STC2142-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC2142-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76111-22-13-000-2023-00009-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El convocante pidi\u00f3 el respeto de sus prerrogativas fundamental al acceso a la administraci\u00f3n de justicia y al debido proceso, presuntamente conculcada por las autoridades accionadas. <\/p>\n
Y en concreto pidi\u00f3, seg\u00fan se extrae del escrito con que se subsan\u00f3 el escrito de demanda, que se ordene \u00abrevis[ar] la decisi\u00f3n de la resoluci\u00f3n No. 03 de agosto 19 de 2020 y las dem\u00e1s de los juzgados implicados, por carecer de las condiciones necesarias a la sentencia congruente (\u2026)\u00bb y en consecuencia se \u00abexpida la notificaci\u00f3n de desalojo de la se\u00f1ora Martha Garc\u00eda Hoyos y otros por ocupaci\u00f3n arbitraria del inmueble\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El sustrato f\u00e1ctico relevante es el que enseguida se devela: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Contra el gestor, Martha Garc\u00eda Hoyos tramit\u00f3 ante el Juzgado Primero de Familia proceso para declaraci\u00f3n de Uni\u00f3n Marital de Hecho, radicado 2014-00108-00, dentro del cual se accedi\u00f3 a las pretensiones y en el tr\u00e1mite liquidatorio tramitado a continuaci\u00f3n ante el mismo estrado, radicado 2018-00016-00, se dict\u00f3 sentencia el 13 de agosto de 2019 con que se aprob\u00f3 el trabajo de partici\u00f3n, donde a cada una de las partes le correspondi\u00f3 el 50% del inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria 372-0017.602 de la Oficina de Registro de Buenaventura, con valor de cada hijuela de $7\u00b4000.000,oo. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El actor present\u00f3 demanda ejecutiva contra Martha Garc\u00eda Hoyos, que correspondi\u00f3 al Juzgado Cuarto Civil Municipal de Buenaventura, radicado 2019-00227-00, donde el 7 de noviembre de 2019 se libr\u00f3 mandamiento de pago por $2\u00b4800.000, contenidos en un acta de conciliaci\u00f3n, proceso dentro del cual no ha sido notificada la ejecutada. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El 5 de noviembre de 2019 el promotor present\u00f3 ante la Alcald\u00eda Distrital de Buenaventura una querella policiva de lanzamiento por ocupaci\u00f3n en contra de la se\u00f1ora Garc\u00eda Hoyos, respecto del predio involucrado en el proceso liquidatorio antes identificado, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 inicialmente a la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda del Barrio la Independencia y posteriormente a la del Barrio Pueblo Nuevo. <\/p>\n
<\/p>\n
4. El promotor present\u00f3 acci\u00f3n de tutela en contra de la Alcald\u00eda y la Secretar\u00eda de Gobierno del Distrito de Buenaventura, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Civil Municipal de la misma ciudad, consecutivo No. 2020-00023, donde el 18 de febrero de 2020 se le ampar\u00f3 el derecho de petici\u00f3n y se le orden\u00f3 al ente territorial que le respondiera una petici\u00f3n radicada el 13 de enero de 2020 para que se diera inicio a la querella policiva antes aludida. <\/p>\n
<\/p>\n
5. El gestor inici\u00f3 otra acci\u00f3n de tutela contra las mismas autoridades y las Inspecciones de Polic\u00eda del Barrio la Independencia y Pueblo Nuevo, que se asign\u00f3 al Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal de Buenaventura, radicado No. 2020-00095, fallada el 28 de agosto de 2020, donde \u00fanicamente se accedi\u00f3 al amparo para que la alcald\u00eda respondiera una petici\u00f3n radicada el 27 de mayo de ese mismo a\u00f1o. <\/p>\n
<\/p>\n
6. El actor radic\u00f3 nueva demanda ejecutiva contra Martha Garc\u00eda Hoyos, que fue repartida al Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal de Buenaventura, radicado 2020-00097-00, inadmitida y a la postre rechazada el 18 de agosto de 2020. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
8. Por lo ocurrido el gestor present\u00f3 otra acci\u00f3n de tutela el 25 de septiembre de 2020 contra la Alcald\u00eda y la Secretar\u00eda de Seguridad Ciudadana de Buenaventura y la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda del Barrio Pueblo nuevo, la cual fue asignada al Juzgado Primero Penal Municipal de Buenaventura, identificativo No. 2020-00123, con que reclam\u00f3 el lanzamiento por ocupaci\u00f3n del comentado inmueble, tramite decidido el 8 de octubre de 2020 deneg\u00e1ndose la protecci\u00f3n por improcedente, decisi\u00f3n que el aqu\u00ed accionante impugn\u00f3, pero fue confirmada el 17 de noviembre de 2020 por el Juzgado Primero Penal del Circuito de la misma ciudad, por considerar que lo tramitado en la actuaci\u00f3n policiva no vulner\u00f3 el derecho fundamental al debido proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
9. El 18 de enero de 2021 el promotor envi\u00f3 a la Secretar\u00eda de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Buga un escrito en contra del Juzgado Primero Penal del Circuito de Buenaventura, que fue remitido a la Sala Penal de la misma Corporaci\u00f3n, donde se le indic\u00f3 que al no obrar escrito de demanda no proced\u00eda dar tr\u00e1mite a la radicaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
10. El accionante circunscribe su inconformidad, seg\u00fan logr\u00f3 extraerse del escrito inicial y del allegado para aclarar \u00e9ste, a la decisi\u00f3n tomada por la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de Pueblo Nuevo dentro del Proceso de Lanzamiento por Ocupaci\u00f3n de Hecho, y, a las dem\u00e1s determinaciones a que se hizo alusi\u00f3n en l\u00edneas precedentes. <\/p>\n
LA INTERVENCI\u00d3N DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Buenaventura inform\u00f3 que no tiene pendientes solicitudes por resolver por parte del gestor y corrobor\u00f3 que all\u00ed cursaron procesos entre el gestor y Martha Garc\u00eda Hoyos, para declaraci\u00f3n de uni\u00f3n marital de hecho y para la liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Buga indic\u00f3 que neg\u00f3 una acci\u00f3n de tutela presentada por Martha Garc\u00eda Hoyos contra el Juzgado Promiscuo de Familia, radicado 2019-00050-00, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia mediante prove\u00eddo STC648-2019. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte aport\u00f3 copia del precitado fallo. <\/p>\n
<\/p>\n
4. El Juzgado Cuarto Civil Municipal de Buenaventura inform\u00f3 que all\u00ed el gestor adelanta proceso ejecutivo contra Martha Garc\u00eda Hoyos, correspondiente al consecutivo No. 2019-00227-00, dentro del cual se libr\u00f3 mandamiento de pago sin que el gestor haya adelantado tr\u00e1mites para notificar a su contraparte. <\/p>\n
<\/p>\n
5. El Juzgado Primero Civil Municipal de Buenaventura se\u00f1al\u00f3 que conoci\u00f3 de la acci\u00f3n de tutela presentada por el inconforme contra la Alcald\u00eda Distrital y la Secretar\u00eda de Gobierno de Buenaventura y la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda Barrio La Independencia, radicado 2020-00023-00. <\/p>\n
<\/p>\n
6. La Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda del Barrio Pueblo Nuevo del Distrito de Buenaventura narr\u00f3 que como colof\u00f3n de la Querella Policita de Lanzamiento por Ocupaci\u00f3n de Hecho de Inmueble Urbano que el gestor present\u00f3 contra Martha Garc\u00eda Hoyos, dict\u00f3 la Resoluci\u00f3n 03 de 19 de agosto de 2020, con que no accedi\u00f3 a las pretensiones. <\/p>\n
<\/p>\n
7. La Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda del Barrio La Independencia indic\u00f3 que inicialmente se le asign\u00f3 precitada la solicitud, pero la remiti\u00f3 al conocimiento de su hom\u00f3loga del Barrio Pueblo Nuevo. <\/p>\n
<\/p>\n
8. El Juzgado Primero Penal Municipal de Conocimiento de Buenaventura narr\u00f3 que conoci\u00f3 de la acci\u00f3n de tutela que el promotor inco\u00f3 contra el Departamento del Valle del Cauca y la Alcald\u00eda Distrital de Buenaventura, para que se ordenara el pago a su favor de $1\u00b4750.000 por concepto de c\u00e1nones de arrendamiento dejados de pagar por Martha Garc\u00eda Hoyos y se ordenara el lanzamiento de \u00e9sta por ocupaci\u00f3n de hecho del inmueble antes aludido, tramit\u00e9 que culmin\u00f3 con sentencia de 8 de octubre de 2020 con que se neg\u00f3 el amparo. <\/p>\n
<\/p>\n
9. El Juzgado Primero Penal del Circuito de la misma ciudad afirm\u00f3 que el 17 de noviembre de 2020 confirm\u00f3 el fallo constitucional antes individualizado. <\/p>\n
<\/p>\n
10. El Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal de la misma urge indic\u00f3 que conoci\u00f3 de una demanda ejecutiva presentada por el activante contra la se\u00f1ora Garc\u00eda Hoyos, consecutivo No. 2020-00097, la cual, previa inadmisi\u00f3n, rechaz\u00f3 el 19 de agosto de 2020 por falta de subsanaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
11. La Secretar\u00eda de la Sala Civil Familia del Tribunal de Buga asegur\u00f3 que de la petici\u00f3n elevada por accionante el 29 de abril de 2021 se dio traslado a la Sala Penal de la misma Corporaci\u00f3n, lo cual se le inform\u00f3 a \u00e9ste a su correo electr\u00f3nico. <\/p>\n
<\/p>\n
12. La Nueva EPS asever\u00f3 que el gestor est\u00e1 afiliado como cotizante activo del r\u00e9gimen contributivo, sin que a la entidad se le atribuya alguna vulneraci\u00f3n superior. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga rehus\u00f3 conceder la salvaguarda, porque advirti\u00f3 que el desalojo y el pago de c\u00e1nones pretendido, fue negado en sede de tutela por los Juzgados Primero Penal Municipal de Conocimiento y Primero Penal del Circuito, ambos de Buenaventura, sin que resulte procedente el mecanismo contra una actuaci\u00f3n de la misma naturaleza constitucional. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que se incumple el presupuesto de la subsidiariedad respecto de lo actuado en los procesos ejecutivos conocidos por los juzgados Cuarto y S\u00e9ptimo Civiles de Municipales de Buenaventura, ya que en el que cursa ante aquel no se ha notificado a la ejecutada, y en \u00e9ste, la demanda fue rechazada por falta de subsanaci\u00f3n. <\/p>\n
Finalmente no observ\u00f3 irregularidad alguna en lo actuado por el Juzgado Primero de Familia de Buenaventura, dentro del proceso de declaraci\u00f3n de existencia de uni\u00f3n marital de hecho ni en el de liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial que curs\u00f3 entre el gestor y Martha Garc\u00eda Hoyos, pues lo pretendido con la tutela es reclamar por el usufructo del 100% del bien que realiza \u00e9sta desde hace \u00ab23 meses\u00bb, pese a que el actor tambi\u00e9n es propietario del mismo en un 50%, cometido que no resulta procedente en sede tutelar. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue propuesta por el convocante, afirmando que lo decidido no se ajust\u00f3 a lo solicitado en la tutela, no garantiz\u00f3 sus derechos, se fund\u00f3 en consideraciones inexactas y no examin\u00f3 sus argumentos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
El planteamiento anterior se aplica en \u00abuna medida a\u00fan mayor cuando la providencia atacada fue proferida por un juez constitucional como ep\u00edlogo del tr\u00e1mite de amparo; de lo contrario, se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad aeternum lo expresado en el primer fallo\u00bb (CSJ STC, 8 jul. 2008, rad. 2008-01018-00). <\/p>\n
2. No cabe duda de que las inconformidades elevadas en el presente tr\u00e1mite buscan, en esencia, dejar sin efecto lo decidido en la Resoluci\u00f3n 03 de 19 de agosto de 2020 emitida en el tr\u00e1mite de la querella tramitada por la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de Pueblo Nuevo, que no accedi\u00f3 a ordenar el desalojo de Martha Garc\u00eda Hoyos del inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria No. 372-0017.602 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Buenaventura, y, en consecuencia, se ordene la entrega del bien a su favor; asimismo pidi\u00f3 dejar sin efecto \u00ablas dem\u00e1s [decisiones] de los juzgados implicados\u00bb. <\/p>\n
3. Sin embargo, observa la Sala que la misma inconformidad fue abordada en sede tutela por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Buenaventura, que mediante sentencia de 17 de noviembre de 2020 confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de 8 de octubre anterior del Juzgado Primero Penal Municipal de Conocimiento de la misma ciudad, de negar el amparo solicitado al respecto, tras descartar la vulneraci\u00f3n superior alegada, en el tr\u00e1mite de la querella conocida por la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de Pueblo Nuevo de Buenaventura, oportunidad en la que se consider\u00f3 que, <\/p>\n
Descendiendo al caso bajo estudio, tenemos que pretende el se\u00f1or RAFAEL SANCHEZ PANDALES \u201cse anule todo lo actuado por el Juzgado s\u00e9ptimo civil municipal, como tambi\u00e9n la resoluci\u00f3n de la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de Pueblo Nuevo de Buenaventura\u201d, del 19 de agosto de 2020 y en defecto que se ampare el derecho fundamental de petici\u00f3n y el debido proceso, justicia, vida digna, m\u00ednimo vital, derecho jur\u00eddico y c\u00f3digo policivos y otros del mismo rango que se determine vulnerado. Solicita, adem\u00e1s, que se decrete el lanzamiento de la se\u00f1ora Martha Garc\u00eda hoyos y dem\u00e1s personas indeterminadas que se encuentren en el inmueble ubicado en la carrera 12 N\u00b0 1-04 piso segundo del Barrio Viento libre, se\u00f1alando d\u00eda y hora para tal diligencia y hecho lo anterior le sea restituido el inmueble. <\/p>\n
Empero tal y como lo concluy\u00f3 el Juez de primera instancia, el amparo solicitado se torna improcedente toda vez que la presente acci\u00f3n de tutela no cumple con los requisitos exigidos por la Honorable Corte Constitucional para su procedencia contra decisiones judiciales. Adem\u00e1s de ello, para el lanzamiento pretendido por el actor existe los tr\u00e1mites estatuidos en la justicia ordinaria, a la cual deber\u00e1 acudir y agotar todos y cada uno de ellos. <\/p>\n
Las solas manifestaciones de inconformidad del accionante por los tr\u00e1mites y resultas del proceso de lanzamiento, no es raz\u00f3n suficiente para que en sede de tutela se proceda a anular todo lo actuado dentro de un proceso civil adelantado en el Juzgado ya mencionado, ni mucho menos dejar sin efecto la resoluci\u00f3n emanada por la inspecci\u00f3n de Polic\u00eda del Barrio Pueblo Nuevo de esta ciudad. Pues la ley procedimental contempla alternativas jur\u00eddicas para restablecer los derechos presuntamente vulneraros, pero se debe realizar al interior del proceso civil. <\/p>\n
Ahora bien, en cuanto a la petici\u00f3n que se decrete el lanzamiento de la se\u00f1ora MARTHA GARC\u00cdA HOYOS del inmueble ubicado en la carrera 12 N\u00b0 1-04 segundo piso del barrio Viento Libre, no podr\u00e1 accederse a la misma, toda vez que el mismo debe ser el resultado de un procedimiento dentro del cual ha de llamarse a todos los afectados y se valoraran las pruebas existentes, careciendo de competencia este dispensador de justicia para pronunciarse frente al mismo, toda vez que debe adelantarse ante la autoridad competente y no en sede de la presente acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
En este orden de ideas, evidente es que la inconformidad que en esta ocasi\u00f3n plante\u00f3 el tutelante, es una queja constitucional reiterada, lo que basta para su rechazo. <\/p>\n
En asuntos que guardan similitud al presente caso, la Corte ha considerado que: <\/p>\n
[p]recisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del decreto 2591 de 1991 dispuso: \u2018cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u2019 <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Bajo estas circunstancias, es inadmisible la presencia de un compulsivo ejercicio de la acci\u00f3n de tutela respecto de un asunto id\u00e9ntico; de all\u00ed que seg\u00fan la norma en cita, tal conducta est\u00e1 te\u00f1ida de temeridad y acarrea como consecuencia, no s\u00f3lo que se decida en forma desfavorable la solicitud de la accionante, sino que se juzgue la conducta denunciada, situaci\u00f3n que impone dar estricto cumplimiento al precepto anotado en orden a imponer, seg\u00fan el caso, las sanciones previstas (CSJ STC, 20 abr. 2006, rad. 2006-00522-00; STC6152, 21 may. 2015, rad. 2015-00678-01). <\/p>\n
4. En cuanto al descontento que expone el gestor contra las actuaciones de los dem\u00e1s juzgados implicados, emerge claro que la queja enfilada contra lo decidido por el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Buenaventura en el marco de los procesos de declaraci\u00f3n de uni\u00f3n marital de hecho y liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial que tramitaron con Martha Garc\u00eda Hoyos, incumple con el presupuesto de la inmediatez, porque la \u00faltima actuaci\u00f3n en dichos decursos data del 13 de agosto de 2019, cuando fue emitida sentencia aprobatoria de la partici\u00f3n, habiendo transcurrido m\u00e1s de 3 a\u00f1os al mes de octubre de 2022, cuando se present\u00f3 la tutela ante la Corte Constitucional (quien la remiti\u00f3 a la autoridad que estim\u00f3 competente). <\/p>\n
Entonces, constata la Sala, est\u00e1 superado ampliamente el lapso que ha fijado la acentuada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar esta acci\u00f3n excepcional, sin que la foliatura reporte la existencia de alguna situaci\u00f3n que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Sobre el requisito de inmediatez, se ha sostenido que: <\/p>\n
(…) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido (…), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante. (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 10 may. 2012, rad. 2012-00413-01) <\/p>\n
5. La queja enfilada contra lo definido en las acciones de tutela que tramitaron los juzgados Primero y S\u00e9ptimo Civiles Municipales de Buenaventura tambi\u00e9n resulta improcedente, por dirigirse contra una actuaci\u00f3n de la misma naturaleza constitucional del presente, lo que cierra toda posibilidad de estudio de la tem\u00e1tica. <\/p>\n
\u2026 la Corte ha admitido la posibilidad de interponer acciones de tutela contra actuaciones judiciales arbitrarias, incluso actuaciones arbitrarias de jueces de tutela, pero nunca con respecto a sentencias de tutela, sino con relaci\u00f3n a incidentes de desacato, o contra autos emitidos en el curso del proceso de tutela. A partir de la Sentencia SU-1219 de 2001, la Sala Plena de esta Corporaci\u00f3n unific\u00f3 su posici\u00f3n frente a este tema, precisando que las sentencias de tutela, y en general las decisiones que se tomen en el tr\u00e1mite de estos procesos, no pueden ser objeto de controversia constitucional mediante la formulaci\u00f3n de una nueva solicitud, ya que tal proceder, adem\u00e1s de mutar la naturaleza jur\u00eddica de la acci\u00f3n de tutela, har\u00eda que los conflictos jur\u00eddicos que se discuten en esa sede tuvieran un car\u00e1cter indefinido, lo cual atenta no solo contra los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada, sino que tambi\u00e9n genera un grave perjuicio al goce efectivo y real de los derechos constitucionales que la tutela se encamina a garantizar de manera cierta, estable y oportuna. (CC T-353\/12 y SU-1219\/01, citadas en CSJ STC178, 21 ene. 2016, rad. 2015-03107). <\/p>\n
Trat\u00e1ndose de la protecci\u00f3n constitucional de cara a decisiones del mismo linaje, esta Sala tambi\u00e9n ha considerado: <\/p>\n
Resulta inviable la acci\u00f3n de tutela cuando \u00e9sta se dirige a combatir fallos proferidos en actuaciones de la misma especie, porque en tal hip\u00f3tesis, los mecanismos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico son la impugnaci\u00f3n del fallo ante el superior y la revisi\u00f3n eventual que por ley puede hacer la Corte Constitucional (art\u00edculo 86, inciso segundo, de la Carta Pol\u00edtica), sin que proceda un nuevo estudio del mismo linaje constitucional… <\/p>\n
Sobre la impertinencia de la tutela contra una sentencia dictada en un proceso de igual estirpe, esta Corporaci\u00f3n ha sentado su posici\u00f3n al respecto en diversos fallos precedentes: basta mencionar, entre otras, sentencias de 22 de agosto de 2008, exp. 2008-01317-00 y 9 de febrero de 2009, exp. 2009-00126-00. (CSJ STC, 21 feb. 2011, rad. 2010-00723-00; STC, 2 dic. 2015, rad. 02397-99; y STC, 21 ene. 2016, rad. 2015-03107). <\/p>\n
En ese mismo sentido, se ha resaltado que: <\/p>\n
\u2026\u2018ante una equivocaci\u00f3n o arbitrariedad en que puedan incurrir los jueces en sede de tutela al ocuparse de la pertinente decisi\u00f3n, no ser\u00eda una nueva queja de tal naturaleza la id\u00f3nea para contrarrestar el supuesto quebranto, sino \u00fanicamente la impugnaci\u00f3n y la revisi\u00f3n eventual, instrumentos que deben surtirse ante los funcionarios habilitados para ello, aspecto que pone de relieve la existencia de otros medios de defensa judicial, a los que debe acudir el interesado en procura de dilucidar las inconformidades referidas, pues, la tutela no puede convertirse en un mecanismo paralelo\u2019 (expedientes 2006-01425-01 y 2007-02023-00). <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, surge palmario que son dos los mecanismos previstos en el ordenamiento para recurrir una decisi\u00f3n en materia de tutela, esto es, por medio de la impugnaci\u00f3n de la providencia de primera instancia y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, quedando, por consiguiente, cerrada la oportunidad de que se examine una determinaci\u00f3n tomada por otro juez en sede constitucional (CSJ STC, 2 ag. 2013, rad. 00851-01; reiterada en STC8097-2016, 16 jun. 2016, rad. 2015-00243-02). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se abordar\u00e1 el estudio del reclamo planteado, en tanto que no se est\u00e1 en presencia de una de las excepciones a la regla general de la improcedencia de la tutela contra tutela, pues los ataques necesariamente apuntan a aspectos de fondo sobre los que se soportaron las sentencias constitucionales ahora cuestionadas con una nueva petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
6. En adici\u00f3n, se observa que la Sala de Selecci\u00f3n de la Corte Constitucional excluy\u00f3 de revisi\u00f3n las tutelas cuestionadas, sin que el promotor hiciera reparo alguno ante dicha autoridad, disponiendo as\u00ed, el cierre de la salvaguarda, dando lugar a la cosa juzgada constitucional. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha precisado que: <\/p>\n
\u2026[Si] la Corte Constitucional excluy\u00f3 de revisi\u00f3n la acci\u00f3n de tutela fallada por las Oficinas Judiciales accionadas, ello no hace, per se, viable una nueva solicitud de amparo por cuanto en este evento el afectado que se encuentre inconforme con un fallo de tutela puede acudir ante el \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n constitucional para solicitar la revisi\u00f3n del fallo, con fundamento en lo dispuesto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991. Empero, en firme la aludida decisi\u00f3n de exclusi\u00f3n deviene la ejecutoria formal del fallo de segunda instancia ahora censurado, con lo cual queda clausurado en forma definitiva el debate iusfundamental (CSJ STC, 19 jul. 2011, rad. 2011-01439-00, reiterada en STC2884-2015, 13 mar. 2015, rad. 2015-00092-01). <\/p>\n
7. Finalmente, para el prop\u00f3sito del gestor de cobrar los dineros que afirma le adeuda Martha Garc\u00eda Hoyos, puede impulsar el proceso ejecutivo que para ese efecto adelanta ante el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Buenaventura, donde est\u00e1 a\u00fan pendiente la notificaci\u00f3n a \u00e9sta. <\/p>\n
En ese orden de ideas, se configura la causal de improcedencia establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, esto es, \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, al existir ese otro medio judicial para procurar lo solicitado en sede constitucional, no es posible acceder a las s\u00faplicas del actor, pues de otra manera se desnaturalizar\u00eda esta especial\u00edsima acci\u00f3n, convirti\u00e9ndola en un instrumento paralelo al mecanismo regular de protecci\u00f3n, reiterando que la tutela no se erige como sustituta de las herramientas o procedimientos ordinarios creados por el legislador para debatir t\u00f3picos espec\u00edficos, cuando quiera que las partes interesadas en obtener una determinada decisi\u00f3n, teni\u00e9ndolos a su alcance, no los agotan, pues debido a su finalidad ius fundamental \u00abno est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la acci\u00f3n, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb (CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 2008-00065-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 4 jun. 2013, rad. 2013-00585-01; CSJ STC, 21 ago. 2013, rad. 2013-01258-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-01329-01). <\/p>\n
8. Se impone reafirmar lo prove\u00eddo por el tribunal a-quo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Oportunamente env\u00edense las diligencias a la Corte Constitucional, para lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de la Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC2142-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC2142-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76111-22-13-000-2023-00009-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). ANTECEDENTES 1. El […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-71711","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71711","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71711"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71711\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71711"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71711"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71711"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}