{"id":71706,"date":"2024-05-20T22:43:14","date_gmt":"2024-05-20T22:43:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2024\/05\/20\/stc2137-2023\/"},"modified":"2024-05-20T22:43:14","modified_gmt":"2024-05-20T22:43:14","slug":"stc2137-2023","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2024\/05\/20\/stc2137-2023\/","title":{"rendered":"STC2137 2023"},"content":{"rendered":"

STC2137-2023<\/p>\n

        <\/p>\n

AROLDO  WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/p>\n

Magistrado ponente  <\/p>\n

STC2137-2023  <\/p>\n

Radicaci\u00f3n  n.\u00b0 11001-02-30-000-2023-00226-00  <\/p>\n

(Aprobado  en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil veintitr\u00e9s)  <\/p>\n

Se  decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Ericcson Ernesto  Mena Garz\u00f3n,  contra  el Consejo Superior de la Judicatura y la Corte Constitucional.  <\/p>\n

ANTECEDENTES  <\/p>\n

1.        El  promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n de su prerrogativa  de petici\u00f3n,  que dice vulnerada por la sede judicial accionada.  <\/p>\n

En  concreto solicita se ordene que \u00abla  demandada resuelva sobre las peticiones elevadas\u00bb,  de otro lado, que las autoridades accionadas \u00abdeber\u00e1n  demostrar  que personal  CAPACITADO, EXPERTO Y CALIFICADO en temas AMBIENTALES Y DERECHO  AMBIENTAL en todas las actuaciones judiciales que versen sobre las  controversias y litigios de contenido ambiental, que traten sobre  conflictos socio ambientales suscitados respecto del uso y  aprovechamiento de los recursos naturales que se adelanten dentro de  un mismo predio o respecto de \u00e1reas declaradas como de  especial importancia ambiental incluidas en el Sistema Nacional de  \u00c1reas Protegidas (SINAP), las reservas forestales, los  ecosistemas estrat\u00e9gicos y las dem\u00e1s categor\u00edas  de protecci\u00f3n que se\u00f1alen la legislaci\u00f3n  nacional e internacional, as\u00ed como los organismos  internacionales que se ocupen de estas materias y tambi\u00e9n se  pretende modificar la Ley Estatutaria de la Administraci\u00f3n de  Justicia (en adelante, LEAJ), as\u00ed como otras dos leyes (los  C\u00f3digos de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso  Administrativo \u2013 CPACA y General del Proceso \u2013 CGP), con  el objeto principal de crear la especialidad ambiental, tanto en la  Jurisdicci\u00f3n Ordinaria como en la Jurisdicci\u00f3n de lo  Contencioso Administrativo, fijar las reglas y criterios generales  que permitan su organizaci\u00f3n y efectivo funcionamiento, as\u00ed  como reglas procesales aplicables a los procesos que sobre el  particular se adelanten en cada una de esas jurisdicciones.  <\/p>\n

De  no cumplirse con lo anterior, \u00abse  DECRETE de manera oficiosa MEDIDA PROVICIONAL a todas las actuaciones  judiciales que versen sobre las controversias y litigios de contenido  ambiental, que traten sobre conflictos socio ambientales suscitados  respecto del uso y aprovechamiento de los recursos naturales que se  adelanten dentro de un mismo predio o respecto de \u00e1reas  declaradas como de especial importancia ambiental incluidas en el  Sistema Nacional de \u00c1reas Protegidas (SINAP), las reservas  forestales, los ecosistemas estrat\u00e9gicos y las dem\u00e1s  categor\u00edas de protecci\u00f3n que se\u00f1alen la  legislaci\u00f3n nacional e internacional, as\u00ed como los  organismos internacionales que se ocupen de estas materias y tambi\u00e9n  se pretende modificar la Ley Estatutaria de la Administraci\u00f3n  de Justicia (en adelante, LEAJ), as\u00ed como otras dos leyes (los  C\u00f3digos de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso  Administrativo \u2013 CPACA y General del Proceso \u2013 CGP), con  el objeto principal de crear la especialidad ambiental, tanto en la  Jurisdicci\u00f3n Ordinaria como en la Jurisdicci\u00f3n de lo  Contencioso Administrativo, fijar las reglas y criterios generales  que permitan su organizaci\u00f3n y efectivo funcionamiento, as\u00ed  como reglas procesales aplicables a los procesos que sobre el  particular se adelanten en cada una de esas jurisdicciones para no  incurrir en vulneraci\u00f3n de los derechos constitucionales como  el derecho a la VIDA en conexidad con el derecho a un ambiente sano\u00bb.  <\/p>\n

2.        Como  hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto el  gestor sostiene que el 14 de diciembre de 2022 radic\u00f3  petici\u00f3n, entre otras, ante las autoridades aqu\u00ed el  accionadas, para que le fuera resuelto el siguiente cuestionario:  <\/p>\n

            <\/p>\n

1. \u00bfCu\u00e1ntos          jueces y magistrados hay en Colombia y de estos cuantos est\u00e1n          capacitados en DERECHO AMBIENTAL, discrimine por departamentos y          ciudades?<\/p>\n

2. \u00bfCu\u00e1ntos          jueces y magistrados hay en Colombia con experiencia certificada en          Derecho ambiental discrimine por departamentos y ciudades?<\/p>\n

3. \u00bfCu\u00e1ntas          demandas (Tutelas, Acciones populares, Acciones de grupo, acciones          nulidad, acciones de reparaci\u00f3n) de indoles ambiental          (Articulo 79 C.P.C) hay instauradas en el pa\u00eds en primera          instancia y segunda instancia discrimine por departamentos y          ciudades?<\/p>\n

4. \u00bfQu\u00e9          norma regula la formaci\u00f3n acad\u00e9mica de los jueces y          magistrados en cuanto a temas de \u00edndole o derecho          ambientales?<\/p>\n

5. \u00bfEn          los concursos para Selecci\u00f3n y Nombramiento de Jueces o          Magistrados, se tiene en cuenta el derecho ambiental?<\/p>\n

6. \u00bfExisten          tribunales especializados en temas ambientales en Colombia?<\/p>\n

7. \u00bfConsidera          que la falta de experticia y la falta de formaci\u00f3n acad\u00e9mica          por parte de los Jueces y Magistrados en la rep\u00fablica de          Colombia, se considera una vulneraci\u00f3n al art\u00edculo 229          de la C.P.C.?<\/p>\n

8. \u00bfQu\u00e9          capacitaciones se suministran para jueces y magistrados en temas de          \u00edndole ambiental? y cuantos jueces o magistrados han recibido          este tipo de formaci\u00f3n acad\u00e9mica.<\/p>\n

9. El          sistema judicial colombiano en cuanto a temas ambientales, \u00bfcuenta          con profesionales que puedan elevar conceptos t\u00e9cnicos de          peritazgos en temas ambientales que puedan ayudar en la toma de          decisiones a los jueces o Magistrados en Colombia?, efectu\u00e9          listado de profesionales con la capacidad de efectuar peritazgos con          las que cuenta el sistema judicial colombiano discrimin\u00e9 por          departamentos y ciudades?<\/p>\n

10. \u00bfEfect\u00fae          listado procesos donde se ha efectuado el uso de peritos          especializados en temas ambientales del sistema judicial colombiano          para la emisi\u00f3n de fallos en primera instancia y segunda          instancia, discrimine por departamentos y ciudades?<\/p>\n

11. Desde          el sistema judicial colombiano se ha reconocido e implementado la          Resoluci\u00f3n (A\/76\/L.75) de la Asamblea General de la ONU          (AGNU), que aprob\u00f3 una resoluci\u00f3n que reconoce el          derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible como un          derecho humano. La AGNU hace un llamado a los Estados,          organizaciones internacionales, empresas y otras partes interesadas          a \u201caumentar los esfuerzos\u201d para garantizar un medio          ambiente limpio, saludable y sostenible para todos. \u2022          https:\/\/sdg.iisd.org\/news\/unga-recognizes-human-right-to-cleanhealthy-and-sustainableenvironment\/#:~:text=The%20UN%20General%20Assembly%20(UNGA, <\/A>        and%20sustainable%20environment%20for%20all. \u2022          https:\/\/digitallibrary.un.org\/record\/3982508?ln=en \u2022 <\/A>        file:\/\/\/C:\/Users\/Karen\/Downloads\/A_76_L.75-EN.pdf<\/p>\n

12. Desde          el sistema judicial colombiano se ha reconocido e implementado el          Acuerdo de Escaz\u00fa \u00bf          https:\/\/www.minambiente.gov.co\/acuerdo-de-escazu\/aprobadoacuerdo-de-escazu-a-63-dias-de-iniciar-gobierno-del-presidente-petro<\/A><\/p>\n

14. Consideran          que el DERECHO A UN AMBIENTE SANO se podr\u00eda considerar como          \u201cDERECHO FUNDAMENTAL\u201d seg\u00fan lo promulgado en la          Resoluci\u00f3n (A\/76\/L.75) de la Asamblea General de la ONU          (AGNU), que aprob\u00f3 una resoluci\u00f3n que reconoce el          derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible como un          derecho huma que puede afectar la Salud y la Vida.  <\/p>\n

No  obstante, afirma, a la fecha no ha recibido ninguna respuesta, lo  cual considera una omisi\u00f3n grave, porque ante la  administraci\u00f3n de justicia se estar\u00edan tramitando  procesos relacionados con temas ambientales, sin que los Jueces y  Magistrados cuenten con la capacitaci\u00f3n necesaria para ello,  falencia que, dice, ha visto reflejada en la calidad de varias  decisiones que se han tomado en procesos que ha adelantado.  <\/p>\n

3.  La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las  comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que  alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991.  <\/p>\n

RESPUESTAS  DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/p>\n

1.        La  Corte Constitucional inform\u00f3 que el 18 de enero de 2023 envi\u00f3  solicitud al accionante para prorrogar el t\u00e9rmino para emitir  respuesta a su petici\u00f3n, y el 3 de febrero siguiente emiti\u00f3  pronunciamiento definitivo frente a las mismas, dentro del marco de  sus funciones, dentro de las cuales no est\u00e1 ser un \u00f3rgano  consultivo, no obstante le absolvi\u00f3 las inquietudes que  consider\u00f3 se encontraban dentro de sus competencias, donde le  explic\u00f3 las funciones de la Corporaci\u00f3n, y detall\u00f3  la preparaci\u00f3n y funciones que desempe\u00f1an los  Magistrados que actualmente conforman la misma, adem\u00e1s de  facilitarle los medios de acceso para consultar los datos que  estimara  necesarios, sin que el eventual desacuerdo del gestor con  lo respondido, torne en procedente la protecci\u00f3n.  <\/p>\n

2.        El  Consejo Superior de la Judicatura manifest\u00f3 que mediante  Oficio No. PCSJO23-91 de 1 de febrero de 2023 emiti\u00f3 respuesta  a la petici\u00f3n elevada por el gestor, la cual remiti\u00f3 a  la direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico informada por \u00e9ste,  documento donde se manifest\u00f3 frente a cada uno de los puntos  solicitados en la petici\u00f3n, acompa\u00f1ando los respectivos  anexos.  <\/p>\n

3.        Al  momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto,  no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales.  <\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/p>\n

1.        El  art\u00edculo 23 de la Carta Pol\u00edtica garantiza el derecho  fundamental de todas las personas a dirigirse ante las autoridades y  eventualmente ante los particulares, para obtener una respuesta de  fondo a sus solicitudes, bien sean de inter\u00e9s general o  particular. En consecuencia, el derecho de petici\u00f3n tiene una  doble dimensi\u00f3n: (i) la posibilidad de acudir ante el  destinatario y (ii) el derecho a obtener una respuesta pronta,  congruente y de fondo con relaci\u00f3n a la cuesti\u00f3n  planteada.  <\/p>\n

Bajo  esa \u00f3ptica, \u00abla  acci\u00f3n de tutela deviene procedente, si se establece la  vulneraci\u00f3n al derecho fundamental de petici\u00f3n; para  ello es presupuesto indispensable la existencia de actos u omisiones  de la autoridad que obstruyan el ejercicio del derecho o no resuelvan  oportunamente sobre lo solicitado\u00bb  (CSJ  STC, 21 mar. 2012, rad. 2012-00068-01; reiterada en STC, 22 oct.  2013, rad. 2013-01073-01).  <\/p>\n

2.        De  los elementos de convicci\u00f3n obrantes en este diligenciamiento,  advierte la Corte la  inviabilidad de la salvaguarda propuesta  contra la  Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura,  comoquiera que, contrario a lo que fund\u00f3 el reclamo  constitucional del accionante, dichas autoridades si emitieron  respuesta a la petici\u00f3n que \u00e9ste les elev\u00f3 el 14  de diciembre de 2022, la primera mediane oficio 03 de 3 de febrero de  2023 y la segunda, con oficio No.  PCSJO23-91 de 1 de febrero de 2023, pronunciamientos que se constatan  remitidos a la direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico del  petente.  <\/p>\n

Con  fundamento en lo anterior, advierte la Sala que la pretensi\u00f3n  constitucional del reclamante, en verdad estaba satisfecha desde  antes de interponerse la tutela, de no olvidar que el n\u00facleo  esencial del derecho de petici\u00f3n encierra la respuesta  oportuna que no el despacho favorable de lo deprecado, supuesto  frente al que en otras ocasiones ha dicho la Corte que:  <\/p>\n

[E]l  derecho de petici\u00f3n previsto en el art\u00edculo 23 de la  Constituci\u00f3n Nacional, tiene como finalidad  \u201csuministrar  al petente respuesta a prop\u00f3sito, sea  positiva, sea negativa,  pero en todo caso completa\u2026, destacando el contenido o n\u00facleo  esencial de este derecho, el cual, \u2018no  s\u00f3lo implica la potestad de elevar peticiones respetuosas a  las autoridades; envuelve adem\u00e1s la necesidad de que se brinde  una respuesta adecuada y oportuna – que no formal ni  necesariamente favorable  – dentro del marco de imparcialidad, eficacia y publicidad que  caracteriza al Estado Social de Derecho…\u2019\u201d  (Se subray\u00f3 – CSJ STC, 16 abr. 2008, rad. 2008-00042-01;  citada en CSJ STC, 28 ag. 2013, rad. 2013-00095-01; y CSJ STC, 12  nov. 2013, rad. 2013-00340-01).  <\/p>\n

3.        Entonces,  teniendo en cuenta que la situaci\u00f3n de hecho que causaba la  supuesta amenaza a las garant\u00edas fundamentales del tutelante  es inexistente, la solicitud de amparo no tiene ninguna raz\u00f3n  de ser, aspecto frente al que la Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado  que:  <\/p>\n

[S]i  la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe,  o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida  en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo  ha sido totalmente (\u2026) la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n  de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez  del amparo carecer\u00eda de sentido  (subraya  y negrilla fuera de texto) (CSJ  STC, 13 mar. 2009, rad. 2009-00147-01; reiterada en CSJ STC, 7 nov.  2012, rad. 2012-02211-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad.  2013-00184-01).  <\/p>\n

Al  punto, el m\u00e1ximo Tribunal Constitucional de tiempo atr\u00e1s  ha se\u00f1alado, que \u00abel  objeto de la acci\u00f3n de tutela es la protecci\u00f3n  efectiva, inmediata, concreta y subsidiaria de los derechos  fundamentales, \u201ccuando quiera que \u00e9stos resulten  vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de  cualquier autoridad  p\u00fablica o de los particulares (\u2026).  As\u00ed pues, se desprende que el mecanismo de amparo  constitucional se torna improcedente, entre otras causas, cuando no  existe una actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n del agente accionado a  la que se le pueda endilgar la supuesta amenaza o vulneraci\u00f3n  de las garant\u00edas fundamentales en cuesti\u00f3n.  <\/p>\n

En  el mismo sentido lo han expresado sentencias como la SU-975 de 2003 o  la  T-883 de 2008, al afirmar que \u201cpartiendo de una  interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica, tanto de la Constituci\u00f3n,  como de los art\u00edculos 5\u00ba y 6\u00ba del [Decreto 2591 de  1991], se deduce que la acci\u00f3n u omisi\u00f3n cometida por  los particulares o por la autoridad p\u00fablica que vulnere o  amenace los derechos fundamentales es un requisito l\u00f3gico-jur\u00eddico  para la procedencia de la acci\u00f3n tuitiva de derechos  fundamentales (…) En suma, para que la acci\u00f3n de tutela sea  procedente requiere como presupuesto necesario de orden  l\u00f3gico-jur\u00eddico, que las acciones u omisiones que  amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan (\u2026)\u201d,  ya que \u201csin la existencia de un acto concreto de vulneraci\u00f3n  a un derecho fundamental no hay conducta espec\u00edfica activa u  omisiva de la cual proteger al interesado (\u2026)\u201d.  <\/p>\n

Y  lo anterior resulta as\u00ed, ya que si se permite que las personas  acudan al mecanismo de amparo constitucional sobre la base de  acciones u omisiones inexistentes, presuntas o hipot\u00e9ticas, y  que por tanto no se hayan concretado en el mundo material y jur\u00eddico,  \u201cello resultar\u00eda violatorio del debido proceso de los  sujetos pasivos de la acci\u00f3n, atentar\u00eda contra el  principio de la seguridad jur\u00eddica y, en ciertos eventos,  podr\u00eda constituir un indebido ejercicio de la tutela, ya que  se permitir\u00eda que el peticionario pretermitiera los tr\u00e1mites  y procedimientos que se\u00f1ala el ordenamiento jur\u00eddico  como los adecuados para la obtenci\u00f3n de determinados objetivos  espec\u00edficos, para acudir directamente al mecanismo de amparo  constitucional en procura de sus derechos\u201d\u00bb (T-130  2014).  <\/p>\n

4.        Ahora,  en cuanto a la solicitud que eleva el gestor en este escenario, para  que las autoridades accionadas demuestren:  <\/p>\n

que personal CAPACITADO,  EXPERTO Y CALIFICADO en temas AMBIENTALES Y DERECHO AMBIENTAL en  todas las actuaciones judiciales que versen sobre las controversias y  litigios de contenido ambiental, que traten sobre conflictos socio  ambientales suscitados respecto del uso y aprovechamiento de los  recursos naturales que se adelanten dentro de un mismo predio o  respecto de \u00e1reas declaradas como de especial importancia  ambiental incluidas en el Sistema Nacional de \u00c1reas Protegidas  (SINAP), las reservas forestales, los ecosistemas estrat\u00e9gicos  y las dem\u00e1s categor\u00edas de protecci\u00f3n que se\u00f1alen  la legislaci\u00f3n nacional e internacional, as\u00ed como los  organismos internacionales que se ocupen de estas materias y tambi\u00e9n  se pretende modificar la Ley Estatutaria de la Administraci\u00f3n  de Justicia (en adelante, LEAJ), as\u00ed como otras dos leyes (los  C\u00f3digos de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso  Administrativo \u2013 CPACA y General del Proceso \u2013 CGP), con  el objeto principal de crear la especialidad ambiental, tanto en la  Jurisdicci\u00f3n Ordinaria como en la Jurisdicci\u00f3n de lo  Contencioso Administrativo, fijar las reglas y criterios generales  que permitan su organizaci\u00f3n y efectivo funcionamiento, as\u00ed  como reglas procesales aplicables a los procesos que sobre el  particular se adelanten en cada una de esas jurisdicciones.  <\/p>\n

No  se accede a lo pedido por incumplir con la residualidad y  subsidiariedad que caracteriza al amparo, toda vez que no obra prueba  en el expediente constitucional de que el gestor haya elevado primero  la misma solicitud a las autoridades convocadas, situaci\u00f3n que  impide intervenir al juez de tutela.  <\/p>\n

5.        Las  consideraciones que anteceden resultan suficientes para negar la  protecci\u00f3n pedida.  <\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/p>\n

Con  fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de  Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la  Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega  el  amparo solicitado.  <\/p>\n

Comun\u00edquese  telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en  oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte  Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no  impugnarse.  <\/p>\n

MARTHA  PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ  <\/p>\n

Presidenta  de Sala  <\/p>\n

HILDA  GONZ\u00c1LEZ NEIRA  <\/p>\n

AROLDO  WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/p>\n

LUIS  ALONSO RICO PUERTA  <\/p>\n

OCTAVIO  AUGUSTO TEJEIRO DUQUE  <\/p>\n

FRANCISCO  TERNERA BARRIOS  <\/p>\n

5      <\/p>\n

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