STC2139-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC2139-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-02628-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 17 de enero de 2023 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n de tutela instaurada por Nelly Alcira Ospina de Romero contra la Sala de Descongesti\u00f3n No. 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la misma Corporaci\u00f3n, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante reclama por intermedio de apoderado judicial, la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, al m\u00ednimo vital y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la sede judicial acusada, en el marco del proceso ordinario laboral que promovi\u00f3 contra la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesant\u00edas Protecci\u00f3n S.A. <\/p>\n
Solicita en consecuencia se ordene \u00abrevoc[ar] el prove\u00eddo del 24 de octubre de 2022, fundamentado en una ley declarada inconstitucional (Art. 13 Ley 797 de 2003)\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Expone la gestora que inici\u00f3 el referido juicio para reclamar la pensi\u00f3n como sobreviviente de su hijo Cesar Mauricio Romero Ospina, pero el 23 de julio de 2018 el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 no accedi\u00f3 a sus pretensiones, decisi\u00f3n que apel\u00f3 y fue revocada el 28 de febrero de 2019 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad, para reconocerle el beneficio desde el 14 de abril de 2013; Protecci\u00f3n S.A. atac\u00f3 la precitada sentencia y fue casada el 24 de octubre de 2022 por la Sala de Descongesti\u00f3n No. 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte, para en su lugar confirmar lo fallado en primera instancia, <\/p>\n
2.2. Asegura la accionante que lo as\u00ed definido no tuvo en cuenta que el art\u00edculo 13 de la Ley 797 de 1993 fue declarado inexequible mediante sentencia C-111 de 2006, y en cambio consider\u00f3 que ella no depend\u00eda econ\u00f3micamente del causante, pese a que su hijo le aportaba casi el 50% de los ingresos de su hogar, pues de los $4\u00b4600.000 destinados para tal prop\u00f3sito, le daba $2\u00b4000.000, de ah\u00ed que, al dejar de recibir esa suma tuvo que acudir a pr\u00e9stamos para poder garantizar su congrua subsistencia. <\/p>\n
LAS RESPUESTA DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
La Administradora de Fondos de Pensiones y Cesant\u00edas Protecci\u00f3n S.A. pidi\u00f3 que no se acceda al amparo, porque dentro del proceso criticado no se vulner\u00f3 ninguna de las garant\u00edas superiores invocadas. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte neg\u00f3 la protecci\u00f3n, tras explicar que la sentencia C-111 de 2006 de la Corte Constitucional, si bien declar\u00f3 inexequible la expresi\u00f3n \u00abde forma total y absoluta\u00bb que establec\u00eda el literal D del art\u00edculo 13 de la Ley 797 de 2003, dej\u00f3 en cabeza de los jueces determinar en el caso concreto, si los padres eran o no autosuficientes econ\u00f3micamente de su fallecido descendiente, de manera que el reconocimiento de la pensi\u00f3n quedaba supeditado a que el aporte del fallecido tuviera la connotaci\u00f3n de necesario. <\/p>\n
Hecha esta precisi\u00f3n, la observ\u00f3 respetada en lo decidido por la Sala de Descongesti\u00f3n No. 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, donde se expuso que la sentencia del Tribunal ameritaba ser casada, porque no valor\u00f3 la confesi\u00f3n de la aqu\u00ed accionante, donde refiri\u00f3 que al momento del fallecimiento de su hijo ten\u00eda unos ingresos adicionales por $2\u00b4600.000, por lo que no estaba afectada su congrua subsistencia y m\u00ednimo vital, ya que el dinero que recib\u00eda no era significativo, lo que imped\u00eda reconocerle la pensi\u00f3n. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la accionante insistiendo en los mismos argumentos del escrito inicial, con \u00e9nfasis en que el aporte que recib\u00eda la accionante del causante no era \u00ednfimo, de ah\u00ed que la falta del mismo dej\u00f3 a aquella sin los medios suficientes para su congrua subsistencia. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Del examen de la demanda de amparo se establece que, a trav\u00e9s de ella, Nelly Alcira Ospina de Romero se duele de la sentencia de 24 de octubre de 2022 de la Sala de Descongesti\u00f3n No. 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia (SL3967-2022) que CAS\u00d3 el fallo de 28 de febrero de 2019 de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que a su vez revoc\u00f3 lo decidido el 23 de julio de ese mismo a\u00f1o por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, para en \u00faltimas no acceder a las pretensiones y negarle la pensi\u00f3n como sobreviviente de su hijo, dentro del proceso ordinario laboral que aquella promovi\u00f3 contra la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesant\u00edas Protecci\u00f3n S.A., pues, en sentir de la actora, lo decidido desconoci\u00f3 las pruebas y que el literal D del art\u00edculo 13 de la Ley 797 de 2003 fue declarado inexequible por la sentencia C-111 de 2006. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Advierte la Corte que el amparo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, y por ende corresponde confirmar la decisi\u00f3n constitucional de primer grado, toda vez que la mencionada determinaci\u00f3n, no se torna arbitraria. <\/p>\n
En la providencia, la Sala de Descongesti\u00f3n accionada estableci\u00f3 que, <\/p>\n
<\/p>\n
I. no existe discusi\u00f3n sobre que: i) el se\u00f1or Cesar Mauricio Romero Ospina falleci\u00f3 el 22 de febrero de 2003 (f.\u00b0 27, cuaderno principal); ii) la demandante es madre de aqu\u00e9l (f.\u00b0 28, ibidem) y, iii) la disposici\u00f3n que regula el caso, atendiendo la fecha de deceso, es el art\u00edculo 13 de la Ley 797 de 2003, que modific\u00f3 el 46 de la Ley 100 de 1993.<\/p>\n
II. <\/p>\n
III. En cuanto al fondo del asunto, compete resolver a la Sala si el Tribunal aplic\u00f3 indebidamente el literal d) del art\u00edculo 13 de la Ley 797 de 2003, por la no apreciaci\u00f3n del documento titulado \u00abdeclaraci\u00f3n para acreditar derecho a pensi\u00f3n de sobrevivencia pensi\u00f3n obligatoria\u00bb (f.\u00b0 155 a 156, ibidem) y de la historial de aportes en Protecci\u00f3n S. A. (f.\u00b0 16 a 18, cuaderno principal), elementos h\u00e1biles en esta sede, as\u00ed como del indebido an\u00e1lisis del testigo William de Jes\u00fas Carmona Guti\u00e9rrez (f.\u00b0 176 CD, ibidem), medios que s\u00f3lo tendr\u00e1n la connotaci\u00f3n requerida si se certifica yerro con los primeros, que lo llev\u00f3 a encontrar acreditada la dependencia econ\u00f3mica que exige dicho mandato. <\/p>\n
En seguida emprendi\u00f3 el an\u00e1lisis de dichos medios de convicci\u00f3n y de cara a los mismos precis\u00f3 que, <\/p>\n
conforme lo ha definido la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, entre muchas otras, en las sentencias CSJ SL816-2013, CSJ SL12185-2016 y CSJ SL18517-2017, la existencia de dependencia econ\u00f3mica del progenitor en relaci\u00f3n con su descendiente, es un asunto que debe establecerse en perspectiva de las particularidades de cada caso, por lo que importa determinar, primero, si el reclamante cuenta con ingresos adicionales; segundo, si estos son suficientes para satisfacer las necesidades relativas a su sostenimiento y necesidades b\u00e1sicas y, tercero, si de ser precarios, el apoyo o ayuda econ\u00f3mica, aunque fuere parcial, era determinante para llevar una vida en condiciones dignas, con el objeto de establecer si la sujeci\u00f3n del beneficiario, respecto del causante, es fundamental. <\/p>\n
Dentro de esos par\u00e1metros, analiz\u00f3 de las pruebas y encontr\u00f3 que, <\/p>\n
el colegiado err\u00f3 al omitir por completo su valoraci\u00f3n, comoquiera que evidencian una confesi\u00f3n sobre la existencia de unos ingresos adicionales para el momento del deceso del afiliado por la suma de $2.600.000, que lo obligaban a inmiscuirse en el acervo probatorio para establecer si eran plenas para colmar sus necesidades y tener una digna subsistencia, lo que el operador judicial no efectu\u00f3. <\/p>\n
En concreto, la demandante manifest\u00f3 en tal documento, que la contribuci\u00f3n que recib\u00eda del de cujus de $2.000.000 la destinada a \u00abarriendo, mercado y tarjetas de cr\u00e9dito\u00bb, pero a su vez cuando se le pregunt\u00f3 \u00abde qui\u00e9n derivaba su sustento\u00bb acept\u00f3 que de su c\u00f3nyuge e hijo menor, por un total de $2.600.000, sin aludir al apoyo dado por el causante, ni siquiera lo mencion\u00f3 como miembro del hogar que aportara para los gastos de la casa \u00abal momento del fallecimiento del afiliado\u00bb, ya que exclusivamente se refiri\u00f3 a los se\u00f1ores Juvenal Romero y Javier Ernesto Romero O, debiendo ser incluido como aportante, ya que, siguiendo su propio dicho, la gabela de aqu\u00e9l se destinaba, por lo menos, al arriendo y mercado. <\/p>\n
Tal an\u00e1lisis adquiere mayor relevancia cuando se estudia en conjunto con el historial de aportes en Protecci\u00f3n S. A. (f.\u00b0 16 a 18, cuaderno principal), que refleja que el ingreso del se\u00f1or Cesar Mauricio Romero Ospina, a lo sumo, durante las \u00faltimas dos anualidades rond\u00f3 entre $910.692 y $1.972.163; percibiendo este \u00faltimo monto solo en la mensualidad de diciembre de 2002. <\/p>\n
Sea de precisar que de este elemento de convicci\u00f3n no se pretende derivar, per se, la dependencia econ\u00f3mica, sino su significancia, importancia o relevancia, como elemento que sin duda es imprescindible para considerar que se est\u00e1 en sujeci\u00f3n econ\u00f3mica respecto del afiliado, como se adoctrin\u00f3 en sentencia CSJ SL1469-2021, al se\u00f1alar que lo transcendental \u00abpara el legislador [\u2026] es la prueba de que el hijo prove\u00eda en un porcentaje m\u00e1s o menos importante para el sostenimiento de sus padres\u00bb y en la CSJ SL1218-2021, que \u00ab[…] basta con demostrar la relevancia del aporte en el escenario de la sostenibilidad econ\u00f3mica del grupo familiar para ser merecedores del derecho\u00bb (subrayado a\u00f1adido). <\/p>\n
Por tanto, de una interpretaci\u00f3n arm\u00f3nica de los medios aludidos, se extrae sin dificultad que, en realidad, la colaboraci\u00f3n que brindaba el de cujus a su progenitora no fue, de forma constante, en la suma que aquella alegaba, sino inferior y, adem\u00e1s, en comparaci\u00f3n con sus otros ingresos, resultaba \u00ednfimo y no, como lo ha exigido esta jurisprudencia, representativo y preponderante, por lo que existi\u00f3 error del ad quem al soslayar su evaluaci\u00f3n. <\/p>\n
Por supuesto, con el estudio referido no se est\u00e1 exigiendo a la demandante que deba acreditar con exactitud la cuant\u00eda que el afiliado fallecido le suministraba, los ingresos que percib\u00eda el afiliado o los gastos de su madre, ya que no es un requisito legalmente previsto, comoquiera que la contribuci\u00f3n no siempre se traduce en una suma concreta de dinero, sino en el suministro de otro tipo de bienes igualmente esenciales y necesarios para la subsistencia en condiciones dignas de los beneficiarios. <\/p>\n
No obstante, no se puede desconocer que s\u00ed debe demostrar la relevancia del aporte y que este era de tal importancia que, ante su ausencia, se encontraba en riesgo las condiciones de vida digna de la beneficiaria y afectaba su m\u00ednimo vital de manera relevante, en tanto no cuenta con el grado suficiente de autonom\u00eda econ\u00f3mica a partir de recursos propios o de terceros, como se ha dicho en sentencia CSJ SL529-2020, reiterada en CSJ SL1882-2021. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
En ese orden, al examinar lo que las pruebas no valoradas certifican, as\u00ed como el equivocado estudio del testimonio, junto con las precisiones doctrinarias realizadas, la Sala encuentra el desatino del juzgador de segundo grado al dar por demostrado, sin estarlo, que estaba comprobado el aporte en \u00abuna cuant\u00eda con la significancia suficiente para constituirse en determinante del m\u00ednimo vital de su madre\u00bb y, por tanto, al asegurar que la demandante acredit\u00f3 sin lugar a dudas haber sido dependiente econ\u00f3mica del causante. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional; y es que, en rigor, lo aqu\u00ed expuesto es una diferencia con el criterio de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en Descongesti\u00f3n accionada, por haber considerado que seg\u00fan el an\u00e1lisis de las pruebas, al tamiz de las normas y la jurisprudencia que rige el caso particular, en vida el causante no aportaba a la aqu\u00ed accionante el monto que \u00e9sta afirm\u00f3, ni el que efectivamente entregaba era significativo para el global de ingresos de \u00e9sta, como para poner en entredicho su congrua subsistencia, con lo cual se incumpl\u00eda uno de los requisitos para la procedencia de la pensi\u00f3n de sobreviviente reclamada. <\/p>\n
Ahora, la sentencia C-111 de 2006 declar\u00f3 exequible los literales D de los art\u00edculos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, modificados por el art\u00edculo 13 de la Ley 797 de 2003, salvo en la expresi\u00f3n \u00abde forma total y absoluta\u00bb, por lo que no es precisa la afirmaci\u00f3n de la gestora, de que se aplic\u00f3 al caso una norma declarada inexequible, pues salvo el anotado fragmento, conserv\u00f3 plena vigencia, para que \u00absean los jueces de la Rep\u00fablica quienes en cada caso concreto determinen si los padres son o no autosuficientes econ\u00f3micamente, para lo cual se deber\u00e1 demostrar la subordinaci\u00f3n material que da fundamento a la pensi\u00f3n de sobrevivientes prevista en la norma legal demandada\u00bb, determinaci\u00f3n \u00e9sta lograda en el fallo cuestionado, cuyas consideraciones, como se analiz\u00f3, no son susceptibles de intervenci\u00f3n tutelar. <\/p>\n
5. Entonces, tales deducciones no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico … y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
6. Corolario de lo discurrido en precedencia, se advierte que la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el asunto presente, a pesar de que pudiera eventualmente esta Sala o cualquier observador discrepar de lo sostenido por el \u00f3rgano de cierre de la justicia laboral pero que no por ello merecen necesariamente ser pasibles de la acci\u00f3n de tutela. Por lo tanto, se impone mantener el fallo refutado, advirtiendo que para la Sala es procedente el respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo, comp\u00e1rtase o no lo decidido por el juez natural. <\/p>\n
7. Lo consignado impone respaldar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
5 <\/p>\n
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