STC2113-2023<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC2113-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-00841-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por \u00c1lvaro Hern\u00e1n Luna Viteri contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito de esta ciudad, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo hipotecario N\u00b0 2012-00663. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y \u00abvivienda digna\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas, en el asunto referido. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que adquiri\u00f3 un pr\u00e9stamo con la Corporaci\u00f3n de Ahorro y Vivienda Concasa para la \u00abcompra de un predio destinado a vivienda\u00bb, obligaci\u00f3n adquirida en UPAC\u2019s, equivalente a $63.000.000 para el 3 de octubre de 1997 y garantizada con el pagar\u00e9 N\u00ba 60835-8. <\/p>\n
Indic\u00f3 que la citada entidad financiera le otorg\u00f3 \u00abun nuevo cr\u00e9dito instrumentalizado por el pagar\u00e9 n\u00famero 64688-7 por la cantidad de 5.816,5815 U.P.A.C. equivalentes al 27 de marzo de 1998 a $70.000.000, dineros que fueron utilizados para remodelar y ampliar el inmueble\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que como los referidos cr\u00e9ditos fueron respaldados con hipoteca abierta sin l\u00edmite de cuant\u00eda sobre el predio comprado, tras incurrir en mora en el pago, se promovi\u00f3 en su contra una ejecuci\u00f3n hipotecaria en el a\u00f1o de 1999, que termin\u00f3 al aplicarse la sentencia SU-813 de 2007 de la Corte Constitucional, y en el que se orden\u00f3 la reestructuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n por la entidad financiera ejecutante, en los t\u00e9rminos de la Ley 546 de 1999. <\/p>\n
Advirti\u00f3 que igualmente a sus obligaciones les fue aplicado el alivio legalmente establecido para los \u00abcr\u00e9ditos de vivienda\u00bb, no obstante, la reestructuraci\u00f3n ordenada no tuvo lugar y, los cr\u00e9ditos se cedieron a la Compa\u00f1\u00eda de Gerenciamiento de Activos SAS, quien promovi\u00f3 la ejecuci\u00f3n hipotecaria que ahora censura. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que en dicho tr\u00e1mite formul\u00f3 reposici\u00f3n contra el mandamiento de pago por la falta de reestructuraci\u00f3n de las obligaciones, pero el Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito de Bogot\u00e1 continu\u00f3 con el tr\u00e1mite y, resalt\u00f3 que, de manera oportuna, propuso m\u00e1s de dieciocho (18) excepciones de m\u00e9rito, con el fin que se decretara \u00abla prescripci\u00f3n total o parcial de la obligaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que, el Juzgado de conocimiento el 18 de agosto de 2022 declar\u00f3 terminado el proceso cuestionado \u00abpor ausencia de reestructuraci\u00f3n de los dos (2) cr\u00e9ditos, sin abordar el estudio de las excepciones perentorias propuestas\u00bb, decisi\u00f3n que fue recurrida en apelaci\u00f3n por ambos extremos del proceso, recurso que sustent\u00f3, seg\u00fan afirm\u00f3, en el hecho de haberse inobservado las defensas que propuso, entre otras, la de prescripci\u00f3n de la obligaci\u00f3n. <\/p>\n
Expres\u00f3 que el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, en providencia de 31 de agosto de 2022, admiti\u00f3 la apelaci\u00f3n de la parte ejecutante, pero inadmiti\u00f3 la suya de manera irregular, indicando que carec\u00eda \u00abde inter\u00e9s para recurrir (\u2026), habida cuenta que le result\u00f3 favorable en su integridad\u00bb la sentencia (sic) de primera instancia. <\/p>\n
Expuso que, esa Corporaci\u00f3n en providencia de 6 de octubre de 2022 revoc\u00f3 parcialmente la apelada \u00ab\u00fanicamente, en cuanto declar\u00f3 terminado el (\u2026) proceso en relaci\u00f3n con el pagar\u00e9 n.\u00b0 64688-7\u00bb, porque equivocadamente consider\u00f3, que la obligaci\u00f3n respaldada con ese t\u00edtulo valor no fue otorgada para la adquisici\u00f3n de vivienda, decisi\u00f3n que considera arbitraria si se observa que no existi\u00f3 ning\u00fan pronunciamiento sobre sus excepciones, lo que evidencia la \u00abincongruencia\u00bb de ese fallo. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que, en su criterio, la decisi\u00f3n del Tribunal Superior accionado constituye \u00abuna clara persecuci\u00f3n y parcializaci\u00f3n (\u2026) al construir bajo falacias, argumentos que desquician el debido proceso y que de contera arrastran los dem\u00e1s derechos fundamentales esgrimidos, bajo una inaceptable construcci\u00f3n carente de fundamento sustancial y procesal\u00bb. <\/p>\n
2. Como consecuencia de lo expuesto, solicit\u00f3, \u00abanular las sentencias de primera de primera y segunda instancia, (\u2026) por no definir en forma legal las excepciones propuestas, desquiciando el debido proceso (\u2026) y, consecuencialmente, se expida una nueva sentencia en debida forma, sin perder de vista que los dos pagar\u00e9s tienen como negocio subyacente la financiaci\u00f3n de vivienda y no como erradamente lo pretende hacer ver la Sala accionada\u00bb. (sic). <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado a los accionados para que ejercieran su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en el proceso criticado. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que la decisi\u00f3n que profiri\u00f3 en el proceso cuestionado \u00abno alberga ning\u00fan desafuero o anomal\u00eda que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional\u00bb, y explic\u00f3 que al negar la adici\u00f3n que pidi\u00f3 el accionante, le indic\u00f3 que su recurso de apelaci\u00f3n no fue resuelto porque hab\u00eda sido inadmitido en providencia de 31 de agosto de 2022 que adquiri\u00f3 firmeza al no ser recurrida. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que remit\u00eda a los argumentos contenidos en la providencia de 6 de octubre de 2022, con la cual revoc\u00f3 parcialmente la de primera instancia y sostuvo que su postura tuvo en cuenta la jurisprudencia de esta Sala STC16919-2018, y que, en cuanto a la sentencia SU-813 de 2017, contrario a lo indicado por el actor, la Corte Constitucional en ese fallo \u00abno reconoci\u00f3 el car\u00e1cter de cr\u00e9ditos de vivienda a los pagar\u00e9s que fueron objeto de recaudo en el proceso ejecutivo que conoci\u00f3 el Tribunal, pues all\u00ed la Corte \u00fanicamente se refiri\u00f3 a \u201cla deuda que \u00e9ste [el se\u00f1or \u00c1lvaro Luna] contrajo ante el otorgamiento del cr\u00e9dito pactado en UPAC para la adquisici\u00f3n de vivienda\u201d, vale decir, al identificado con el n\u00famero 60835-8, mas no al que corresponde el n\u00famero 64688-7, porque este, de acuerdo con lo manifestado por la Corte Constitucional y las probanzas que valor\u00f3 el Tribunal en el fallo de 6 de octubre de 2022, no fue otorgado para adquisici\u00f3n de vivienda y por lo tanto no le eran aplicables los requisitos de la Ley 546 de 1999\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito de Bogot\u00e1 expres\u00f3 que en ese despacho cursa el proceso ejecutivo hipotecario promovido por Compa\u00f1\u00eda de Gerenciamiento de Activos S.A.S. contra \u00c1lvaro Hern\u00e1n Luna Viteri materia de queja, asunto en el que estim\u00f3 viable su terminaci\u00f3n por falta de reestructuraci\u00f3n de las obligaciones cobradas; no obstante, el Tribunal revoc\u00f3 su determinaci\u00f3n parcialmente y, a la fecha, ya dict\u00f3 el auto de obedecimiento al superior y proceder\u00e1 en el menor tiempo a adoptar \u00ablas medidas que en derecho correspondan con el fin de continuar con la actuaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado pronunciamientos por parte de los dem\u00e1s involucrados en la presente queja constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. S\u00f3lo las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto y acuda a esta jurisdicci\u00f3n oportunamente. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, el solicitante reprocha las providencias proferidas en el proceso ejecutivo adelantado en su contra, porque, seg\u00fan expuso, i) no se tuvieron en cuenta los argumentos de la apelaci\u00f3n que formul\u00f3 contra el fallo del a quo, ii) el Tribunal Superior desconoci\u00f3 que a los dos pr\u00e9stamos que adquiri\u00f3 deb\u00edan aplic\u00e1rseles las previsiones contenidas en la Ley 546 de 1999 y en la jurisprudencia constitucional concordante y, iii) no decidi\u00f3 sobre las excepciones de m\u00e9rito que plante\u00f3, a pesar de revocarse parcialmente el pronunciamiento objeto de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Para definir la queja propuesta, resulta necesario rese\u00f1ar la actuaci\u00f3n procesal surtida en el caso reprochado, relacionada con la censura del solicitante. <\/p>\n
3.1 El proceso censurado fue iniciado contra el aqu\u00ed accionante por la se\u00f1ora Mary Mesa Dur\u00e1n como cesionaria de la Compa\u00f1\u00eda de Gerenciamiento de Activos SAS en liquidaci\u00f3n, para el cobro \u00abequivalente a 52.127,2841 UVR, como capital insoluto incorporado en el pagar\u00e9 n.\u00b0 60835-8, m\u00e1s los intereses corrientes y de mora causados, as\u00ed como el equivalente a 527.762,2600 UVR, en relaci\u00f3n con el pagar\u00e9 n.\u00b0 64688-7, junto con los r\u00e9ditos de plazo y mora y el saldo insoluto de la obligaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3.2 El demandado \u00c1lvaro Hern\u00e1n Luna Viteri, formul\u00f3 distintas excepciones de m\u00e9rito, entre las cuales adujo la prescripci\u00f3n de las obligaciones y la falta de exigibilidad de los t\u00edtulos por falta de reestructuraci\u00f3n. <\/p>\n
3.3 El Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito de Bogot\u00e1 en providencia de 18 de agosto de 2022, declar\u00f3 de oficio terminado el proceso, porque estim\u00f3, en s\u00edntesis, que las dos obligaciones cobradas no fueron objeto de \u00abreliquidaci\u00f3n y reestructuraci\u00f3n\u00bb conforme a lo dispuesto en la Ley 546 de 1999, por lo cual carec\u00edan de \u00abexigibilidad\u00bb. <\/p>\n
3.4 Ambos extremos del proceso apelaron esa decisi\u00f3n. <\/p>\n
3.5 El Tribunal superior de Bogot\u00e1, en auto de 31 de agosto de 2022 s\u00f3lo admiti\u00f3 la apelaci\u00f3n planteada por la demandante y, en cuanto a la formulada por el ejecutado, la declar\u00f3 inadmisible \u00abpor carecer de inter\u00e9s para recurrir dicha determinaci\u00f3n, habida cuenta que le result\u00f3 favorable en su integridad. (\u2026) T\u00e9ngase en cuenta que, de conformidad con el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 320 del CGP, \u201cpodr\u00e1 interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia\u00bb, providencia que no fue recurrida. <\/p>\n
3.6 En sentencia de 6 de octubre de 2022, la Corporaci\u00f3n accionada resolvi\u00f3, <\/p>\n
\u00abRevocar la sentencia que el 18 de agosto de 2022 profiri\u00f3 el Juzgado 36 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, \u00fanicamente, en cuanto declar\u00f3 terminado el presente proceso en relaci\u00f3n con el pagar\u00e9 n.\u00b0 64688-7, acorde con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
En su lugar, se ordena devolver la actuaci\u00f3n al mentado despacho judicial, para que proceda como le compete, seg\u00fan se advirti\u00f3 en la parte motiva de este veredicto\u00bb. <\/p>\n
Para adoptar esa determinaci\u00f3n, el Tribunal Superior tras relacionar los antecedentes del asunto y los argumentos de la alzada planteada por la ejecutante, referentes, en concreto, i) al hecho de no ser necesaria la \u00abreestructuraci\u00f3n\u00bb del pagar\u00e9 60835-8, ante la evidente carencia de capacidad de pago del demandado por otras deudas y, ii) que el pagar\u00e9 64688-7, en su criterio, no pod\u00eda ser objeto de tal figura porque no se trataba \u00abde un cr\u00e9dito que hubiese sido otorgado para adquisici\u00f3n de vivienda\u00bb, procedi\u00f3 a se\u00f1alar, respecto del primer ataque, que el mismo no prosperaba, toda vez que el a quo no s\u00f3lo hab\u00eda derivado la falta de exigibilidad del pagar\u00e9 60835-8 de su falta de \u00abreestructuraci\u00f3n\u00bb, sino, adem\u00e1s, porque tampoco hab\u00eda sido \u00abreliquidada\u00bb la obligaci\u00f3n all\u00ed contenida, aspecto sobre el cual nada dijo la apelante. <\/p>\n
En cuanto al segundo punto materia de apelaci\u00f3n, el Tribunal Superior hall\u00f3 m\u00e9rito en las alegaciones de la recurrente para modificar la sentencia de primer grado, pues, tras valorar las pruebas aportadas, entre \u00e9stas, la escritura p\u00fablica N\u00ba 2428 de 27 de junio de 1997, con la cual se adquiri\u00f3 el predio hipotecado, concluy\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) El aqu\u00ed demandado adquiri\u00f3 el citado predio por compra que le hizo a Jos\u00e9 Regner Bernal Gonz\u00e1lez, en cuya cl\u00e1usula quinta pactaron que el precio del bien ser\u00eda de $105.000.000, que el comprador se comprometi\u00f3 a honrar en la forma all\u00ed establecida, as\u00ed como que el saldo, o sea, la suma de $63.000.000 lo pagar\u00eda al vendedor \u201ccon el producto de un pr\u00e9stamo que, con garant\u00eda hipotecaria de primer grado, ha solicitado a la Corporaci\u00f3n Cafetera de Ahorro y Vivienda Concasa (\u2026)\u201d. Pr\u00e9stamo que, efectivamente, esa corporaci\u00f3n le otorg\u00f3 el 3 de octubre de 1997 por esa cantidad y que identific\u00f3 con el n\u00famero 60835-8. <\/p>\n
Lo anterior, sin ambages, permite concluir que, \u00fanicamente, dicho cr\u00e9dito, vale reiterar, el identificado con el n.\u00b0 60835-8 fue concedido para completar el saldo del precio para la adquisici\u00f3n de la vivienda antes referida, circunstancia que excluye de aplicaci\u00f3n de la Ley 546 de 1999 al identificado con el n.\u00b0 64688-7, por valor de $70.000.000, equivalentes a 5.816.5815 UPAC\u00b4S para la \u00e9poca, que no fue otorgado con ese mismo prop\u00f3sito, seg\u00fan se colige de la informaci\u00f3n que reposa en la escritura p\u00fablica citada. <\/p>\n
Y es que, n\u00f3tese, fue solo hasta el 27 de marzo de 1998, esto es, nueve meses despu\u00e9s de la adquisici\u00f3n del inmueble, y seis meses luego del otorgamiento del cr\u00e9dito por valor de $63.000.000 para completar el saldo del precio de ese bien, que el aqu\u00ed ejecutado obtuvo el segundo pr\u00e9stamo por el monto de $70.000.000 respaldados con el pagar\u00e9 n.\u00b0 64688-7, lo que descarta que tuviere relaci\u00f3n con la adquisici\u00f3n del rese\u00f1ado fundo. <\/p>\n
Lo anterior, deja en evidencia que no fue para compra de vivienda que el demandado solicit\u00f3 el mutuo por valor de $70.000.000 por el que se le ejecut\u00f3, y por ende, inviable se tornaba, se insiste, la aplicaci\u00f3n de la normatividad y la jurisprudencia que invoc\u00f3 la juzgadora de primer grado\u00bb (Destaca la Sala). <\/p>\n
Para respaldar lo anterior, el Tribunal Superior cit\u00f3 jurisprudencia de la Corte Constitucional (T-328 de 2010 y T-753 de 2014) y, en consecuencia, indic\u00f3 que el Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito de Bogot\u00e1 se equivoc\u00f3 al dar por terminado el proceso, en relaci\u00f3n con el pagar\u00e9 64688-7, porque no fue otorgado para la adquisici\u00f3n de vivienda, por lo que no se requer\u00eda la \u00abreliquidaci\u00f3n y reestructuraci\u00f3n\u00bb de la obligaci\u00f3n respaldada con el mismo, cuesti\u00f3n que tambi\u00e9n hallaba sustento en los hechos relatados en la demanda, y en la falta de contradicci\u00f3n de los mismos por parte del ejecutado, aqu\u00ed accionante. <\/p>\n
Adicionalmente, argument\u00f3 el ad quem que con su decisi\u00f3n en nada se desconoc\u00eda la sentencia SU-813 de 2007, en la que figur\u00f3 el demandado como accionante, pues en esa providencia, espec\u00edficamente, se se\u00f1al\u00f3 que los efectos de \u00e9sta se extend\u00edan \u00abcon car\u00e1cter general a todos los procesos ejecutivos en curso, iniciados antes del 31 de diciembre de 1999, y que se refieran a cr\u00e9ditos de vivienda\u00bb (subraya del texto), lo que no ocurr\u00eda con el pagar\u00e9 64688-7. <\/p>\n
3.6 Frente a la anterior decisi\u00f3n, ambas partes reclamaron su adici\u00f3n y aclaraci\u00f3n, peticiones negadas en auto de 16 de noviembre de 2022, en el que, frente a las manifestaciones del actor, quien reproch\u00f3 la falta de decisi\u00f3n de su apelaci\u00f3n, se le record\u00f3 que su recurso hab\u00eda sido inadmitido en providencia de 31 de agosto de 2022, la que adquiri\u00f3 firmeza al no ser controvertida. <\/p>\n
4. Fijado el anterior escenario, se advierte que los cuestionamientos frente al proceso ejecutivo hipotecario reprochado no tienen vocaci\u00f3n de prosperidad, pues no se constata irregularidad en la actuaci\u00f3n de la Corporaci\u00f3n accionada, de cara a la jurisprudencia de esta Sala sobre la viabilidad de terminar un asunto como el reprochado por falta de \u00abreestructuraci\u00f3n\u00bb de la deuda, en los t\u00e9rminos de la Ley 546 de 1999. <\/p>\n
En efecto, se se\u00f1ala que, en este caso, aunque el accionante cumpli\u00f3 con los presupuestos relativos a (i) interponer la acci\u00f3n oportunamente, esto es, antes del registro del auto aprobatorio del remate o de adjudicaci\u00f3n del inmueble hipotecado, siempre que el predio no se asigne al acreedor o a su cesionario, y a (ii) obrar con un \u00abm\u00ednimo de diligencia\u00bb, ya que puso en conocimiento de los jueces naturales la problem\u00e1tica aqu\u00ed expuesta; no cumple con el (iii) requisito, relativo a buscar con este amparo la protecci\u00f3n de su derecho a la vivienda (CSJ. STC6968-2015, STC3055-2021, STC5013-2022 y STC3070-2022, en concordancia con lo previsto en CC. SU-813 de 2007). <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el presupuesto que se echa de menos, esta Sala, en casos en los que, como ahora, la ejecuci\u00f3n se sustenta en el recaudo de un pr\u00e9stamo con un destino distinto a la adquisici\u00f3n, financiaci\u00f3n o construcci\u00f3n de vivienda (art. 34, Ley 546 de 19991), de anta\u00f1o ha indicado que no es posible la aplicaci\u00f3n de las disposiciones contenidas en Ley 546 de 1999 ni las previsiones de la jurisprudencia concordante, pues si el mutuo tiene prop\u00f3sitos diferentes, no le son aplicables <\/p>\n
(\u2026) las exigencias previstas en la Ley 546 de 1999 ni la jurisprudencia de la Corte Constitucional, destinadas a garantizar el derecho fundamental a una vivienda digna, tal como lo ha explicado esa Corporaci\u00f3n en otras oportunidades[, pues] \u00abDe conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 51 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, todas las personas tienen derecho a una vivienda digna, para lo cual el Estado fijar\u00e1 las condiciones necesarias con el fin de hacerlo efectivo y promover\u00e1 planes de vivienda de inter\u00e9s social, sistemas adecuados de financiaci\u00f3n a largo plazo y formas asociativas de ejecuci\u00f3n de estos programas de vivienda. (\u2026) Ahora bien, respecto de las normas que regularon la adquisici\u00f3n de vivienda, la Corte Constitucional en las sentencias C-383 de 1999, C-700 de 1999 y C-747 de 1999, expuso la necesidad de que existiera una regulaci\u00f3n del sistema de financiaci\u00f3n de vivienda que respetara los lineamientos de la doctrina constitucional, fue entonces promulgada la Ley 546 de 1999. La Ley 546 de 1999 incluy\u00f3 expresamente normas relativas al per\u00edodo de transici\u00f3n para el paso del antiguo sistema de financiaci\u00f3n en UPAC al nuevo sistema de UVR. Con esta normativa, no solo se permite la adquisici\u00f3n de vivienda a nuevas personas, sino que, adem\u00e1s, se pretende que quienes vieron afectados su patrimonio por el inminente peligro de perder su vivienda adquirida bajo el antiguo sistema de financiaci\u00f3n -declarado inconstitucional-, pudieran conservarla.\u00bb (Corte Constitucional, T-753 de 2014) (subraya fuera de texto) (CSJ. STC16919-2018, reiterada en STC3812-2019). <\/p>\n
De igual modo, se advierte que la Corte Constitucional, sobre la tem\u00e1tica expuesta, sostuvo que ese <\/p>\n
\u00abmismo Tribunal ha enfatizado, en las sentencias T-105 y T-1225 de 2005 y SU-813 de 2007, que acciones de tutela presentadas por la negativa de los jueces civiles a suspender y dar por terminados los procesos ejecutivos hipotecarios que persegu\u00edan el pago de obligaciones distintas a las originadas en cr\u00e9ditos de vivienda a largo plazo pactadas en UPAC resultan improcedentes por carecer del criterio general de relevancia constitucional. En efecto, en dichas providencias la Corte concluy\u00f3 que aquellas hip\u00f3tesis, a diferencia de las relacionadas con cr\u00e9ditos de vivienda, \u201cno re\u00fanen las condiciones que la Ley 546 de 1999 exig\u00eda para su terminaci\u00f3n\u201d y en consecuencia, la decisi\u00f3n de continuar la ejecuci\u00f3n forzada no vulnera el derecho al debido proceso. En estos espec\u00edficos casos constituye un requisito indispensable para la procedencia de la acci\u00f3n de tutela que la controversia gire en torno a cr\u00e9ditos destinados a la financiaci\u00f3n de vivienda, porque es en aquellos en donde la falta de aplicaci\u00f3n de la Ley 546 de 1999 puede comprometer intereses de rango constitucional de los peticionarios\u00bb (subraya fuera de texto) (CC. T-328 de 2010). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se insiste, no se extrae irregularidad en la decisi\u00f3n de la Corporaci\u00f3n accionada, ya que all\u00ed se defini\u00f3 la problem\u00e1tica aqu\u00ed ventilada con sustento en lo ocurrido en el proceso, en las pruebas recaudadas y en observancia de las normas y jurisprudencia aplicable. <\/p>\n
De igual modo, si de los elementos probatorios se constat\u00f3 que el pagar\u00e9 64688-7 base del cobro, no proven\u00eda de un mutuo para la adquisici\u00f3n de vivienda, cuesti\u00f3n que acept\u00f3 el accionante, incluso, al formular este amparo, ya que indic\u00f3 que los dineros respaldados con el mismo los us\u00f3 para \u00abremodelar y ampliar el inmueble\u00bb previamente comprado, resulta razonable la postura del ad quem acusado, en cuanto a establecer que no pod\u00eda terminarse el proceso para el recaudo de dicho pagar\u00e9, al ser inaplicables los postulados de la Ley 546 de 1999 y la jurisprudencia pertinente. <\/p>\n
5. De otra parte, t\u00e9ngase en cuenta, que, como lo advirti\u00f3 el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 al pronunciarse sobre la adici\u00f3n y aclaraci\u00f3n de su sentencia, que al haberse inadmitido la apelaci\u00f3n que interpuso el actor contra el fallo de primer grado en providencia de 31 de agosto de 2022, -que no fue recurrida a trav\u00e9s del procedente recurso de s\u00faplica (art. 331, C.G.P.)-, dicha Corporaci\u00f3n no estaba compelida a definir los argumentos de la alzada planteada por el solicitante, por lo que aducir una irregularidad derivada de tal omisi\u00f3n resulta desacertado. <\/p>\n
6. Finalmente, tampoco se extrae desafuero en la falta de definici\u00f3n de las excepciones de fondo que propuso el actor en el caso controvertido, como quiera que, seg\u00fan se expuso en el recuento f\u00e1ctico antes realizado, el Tribunal accionado, de manera expresa, se\u00f1al\u00f3 que el a quo no hab\u00eda proferido \u00absentencia de m\u00e9rito\u00bb, por lo que, una vez devueltas las diligencias, ese funcionario deb\u00eda proceder a analizar las pretensiones y defensas alegadas en relaci\u00f3n con el t\u00edtulo que s\u00ed pod\u00eda continuar siendo objeto de cobro (pagar\u00e9 64688-7), esto para que evaluara \u00absi es viable continuar la ejecuci\u00f3n en los t\u00e9rminos del mandamiento de pago o si, por el contrario, alguna de las excepciones planteadas se abre paso total o parcialmente, solo en relaci\u00f3n con dicho instrumento comercial\u00bb, razonamiento que, de ning\u00fan modo permite predicar arbitrariedad, como lo ha advertido esta Sala en m\u00faltiples oportunidades (CSJ. STC825-2020, reiterada en STC2260-2022, entre otras). <\/p>\n
7. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abART\u00cdCULO 34.- Aplicaci\u00f3n a los cr\u00e9ditos para financiaci\u00f3n de vivienda de inter\u00e9s social. Lo dispuesto en la presente Ley ser\u00e1 aplicable a los cr\u00e9ditos para construcci\u00f3n y financiaci\u00f3n de vivienda de inter\u00e9s social en lo que no contradiga sus disposiciones especiales. <\/p>\n
Para efectos de la presente Ley, se entender\u00e1 por vivienda de inter\u00e9s social la que cumpla los requisitos establecidos por la legislaci\u00f3n vigente en esta materia\u00bb. <\/p>\n
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STC2113-2023 Magistrada ponente STC2113-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-00841-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por \u00c1lvaro Hern\u00e1n Luna Viteri contra la Sala Civil […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-71684","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71684","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71684"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71684\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71684"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71684"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71684"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}