STC2123-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC2123-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-00839-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por ADA S.A.S. contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los actualmente intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb y \u00abtutela judicial efectiva\u00bb, presuntamente vulnerados por la sede judicial acusada al revocar la negativa del Juzgado a-quo respecto a librar mandamiento de pago frente a la cl\u00e1usula penal exigida en el juicio ejecutivo fustigado. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abse deje sin efecto la decisi\u00f3n\u2026 del 02 de febrero de 2023[,] a trav\u00e9s de la cual [el Tribunal recriminado]\u2026 resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por\u2026 JCA Soluciones Inmobiliarias S.A.S. en contra del mandamiento de pago librado el 16 de septiembre de 2022\u00bb. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso: <\/p>\n
2.1. JCA Soluciones Inmobiliarias S.A.S. promovi\u00f3 juicio ejecutivo contra ITBP S.A.S. y la accionante, con apoyo en un contrato de arrendamiento en el que actualmente la segunda figura como arrendataria y la \u00faltima como su deudora solidaria. <\/p>\n
2.2. El 16 de septiembre de 2022 el Juzgado Veintiuno Civil del Circuito de Medell\u00edn libr\u00f3 mandamiento de pago por los c\u00e1nones aducidos como adeudados y lo neg\u00f3 por la cl\u00e1usula penal pretendida, al advertir que, \u00abpor tratarse de una sanci\u00f3n ante un incumplimiento contractual, su exigibilidad surge como consecuencia necesaria de la declaratoria de dicho incumplimiento; luego, debe debatirse en un escenario procesal diferente, es decir, un proceso declarativo\u00bb; determinaci\u00f3n que, sin aun estar integrado el contradictorio, la ejecutante recurri\u00f3 en reposici\u00f3n y, en subsidio apelaci\u00f3n, ante lo cual, el 10 de octubre siguiente, ese estrado mantuvo su veredicto inicial, el que, el 2 de febrero \u00faltimo, revoc\u00f3 la Colegiatura acusada para que, en su lugar, el a-quo procediera \u00aba examinar nuevamente el asunto y decidir sobre el mandamiento de pago reclamado\u00bb, al \u00abconcluir que la cl\u00e1usula penal pactada se ajusta a lo previsto en el art\u00edculo 1594 del C\u00f3digo Civil y por eso es susceptible de ser exigida mediante proceso ejecutivo. Incluso, en caso de reparar en la constituci\u00f3n en mora, debe tenerse en cuenta que el art\u00edculo 94 del CGP establece que la notificaci\u00f3n del auto de mandamiento ejecutivo produce el efecto de requerimiento judicial con tal prop\u00f3sito, de tal forma que no se aprecia reparo alguno frente a lo pretendido por este concepto\u00bb. <\/p>\n
2.3. Ante ello, el pasado 15 de febrero el Juzgado modific\u00f3 la orden de apremio inicial para tambi\u00e9n librar mandamiento de pago por la referida cl\u00e1usula penal, decisi\u00f3n que dispuso notificar a los ejecutados, as\u00ed: i) por estado, a la ac\u00e1 accionante, ya vinculada; y ii) conforme al \u00abart\u00edculo 8\u00ba de la Ley 2213 de 2022[,] en conjunto con la providencia que se modifica\u00bb, a ITBP S.A.S., a\u00fan no enterada del juicio. <\/p>\n
2.4. En la demanda de tutela del ep\u00edgrafe, propuesta el 24 de febrero \u00faltimo, en concreto, la actora critic\u00f3 que el Tribunal recriminado incurri\u00f3 en defectos f\u00e1ctico y de desconocimiento del precedente horizontal al establecer la viabilidad de la orden de apremio respecto de la cl\u00e1usula penal, siendo evidente que para su exigibilidad se requiere previo agotamiento de juicio declarativo en que se establezca el incumplimiento contractual. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la solicitud de protecci\u00f3n, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el canon 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
1. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn indic\u00f3 que el prove\u00eddo fustigado \u00abcontiene las razones de hecho y de derecho que las sustentan (sic)\u00bb, y solicit\u00f3 que \u00abla decisi\u00f3n del caso se fundamente con exclusividad en los requisitos generales y en las causales especiales de procedibilidad [de la acci\u00f3n de tutela]\u00bb. <\/p>\n
2. El abogado Sim\u00f3n Ospina S\u00e1nchez, quien dijo actuar \u00aben calidad de apoderado especial de la sociedad JCA Soluciones Inmobiliarias S.A.S., de conformidad con la sustituci\u00f3n al poder que se allega\u00bb, se pronunci\u00f3 frente a la solicitud de protecci\u00f3n sin contar como mandato especial alguno que lo habilite para representar a aquella sociedad en este tr\u00e1mite supralegal, por lo cual su manifestaci\u00f3n no se tiene en cuenta, destacando que aunque arrim\u00f3 un memorial en el cual la profesional del derecho Lorena Sanint Escobar dijo sustituir en \u00e9l el poder que a ella se confiri\u00f3, lo cierto es que tampoco acredit\u00f3 tenerlo para intervenir en este escenario excepcional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el presente asunto, la accionante enfil\u00f3 sus reproches contra el juicio ejecutivo promovido en su contra y de ITBP S.A.S., criticando, espec\u00edficamente, el prove\u00eddo mediante el cual el Tribunal convocado, al resolver la apelaci\u00f3n propuesta por la ejecutante, sin a\u00fan haberse trabado la litis, el pasado 2 de febrero revoc\u00f3 la negativa del a-quo respecto a librar la orden de apremio por la cl\u00e1usula penal exigida y le orden\u00f3 volverse a pronunciar al respecto. <\/p>\n
2.1. As\u00ed las cosas, observa la Corte que, muy a pesar de las alegaciones de la quejosa, el amparo reclamado deviene improcedente, en la medida en que tal asunto est\u00e1 en curso, por lo que es all\u00ed que debe agotar la discusi\u00f3n precipitadamente planteada en sede constitucional, n\u00f3tese que la decisi\u00f3n atacada es producto de los recursos propuestos por la ejecutante frente a la negativa de librar la orden de apremio respecto a la cl\u00e1usula penal, sin haberse trabado la litis, por lo que ese aspecto no ha sido controvertido por las ejecutadas ante el juzgador natural, sumado a que la otra deudora ni siquiera ha sido enterada del mandamiento de pago y esta acci\u00f3n de tutela se inco\u00f3 el 24 de febrero \u00faltimo, cuando la censora a\u00fan contaba con cuatro (4) d\u00edas para formular excepciones de m\u00e9rito; de donde deviene presurosa su interposici\u00f3n, en tanto que el asunto no ha sido definido de fondo por el juez ordinario y mucho menos, para ese momento, hab\u00eda cobrado firmeza la adici\u00f3n realizada a la orden ejecutiva, dispuesta por el a-quo hasta el 15 de febrero anterior; de donde, se itera, el fallador com\u00fan no ha tenido la oportunidad de pronunciarse frente a los eventuales reparos de las obligadas en cuanto al particular, por lo que esta salvaguarda inobserva el car\u00e1cter subsidiario y residual que la gobierna. <\/p>\n
2.2. Adem\u00e1s, el ruego tutelar tampoco procede como mecanismo transitorio para evitar un da\u00f1o irremediable, porque sin siquiera contar con sentencia de primer grado el asunto fustigado, inexistente resulta un perjuicio que pueda catalogarse como de tal naturaleza. <\/p>\n
Al respecto, ha dicho la Sala: <\/p>\n
\u2026resulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa (negrillas fuera del texto, sentencia de 18 de marzo de 2011, exp. No. 00171-00, reiterada en fallo de 25 de abril de 2012, exp. No.1100102030002012-00728-00) (CSJ STC, 1\u00b0 nov. 2012, rad. 2012-00210-01). <\/p>\n
2.3. Por ese sendero, en un asunto con alguna simetr\u00eda, que, mutatis mutandis, se muestra aplicable al de ahora, para denegar la protecci\u00f3n constitucional entonces rogada, esta Corporaci\u00f3n dej\u00f3 dicho: <\/p>\n
\u2026En el caso que se somete a examen, la acci\u00f3n constitucional se revela improcedente, por cuanto la tutelante pretende controvertir un asunto que a\u00fan no ha sido materia de decisi\u00f3n definitiva al interior del tr\u00e1mite que cuestiona. <\/p>\n
En efecto, del an\u00e1lisis de las pruebas allegadas al presente tr\u00e1mite se extrae que si bien, la colegiatura accionada, revoc\u00f3 el auto que neg\u00f3 el mandamiento de pago peticionado\u2026 contra la aqu\u00ed accionante, para en su lugar, ordenarle al a quo que \u00abproceda a realizar un nuevo estudio formal del libelo genitor y de sus anexos\u2026\u00bb, lo que finalmente desat\u00f3 en que se librara orden de apremio el 1\u00b0 de agosto de 2017; lo cierto es que la reclamante interpuso recurso de reposici\u00f3n contra el mandamiento ejecutivo, formul\u00f3 excepciones previas y contest\u00f3 la demanda, sin que a la fecha de interposici\u00f3n de la acci\u00f3n constitucional se acreditara pronunciamiento alguno por parte del juzgado de conocimiento, al respecto. <\/p>\n
De otro lado, se tiene que la quejosa pide por esta v\u00eda, que \u00abse declare la nulidad y la terminaci\u00f3n del proceso\u2026\u00bb; sin embargo, no se avizora que haya formulado al juez de la causa los reparos que por esta v\u00eda ventila y las pretensiones que aqu\u00ed eleva, para que sea dentro del cauce ejecutivo, donde se resuelvan en primera medida sus pedimentos. <\/p>\n
3. Quiere ello decir, que la peticionaria se apresura a solicitar que sea el Juez de tutela quien defina si las actuaciones mencionadas se ajustaron o no a la ley, m[a]s no es esa la finalidad de la acci\u00f3n de amparo. <\/p>\n
En efecto, a trav\u00e9s de la queja constitucional no puede desconocerse que la actuaci\u00f3n controvertida se encuentra en curso, como para sustraer la competencia que el ordenamiento otorg\u00f3 a los jueces naturales para emitir la decisi\u00f3n reclamada. <\/p>\n
En punto de lo anterior, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el amparo constitucional solicitado se torna improcedente, en virtud de que,\u2026 en trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa\u2026. Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente \u2026para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley.\u00bb (CSJ STC 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citado en STC 11. Jul. 2013, rad, 000183-01). <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar o sustituir los procedimientos legales (CSJ STC20958-2017, 11 dic., rad. 2017-03295-00). <\/p>\n
3. Basta lo dicho para despachar adversamente la salvaguarda implorada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, declara improcedente el ruego constitucional del ep\u00edgrafe. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados a trav\u00e9s del medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este veredicto, en oportunidad, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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