STC2118-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC2118-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-01399-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 26 de julio de 20221, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Mariela Uma\u00f1a Toloza contra la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de esa ciudad, la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones- y, citadas las partes e intervinientes en el proceso ordinario con radicado n\u00b0 2015-00124. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Por conducto de apoderado judicial, la actora invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al trabajo, justicia, igualdad y dignidad, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
Como sustento de su queja, relat\u00f3 en s\u00edntesis que promovi\u00f3 juicio ordinario laboral contra la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de vejez a partir del 1\u00ba de enero de 2012, as\u00ed como de las mesadas adicionales, reajustes y los intereses moratorios estipulados en el art\u00edculo 141 de la Ley 100 de 1993. <\/p>\n
Sostuvo que el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cali en sentencia de 30 de mayo de 2019, absolvi\u00f3 a la demandada de todas las pretensiones formuladas en su contra, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad el 17 de julio de 2019. <\/p>\n
Inconforme con ese pronunciamiento, interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n y, la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral mediante sentencia SL5577-2021 de 9 de diciembre de 2021 dispuso no casar el fallo de segundo grado. <\/p>\n
En sentir de la reclamante, las accionadas incurrieron en violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al no valorar lo establecido en los principios constitucionales y, en defecto sustantivo, al aplicar una norma que resulta regresiva como lo es el Acto Legislativo 01 de 2005, y, la sentencia proferida en sede de casaci\u00f3n, al tenerlo como fundamento, dej\u00f3 de lado su esfuerzo econ\u00f3mico de haber aportado 743,71 semanas antes del 25 de julio de 2005 y, contar con m\u00e1s de 35 a\u00f1os para el 1\u00ba de abril de 1994, desconociendo de esa forma su derecho a la seguridad social. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 ordenar a las autoridades accionadas, proferir una nueva decisi\u00f3n \u00abteniendo en cuenta el pre\u00e1mbulo de la Constituci\u00f3n Nacional, as\u00ed como la aplicaci\u00f3n de los principios y valores constitucionales como el trabajo, la justicia, la igualdad y a la dignidad humana\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral a trav\u00e9s del Magistrado Ponente de la providencia cuestionada, manifest\u00f3 remitirse a las consideraciones expuestas en la misma y requiri\u00f3 negar el amparo, argumentando que no se ha incurrido en la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados, porque la decisi\u00f3n fue el resultado de la aplicaci\u00f3n normativa y jurisprudencia vigente de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente. <\/p>\n
2. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali, expuso las actuaciones del proceso ordinario y defendi\u00f3 la legalidad de su gesti\u00f3n, e indic\u00f3 adem\u00e1s que la acci\u00f3n de tutela no cumple el presupuesto de inmediatez. <\/p>\n
3. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n (PARISS) inform\u00f3 que, una vez revisados los aplicativos de consulta de la entidad, la p\u00e1gina web de la rama judicial y otros documentos pudo establecer que en el proceso ordinario objeto de discusi\u00f3n no se hizo parte ni se vincul\u00f3 al extinto ISS, como tampoco a ese Patrimonio. <\/p>\n
4. Colpensiones solicit\u00f3 declarar la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela, por cuanto no se materializ\u00f3 ning\u00fan defecto o vulneraci\u00f3n de los derechos invocados, adem\u00e1s porque sobre el asunto debatido existe cosa juzgada y este mecanismo no puede constituirse en una tercera instancia, y en ese orden, pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal, neg\u00f3 la solicitud de amparo constitucional tras determinar el incumplimiento del requisito de la inmediatez, teniendo en cuenta que la sentencia de casaci\u00f3n fue notificada mediante edicto de 15 de diciembre de 2021 y la tutela fue presentada el 12 de julio de 2022. <\/p>\n
Con todo, se\u00f1al\u00f3 que si en gracia de discusi\u00f3n se aceptara el argumento de que el plazo se debe contar a partir de la ejecutoria del fallo -12 de enero de 2022-, tampoco era posible acceder a las pretensiones de la reclamante, puesto que no se evidenciaba la materializaci\u00f3n de ninguna causal especifica de procedencia del amparo frente a decisiones de naturaleza jurisdiccional. <\/p>\n
Al respecto, indic\u00f3 que la argumentaci\u00f3n de la sentencia de casaci\u00f3n es razonable, en el entendido que la se\u00f1ora Mariela Uma\u00f1a Toloza no concret\u00f3 el derecho a pensionarse bajo el sistema transicional con anterioridad a la vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, ni cont\u00f3 con las semanas m\u00ednimas exigidas en ese instrumento para mantener las condiciones del r\u00e9gimen de transici\u00f3n. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por la accionante, quien adem\u00e1s de insistir en los argumentos iniciales, adujo que el fallador de tutela de primer grado no examin\u00f3 la posibilidad de aplicar la excepci\u00f3n de inconstitucionalidad, teniendo en cuenta que fue sorprendida abruptamente por un cambio normativo el cual le exige cotizar 300 semanas adicionales y le aumenta 2 a\u00f1os m\u00e1s a la edad de pensi\u00f3n, requisito \u00faltimo que ya ten\u00eda acreditado al contar con 55 a\u00f1os de edad al 26 de mayo de 2005. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que solo se circunscribi\u00f3 a justificar con sus argumentos lo que dijo el Magistrado de la Sala Laboral \u00aben lugar de introducirse m\u00e1s en ese derecho fundamental vulnerado, pasando por alto los deberes y facultades que se encuentran a su cargo, precisamente el de la posibilidad de ir m\u00e1s all\u00e1 de lo pedido y\/o tutelar un derecho as\u00ed no se haya solicitado en el escrito de tutela\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, cuestion\u00f3 que no tuvo en cuenta ni estudi\u00f3 el principio de progresividad y no regresividad de los derechos, el cual ha sido desarrollado por la Corte Constitucional; adem\u00e1s, que resulta desacertado que se pretenda dar prevalencia a la sostenibilidad financiera del sistema que a los derechos fundamentales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Recuerda la Sala que en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, pues ello significar\u00eda un desconocimiento de los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, no obstante, cuando los funcionarios judiciales incurran en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento legal, sin ninguna objetividad y, los interesados no cuenten con otro medio de defensa judicial, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir en aras de evitar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales involucradas. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, la se\u00f1ora Mariela Uma\u00f1a Toloza acude a este mecanismo excepcional en busca de la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que considera vulnerados con las decisiones proferidas por las autoridades accionadas, en el proceso ordinario laboral que promovi\u00f3 contra Colpensiones con el fin de obtener el reconocimiento y pago de su pensi\u00f3n de vejez. <\/p>\n
3. Inicialmente debe se\u00f1alarse que el an\u00e1lisis de la presente solicitud de protecci\u00f3n constitucional se circunscribir\u00e1 a la tesis defendida por la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 3 en la sentencia SL5577-2021, en raz\u00f3n a que con ella se dirimi\u00f3 la controversia y, en \u00faltimas, ese es el criterio que se impone mientras no sea revocado o invalidado. <\/p>\n
Igualmente, se advierte que si bien la acci\u00f3n de tutela fue formulada el 12 de julio de 2022, es decir transcurridos alrededor de 7 meses despu\u00e9s de notificada la decisi\u00f3n que resolvi\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n, lo cierto es que el presupuesto temporal que ha establecido la jurisprudencia para la procedencia del amparo se tiene por superado, teniendo en cuenta que la controversia recae sobre derechos pensionales que revelan el car\u00e1cter de irrenunciables e imprescriptibles, cuya presunta afectaci\u00f3n se considerar\u00e1 actual (CSJ. STC6492-2021 reiterada en la STC7852-2022). <\/p>\n
4. Ahora bien, analizados los aspectos que fundamentan la inconformidad de la peticionaria se anticipa la confirmaci\u00f3n de la providencia impugnada, teniendo en cuenta que una vez estudiados los argumentos expuestos por la Sala de Casaci\u00f3n accionada, no se identific\u00f3 el ejercicio de una actividad judicial arbitraria susceptible de ser remediada a trav\u00e9s de esta v\u00eda extraordinaria, como pasa a exponerse. <\/p>\n
4.1 En efecto, luego de rese\u00f1ar los antecedentes del caso, la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral procedi\u00f3 a estudiar los dos cargos formulados por Mariela Uma\u00f1a Toloza y se\u00f1al\u00f3 que, seg\u00fan lo concluido por el Tribunal Superior de Cali, la demandante no reuni\u00f3 las 750 semanas de cotizaci\u00f3n estipuladas en el Acto Legislativo 01 de 2005 para conservar el r\u00e9gimen de transici\u00f3n y tampoco cumpli\u00f3 con los requisitos pensionales consagrados en las normas generales. <\/p>\n
Respecto a lo alegado por la recurrente, indic\u00f3 que ella estimaba que el art\u00edculo 9 de la Ley 797 de 2003 y el mencionado Acto Legislativo, infring\u00edan los derechos fundamentales al trabajo, la dignidad humana, la equidad y la progresividad, raz\u00f3n por la cual el Tribunal Superior debi\u00f3 abstenerse de aplicarlas y adem\u00e1s, no tuvo en cuenta que la solicitud de la pensi\u00f3n de vejez fue formulada previamente a la entrada en vigor de la reforma. <\/p>\n
Al respecto, consider\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) De inicio, debe anotarse que la censura no ataca la inferencia del Tribunal seg\u00fan la cual, antes del 31 de julio de 2010, no reuni\u00f3 el n\u00famero de semanas previsto en el art\u00edculo 12 del Acuerdo 049 de 1990. Igualmente, se abstiene la recurrente de formular reparo en contra de las afirmaciones del fallador en el sentido que la actora solo cotiz\u00f3 1024,71 semanas, hasta el 31 de diciembre de 2011 y, por tanto, no se acreditaban las cotizaciones exigidas en el art\u00edculo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art\u00edculo 9 de la Ley 797 de 2003 y que en el lapso de 20 a\u00f1os comprendido entre el 26 de mayo de 1985 y el mismo mes y d\u00eda del 2005, s\u00f3lo acredit\u00f3 338 semanas. Estos asertos, constituyeron el fundamento de la decisi\u00f3n, por lo que aun en el caso de salir avante alguna de las acusaciones, la decisi\u00f3n permanecer\u00eda inc\u00f3lume (CJS SL351-2019). <\/p>\n
Ahora, en lo que tiene que ver con el decaimiento del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, tras la promulgaci\u00f3n del AL 01 de 2005, la Corte ha adoctrinado que dicha garant\u00eda contenida en el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, perdi\u00f3 su vigencia el 31 de julio de 2010, excepto para quienes al 29 de julio de 2005 acreditaran m\u00ednimo 750 semanas cotizadas o su equivalente en tiempo de servicios, toda vez que, de conformidad con lo dispuesto en dicha reforma constitucional, sus efectos se extendieron hasta el 31 de diciembre de 2014 (CSJ SL3538-2021). En el sub examine qued\u00f3 claro y no fue objeto de censura que antes de la vigencia de la reforma al art\u00edculo 48 superior, la peticionaria solo reuni\u00f3 711,86 semanas. <\/p>\n
Enseguida destac\u00f3 que la Resoluci\u00f3n BPB 4925 de 9 de abril de 2014, a partir de la cual el Tribunal Superior concluy\u00f3 que la demandante perdi\u00f3 el beneficio de la transici\u00f3n, al no demostrar 750 semanas cotizadas a 29 de julio de 2005, tampoco fue atacada. Asimismo, expuso, <\/p>\n
(\u2026) Por su parte, al tenor de la jurisprudencia, la p\u00e9rdida del derecho a pensionarse bajo los par\u00e1metros del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese mismo a\u00f1o, por ser titular del r\u00e9gimen de transici\u00f3n con ocasi\u00f3n de la expedici\u00f3n del AL 01 de 2005, no implic\u00f3 para la demandante el desconocimiento a ninguna prerrogativa adquirida, ya que solo puede hablarse de la misma, cuando se re\u00fanen los requisitos previstos en el r\u00e9gimen pensional anterior, lo que hace que se cause el derecho, y que en consecuencia, pase a formar parte del patrimonio del afiliado por haber cumplido sus exigencias, aun cuando no se hubiere reconocido (CSJ SL5157-2018). De acuerdo con los antecedentes, la accionante solo logr\u00f3 reunir 1000 semanas de cotizaci\u00f3n el 7 de julio de 2011 y, en el periodo de 20 a\u00f1os, previos al cumplimiento de los 55 a\u00f1os, aport\u00f3 338 semanas. <\/p>\n
As\u00ed mismo, la reforma constitucional solo produjo efectos hacia el futuro, valga decir, no afect\u00f3 situaciones consolidadas en su expedici\u00f3n; se insiste, en el caso de marras, no se estaba en presencia de un derecho adquirido, ya que la demandante, como qued\u00f3 acreditado en el proceso, no hab\u00eda satisfecho la totalidad de los requisitos establecidos por el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese mismo a\u00f1o, para la acusaci\u00f3n de la pensi\u00f3n de vejez pretendida, ni antes de su promulgaci\u00f3n, ni durante el periodo establecido por la modificaci\u00f3n constitucional para tal fin (CSJ SL2570-2019). <\/p>\n
En cuanto a lo alegado por la actora sobre la aplicaci\u00f3n del citado Acto Legislativo y la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas superiores, entre ellas el principio de progresividad, precis\u00f3 que la jurisprudencia de la Sala, en especial la sentencia SL541-2020 se\u00f1al\u00f3 que la expedici\u00f3n del Acto no aparej\u00f3 una vulneraci\u00f3n de los principios de progresividad y no regresividad o el quebrantamiento de los instrumentos internacionales \u00abpues la variaci\u00f3n constitucional no se dio de manera arbitraria e inconsulta, sino que tuvo en cuenta los derechos adquiridos y plane\u00f3 una f\u00f3rmula de extinci\u00f3n paulatina del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, teniendo en cuenta las expectativas leg\u00edtimas de ciertos afiliados, adem\u00e1s de que estuvo justificada en la necesidad de lograr la sostenibilidad financiera del sistema pensional, fruto de lo cual, contrario a lo dicho por la censura, debe prevalecer el inter\u00e9s general sobre el particular\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, determin\u00f3 que la interesada no acredit\u00f3 la consolidaci\u00f3n del derecho pensional con anterioridad a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, ni la densidad de semanas cotizadas exigidas por el par\u00e1grafo 4\u00ba transitorio de esa reglamentaci\u00f3n, para conservar el r\u00e9gimen de transici\u00f3n despu\u00e9s del 31 de julio de 2010. <\/p>\n
Frente a los cuestionamientos de orden f\u00e1ctico endilgados al Tribunal Superior de Cali, explic\u00f3, <\/p>\n
\u00abSea del caso destacar, que los reproches de orden f\u00e1ctico a los que alude la censura giran en torno a que antes de la vigencia del AL 01 de 2005, cumpli\u00f3 la edad, solicit\u00f3 la pensi\u00f3n y que a trav\u00e9s del acto administrativo GNR223119 del 1 de septiembre de 2013, se le inform\u00f3 que \u00abno son 1000 (\u2026) sino 1300 semanas y 57 a\u00f1os de edad\u00bb. <\/p>\n
En este orden, debe precisarse como lo ense\u00f1a la jurisprudencia de esta Sala (CSJ SL1694-2020), que es menester la concurrencia de \u00ablos requisitos de edad y tiempo de servicios o de cotizaciones conforme al r\u00e9gimen pensional anterior, caso contrario pierden los beneficios transitorios\u00bb, caso en el que entonces, el r\u00e9gimen pensional, ser\u00e1 el establecido en la Ley 100 de 1993 y dem\u00e1s disposiciones que la complementan o reforman\u00bb. <\/p>\n
Bajo esa l\u00ednea argumentativa, determin\u00f3 que no se evidenciaba ning\u00fan error en la decisi\u00f3n del Tribunal Superior, al considerar que la demandante hab\u00eda perdido el derecho pensional conforme al sistema anterior y, que por tanto, el mismo se reg\u00eda por lo dispuesto en el art\u00edculo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003. <\/p>\n
Por \u00faltimo, puntualiz\u00f3 que el hecho de que la prestaci\u00f3n hubiera sido reclamada antes del 29 de julio de 2005, no ten\u00eda relevancia como lo alegaba la recurrente en el segundo cargo, habida cuenta que lo que conformaba la prerrogativa, era el cumplimiento de la edad y el tiempo de servicio antes de esa fecha o antes del 31 de julio de 2010. En ese orden, consider\u00f3 que tampoco existi\u00f3 equivocaci\u00f3n por parte del Tribunal al descartar esa circunstancia. <\/p>\n
Con fundamento en esas premisas concluy\u00f3 la improsperidad de los cargos y dispuso no casar la sentencia proferida el 17 de julio de 2019 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali. <\/p>\n
5. De las anteriores consideraciones, estima la Sala que tal y como se anunci\u00f3, la sentencia constitucional impugnada habr\u00e1 de ser confirmada, como quiera que no se evidenci\u00f3 desafuero o arbitrariedad manifiesta que revele la violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el defecto sustantivo alegados por Mariela Uma\u00f1a Toloza y que impongan la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior teniendo en cuenta que, la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 3 fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en el razonable entendimiento de las normas aplicables al caso concreto, las pruebas aportadas y la jurisprudencia vigente de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente que rige la materia, encontrando que el Tribunal no incurri\u00f3 en los yerros endilgados, en tanto que la demandante no acredit\u00f3 la consolidaci\u00f3n del derecho prestacional antes de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, ni las semanas requeridas para conservar el r\u00e9gimen de transici\u00f3n despu\u00e9s del 31 de julio de 2010, por lo cual deb\u00eda regirse por las disposiciones del art\u00edculo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003. <\/p>\n
Igualmente, encontr\u00f3 que dicho Acto Legislativo no implic\u00f3 el desconocimiento de un derecho adquirido, ya que la recurrente no cumpli\u00f3 los requisitos previstos en el r\u00e9gimen pensional anterior, luego, solo logr\u00f3 reunir 1000 semanas cotizadas el 7 de julio de 2011 y, en los 20 a\u00f1os anteriores al cumplimiento de los 55 a\u00f1os, aport\u00f3 338 semanas. Adem\u00e1s, que, la reforma constitucional solo produjo efectos hacia el futuro y no afect\u00f3 situaciones consolidadas en su expedici\u00f3n. <\/p>\n
6. As\u00ed las cosas, las divergencias exteriorizadas por la se\u00f1ora Uma\u00f1a Toloza a trav\u00e9s del presente medio residual y subsidiario, frente a lo decidido en la sentencia objeto de su inconformidad no resultan suficientes para que acuda al juez constitucional, con el fin de discutir los fundamentos de las autoridades judiciales en el \u00e1mbito de sus competencias o para reabrir un debate ya definido por el juzgador correspondiente. (CSJ. STC 15 feb. 2011, exp. 01404, reiterada en la STC 1212-2022). <\/p>\n
Ahora bien, frente a lo pretendido por la accionante para que en sede de tutela se haga un estudio de fondo del asunto, se verifique la posibilidad de aplicar la excepci\u00f3n de inconstitucionalidad y, se analice el principio de progresividad y no regresividad de los derechos, se se\u00f1ala que, tal y como se expuso, dichos reparos fueron debatidos por la Sala de Casaci\u00f3n accionada, en autonom\u00eda de sus funciones como juez ordinario, escenario que no puede ser invadido por el fallador constitucional. Adem\u00e1s, se reitera que el objetivo de la acci\u00f3n de tutela no es servir de tercera instancia. <\/p>\n
7. Por \u00faltimo, se destaca que esta Sala en pronunciamientos recientes se ha referido al respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo. Postura que se ha venido acogiendo con m\u00e1s firmeza a partir de los precedentes STC13814-2021, STC13815-2021, STC13816-2021, STC2310-2022 y, STC3514-2022 entre otros. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Actuaci\u00f3n remitida a esta Sala mediante oficio n\u00ba 1718 de 17 de febrero de 2023 y asignada con acta de reparto de 20 de febrero de 2023. <\/p>\n
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STC2118-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada Ponente STC2118-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-01399-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-71688","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71688","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71688"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71688\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71688"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71688"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71688"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}