STC2130-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC2130-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2023-00101-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del ocho de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 31 de enero de 2023, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Adolfo Jim\u00e9nez Castro contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esta ciudad, tr\u00e1mite al que fueron citadas la Sala Civil del mismo Tribunal, y las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo de radicado 2015-00075. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que, tiene la calidad de demandado y deudor solidario de una letra de cambio junto con Eduardo Montero Rinc\u00f3n, la cual se cobra en el proceso ejecutivo que adelanta el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Explic\u00f3 que, el se\u00f1or Montero Rinc\u00f3n inici\u00f3 tr\u00e1mite de insolvencia ante el Centro de Conciliaci\u00f3n ASEMGAS, en el que se est\u00e1 cobrando el total de la obligaci\u00f3n, raz\u00f3n por la que el Juzgado accionado suspendi\u00f3 la ejecuci\u00f3n, y luego la continu\u00f3 en su contra, dando lugar a que se cobre dos veces la misma prestaci\u00f3n, porque esa obligaci\u00f3n es indivisible y solidaria, y por tanto, no es posible que se contin\u00fae con el cobro ejecutivo, cuando se est\u00e1 negociando en su totalidad en el tr\u00e1mite de insolvencia. <\/p>\n
Sostuvo que por lo anterior formul\u00f3 nulidad por haberse continuado un proceso suspendido, que negada por el Juzgado de conocimiento la confirm\u00f3 el Tribunal Superior de Bogot\u00e1. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 declarar i) \u00absin valor y efecto las actuaciones surtidas posteriormente al auto de fecha 10 de agosto de 2021, mediante el cual se hab\u00eda suspendido el proceso\u00bb, y ii) \u00absin valor ni efecto la diligencia de remate efectuada 9 de junio de 2022, por errores procedimentales y violaci\u00f3n de garant\u00edas de contradicci\u00f3n y defensa\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, refiri\u00f3 que lo alegado ya fue objeto de decisi\u00f3n en el curso de la instancia, y que la suspensi\u00f3n del proceso frente a un demandado diferente no puede hacerse extensiva al accionante. <\/p>\n
2. Esta Corporaci\u00f3n en auto de 19 de enero de 2023, concluy\u00f3 que la competencia para el conocimiento de este asunto en primera instancia era de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, en tanto que la queja del accionante consisti\u00f3 en que, \u00abEl juez accionado, no pod\u00eda continuar con un tr\u00e1mite procesal, cuando en el tr\u00e1mite de insolvencia en la cual se relaciona una deuda que es solidaria, m\u00e1s a\u00fan, cuando continuar aun as\u00ed con el tr\u00e1mite del cobro de dicha obligaci\u00f3n, ser\u00eda como convertir esta obligaci\u00f3n en divisible, pues est\u00e1 intentando proseguir un cobro de una deuda que est\u00e1 siendo renegociada, por tanto, esto resulta contrario a lo que busca el tr\u00e1mite de insolvencia\u00bb (005 auto, radicado 11001-02-03-000-2023-00113-00). <\/p>\n
Por lo anterior, y a manera de conclusi\u00f3n se dijo que, \u00abcomo las r\u00e9plicas del gestor se dirigen contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, (\u2026) el conocimiento de la causa le corresponder\u00e1 a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la referida ciudad, por ser el superior jer\u00e1rquico del estrado judicial atacado\u00bb (005 auto, radicado 11001-02-03-000-2023-00113-00). <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Bogot\u00e1, neg\u00f3 el amparo invocado porque respecto de las decisiones de 10 de agosto, 14 de septiembre y 21 de octubre de 2021 no se cumple el requisito de la inmediatez, puesto que la acci\u00f3n de tutela se present\u00f3 m\u00e1s de un a\u00f1o despu\u00e9s. <\/p>\n
Adujo en relaci\u00f3n con la nulidad que fue negada en providencia de 3 de junio de 2022, no proced\u00eda efectuar un estudio de fondo, por cuanto fue objeto de apelaci\u00f3n resuelta por ese Tribunal Superior, sin que se hubiese indicado de manera concreta y precisa, cu\u00e1les fueron los defectos de los de la misma, raz\u00f3n por la que la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, remiti\u00f3 la actuaci\u00f3n, y argument\u00f3 que ninguna cr\u00edtica ni vulneraci\u00f3n se le censura a la misma. <\/p>\n
Sostuvo igualmente que este tr\u00e1mite no es el escenario para determinar si la suspensi\u00f3n del proceso tambi\u00e9n aplica al accionante por tratarse de una obligaci\u00f3n solidaria e indivisible, situaci\u00f3n que fue resuelta por el juez natural, en autos de 14 de septiembre y 21 de octubre de 2021, as\u00ed como en providencia de 11 de agosto 2022, adem\u00e1s, la obligaci\u00f3n de pagar sumas de dinero no es indivisible, y sin que pueda acudirse en esta sede como si fuera una tercera instancia. <\/p>\n
Concluy\u00f3 que, con respecto a dejar sin efecto la diligencia de remate del 50% del inmueble de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 157-52336 efectuada el 25 de marzo de 2022, y aprobada el 11 de agosto de 2022, no se indic\u00f3 cu\u00e1les fueron los errores procedimentales, y violaci\u00f3n de garant\u00edas, en las que el accionado incurri\u00f3. <\/p>\n
La formul\u00f3 la accionante con fundamento en que el incidente de nulidad por haberse continuado un proceso suspendido solo fue resuelto en diciembre de 2022, y era necesario acudir a este, previo a presentar la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, lo que reclama por esta v\u00eda es que debe suspenderse el proceso porque en el tr\u00e1mite de insolvencia de persona natural, el otro acreedor est\u00e1 conciliando la obligaci\u00f3n en su totalidad, y, por tanto, se est\u00e1 cobrando la obligaci\u00f3n dos veces. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales, salvo que el funcionario respectivo hubiese adoptado una decisi\u00f3n por completo desviada del sendero dise\u00f1ado por el Legislador, sin ninguna objetividad y edificada en sus particulares interpretaciones, a tal extremo que se configure un proceder que pudiese encuadrar en una v\u00eda de hecho, situaci\u00f3n frente a la que se abre paso este mecanismo excepcional para restablecer las garant\u00edas esenciales vulneradas, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos establecidos por la jurisprudencia, en especial, haber agotado, ante el juez natural, los recursos ordinarios existentes en la ley, para remediar la situaci\u00f3n de que se trate, debido el car\u00e1cter subsidiario y residual de este amparo (CSJ. STC1526-2022, STC6747-2022, STC7925-2022 y STC10431-2022, entre muchas). <\/p>\n
2. Inicialmente debe se\u00f1alarse, que revisada la actuaci\u00f3n se encuentra que, para el 19 de enero de 2023 cuando esta Sala concluy\u00f3 que la competencia para el conocimiento del asunto en primera instancia correspond\u00eda al Tribunal Superior de Bogot\u00e1, a\u00fan no se hab\u00eda remitido al a quo el expediente de segunda instancia contentivo del auto de 16 de diciembre de 2022, mediante el cual la Sala Civil de ese Tribunal Superior, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de primera instancia de 3 de junio de 2022 que neg\u00f3 la nulidad propuesta por el aqu\u00ed accionante, acontecer que afianza, la imposibilidad material de entender que en ese momento la queja constitucional se dirig\u00eda contra decisi\u00f3n de esa Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
3. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, el se\u00f1or Luis Adolfo Jim\u00e9nez Castro, solicit\u00f3 que se dejaran sin valor y efecto las actuaciones posteriores al auto de 10 de agosto de 2021, mediante el cual se hab\u00eda suspendido el proceso ejecutivo adelantado en su contra, en especial la diligencia de remate de 25 de marzo de 2022, por \u00aberrores procedimentales y violaci\u00f3n de garant\u00edas de contradicci\u00f3n y defensa\u00bb, en particular porque no se suspendi\u00f3 la ejecuci\u00f3n y se continu\u00f3 en su contra, a pesar de la admisi\u00f3n a tr\u00e1mite de insolvencia de otro deudor solidario, y suplic\u00f3 que se decretara nulidad procesal, \u00abdesde la fecha del auto de 10 de agosto de 2021, mediante el cual su despacho solo benefici\u00f3 con la suspensi\u00f3n del proceso al se\u00f1or Eduardo Montero Rinc\u00f3n y no a (\u2026) Luis Adolfo Jim\u00e9nez Castro\u00bb. <\/p>\n
Ahora bien, en la impugnaci\u00f3n el accionante insiste en que no debe continuarse el proceso ejecutivo en el que se le cobra en calidad de deudor solidario, la totalidad de una deuda que tambi\u00e9n es objeto de negociaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de insolvencia iniciado por el se\u00f1or Eduardo Montero Rinc\u00f3n, porque, a su manera de ver, se est\u00e1 cobrando dos veces la misma prestaci\u00f3n, y reclam\u00f3 que, \u00abLo que se discute por esta v\u00eda es que NO PUEDEN SUSPENDERSE EL PROCESO SABIENDO QUE DENTRO DEL TRAMITE DE INSOLVENCIA DE PERSONA NATURAL EL OTRO ACREEDOR ESTA CONCILIANDO LA OBLIGACI\u00d3N EN SU 100%, ser\u00eda entonces como decir que se est\u00e1 cobrando 2 veces lo mismo, pues si el tr\u00e1mite de negociaci\u00f3n surte efectos, se estar\u00eda vigente entonces el cr\u00e9dito m\u00edo en el proceso ejecutivo y el insolvente tener que continuar pagando el cr\u00e9dito que negocio en su tr\u00e1mite de insolvencia y el otro acreedor seguir siendo ejecutado en el proceso ejecutivo\u00bb (21. Impugnaci\u00f3n tutela). (sic) <\/p>\n
3.1 Revisado el expediente remitido, se encuentra que el ejecutado reproch\u00f3 que se estuviera ejecutando la totalidad de una obligaci\u00f3n indivisible, cuando la misma era objeto de negociaci\u00f3n en tr\u00e1mite de insolvencia, raz\u00f3n por la cual se est\u00e1 cobrando dos veces la misma prestaci\u00f3n y no deb\u00eda continuarse el proceso ejecutivo, y all\u00ed aleg\u00f3, \u00abel tr\u00e1mite de negociaci\u00f3n de deudas que pretende el se\u00f1or Eduardo Montero dentro de este asunto comprende la totalidad de la deuda que aqu\u00ed en este proceso se ejecuta, por no ser obligaciones que se puedan dividir entre los demandados en este asunto (..)., si la obligaci\u00f3n (\u2026) que se pretende negociar, es la totalidad de la deuda pues no es posible fraccionar la misma, y si es esta obligaci\u00f3n que aqu\u00ed se ejecuta la cual est\u00e1 en tr\u00e1mite de negociaci\u00f3n, esto impide que se pueda continuar con el tr\u00e1mite de este proceso o cobro ejecutivo (\u2026) es claro que no puede haber un doble cobro de obligaciones o continuaci\u00f3n de la ejecuci\u00f3n de la misma, pues se estar\u00eda negociando la obligaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de insolvencia y a su vez, se estar\u00eda cobrando as\u00ed mismo la misma deuda en este proceso ejecutivo\u00bb. <\/p>\n
El Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 mediante auto de 3 de junio de 2022, neg\u00f3 decretar la nulidad pedida, con fundamento en que las alegaciones no se encontraban enmarcadas en las causales taxativamente consagradas por el legislador (C-4 nulidad, p\u00e1gina 36). <\/p>\n
Determinaci\u00f3n contra la que el apoderado del se\u00f1or Jim\u00e9nez Castro interpuso recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n (C-4 nulidad, p\u00e1gina 37). <\/p>\n
3.2 En auto de 11 de agosto de 2022, el Juzgado de conocimiento mantuvo la decisi\u00f3n y concedi\u00f3 la apelaci\u00f3n (C-4 nulidad, p\u00e1gina 47). Para el efecto, sostuvo que, \u00abel hecho alegado no encuadra en ninguna de las causales del art\u00edculo 133 del C. G. del Proceso, toda vez que no se ha adelantado actuaci\u00f3n alguna contra las personas a la que se le suspendi\u00f3 el proceso, sino contra el codemandado, de conformidad con lo permitido por el art\u00edculo 547, ibidem\u00bb (C-4 nulidad, p\u00e1gina 47). <\/p>\n
De igual modo, explic\u00f3 que, \u00abde conformidad con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 545 del C. G. del Proceso, este despacho suspendi\u00f3 el tr\u00e1mite ejecutivo en conta del demandado Eduardo Montero Rinc\u00f3n, pues este inici\u00f3 tr\u00e1mite de negociaci\u00f3n de deudas, continu\u00e1ndolo contra el codemandado Luis Adolfo Jim\u00e9nez Castro, en aplicaci\u00f3n de lo dispuesto en el art\u00edculo 547 de la misma regulaci\u00f3n procesal\u00bb (C-4 nulidad, p\u00e1gina 47) (Negrilla fuera de texto). <\/p>\n
3.3 El Tribunal Superior de Bogot\u00e1 en providencia de 16 de diciembre de 2022, confirm\u00f3 la anterior determinaci\u00f3n, con fundamento en que, \u00abEl incidente de nulidad del cual ahora se conoce en sede de apelaci\u00f3n no estaba llamado a tener \u00e9xito, no tanto porque la causal invocada no estuviera autorizada por la ley (que fue lo que sin ofrecer mayor claridad adujo el juez a quo), sino por cuanto, como tambi\u00e9n se destac\u00f3 en el auto apelado, la suspensi\u00f3n que aqu\u00ed interesa no afect\u00f3 la ejecuci\u00f3n frente al incidentante\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que, \u00abla causal invocada por el demandado Jim\u00e9nez Castro encuentra aparente soporte en el supuesto de hecho que consagra el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 133 del C. G. del P., esto es, \u201ccuando (el proceso) se adelanta despu\u00e9s de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupci\u00f3n o de suspensi\u00f3n, o si, en estos casos, se reanuda antes de la oportunidad debida\u201d\u00bb. <\/p>\n
Argument\u00f3 a la par, que la suspensi\u00f3n que se decret\u00f3 fue en favor del deudor admitido en el tr\u00e1mite de insolvencia y no del aqu\u00ed accionante, puesto que \u00abEl proceso ejecutivo se encuentra suspendido, pero \u00fanicamente en relaci\u00f3n con el ejecutado Eduardo Montero Rinc\u00f3n (respecto de quien se adelanta en un tr\u00e1mite de negociaci\u00f3n de deudas, y como efecto de lo que sobre el particular aqu\u00ed acaeci\u00f3, por la forma como se dio aplicaci\u00f3n a los art\u00edculos 545 y 547 del C. G. del P.)\u00bb <\/p>\n
Para descartar la nulidad adujo que, no era posible que las actuaciones con posterioridad al 10 de agosto de 2021 estuvieran viciadas, en la medida que, \u00abla ejecuci\u00f3n de la referencia no se encuentra suspendida en favor del se\u00f1or Luis Adolfo Jim\u00e9nez Castro (hoy apelante), y, por lo mismo, no se es factible tildar de nulas las actuaciones seguidas en contra suya con posterioridad al 10 de agosto del a\u00f1o 2021, con las que se dispuso precisamente lo contrario\u00bb. <\/p>\n
Igualmente puso de manifiesto que, las alegaciones relativas a que la suspensi\u00f3n del proceso debi\u00f3 aplicarse a ambos deudores, por tratarse de obligaciones solidarias e indivisibles, era un tema resuelto en providencias ejecutoriadas cuyo contenido no puede atacarse a trav\u00e9s de las causales de nulidad, y explic\u00f3, <\/p>\n
\u00abNo olvida el suscrito Magistrado que el apelante aleg\u00f3 que los autos ejecutoriados de 10 de agosto y de 14 de septiembre de 2021 son irregulares en la medida en que con ellos se dispuso a continuar el tr\u00e1mite coercitivo \u00fanicamente en contra suya, pese a que -en su entender- la suspensi\u00f3n del proceso debi\u00f3 cobijar a ambos ejecutados, por tratarse de obligaciones solidarias e indivisibles. Vistas, as\u00ed las cosas, emerge que lo que en el fondo plantea el se\u00f1or Jim\u00e9nez Castro en su apelaci\u00f3n es su inconformidad con lo resuelto en las providencias en menci\u00f3n, las cuales se encuentran ejecutoriadas\u00bb. <\/p>\n
4. Para la Corte los argumentos del Tribunal Superior se advierten l\u00f3gicos y exentos del capricho, por lo que no se amerita la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n, porque, esa providencia tuvo en cuenta que el proceso ejecutivo referido se inici\u00f3 en contra de los deudores solidarios Eduardo Montero Rinc\u00f3n y Luis Adolfo Jim\u00e9nez, mediante auto de 26 de febrero de 2015, se libr\u00f3 mandamiento de pago por sumas de dinero en contra de los mismos (11001310302520150007500), y en providencia de 17 de marzo de 2017, entre otras determinaciones se orden\u00f3 seguir la ejecuci\u00f3n (C-3 excepciones de m\u00e9rito, p\u00e1gina 146). <\/p>\n
De igual modo, esa decisi\u00f3n se edific\u00f3 sobre la base que, uno de los deudores fue admitido a tr\u00e1mite de negociaci\u00f3n de deudas, por lo que, en auto de 10 de agosto de 2021, se decret\u00f3 la suspensi\u00f3n del tr\u00e1mite por virtud de la admisi\u00f3n de negociaci\u00f3n de deudas del se\u00f1or Eduardo Montero Rinc\u00f3n, y se orden\u00f3 seguir la ejecuci\u00f3n respecto del otro. (C-3 excepciones de m\u00e9rito, p\u00e1gina 329). <\/p>\n
Y en providencia de 14 de septiembre de 2021, aclar\u00f3 que la suspensi\u00f3n solo cobij\u00f3 al referido deudor, y que, por tanto, continuaba la ejecuci\u00f3n en contra de Luis Adolfo Jim\u00e9nez Castro (C-2), decisi\u00f3n contra la que se interpuso recurso de reposici\u00f3n, cimentado en que, la obligaci\u00f3n que se ejecuta \u00abno es divisible, pues los demandados responden solidariamente\u00bb (C-2, p\u00e1gina 446), determinaci\u00f3n que se mantuvo en providencia de 21 de octubre de la misma anualidad (C-2, p\u00e1gina 446). <\/p>\n
Todo lo anterior, resulta razonable porque, como el proceso no se suspendi\u00f3 en contra del accionante, no pod\u00eda la actuaci\u00f3n siguiente estar viciada de nulidad, sobre todo porque el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 545 del C\u00f3digo General del Proceso, consagra que, \u00abNo podr\u00e1n iniciarse nuevos procesos ejecutivos (\u2026) contra el deudor y se suspender\u00e1n los procesos de este tipo que estuvieren en curso al momento de la aceptaci\u00f3n\u00bb, y por su parte, el canon 547 ibidem, prev\u00e9, \u00abLos procesos ejecutivos que se hubieren iniciado contra los terceros garantes o codeudores continuar\u00e1n, salvo manifestaci\u00f3n expresa en contrario del acreedor demandante\u00bb. <\/p>\n
De manera que, como no es materia de reproche que el accionante no fue admitido a tr\u00e1mite de insolvencia, sino otro deudor solidario contra el que tambi\u00e9n se inici\u00f3 el proceso ejecutivo en referencia -Eduardo Moreno Rinc\u00f3n -, resulta admisible que se hubiese suspendido el tr\u00e1mite en favor del segundo, y continuado la ejecuci\u00f3n a cargo del primero en su calidad de deudor solidario -codeudor-. <\/p>\n
Tampoco se observa arbitrariedad en que se est\u00e9 cobrando la totalidad de la prestaci\u00f3n en el proceso ejecutivo e intentando negociar la misma en el tr\u00e1mite de insolvencia, puesto que los implicados en estos tr\u00e1mites son deudores solidarios, y conforme al art\u00edculo 1572 del C\u00f3digo Civil, \u00abLa demanda intentada por el acreedor contra algunos de los deudores solidarios, no extingue la obligaci\u00f3n solidaria de ninguno de ellos, sino en la parte que hubiere sido satisfecha por el demandado\u00bb. <\/p>\n
No sobra recordar que, trat\u00e1ndose de obligaciones solidarias por pasiva, \u00abtodos los deudores est\u00e1n obligados a \u00edntegra una misma prestaci\u00f3n. Con la solidaridad pasiva el acreedor puede recibir la totalidad de la prestaci\u00f3n y exigirla de uno o cualquiera de los deudores, de varios de ellos o de todos, en la proporci\u00f3n que a bien tenga, seg\u00fan su mayor conveniencia. \u00cdntegros los deudores deben el total, el mismo y uno solo, as\u00ed sea de distinto el modo como lo deben, independientemente de si la prestaci\u00f3n es indivisible o divisible, y en este \u00faltimo caso, sin que quepa el beneficio de divisi\u00f3n\u00bb1. <\/p>\n
5. Ante una interpretaci\u00f3n razonable como la que acaba de analizarse, no hay lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional, teniendo en cuanta que, en esta acci\u00f3n excepcional, la divergencia de posturas no es motivo para que salga avante, atendiendo que no se trata de un \u00abinstrumento para definir cu\u00e1l planteamiento es el v\u00e1lido, el m\u00e1s acertado o m\u00e1s correcto para dar lugar a la intervenci\u00f3n del fallador de tutela\u00bb. (CSJ. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; exp. 2012-01828-01, STC825-2020, STC 10259 de 2021 y STC2621-2022, reiteradas en STC11814-2022). <\/p>\n
Cabe recordar que, con respecto al an\u00e1lisis de las providencias judiciales por v\u00eda de tutela, esta Corte ha establecido que el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para escoger cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juez natural, o de las partes o intervinientes, resultan m\u00e1s apropiados, y menos \u00abbajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ. STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01). <\/p>\n
6. Por lo anteriormente explicado es que se confirmar\u00e1 la sentencia constitucional de primera instancia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y lugar de procedencia anotados. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 HINESTROSA, Fernando. Tratado de las Obligaciones. Tomo I. Tercera Edici\u00f3n. Bogot\u00e1: Universidad Externado de Colombia. 2015. P\u00e1g. 337. <\/p>\n
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STC2130-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC2130-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2023-00101-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del ocho de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-71700","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71700","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71700"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71700\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71700"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71700"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71700"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}