STC2148-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC2148-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 41001-22-14-000-2023-00015-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n que se interpuso contra el fallo proferido el 8 de febrero de 2023 por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Rosa Mar\u00eda Guacaneme contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pitalito; tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto cuestionado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus garant\u00edas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulneradas por la autoridad judicial acusada, por lo que pidi\u00f3 \u00abse deje sin efecto la decisi\u00f3n adoptada\u2026 en audiencia del 28 de noviembre de 2022, para que se [le] conceda t\u00e9rmino para corregir los errores encontrados en el acuerdo presentado\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Rosa Mar\u00eda Guacaneme present\u00f3 solicitud de reorganizaci\u00f3n empresarial, que fue admitida con prove\u00eddo de 26 de enero de 2021. <\/p>\n
2.2. Presentado el proyecto de calificaci\u00f3n, graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y derechos de votos, fue objetado por algunos de los acreedores, reparos decididos en audiencia del 17 de mayo de 2022. <\/p>\n
2.3. Cumplido lo anterior, mediante providencia del 22 de junio de 2022, se convoc\u00f3 a las partes a \u00abla audiencia que ordena el art\u00edculo 35 de la Ley 1116 de 2006, revisi\u00f3n y\/o aprobaci\u00f3n del acuerdo de reorganizaci\u00f3n\u00bb, la cual se realizar\u00eda el 21 de septiembre de 2022, diligencia que se \u00ababstuvo\u00bb de adelantar el estrado acusado, toda vez que \u00abno se dio la debida socializaci\u00f3n al proyecto de acuerdo\u2026\u00bb, por lo que concedi\u00f3 a la \u00abpromotora el termino de diez d\u00edas, para que [procediera] a la socializaci\u00f3n del acuerdo en debida forma, esto es, se permita a los acreedores realizar observaciones, aclaraciones y en general se discutan todos los temas que tienen relaci\u00f3n directa con el proyecto que se ha presentado\u2026\u00bb. <\/p>\n
2.4. Posteriormente, la demandante alleg\u00f3 \u00abel respectivo acuerdo de reorganizaci\u00f3n, debidamente socializado y con voto positivo de los acreedores\u00bb, por lo que, con auto del 6 de octubre de 2022, se fij\u00f3 nueva fecha \u00abpara llevar a efecto la audiencia que ordena el art\u00edculo 35 de la Ley 1116 de 2006 aprobaci\u00f3n del acuerdo de reorganizaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.5. A trav\u00e9s de prove\u00eddo de 28 de noviembre de 2022, el juzgado enjuiciado decidi\u00f3 \u00abno aprobar\u00bb el acuerdo presentado y, en consecuencia, orden\u00f3 \u00abla celebraci\u00f3n del acuerdo de adjudicaci\u00f3n de bienes\u00bb, decisi\u00f3n que censur\u00f3 en reposici\u00f3n la promotora, recurso desestimado con auto de esa misma fecha. <\/p>\n
2.6. En s\u00edntesis, expres\u00f3 la gestora del resguardo que la sede judicial acusada desconoci\u00f3 que \u00abla audiencia aplazada no fue para corregir el acuerdo, sino para realizar [su] socializaci\u00f3n\u2026 y que, si existen errores en el acuerdo presentado, fue de digitaci\u00f3n, los cuales se pueden corregir\u2026\u00bb, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 35 de la ley 1116 de 2006. <\/p>\n
1. La Cooperativa de Ahorro y Cr\u00e9dito San Miguel defendi\u00f3 la legalidad de la actuaci\u00f3n objeto de censura. <\/p>\n
2. El Banco Agrario de Colombia SA dijo carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, toda vez que \u00abla petici\u00f3n objeto de la acci\u00f3n es de \u00edndole procesal y solo le compete al despacho accionado y a la accionante pronunciarse sobre el particular\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 el resguardo, por cuanto \u00abno [se] advierte\u2026 la vulneraci\u00f3n alegada, comoquiera que [el estrado acusado] no actu\u00f3 fuera de los l\u00edmites fijados en la ley 1116 de 2006, que establece el proceso de reorganizaci\u00f3n empresarial\u00bb, toda vez que: <\/p>\n
\u2026 la accionante tuvo todas las oportunidades para intervenir en la audiencia del art\u00edculo 35 de la Ley 1116 de 2006, la primera de ellas el 21 de septiembre de 2022, donde le fue concedida la oportunidad para correcci\u00f3n del acuerdo de reorganizaci\u00f3n, como lo dispone el inciso segundo de dicha norma; la segunda ocasi\u00f3n se present\u00f3 el 22 de noviembre de 2022, en la cual solicit\u00f3 nuevamente el t\u00e9rmino para la correcci\u00f3n del acuerdo, cuando ya le hab\u00eda precluido la oportunidad para tal efecto. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La accionante manifest\u00f3 que \u00abno se puede decir que se realizaron [las] dos audiencias del art\u00edculo 35 de la ley 1116 de 2006\u00bb, habida cuenta que en \u00abla audiencia [del] 21 de septiembre de 2022, el termin\u00f3 que se le concedi\u00f3\u2026 fue para la socializaci\u00f3n con los acreedores\u2026, [m\u00e1s no] para corregir las circunstancias presentadas con el acuerdo\u00bb, de donde, \u00abla primera audiencia del art\u00edculo 35 de la ley 1116 de 2006, se realiz\u00f3 el 22 de noviembre de 2022 y, ante los errores de digitalizaci\u00f3n y aritm\u00e9ticos que se presentaron en el acuerdo\u2026\u00bb debi\u00f3 conced\u00e9rsele un plazo para su correcci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. No obstante, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que, <\/p>\n
As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos o cuando se presenta un defecto sustantivo o f\u00e1ctico en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
3. Descendiendo al caso sub examine, se advierte que, contrario a lo que concluy\u00f3 el a quo, la sede judicial enjuiciada cometi\u00f3 un desafuero que ameritaba la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n, por cuanto el tr\u00e1mite que dio al acuerdo de reorganizaci\u00f3n que present\u00f3 la tutelante, no se ajust\u00f3 al establecido en el art\u00edculo 35 de la ley 1116 de 2006. <\/p>\n
3.1. Sobre el particular, se destaca que el prenotado canon establece que: <\/p>\n
Dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a la fecha en que el promotor radique el acuerdo de reorganizaci\u00f3n aprobado por los acreedores, el juez del concurso convocar\u00e1 a una audiencia de confirmaci\u00f3n del acuerdo, la cual deber\u00e1 ser realizada dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes, para que los acreedores tengan la oportunidad de presentar sus observaciones tendientes a que el Juez, verifique su legalidad. <\/p>\n
Si el juez niega la confirmaci\u00f3n, expresar\u00e1 las razones que tuvo para ello, y suspender\u00e1 la audiencia, por una sola vez y por un t\u00e9rmino m\u00e1ximo durante ocho (8) d\u00edas, para que el acuerdo sea corregido y aprobado por los acreedores, de conformidad con lo ordenado, so pena del inicio del t\u00e9rmino para celebrar acuerdo de adjudicaci\u00f3n. <\/p>\n
Presentado debidamente dentro del plazo mencionado en el inciso anterior, el Juez, determinar\u00e1 dentro de los ocho (8) d\u00edas siguientes, si lo confirma o no. Al vencimiento de tal t\u00e9rmino, ser\u00e1 reanudada la audiencia de confirmaci\u00f3n, en la cual se emitir\u00e1 el fallo, que no ser\u00e1 susceptible de recurso alguno. No presentado o no confirmado el acuerdo de reorganizaci\u00f3n, el juez ordenar\u00e1 la celebraci\u00f3n del acuerdo de adjudicaci\u00f3n, mediante providencia en la cual fijar\u00e1 la fecha de extinci\u00f3n de la persona jur\u00eddica, la cual deber\u00e1 enviarse de oficio para su inscripci\u00f3n en el registro mercantil. <\/p>\n
3.2. De conformidad con dicha norma, se concluye que, para la contradicci\u00f3n del acuerdo de reorganizaci\u00f3n, se prev\u00e9 la denominada \u00abaudiencia de confirmaci\u00f3n\u00bb, diligencia en la cual se somete a consideraci\u00f3n de los acreedores el acuerdo allegado por el promotor, con la finalidad de que aquellos esgriman, en la diligencia, las observaciones que consideren pertinentes \u00abtendientes a que el Juez verifique su legalidad\u00bb. <\/p>\n
3.3. Una vez presentadas las observaciones, el fallador podr\u00e1, de un lado, confirmar el acuerdo, caso en el cual culminar\u00eda la audiencia. De otra parte, de considerar que el prenotado acuerdo no se ajusta a las previsiones legales, el juez negar\u00e1 su confirmaci\u00f3n, debiendo expresar \u00ablas razones que tuvo para ello, y suspender\u00e1 la audiencia, por una sola vez y por un t\u00e9rmino m\u00e1ximo durante ocho (8) d\u00edas, para que el acuerdo sea corregido y aprobado por los acreedores, de conformidad con lo ordenado\u00bb. <\/p>\n
3.4. Vencido el prenotado plazo, el juez reanudar\u00e1 la audiencia, con miras a resolver sobre la confirmaci\u00f3n del acuerdo corregido y, en caso de no encontrarlo ajustado a lo ordenado o de no haberse presentado, no lo confirmar\u00e1 y ordenar\u00e1 la celebraci\u00f3n del acuerdo de adjudicaci\u00f3n. <\/p>\n
4. Bajo ese horizonte y analizado el expediente contentivo del juicio criticado, encuentra la Sala que el estrado convocado adelant\u00f3 irregularmente la primera de las etapas rese\u00f1adas, esto es, aquella en la que se deb\u00eda someter a consideraci\u00f3n de los acreedores el acuerdo de reorganizaci\u00f3n, para que aquellos, en audiencia, expresaran sus reparos, sobre los cuales habr\u00eda de pronunciarse en esa misma diligencia, decidiendo si confirmaba o negaba la confirmaci\u00f3n del mismo y, en este \u00faltimo caso, concediendo al promotor un plazo de hasta ocho d\u00edas para corregir las falencias que conllevaron la improbaci\u00f3n. <\/p>\n
4.1. Y es que, si bien hubo un primer intento de adelantar la prenotada \u00abaudiencia de confirmaci\u00f3n\u00bb, para lo cual se fij\u00f3 el 21 de septiembre de 2022, lo cierto es que dicha diligencia no se llev\u00f3 a cabo, atendiendo que el despacho judicial decidi\u00f3 \u00ababstenerse\u00bb de llevarla a cabo, con la finalidad de que el promotor procediera a \u00abla socializaci\u00f3n del acuerdo en debida forma, esto es se permita a los acreedores realizar observaciones, aclaraciones y en general se discutan todos los temas que tienen relaci\u00f3n directa con el proyecto que se ha presentado\u00bb. <\/p>\n
4.2. Entonces, evidente es que el juzgado accionado desconoci\u00f3 que la referida \u00absocializaci\u00f3n\u00bb deb\u00eda adelantarse en audiencia precedida por \u00e9ste, oportunidad en la cual los acreedores deb\u00edan, tambi\u00e9n en esa diligencia, presentar sus observaciones, sobre las cuales hab\u00eda de pronunciarse el fallador, con miras a decidir sobre la confirmaci\u00f3n del acuerdo o la necesidad de proceder a su correcci\u00f3n. <\/p>\n
4.3. Sin embargo, el estrado acusado decidi\u00f3 no adelantar la audiencia, concediendo al promotor un plazo, valga anotar, no previsto en el art\u00edculo 35 de la ley 1116 de 2006, con miras a adelantar una \u00absocializaci\u00f3n\u00bb extraprocesal del acuerdo de reorganizaci\u00f3n, tras la cual el fallador convoc\u00f3 nuevamente las partes a audiencia, para lo cual fij\u00f3 el 28 de noviembre de 2022, siendo esa la primera vez que se adelant\u00f3 la diligencia, conforme qued\u00f3 expuesto en antelaci\u00f3n. <\/p>\n
4.4. En la referida diligencia (de 28 de noviembre de 2022), los acreedores presentaron observaciones al acuerdo que se hab\u00eda ordenado socializar previamente, las cuales acogi\u00f3 el fallador, por lo que decidi\u00f3 negar la confirmaci\u00f3n del acuerdo y concedi\u00f3 a la promotora el t\u00e9rmino de \u00abcinco d\u00edas\u00bb para corregirlo. <\/p>\n
No obstante, ante la intervenci\u00f3n de algunos de los acreedores, consider\u00f3 que la oportunidad para llevar a cabo la prenotada correcci\u00f3n, se hab\u00eda agotado en la frustrada audiencia del 21 de septiembre de 2022, desconociendo que dicha vista p\u00fablica no se llev\u00f3 a cabo, pues, se insiste, el fallador se \u00ababstuvo\u00bb de adelantarla, por lo que era esa la primera vez que la sede judicial enjuiciada se pronunciaba sobre la legalidad del acuerdo, por lo que resultaba procedente otorgar al promotor el t\u00e9rmino de ocho d\u00edas que establece el art\u00edculo 35 de la ley 1116 de 2006. <\/p>\n
En lo tocante con el error procedimental como supuesto suficiente para la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, la Corte Constitucional ha indicado que: <\/p>\n
…este defecto puede ser (i) de tipo absoluto; o (ii) por exceso ritual manifiesto. Sobre el particular, la sentencia SU-770 de 2014 indic\u00f3 que el defecto procedimental absoluto se presenta \u201ccuando el procedimiento que adopta el juzgador no est\u00e1 sometido a los requisitos previstos en la ley, sino que obedece a su propia voluntad\u2026 porque (i) el juez se ci\u00f1e a un tr\u00e1mite ajeno al pertinente, o porque (ii) el juez omite etapas sustanciales del procedimiento con violaci\u00f3n de los derechos de defensa y de contradicci\u00f3n de una de las partes del proceso. Este defecto requiere, adem\u00e1s, que se trate de un error de procedimiento grave y trascendente, valga decir, que influya de manera cierta y directa en la decisi\u00f3n de fondo\u201d, mientras que el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto \u201cocurre cuando el funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obst\u00e1culo para la eficacia del derecho sustancial, \u2026 (i) se deja de inaplicar normas procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) se exige cumplir requisitos formales de manera irreflexiva, aunque pueda tratarse de cargas imposibles de cumplir, siempre que esta circunstancia est\u00e9 comprobada; (iii) se incurre en un rigorismo procedimental en la apreciaci\u00f3n de las pruebas; (iv) o se omite el decreto oficioso de pruebas cuando a ello hay lugar\u201d (CC T-204\/18). <\/p>\n
5. Las consideraciones que anteceden, imponen la revocatoria del fallo impugnado, para en su lugar, acceder el resguardo rogado, ante la vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda fundamental al debido proceso de la gestora, por lo que se ordenar\u00e1 a la sede judicial acusada que, tras dejar sin valor ni efecto alguno las decisiones que adopt\u00f3 en la audiencia que se celebr\u00f3 el 28 de noviembre de 2022 y las que de \u00e9stas dependan, proceda a resolver nuevamente sobre la confirmaci\u00f3n del acuerdo de reorganizaci\u00f3n, de conformidad con los razonamientos expuestos en la parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, revoca la sentencia impugnada, en su lugar, concede el amparo al derecho al debido proceso de Rosa Mar\u00eda Guacaneme. En consecuencia, dispone: <\/p>\n
Primero: Ordenar al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pitalito que, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, deje sin efecto las decisiones que adopt\u00f3 en la audiencia que se celebr\u00f3 el 28 de noviembre de 2022 y las que de \u00e9stas dependan, en el proceso que promovi\u00f3 Rosa Mar\u00eda Guacaneme (radicaci\u00f3n 41551-31-03-002-2020-00091). <\/p>\n
Segundo: Cumplido lo anterior y en un t\u00e9rmino no superior a ocho (8) d\u00edas, contados desde la misma data, la mencionada sede judicial convocar\u00e1 a audiencia a los intervinientes en el prenotado juicio, con miras a resolver sobre la confirmaci\u00f3n del acuerdo de reorganizaci\u00f3n, teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en la parte motiva de este fallo. Por Secretar\u00eda rem\u00edtasele copia de esta determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Tercero: Env\u00edese copia de esta providencia al a quo constitucional para que vele por su cumplimiento. <\/p>\n
Cuarto: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
6 <\/p>\n
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STC2148-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC2148-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 41001-22-14-000-2023-00015-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) Se decide la impugnaci\u00f3n que se interpuso contra el fallo proferido el 8 de febrero de 2023 por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-71717","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71717","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71717"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71717\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71717"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71717"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71717"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}