mismo, lo cual se enmarca dentro del defecto factico\u00bb. <\/p>\n
2.5. Anot\u00f3 que \u00abal negarse el perjuicio de p\u00e9rdida de la oportunidad de ayuda futura, en clara confusi\u00f3n con el lucro cesante, se hace notoria la indebida valoraci\u00f3n probatoria, toda vez que, lo que se pretende precisamente fue la p\u00e9rdida de esa oportunidad de que la menor al obtener capacidad econ\u00f3mica pudiese ayudar a sus padres, m\u00e1xime, cuando se extrae de los testimonios y declaraciones rendidas que, la menor ayudaba en su casa y era un apoyo en el hogar, entonces, como se puede dudar que, si siendo menor esta desarrollaba actividades y ayudas en su familia, con mayor raz\u00f3n aun cuando adquiriera capacidad econ\u00f3mica, no fuere a ayudar a su familia, en aras de brindar un mejor porvenir\u00bb; relievando que, dicha ayuda \u00abproviene de un origen legal cimentado en la obligaci\u00f3n alimentaria, y en la reciprocidad que resulta ser una de las caracter\u00edsticas esenciales de dicha instituci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.6. Agreg\u00f3 que act\u00faa en calidad de agente oficioso, comoquiera que, sus agenciados residen en zona rural, adem\u00e1s \u00abno cuentan con la posibilidad de acceder a medios tecnol\u00f3gicos, as\u00ed como el desconocimiento del uso de los mismo\u00bb, al punto que la audiencia concentrada adelantada por el Juzgado se hizo presencial \u00abdebido al conocimiento directo que posee respecto a la falta de acceso a internet que padecen las zonas rurales del departamento, por lo que, resulta imperioso realizar un an\u00e1lisis de acuerdo al contexto, y las situaciones socioecon\u00f3micas que rodean el caso concreto\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el canon 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior de Monter\u00eda inst\u00f3 la improcedencia de la salvaguarda, al considerar que, la decisi\u00f3n criticada no luce arbitraria, habida cuenta que, tiene sustento probatorio y jurisprudencial. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Pablo Alonso Mogoll\u00f3n Rodr\u00edguez, quien indic\u00f3 actuar como apoderado judicial de Electricaribe S.A. ESP en Liquidaci\u00f3n, alleg\u00f3 escrito sin aportar el poder especial para actuar en el presente tr\u00e1mite constitucional, por lo que su manifestaci\u00f3n no se tiene en cuenta. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Electricaribe S.A. ESP en Liquidaci\u00f3n, a trav\u00e9s de su liquidadora, solicit\u00f3 denegar la salvaguarda, toda vez que, la acci\u00f3n de tutela no puede ser una tercera instancia para reabrir un debate legalmente concluido. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el proyecto de decisi\u00f3n elaborado en el presente asunto, los convocados no hab\u00edan efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
En trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Examinada la documental allegada al tr\u00e1mite tuitivo, especialmente las actuaciones surtidas en el proceso de responsabilidad civil extracontractual criticado, advierte la Sala el fracaso de la solicitud de amparo, porque es evidente que el peticionario, Kamell Eduardo Jaller Castro, carece de legitimaci\u00f3n para cuestionar por esta v\u00eda las actuaciones surtidas en el mentado juicio, por no ser parte ni interviniente en dicho asunto; sumado a que no demostr\u00f3 los motivos que soportaran su proceder como agente oficioso de Eduard Jos\u00e9 Mart\u00ednez Henr\u00edquez, Carmen Alicia Medina D\u00edaz, Edgardo Alfonso y Sebasti\u00e1n Mart\u00ednez Medina -a quienes apoderada en dicho proceso-, espec\u00edficamente, su imposibilidad de agotar directamente esta herramienta excepcional de protecci\u00f3n. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, se destaca que, verificadas las piezas procesales, los demandantes otorgaron mandato para incoar el juicio ordinario, incluso, como indic\u00f3 Jaller Castro, acudieron personalmente a las instalaciones del juzgado para atender la audiencia concentrada; de ah\u00ed que, nada les imped\u00eda incoar la salvaguarda en su propio nombre, incluso, coadyuvarla; por lo que las razones para justificar la agencia oficiosa no son de recibo, m\u00e1xime cuando las condiciones de vivienda rural y acceso a conectividad, al parecer, contin\u00faan siendo las mismas para cuando se adelantaron las ya referidas actuaciones. <\/p>\n
Sobre la legitimaci\u00f3n para acudir a este mecanismo de resguardo constitucional, los c\u00e1nones 10 y 31 del Decreto 2591 de 1991 establecen como presupuesto para su formulaci\u00f3n que quien as\u00ed obre tenga un inter\u00e9s que legitime su intervenci\u00f3n, el cual, cuando se trata de la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales generada por actuaciones o providencias judiciales, como aqu\u00ed ocurre, radica en cabeza de quien integra alguno de los extremos del litigio o fue reconocido como interviniente. <\/p>\n
Al respecto, sobre el alcance del aludido art\u00edculo 10\u00ba la jurisprudencia constitucional ha considerado que: <\/p>\n
\u2026la legitimaci\u00f3n por activa en la acci\u00f3n de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso (CC T-878\/07). <\/p>\n
En un caso con alguna simetr\u00eda al aqu\u00ed propuesto, la Sala precis\u00f3 que: <\/p>\n
…\u2018al ser evidente que la promotora de la queja carece de atribuci\u00f3n para adelantar por este medio la defensa de los derechos fundamentales reclamados dentro de un juicio donde no ostent\u00f3 la calidad de parte ni de tercero, emerge ostensible la improcedencia de la protecci\u00f3n impetrada, no siendo menester adentrarse en el contenido de la queja por cuanto lo primero excluye lo segundo\u2019 (sentencia de 26 de noviembre de 2010, exp. 11001-22-03-000-2010-01168-01, reiterada en fallo de 26 de julio de 2012, exp. No. 13001-22-13-000-2012-00198-01) (CSJ STC, 24 oct. 2012, rad. 00171-01; reiterada en STC2689-2015, 11 mar. 2015, rad. 00421-00). <\/p>\n
Asimismo, la Corte Constitucional ha recordado los elementos necesarios para que opere la figura de la agencia oficiosa -ninguno de los cuales fue aqu\u00ed satisfecho-, precisando que: <\/p>\n
La jurisprudencia\u2026 ha fundamentado la agencia oficiosa en tres principios constitucionales \u201c(i) el principio de eficacia de los derechos fundamentales, que como mandato vinculante tanto para las autoridades p\u00fablicas como para los particulares, impone la ampliaci\u00f3n de los mecanismos institucionales para la realizaci\u00f3n efectiva de los contenidos propios de los derechos fundamentales; (ii) el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, principio que se encuentra en estrecha relaci\u00f3n con el anterior y est\u00e1 dirigido a evitar que por razones de formalidad procesal se impida la protecci\u00f3n efectiva de los derechos sustanciales; y (iii) el principio de solidaridad, el cual impone a los miembros de la sociedad velar por la defensa no s\u00f3lo de los derechos fundamentales propios, sino tambi\u00e9n por la defensa de los derechos ajenos cuando sus titulares se encuentran en imposibilidad de promover su defensa\u201d. <\/p>\n
3.5. Como requisitos normativos para la procedencia de la agencia oficiosa, la Corte ha establecido que: (i) el agente oficioso manifieste que act\u00faa como tal; (ii) del escrito de tutela se infiera que el titular del derecho est\u00e1 imposibilitado para ejercer dicha acci\u00f3n, ya sea por circunstancia f\u00edsicas o mentales; (iii) el titular del derecho debe ratificar lo actuado dentro del proceso y (iv) la informalidad de la agencia, es decir, no requiere que exista relaci\u00f3n formal entre el agente y el agenciado. \u201cEsta figura se encuentra limitada por la prueba del estado de vulnerabilidad del agenciado. Esto garantiza la autonom\u00eda de la voluntad de la persona que tiene la capacidad legal para ejercicio sus derechos fundamentales por s\u00ed misma\u201d… <\/p>\n
Revisada la actuaci\u00f3n cumplida en esta acci\u00f3n de tutela, de entrada, advierte la Corte que la se\u00f1ora\u2026 Rodr\u00edguez Tovar no se encuentra legitimada por activa para solicitar el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, la libertad y de petici\u00f3n, del se\u00f1or\u2026 Torres, por las siguientes razones: <\/p>\n
3.13.1. La se\u00f1ora Rodr\u00edguez Tovar no fue parte dentro de los procesos [fustigados]… En ese orden, la accionante, por no ser parte dentro de los citados expedientes, no tiene legitimidad para emprender una acci\u00f3n que, conforme al art\u00edculo 86 de la Carta, s\u00f3lo puede hacerlo directamente el afectado. <\/p>\n
3.13.2. No obstante lo anterior, de acuerdo con la normatividad y la jurisprudencia que al respecto se ha rese\u00f1ado, la se\u00f1ora\u2026 Rodr\u00edguez Tovar puede actuar como agente oficiosa de otras personas, siempre que cumpla con los requisitos de esta figura, es decir, que (i) manifieste que opera como tal; (ii) que de la demanda se infiera que el titular del derecho se encuentra imposibilitado para interponer la acci\u00f3n de tutela; y (iii) que el presunto afectado ratifique lo actuado dentro del proceso. <\/p>\n
En el caso concreto, no se advierte ninguna de las exigencias mencionadas, ya que en el escrito de tutela no se indic\u00f3 que la accionante actuaba como agente oficiosa… Aspecto que si bien puede inferirse de la misma demanda, moderando un poco la exigencia procesal, seg\u00fan lo ha ense\u00f1ado la Corte para algunos casos excepcionales y con el fin de garantizar los principios del acceso a la administraci\u00f3n de justicia y la prevalencia del derecho sustancial, no ocurre lo mismo con la exigencia probatoria relativa a que el se\u00f1or Torres se encuentra en imposibilidad para interponer, de manera aut\u00f3noma y directa, la tutela (CC T-406\/17). <\/p>\n
Luego, muy a pesar de las alegaciones del quejoso, como se advierte que no es interviniente reconocido en el proceso que censura, tampoco alleg\u00f3 poder especial a la salvaguarda para actuar en representaci\u00f3n de Eduard Jos\u00e9 Mart\u00ednez Henr\u00edquez, Carmen Alicia Medina D\u00edaz, Edgardo Alfonso y Sebasti\u00e1n Mart\u00ednez Medina, ni demostr\u00f3 los supuestos que validaran su condici\u00f3n de agente oficioso del mismo, es evidente que carece de legitimaci\u00f3n para promover el presente ruego atacando tal actuaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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