STC2121-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC2121-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 68001-22-13-000-2023-00052-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., nueve (09) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Resuelve la Sala la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 20 de febrero de 2023 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en la tutela que Ofelia Guiza Saavedra instaur\u00f3 contra los Juzgados Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito y Tercero de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal, ambos de esa misma ciudad, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2007-00171. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista, a trav\u00e9s de apoderado, exigi\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso\u00bb, \u00abvivienda\u00bb, \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb e \u00abigualdad\u00bb, para que se ordenara dejar sin efecto el prove\u00eddo emitido el 21 de noviembre de 2022 \u00ab(\u2026) y las actuaciones que de este dependan\u00bb. <\/p>\n
En apoyo, sostuvo que el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga, en virtud del art\u00edculo 42 de la Ley 546 de 1999, decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del ejecutivo hipotecario que Granahorrar \u2013 hoy Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA inco\u00f3 en su contra para el cobro del pagar\u00e9 \u201cn\u00b0 7483\u201d por la suma de $12\u2019600.000 \u201crepresentados en 2.179 UPAC\u201d, garantizado con hipoteca abierta sin l\u00edmite de cuant\u00eda sobre el apartamento 407, ubicado en la \u201ccalle 41#33-13\u201d – conjunto multifamiliar \u201cLa Mirage\u201d, identificado con M.I. 300-211614 -escritura p\u00fablica n\u00b0 2124 del 2 de junio de 1994- (18 abr. 2006) -rad. 1999-1142-. <\/p>\n
Posteriormente, Central de Inversiones S.A., cesionaria de dicho cr\u00e9dito, adelant\u00f3 de nuevo el compulsivo sin \u201cconformar en debida forma el t\u00edtulo\u201d, es decir, sin aportar los respectivos documentos que demostraban la \u201creestructuraci\u00f3n (\u2026) no se aplic\u00f3 lo dispuesto por la norma\u00bb -rad. 2007-00171-. <\/p>\n
El Juzgado Catorce Civil Municipal de esa urbe, a quien correspondi\u00f3 el litigio, libr\u00f3 mandamiento de pago \u201csin verificar la exigibilidad de la obligaci\u00f3n de cara [al] art\u00edculo 42 de la Ley 546 de 1991\u201d (22 mar. 2007) y, despu\u00e9s, declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n que formul\u00f3 (15 feb. 2012), empero, el Tercero Civil del Circuito revoc\u00f3 esa decisi\u00f3n y, en su lugar, dispuso seguir adelante con el cobro \u201comitiendo una vez m\u00e1s (\u2026) que la obligaci\u00f3n cobrada no era, ni es exigible\u201d (31 may.). <\/p>\n
Manifest\u00f3 que el Juzgado Tercero Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias adjudic\u00f3 la heredad a Nelfor Samuel Casteblanco Rodr\u00edguez, actual cesionario del cr\u00e9dito (22 jul. 2016). <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que propuso incidente de nulidad constitucional para que se invalidara la actuaci\u00f3n a partir del 22 de marzo de 2007, \u201cpor haberse librado mandamiento de pago con fundamento en un t\u00edtulo base de recaudo que no cumple con las condiciones y\/o requisitos formales, que no presta m\u00e9rito ejecutivo [por] falta la reestructuraci\u00f3n prevista por la Ley 546 de 1999 (\u2026) documento necesario para la gestaci\u00f3n y\/o conformaci\u00f3n\u201d, el cual desestim\u00f3 el estrado municipal convocado (14 jun. 2022), postura que mantuvo inc\u00f3lume (8 ag.) y el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito confirm\u00f3 (21 nov.). <\/p>\n
Disinti\u00f3 de la anterior determinaci\u00f3n, comoquiera que all\u00ed se concluy\u00f3 que no era posible acceder a lo reclamado, \u201cpues brilla[ba] por su ausencia la falta de capacidad de pago [de ella] que le permit[iera] hacer frente a (…) la obligaci\u00f3n refinanciada (\u2026) [ya que] para el momento en que se adelant\u00f3 la almoneda del bien objeto de garant\u00eda real, (\u2026) reca\u00eda dos embargos de remanente de los bienes que se llegaren a desembargar a OFELIA GUIZA SAAVEDRA, as\u00ed: (i) Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bucaramanga dentro del proceso ejecutivo laboral identificado con la radicaci\u00f3n No. 2002-00325-01; (ii) Juzgado Octavo Civil Municipal de Bucaramanga dentro del proceso ejecutivo singular identificado con la radicaci\u00f3n No. 68001400300820160005600.\u201d; empero, contrario a esa apreciaci\u00f3n, \u201csu patrimonio [es] de aproximadamente $6.508\u2019785.714 [con el que puede] no solamente cumplir el pacto de reestructuraci\u00f3n, sino holgadamente pagar el total de la deuda (\u2026) [est\u00e1] acreditado la existencia de m\u00ednimo tres bienes (\u2026) de [su] propiedad\u201d. <\/p>\n
Las acus\u00f3 de incurrir en \u201cdefecto f\u00e1ctico, sustantivo, desconocimiento de la jurisprudencia, violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u201d. <\/p>\n
2.- El Juzgado Tercero Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bucaramanga asever\u00f3 que las \u201cprovidencias que se reprochan contiene un criterio interpretativo coherente a la luz del derecho que no merece[n] ning\u00fan reparo o pronunciamiento distinto por parte del juez de tutela que no puede convertir en una tercera instancia\u201d. <\/p>\n
El Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bucaramanga defendi\u00f3 la legalidad de su proceder y se opuso al resguardo. <\/p>\n
LA SENTENCIA Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El Tribunal Superior de Bucaramanga neg\u00f3 el auxilio, tras colegir que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) a voces del art\u00edculo 20 de la Ley 546 de 1999, el tr\u00e1mite de reestructuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n hipotecaria de vivienda se estableci\u00f3 como una forma de ayudar a los deudores para que soliciten ajustes al plan de amortizaci\u00f3n pactado \u2013 como por ejemplo, ampliando el plazo estipulado o atendiendo sus condiciones particulares de capacidad de pago-. <\/p>\n
En ese orden de ideas, ning\u00fan sentido encuentra esta Corporaci\u00f3n que la quejosa, quien presume un patrimonio superior a los seis mil quinientos millones de pesos, pretenda retrotraer un proceso en el que se ha desgastado la administraci\u00f3n de justicia por m\u00e1s de quince a\u00f1os, para que se reestructure la obligaci\u00f3n, es decir, para que le propongan f\u00f3rmulas de arreglo o mecanismos de pago ajustados a su capacidad de pago, prop\u00f3sito \u00faltimo del tr\u00e1mite de reestructuraci\u00f3n que depreca, pues ella misma pone de presente el gran patrimonio que tiene, lo que le permite asumir la deuda tal y como est\u00e1, haciendo innecesaria o inane esa operaci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, reli\u00e9vese que la jurisprudencia constitucional ha ense\u00f1ado que para acceder a la solicitud de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional de tutela, deben concurrir, inequ\u00edvocamente, tres requisitos: (i) que la tutela haya sido interpuesta oportunamente, es decir, antes del registro del auto aprobatorio del remate o de adjudicaci\u00f3n del inmueble hipotecado o, a\u00fan, con posterioridad, si el bien fue adjudicado a la parte ejecutante; (ii) que se haya actuado con una m\u00ednima diligencia dentro del asunto censurado, ejerci\u00e9ndose los mecanismos de defensa procedentes; y (iii) que se afecte el derecho a la vivienda digna, conforme a lo previsto en la Ley 546 de 1999. <\/p>\n
Desde tal perspectiva, en relaci\u00f3n con el primero de los requisitos rese\u00f1ados, si bien es cierto que al haberse adjudicado el inmueble rematado al cesionario del cr\u00e9dito la acci\u00f3n de amparo puede proponerse, pareciera, en cualquier tiempo, se avizora que la petente no ha actuado con un m\u00ednimo de diligencia, pues esper\u00f3 m\u00e1s de seis a\u00f1os desde la celebraci\u00f3n de la almoneda y m\u00e1s de quince desde que se present\u00f3 la demanda ejecutiva fustigada, para alegar la falta de reestructuraci\u00f3n, sin que hubiere justificado el lapso trascurrido, de tal manera no se configura el segundo de los se\u00f1alados presupuestos, pues la promotora, abogada en ejercicio y conocedora del derecho, pese a estar debidamente enterada del proceso y haber, incluso, propuesto una nulidad anterior, fundada en la falta de notificaci\u00f3n, nunca aleg\u00f3 el requisito que trae a nueva cuenta, ni present\u00f3 petici\u00f3n alguna dirigida a tal prop\u00f3sito. <\/p>\n
Aun obviando lo anterior, tampoco encuentra el Tribunal que se configure el \u00faltimo de los requisitos establecidos, pues ciertamente no puede alegar la promotora que su causa pretende proteger su derecho a la vivienda digna, cuando no s\u00f3lo posee otros inmuebles distintos a aquel que fue objeto de garant\u00eda del cr\u00e9dito hipotecario, sino que el mismo fue rematado hace m\u00e1s de seis a\u00f1os, lo que implica, necesariamente, que tal apartamento hace mucho tiempo no es habitado por ella y su familia, de manera que no existe peligro de vulneraci\u00f3n de ese derecho, lo que por esta arista impide la procedencia del amparo rogado. <\/p>\n
Finalmente, no puede olvidarse que el acreedor hipotecario, a quien le fue adjudicado el remate a trav\u00e9s de auto de 22 de julio de 2016, muy posiblemente ya consolid\u00f3 su derecho sobre el bien por la v\u00eda de la prescripci\u00f3n adquisitiva ordinaria, o, en el caso de que lo haya vendido, se afectar\u00edan los derechos de un tercero y de paso el principio de seguridad jur\u00eddica\u00bb. <\/p>\n
2.- Ese desenlace fue rebatido por la precursora con argumentos an\u00e1logos a los de la demanda primigenia. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1.- De la evidencia allegada al cartapacio, muy pronto se anuncia el fracaso de la salvaguarda y la consiguiente convalidaci\u00f3n de la providencia impugnada. <\/p>\n
2.- Mem\u00f3rese que, en relaci\u00f3n con la reestructuraci\u00f3n de obligaciones hipotecarias prevista en la Ley 546 de 1999, trat\u00e1ndose de juicios ejecutivos en los que persiguen cr\u00e9ditos otorgados para la adquisici\u00f3n de vivienda antes del 31 de diciembre de 1999, la Sala ha asentado que, para acceder al amparo, es necesaria la concurrencia de los siguientes requisitos: (i) Que la acci\u00f3n haya sido interpuesta oportunamente, esto es, antes del registro del auto aprobatorio del remate o de adjudicaci\u00f3n del inmueble hipotecado o, a\u00fan, con posterioridad, si el bien fue entregado a la parte ejecutante; (ii) Que se haya actuado con una m\u00ednima diligencia dentro del asunto, ejerci\u00e9ndose los mecanismos de defensa procedentes; y (iii) Que directa o indirectamente se afecte el \u00abderecho a la vivienda digna\u00bb, gobernado por la Ley 546 de 1999. <\/p>\n
(\u2026) Los jueces que est\u00e9n conociendo de acciones de tutela relativas a la terminaci\u00f3n de procesos ejecutivos que se refieran a cr\u00e9ditos de viviendas iniciados con anterioridad al 31 de diciembre de 1999, deber\u00e1n seguir, entre otros, el precedente sentado en la presente sentencia de unificaci\u00f3n. Por lo tanto, a) deber\u00e1n conceder la acci\u00f3n de tutela cuando i) \u00e9sta haya sido interpuesta de manera oportuna antes de que se haya registrado el auto aprobatorio del remate o de adjudicaci\u00f3n del inmueble y ii) cuando el demandante en dicho proceso ejecutivo haya actuado con una diligencia m\u00ednima dentro del mismo (\u2026). Reiterado en CC T- 881\/13). <\/p>\n
3.- Con fundamento en lo discurrido y examinado el material suasorio que reposa en el dossier, se extrae que el primer presupuesto se halla satisfecho, en la medida que el apartamento 407, ubicado en la \u201ccalle 41#33-13\u201d – conjunto multifamiliar \u201cLa Mirage\u201d, identificado con M.I. 300-211614, se le \u201cadjudic\u00f3\u201d a Nelfor Samuel Casteblanco Rodr\u00edguez, actual cesionario del cr\u00e9dito en el ejecutivo criticado (22 jul. 2016), lo que quiere decir que la gestora acudi\u00f3 oportunamente a esta v\u00eda excepcional, en tanto que, al ser el demandante quien detenta el \u00abderecho de dominio\u00bb, pod\u00eda hacerlo despu\u00e9s de la \u201cadjudicaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
En torno a la segunda exigencia, se verific\u00f3 que la quejosa puso en conocimiento de los jueces naturales la problem\u00e1tica aqu\u00ed expuesta, actuaci\u00f3n que es suficiente para su \u00e9xito, toda vez que no se necesita, como equivocadamente lo entendi\u00f3 el ad quem, que la defensa del afectado se realice en los tiempos reglados por el estatuto procesal civil y\/o tempestivamente, ya que, basta con tener \u201ccierta diligencia\u201d que \u00abconsiste en haber solicitado la terminaci\u00f3n del proceso ejecutivo o la nulidad del mismo por haber continuado ileg\u00edtimamente (\u2026) en cualquiera de las oportunidades de defensa al alcance del ejecutado o de manera espec\u00edfica en cualquiera de las etapas del proceso ejecutivo\u00bb. <\/p>\n
Empero, no corre la misma suerte el \u00faltimo requerimiento, relativo a la \u00abafectaci\u00f3n del derecho a la vivienda digna\u00bb, porque escudri\u00f1ado el paginario se constat\u00f3 que desde hace aproximadamente 5 a\u00f1os la petente no reside en el predio, teniendo en cuenta que el 15 de septiembre de 2017 el Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal de Bucaramanga practic\u00f3 la diligencia de entrega (fls. 888 y 889, cuaderno principal), inclusive, valga resaltar que, seg\u00fan la constancia de dicho estrado, el inmueble estaba desocupado con antelaci\u00f3n; circunstancia que descarta la existencia del riesgo de que \u00e9sta sea privada de la tenencia del lugar donde desarrolla su proyecto de vida y, por tanto, que su atributo supralegal se vea transgredido. <\/p>\n
Lo anterior, comoquiera que, seg\u00fan la l\u00ednea trazada por esta Magistratura en asuntos an\u00e1logos, si ese derecho no resulta lesionado, a causa de la falta de la \u201creestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito\u201d, la intromisi\u00f3n constitucional es innecesaria, por ende, deviene inf\u00e9rtil. <\/p>\n
De manera que, aun cuando asiste raz\u00f3n a Guiza Saavedra en que los despachos confutados se equivocaron al no finalizar el proceso coercitivo, respaldados \u00fanicamente en la existencia de otros dos compulsivos donde se decret\u00f3 el embargo de remanentes, dado que esa situaci\u00f3n, per se, no constituye un elemento que lleve impl\u00edcita la incapacidad de pago (STC5248-2021), en este caso, esa tesis resulta intrascendente, por cuanto, it\u00e9rese, la \u00abfalta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito\u00bb suplicada no hiere su \u00abderecho a la vivienda digna\u00bb. <\/p>\n
Frente a lo expuesto, esta Sala, en un asunto similar, sostuvo: <\/p>\n
[N] o se advierte reunido el tercer presupuesto reclamado por esta Corporaci\u00f3n como necesario para acceder a la salvaguarda incoada, relativo a que \u00ab(iii) que directa o indirectamente se afecte el derecho a la vivienda digna\u00bb, por cuanto obran en el expediente varias probanzas que descartan la vulneraci\u00f3n alegada, como pasa a enunciarse. <\/p>\n
As\u00ed, seg\u00fan la propia afirmaci\u00f3n del accionante, se avizora que \u00e9ste no reside en el inmueble objeto del gravamen hipotecario, pues, desde el a\u00f1o 2003, se encuentra domiciliado en el municipio de La Vega \u2013 Cundinamarca- . <\/p>\n
Dicha situaci\u00f3n tambi\u00e9n fue reportada por el actor al formular la tutela de radicado 2019-00907, con la que pretendi\u00f3 dejar sin efectos el prove\u00eddo de 6 de noviembre de 2018, mediante el cual el Tribunal revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo que hab\u00eda accedido a la nulidad del proceso por indebida notificaci\u00f3n de la orden de apremio y que fue resuelta por esta Sala mediante STC4410-2019. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, tampoco puede pasarse por alto la referencia de los procesos de pertenencia promovidos en contra del aqu\u00ed actor por los poseedores que, en la actualidad, habitan el predio materia de controversia; pues, si bien se trata de asuntos ajenos a este examen constitucional, s\u00ed ponen de presente que, tal como el propio tutelante lo afirm\u00f3, \u00e9ste no detenta el goce material del inmueble en disputa. <\/p>\n
Ahora, al margen del criterio de la Sala en lo atinente a la acreditaci\u00f3n de la capacidad de pago del deudor como exigencia para acceder al procedimiento de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito e independientemente de que la postura del Tribunal acusado sea o no compartida por esta Corporaci\u00f3n, lo cierto es que Luis Hernando Ortiz Huertas ha reconocido no tener su vivienda en el inmueble en controversia desde hace m\u00e1s de 15 a\u00f1os, incluso cuatro a\u00f1os antes de la iniciaci\u00f3n del juicio ejecutivo que ahora censura, por tanto, no le es dable alegar la vulneraci\u00f3n a su derecho de vivienda respecto del bien objeto de litigio, lo cual impone negar el amparo pretendido. (subraya fuera de texto) (CSJ, STC17513-2021, replicada en STC3070-2022). <\/p>\n
4.- Corolario de lo expuesto, se impone la refrendaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n opugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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