STC2115-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC2115-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 05001-22-10-000-2023-00012-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del ocho de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., ocho (08) de marzo de dos dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n interpuesta por Roc\u00edo Del Socorro Gonz\u00e1lez de Rivillas, frente a la sentencia del 1 de febrero de 2023, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn en la tutela que instaur\u00f3 contra el Juzgado Segundo de Familia de Bello, extensiva a los intervinientes en el proceso. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante pretende que se declare la nulidad de las actuaciones en el proceso de cesaci\u00f3n de efectos civiles de matrimonio religioso no. 2010-00592 y se revoque el fallo proferido en aquel tr\u00e1mite. <\/p>\n
En sustento, indic\u00f3 que Pedro Pablo Rivillas Yarce promovi\u00f3 en su contra ante el juzgado encausado demanda de divorcio (no. 2010-00592). El proceso termin\u00f3 con sentencia el 14 de febrero de 2012; no obstante, conoci\u00f3 de la existencia del litigio en el a\u00f1o 2014. Ello por cuanto, seg\u00fan su dicho, el accionante manifest\u00f3, fraudulentamente, no conocer su direcci\u00f3n de notificaciones, lo cual conllev\u00f3 a que se ordenara su emplazamiento. <\/p>\n
Como consecuencia de lo anterior, consider\u00f3 que el encausado transgredi\u00f3 sus derechos al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, debido proceso, contradicci\u00f3n y defensa. <\/p>\n
Por otra parte, argument\u00f3 que la raz\u00f3n por la cual se present\u00f3 este amparo a pesar de haber transcurrido 8 a\u00f1os desde el conocimiento del fallo se debe a que se le deneg\u00f3 el reconocimiento de la sustituci\u00f3n pensional solicitada ante la Gobernaci\u00f3n de Antioqu\u00eda y la Unidad de Gesti\u00f3n Pensional y Parafiscal con raz\u00f3n de la muerte de su ex-c\u00f3nyuge, lo cual implic\u00f3 la p\u00e9rdida de su sustento econ\u00f3mico. As\u00ed mismo, record\u00f3 que se trata de una se\u00f1ora de m\u00e1s de 79 a\u00f1os, situaci\u00f3n que la coloca en situaci\u00f3n de especial protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
2. El Juzgado tutelado defendi\u00f3 su proceder para lo cual recapitul\u00f3 las actuaciones surtidas dentro del procedimiento y sostuvo que la acci\u00f3n constitucional no cumpli\u00f3 con la exigencia de inmediatez. <\/p>\n
Por su parte, Claudia Patricia V\u00e9lez Delgado, en su calidad de curadora ad-litem de los herederos indeterminados de Pedro Pablo Rivillas Yarce, arguy\u00f3 que el amparo debe ser negado pues la tutelante no interpuso recursos contra la providencia atacada. <\/p>\n
A su vez, Elizabeth Cristina, Nancy Elena y Omar Rivillas Gonz\u00e1lez, hijos del matrimonio entre la accionante y Pedro Pablo Rivillas Yarce, manifestaron que su padre les manifest\u00f3 antes de su muerte (15 sept. 2021) que se encontraba divorciado de su madre desde el 2012 y reafirmaron que ella en ning\u00fan momento se enter\u00f3 de la existencia del proceso, raz\u00f3n por la cual solicitaron se concediera el amparo de sus derechos. <\/p>\n
3. El a quo neg\u00f3 la tutela pues consider\u00f3 que el amparo no cumpl\u00eda con la exigencia de inmediatez y de subsidiariedad, sin que el simple hecho de tratarse de una adulta de mayor edad, implique por si solo una exigencia de flexibilizaci\u00f3n de estos requisitos. <\/p>\n
4. El gestor impugn\u00f3 la anterior decisi\u00f3n, para lo cual critic\u00f3 que el a-quo no haya tenido en consideraci\u00f3n las circunstancias espec\u00edficas del caso, esto es: <\/p>\n
(\u2026) que trata de una mujer de 79 a\u00f1os, quien padeci\u00f3 violencia basada en g\u00e9nero la mayor parte de su vida, por cuenta de quien fuera su esposo, \u00e9sta, fue intimidada, enga\u00f1ada y vulnerada hasta tal punto de desconocer su derecho a un debido proceso, a la contradicci\u00f3n y que su representaci\u00f3n se diera a traves de una defensa t\u00e9cnica dentro de todas las actuaciones surtidas en el proceso de DIVORCIO (\u2026). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
La decisi\u00f3n impugnada ser\u00e1 ratificada, toda vez que la solicitud de protecci\u00f3n constitucional no cumple con el requisito de inmediatez, como quiera que desde el momento en que la reclamante conoci\u00f3 de la sentencia del proceso de cesaci\u00f3n de efectos civiles de matrimonio religioso, esto es en el a\u00f1o 2014, a la fecha de presentaci\u00f3n del amparo, 16 de enero de 2023, transcurrieron m\u00e1s de 8 a\u00f1os. En esta medida, sobre pasa el lapso de 6 meses que ha sido considerado como razonable por esta Corporaci\u00f3n para acudir a esta senda excepcional. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a este requisito, esta instancia ha sostenido lo siguiente: <\/p>\n
(\u2026) aunque no existe t\u00e9rmino de caducidad para interponerlo, se impone ejercerlo dentro de un \u00abplazo razonablemente prudencial\u00bb a efectos de que no se desnaturalice su objeto que no es otro que la \u00abprotecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales\u00bb de la persona. <\/p>\n
As\u00ed acontece porque aunque la ley no prev\u00e9 un l\u00edmite temporal en el cual debe operar el decaimiento del empe\u00f1o frente al quehacer jurisdiccional por falta del comentado elemento, \u00abs\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u00bb, adopt\u00e1ndose aqu\u00e9l en \u00abseis meses\u00bb contados a partir de que se dict\u00f3 la \u00abprovidencia\u00bb batallada en procura de que la aspiraci\u00f3n ius fundamental \u00abno pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros\u00bb (STC3156-2019, reiterada, entre otras, en STC196-2021). <\/p>\n
Por otra parte, si bien la actora afirma que se debe tener en cuenta su situaci\u00f3n particular, esto es, tratarse de una ciudadana de mayor edad, haber sufrido de violencia de g\u00e9nero y no tener otro medio de sustento ec\u00f3nomico, ello no resulta suficiente para justificar su inactividad durante m\u00e1s de 8 a\u00f1os. As\u00ed, esta Corporaci\u00f3n ha puntualizado que: <\/p>\n
De otra parte, tampoco se demostro\u0301 en esta sede justificacio\u0301n alguna que permitiera analizar las excepciones al sen\u0303alado principio, pues, si bien es cierto puede flexibilizarse a partir de la explicacio\u0301n de razones suficientes que justifiquen la inactividad para adelantar la accio\u0301n de tutela, dichas circunstancias no fueron acreditadas. <\/p>\n
Al respecto, cabe precisar que, en repetidas oportunidades, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el particular, en las providencias SU-961\/99; T-743\/08 y T-033\/10, y en esta u\u0301ltima, estimo\u0301: <\/p>\n
\u00ab(…) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneracio\u0301n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la accio\u0301n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: \u201c(i) si existe un motivo va\u0301lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el nu\u0301cleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisio\u0301n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tardi\u0301o de la accio\u0301n y la vulneracio\u0301n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la accio\u0301n de tutela surgio\u0301 despue\u0301s de acaecida la actuacio\u0301n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposicio\u0301n. (…)\u00bb (STC2812-2021, reiterado entre otras en STC2833-2021 y STC9720-2022). <\/p>\n
Ciertamente, el auxilio de la precursora no encaja dentro de ninguno de los supuestos referidos para exculpar su demora en la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n. En efecto, no se evidencia que en el semestre siguiente a la ocurrencia de la providencia que la actora pretende conjurar, estuviese impedida para defender sus prerrogativas. Entonces, si la quejosa ha tardado para la defensa de sus intereses, no resulta ahora procedente atender a su reclamo. <\/p>\n
Incluso, la improcedencia se torna contundente cuando es palpable que la accionante no hizo uso de los mecanismos judiciales con los que contaba para debatir la eventual indebida notificaci\u00f3n que alega, ya que desperdici\u00f3 el recurso extraordinario de revisi\u00f3n, constituido para debatir lo que aqu\u00ed se propuso. <\/p>\n
Corolario de lo anterior, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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